Segundo aniversario de la desaparición forzada de Facundo

En ese marco, esta semana se realizó en Bahía Blanca una reunión de trabajo con la fiscala federal de Santa Rosa Iara Silvestre, a cargo ahora de la instrucción, el fiscal general de Bahía Blanca Horacio Azzolin y la Procuraduría de Violencia institucional. En ese encuentro, la querella familiar y la CPM le solicitaron a los funcionarios del Ministerio Público Fiscal requerir al nuevo juez de la causa, Walter López da Silva, una serie de medidas de pruebas coincidente con pedidos que venían siendo realizados conjuntamente y que no habían tenido respuesta por parte de la jueza Marrón.

Entre las medidas de pruebas, los abogados de Cristina Castro, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, y la CPM pidieron la ampliación de declaraciones testimoniales de personas que ya declararon en la causa, pero cuyos testimonios resultan inconsistentes o contradictorios a partir de elementos probatorios que se fueron sumando al expediente, y de otros que aún no han sido citados y que pueden aportar información relevante.

Por otra parte, las querellas también reclamaron que se haga un exhaustivo trabajo de sistematización de la información tecnológica existente en la causa para que se ordenen, de acuerdo a los resultados, nuevos informes técnicos sobre los celulares y gps que están mencionados en el expediente.

Asimismo, también requirieron profundizar las pericias para determinar sobre el estado de la ropa de Facundo, para dilucidar principalmente qué elementos, productos y/o modalidades se pudieran haber utilizado para ocasionar las roturas y daños que presentaba la vestimenta.

A dos años de los hechos, la familia y la CPM también realizaron pedidos de informes para saber el estado de los expedientes por mal desempeño de sus funciones que se iniciaron contra la jueza Marrón ante el Consejo de la Magistratura y contra el fiscal Ulpiano Martínez ante la Procuración General de Nación.