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(Por Francisco J. Cantamutto) Trascendió por anuncios informales que los fondos buitres más litigiosos habrían arreglado con Argentina. ¿Capítulos finales de la entrega del país?

Tal como explicábamos hace poco, el gobierno de Macri lanzó una campaña de arreglo con los fondos buitres en litigio en las cortes de Nueva York. Se busca conseguir el acuerdo con estos houldouts a toda costa, abiertamente reconociendo la posibilidad de ceder ante cualquier reclamo. Es un paso clave para el nuevo gobierno, pues según sus propias declaraciones, es el instrumento para reanudar la relación del país con los mercados de crédito internacionales. En buen criollo, retomar el camino de la deuda. El programa de salvaje ajuste que está llevando adelante el gobierno requiere de fuentes de financiamiento para evitar una crisis fiscal y económica generalizada.

En este marco, el ministro Prat Gay –antiguo funcionario de la banca JP Morgan- había anunciado sin mayores precisiones una oferta de pago por 6.500 millones de dólares. Este monto está envuelto en múltiples imprecisiones.  Por un lado, se presentó esta propuesta como una quita frente a una deuda total en litigio de 9.000 millones de dólares, pero hasta ahora se ha negociado con acreedores por menos de 5.000 millones. Prat Gay señaló que para pagar a estos acreedores, emitiría deuda por 15.000 millones. Esta cifra sigue por debajo de los 20-30.000 millones que el mismo ministro señalara como el total de holdouts previamente. En síntesis, no sabemos cuánta es la deuda sin arreglo, cuánta la que está en litigio, con qué proporción se está arreglando ni cuánto nos costará.

El acuerdo no es aun firme. Se trata de una indiscreción del abogado de los fondos buitres Matthew McGill, que reconoció públicamente que NML Capital y Aurelius –los fondos administrados por Paul Singer- estarían de acuerdo con la oferta. Como se trata de los dos principales buitres en materia de juicios a la Argentina en las cortes de Nueva York, socios en la acción con el juez Griesa, esta noticia fue leída como el anticipo del cierre del problema. Con otros dos fondos que ya aceptaron, la negociación estaría casi cerrada, estando pendientes solo precisiones técnicas de la talla de los plazos y formas de pago. El mediador Daniel Pollack se enojó por este anuncio por fuera de la negociación formal, pero ninguna fuente desmintió los dichos.

Griesa debería levantar las cautelares que emitió en los últimos 4 años para permitir el arreglo. El juez demandó para ello que el gobierno logre el acuerdo del Congreso. Por eso, el jefe del bloque de diputados de PRO, Nicolás Massot, ya explicó que enviará en breve el proyecto para derogar las leyes que complican el pago. Se trata de la Ley Cerrojo (N° 26.017) de 2005, que prohibía la reapertura del canje de Kirchner de ese año, y la  mal llamada Ley de Pago Soberano (N° 26.984) de 2014, que declaraba de interés público el pago de la deuda y comandaba a investigarla al mismo tiempo. La Ley Cerrojo se suspendió en dos ocasiones ya (2010 y 2013) para permitir el pago con acreedores que no entraron al canje en 2005. La comisión creada para investigar la deuda mediante la Ley de Pago Soberano no ha producido ningún efecto real. Al enviar la iniciativa al Congreso, el PRO busca compartir la responsabilidad por la deuda con las fuerzas políticas mayoritarias, una auténtica política de Estado contra el pueblo, de las que demandan los analistas ligados al empresariado. Gane quien gane, que no se toquen los fundamentos de la economía.

Se cerraría así, una vez más, la oportunidad de auditar la deuda y repudiar el pago. Investigar y repudiar es la única posible salida soberana al problema de la deuda. Una operación ilegal e ilegítima que no puede extenderse más en el tiempo. La política de pagos seriales no logró resolverla a pesar de haber puesto a disposición miles de millones de dólares: la voracidad del capital no tiene límites.

La propuesta de Macri representa un retroceso fuerte en la materia. Referentes de Scioli y Massa salieron a respaldar la decisión, dándonos la razón respecto al acuerdo común que tenían en esta materia. Se trata de rendirse ante las fracciones más predatorias del capital financiero, sin obtener nada a cambio. Si los capitales entran al país luego de esta operación, se tratará de nueva deuda para financiar el ajuste que se está llevando adelante: es decir, si esta operación tiene “éxito” será una derrota mayor para todo el pueblo, que se ve obligado a vivir en peores condiciones para pagar la deuda que no lo benefició en nada.

Foto: Vía Rosario

(Por Francisco J Cantamutto) El jueves pasado, el Gerente de la Nación Macri anunció cambios en el impuesto a las ganancias que benefician a una minoría y nos perjudican al resto del pueblo.

El día jueves Macri anunció el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, de los $15.000 vigentes a $30.000. La medida se corresponde con la propuesta de campaña de Cambiemos y el Frente Renovador, y es retroactiva al 1 de enero.

La decisión de otorgar el aumento llega tras el fuerte incremento de los precios de los primeros 70 días y de cara a las paritarias por venir. De hecho, la cifra anunciada se corresponde exactamente con lo pedido por Hugo Moyano tres días antes. La cúpula de la CGT viene reuniéndose con el Gerente de la Nación de cara a las negociaciones paritarias de este año: buscando obtener privilegios para sí, le ofrecen a Macri un intento de contención social, en el marco de un ajuste social de gran escala. La oferta del Gerente encontró buen eco en los representantes de camioneros, bancarios, petroleros y portuarios: se trata de los gremios donde casi la totalidad de sus representados paga el impuesto. Sin embargo, la realidad para el conjunto del pueblo trabajador es otra

El impuesto

El debate por el impuesto a las ganancias viene candente desde hace varios años. Se trata de un tributo relativamente común en el mundo y de carácter progresivo, excusas utilizadas para justificar su aplicación. Se trata de una excusa, porque al eximir del impuesto la mayor parte de las ganancias generadas en operatorias financieras, el tributo redistribuye entre los propios trabajadores. Por eso, el debate está ligado a lo que en Argentina se conoce como cuarta categoría, que son los asalariados en relación de dependencia y jubilados.

Todos y todas quienes superen un monto mínimo de ingresos se ven obligados a pagar por este impuesto. El cálculo exacto es complejo, pues depende de diversos descuentos considerados y distintas tasas (alícuotas) aplicadas. El mínimo es relevante porque es el salario a partir del cual comienzan a pagar. Durante la Convertibilidad, concretamente en 1992, se prohibió indizar este monto, lo que se consolidó una década más tarde, con la Ley de Emergencia Económica de Duhalde. En la medida en que los salarios comenzaron a recuperar poder adquisitivo perdido por la inflación, fueron lentamente acercándose al mínimo que previamente fuera elevado. Así, a partir de 2008, el tema apareció en la agenda como un reclamo gremial, lo que –por cierto- ganó la simpatía del empresariado, siempre de acuerdo con reducir impuestos a las ganancias.

Al no ser actualizado de manera automática, el mínimo no imponible fue modificándose por decreto, según las necesidades fiscales y políticas del gobierno anterior. Las últimas modificaciones fueron en 2013 (decreto 1.242) cuando se estableció que pagarían el impuesto quienes hubieran ganado $15.000 por mes entre enero y agosto de ese año, y en 2015 (resolución 2.437), cuando se redujeron las escalas para sueldos menores a $25.000.

La falta de actualización del mínimo jugó como parte superior de una “tijera” para los asalariados, cuya parte inferior era la corrida contra la inflación: si en las paritarias se lograban mejoras salariales contra la inflación, se caía en el impuesto a las ganancias, poniendo así un tope de hecho. De modo creciente, trabajadores de diversos sectores de actividad fueron cayendo en esta situación. Se trata del segmento del tributo con mayor crecimiento en los últimos 5 años, muy por encima de lo pagado por las empresas. La propia presión de los gremios por pelear contra la inflación aumenta la base imponible, elevando la recaudación sin esfuerzo fiscal. El total de lo recaudado por este impuesto equivalía a casi el 7% del PBI a mediados del año pasado. En enero de este año, significó un 25% de los recursos tributarios totales.

Qué cambió

Con el nuevo mínimo, pasarían a pagar el impuesto los trabajadores solteros que ganen más de $18.880 o los casados con hijos que ganen más de $26.000, en ambos casos en términos netos (“de bolsillo”). Los cambios en las escalas serán enviados para debatir al congreso en marzo.

Actualmente, esto implica a un 10% de los asalariados ocupados en condiciones formales (poco más de un 6% de los ocupados totales) tributan por este impuesto. Desde la AFIP se calculó en 180.000 personas (un 2% de los ocupados) dejarán de pagar con esta modificación, pero la estimación es inexacta, porque se desconoce cuántos trabajadores alcanzaron el mínimo en el lapso de los más de dos años sin ajuste de este valor.

El anuncio de Macri se produce justo antes de las paritarias, porque su rol es el mismo que durante el gobierno previo: funcionar como techo para los gremios de mejores salarios, y a través de ese límite, operar como techo para el resto de las paritarias. Pero no sólo por funcionar como techo en las negociaciones este anuncio es un problema para la mayoría de los trabajadores. El costo fiscal estimado de esta medida está estimado por la AFIP en $49.000 millones. Al igual que la quita de retenciones, impuestos a las importaciones, a los autos de alta gama o al champagne, este cambio contribuye a aumentar el déficit fiscal que el gobierno dice combatir. En la misma lógica, el aumento de gastos ligado a la propuesta de pago a los fondos buitres va contra el argumento utilizado para despedir injustamente miles de trabajadores estatales. En este sentido, esta medida erosiona los recursos del Estado disponibles para políticas públicas.

El anuncio de gobierno no debe tomarse como una buena noticia: se trata de un nuevo ardid oficial en el marco de un brutal ajuste social.

(Por Francisco J Cantamutto) Dos meses van ya, y el gobierno de Cambiemos confirma día a día su sesgo ajustador, en beneficio de unos pocos. Los ritmos de la devaluación y la inflación al servicio de esos pocos.

Cuando hace 3 meses caracterizábamos las propuestas en juego, señalábamos el sesgo de ajuste de Cambiemos, incluso antes de ser electo. Y todas las predicciones fueron atinadas. No se trata de iniciar esta nota con un enaltecimiento del ego (tantas otras notas hicieron lo propio), sino mostrar que no se trataba de una campaña de miedo, sino de un análisis concreto para desmentir la revolución de la alegría.

El gobierno de Cambiemos, en estos dos meses de tareas, se ha encargado de certificar su sesgo de clase. La columna dominical de Verbitsky comenta sobre un informe del CIFRA de la CTA en este respecto, mostrando –una vez más- que no se trata de un gobierno para todos, sino una gestión para pocos. Allí se consigna la composición social del “equipo”, haciendo notar la presencia explícita de representantes de la banca extranjera, los oligopolios mineros y las empresas de servicios, con menor presencia del agro y la industria. No sólo por la presencia de sus conspicuos portavoces son beneficiados estos sectores concentrados del poder económico y político, pues múltiples adláteres ofician de apoyo bajo una convicción ideológica forjada en años de educación y trabajo para sus mandantes. Es allí donde se cruzan los argumentos neoliberales como excusas y como programa de clase.

Aunque útil para notarlo (por lo explícito del caso), el análisis sobre la hegemonía no debe restringirse a los cuadros orgánicos que ocupan cargos, sino a través de sus acciones concretas. Por ejemplo, señalábamos antes cómo el vínculo directo con la banca ha desatado esta furia endeudadora mediante la venta de bonos del Banco Central, del Tesoro y ahora la propuesta de arreglo con los fondos buitres. Pero pocas cosas parecen tan concretas en estos dos meses como el acelerado ritmo de la devaluación y la inflación, que afecta los bolsillos de la clase trabajadora.

Con un dólar superando los $14,60, la devaluación total de estos dos meses ha sido del 55%. En términos de poder adquisitivo, esto significa que nuestros salarios en pesos perdieron un 35% en dólares. Sí: podemos comprar menos, porque nuestros pesos valen menos. Esta pérdida aplica de modo directo a las importaciones, pero también a productos nacionales con componentes importados, que en la industria promedian más de un tercio de la producción total.

A esta caída del valor del peso, superior a la provocada por Kicillof en enero de 2014, hay que añadirle la quita de retenciones a las exportaciones a toda la producción primaria (primero agropecuaria –con excepción de la soja-, y esta semana, minera). Al quitarle estos impuestos, los exportadores captan un precio mayor de venta: por cada dólar, reciben más pesos, tanto por la devaluación como por la quita de impuestos. Los exportadores son entonces uno de los ganadores de estas medidas, que además han ganado mediante la especulación, reteniendo productos hasta que el precio los satisfaga.

Esto significa mayores ganancias, pero al mismo tiempo un aumento de precios para los compradores de esos productos. Esto significa aumentos de precios para los consumidores pero también aumento de costos en la cadena de valor. Es decir, la devaluación no sólo significa caída del poder de compra en dólares sino que está generando aumentos de precios internos: esto es, inflación. Cambiemos, que se llenó la boca hablando de reducir la inflación durante la campaña, a fuerza de ilusiones abstractas, ha dejado en claro que no es ese el objetivo. Aunque nos han dejado sin estadísticas hasta agosto (ocultando información pública), la inflación estimada entre consultoras privadas y el índice de precios al consumidor de la ciudad de Buenos Aires indica que tanto diciembre como enero cerraron en torno al 4% mensual. Para febrero, merced de los aumentos de tarifas eléctricas (otro sector ganador), que van de 550% a 700%, se espera que el aumento sea del 5%. Un acumulado en tres meses del 13,5%. Extrapolado al año, la inflación superaría el 35%.

Pero este aumento de precios, muy superior al de los años previos, no afecta a todos por igual, como el discurso mediático insiste. Una ventaja de este fuerte aumento de precios es que perdemos noción de los precios relativos. Esto permite a la cadena de comercialización aumentar sus márgenes de ganancia sin correlación alguna en los costos. He aquí otro sector ganador. El gobierno ha propuesto para su control un sistema ineficaz, sólo apto para usuarios de telefonía móvil en ciudades, un traspaso del costo de control a los consumidores.

Entonces, el ajuste de precios beneficia a exportadores, importadores, comercializadores y a las prestadoras de servicios. No es un caos ni aleatorio: el ajuste está diseñado para mejorar las ganancias de unos pocos contra las necesidades de la mayoría.

Justamente, usando como testigo la paritaria docente de la provincia de Buenos Aires, el gobierno espera que los salarios aumenten entre 20 y 25%. Muy por debajo de la inflación. Con casi tres meses de devaluación e inflación, las paritarias inician con desventaja, con salarios que ya fueron reducidos, y en la pelea desigual por recuperar lo perdido, el gobierno nos traslada el costo del ajuste. Y para garantizar ese resultado ya ha puesto en marcha el operativo de represión a la protesta y arreglo con la burocracia sindical.

La inflación no es resultado del gasto público ni la emisión: es el ajuste de precios, la pelea por la apropiación del ingreso. Y en esta pelea, el gobierno ha tomado partido claro a favor de los grupos concentrados.

(Por Francisco J Cantamutto) Se anunció finalmente la oferta a los fondos buitres que ganaron en las Cortes de Nueva York. Ganancias considerables para la rapiña, falta de precisiones y olvido de la legalidad.

Acorde con el objetivo de volver a la ruta del endeudamiento privado externo sin ningún objetivo ulterior (la deuda por la deuda misma), el gobierno de Macri abocó sus esfuerzos a la cuestión de los holdouts litigantes, los famosos fondos buitres. Tras la deleznable operación de diciembre, cuando se cambiaron bonos intra-Estado por deuda con la banca extranjera, el “equipo” de Economía se dedicó a elaborar una propuesta para presentar en Nueva York. Bajo el comando del ministro de la JP Morgan, Prat Gay, y el secretario de la Deutsche, Caputo, se llegó a una nueva oferta para resolver este litigio.

De dónde veníamos

Recordemos que los llamados fondos buitres son entidades dedicadas a la compra de deuda con problemas de pago a previo vil, para litigar luego en tribunales del mundo para obtener el precio pleno, más intereses caídos y punitorios. Debido a lo costoso de asediar legalmente a un deudor por tantos años, esta operatoria sólo está disponible para actores con gran capacidad financiera y de lobby. Es decir: nada que ver con la imagen de los pobres bonistas engañados. Algunos de estos tenedores de deuda argentina lograron una serie de victorias en los tribunales de Nueva York, obteniendo fallos favorables en primera y segunda instancia, para ser desestimado como caso por la Corte Suprema de Estados Unidos. Estos fondos eran dueños del 1,3% de la deuda total, sobre un total de un 7% restante aún impago. El juez Thomas Griesa se volvió así la imagen icónica de lo más detestable del capitalismo financiero mundial, interpretando la ley de manera arbitraria para favorecer a acreedores espurios. Acceder a cumplir con esta sentencia en 2014 abría la puerta de reclamos de bonistas que entraron en previos canjes, lo que hubiera generado una debacle financiera para el país.

Por eso, el gobierno de Cristina Fernández reaccionó utilizando a estos buitres para su propia construcción política, alegando su carácter predatorio contra la soberanía nacional (el “Patria o Buitres”). Aunque es cierto que los buitres lo son, el gobierno omitió entonces su incansable esfuerzo por cumplir con reclamos equivalentes, igual de predatorios. La sola idea de ser “pagadores seriales” resultó incomprensible para quienes insistimos con el carácter ilegal e ilegítimo de la deuda. La derogación en dos oportunidades (2010 y 2013) para pagar a nuevos litigantes fue expresión de la voluntad de pago, enaltecida a interés público en la mal llamada Ley de pago soberano. La comisión encarga de investigar la deuda no sesionó, evitando cualquier investigación. El objetivo oficial de volver a los mercados de crédito encontraba escollos más por las formas que por desacuerdos de fondo. Los pedidos de los buitres resultaban excesivos pero no desorientados. En la campaña presidencial, los tres candidatos más votados coincidían en que el objetivo era volver a la ruta de la deuda “aprovechando el bajo nivel actual”: es decir, elogiando la gestión kirchnerista. No había desacuerdos en esto.

El gobierno para el capital financiero

El gobierno de Macri nunca explicó para qué quería tomar deuda: no tenemos noticias de inversiones a financiar con estos recursos. Aparentemente, se trata de tomar deuda sólo para eso… tomar deuda. Y pagar jugosas comisiones. Es ahí donde poner funcionarios de la banca en el Ministerio de Economía resulta una ventaja. La impronta gerencial del gobierno fue festejada en Davos, y también en Nueva York. Tras el negociado de diciembre, llegó ahora el anuncio de avance con los fondos buitres.

La oferta habla de un recorte del 25% sobre un valor total de 9.000 millones de dólares, incluyendo dos variantes, una para aquellos bonistas con sentencia firme (que pagaría mejor) y otra para aquellos que no la tienen. Sin embargo, según el especialista Héctor Giuliano, falta mucha información para comprender la oferta, incluyendo qué porcentaje de acreedores representarían este monto (dado que incluso el gobierno de Macri habló de otros valores). Con o sin recorte, se reconoce el derecho al cobro y se acaba con el litigio.

Dos fondos buitres (Montreux Partners y Dart Management) ya aceptaron el arreglo, pero otros cuatro aún no lo hicieron, entre ellos, dos de los que más dolores de cabeza han causado (Elliot Management, Aurelius Capital, Bracebridge Capital y Davidson-Kempner Capital Management). Según un informe de la agencia Bloomberg, estas diferentes voluntades tienen que ver con los montos en juego y las ganancias de cada fondo. El mediador designado por Griesa, Daniel Pollack, ha recibido con gran gusto la oferta, y se ha expresado muy favorable al arreglo.

Con el mediador, el gobierno estadounidense y el FMI apoyando la propuesta, aparentemente el arreglo sería posible. Para ello, el gobierno enviará la propuesta de pago al Congreso, porque éste deberá expedirse al derogar –nuevamente- la ley Cerrojo y también la ley de Pago Soberano. Además de su propia bancada, el PRO cuenta con el apoyo de la UCR, GEN y el Frente Renovador. El kirchnerismo se ve dividido en la estrategia de bloquear al gobierno –expresado por su jefe de bloque en Diputados, Héctor Recalde- o negociar para obtener concesiones –expresado por su jefe de bloque en Senadores, Miguel Pichetto-. Dado que en rigor la propuesta no contradice los fundamentos de la gestión kirchnerista, se trata sólo de una rencilla mediática. El antecesor de Caputo en la secretaría de Finanzas, y negociador del canje 2005, Guillermo Nielsen, calificó la oferta de “muy razonable”. Está por verse cómo se comporta entonces el bloque. En cambio, el Frente de Izquierda se expresó frontalmente en contra del arreglo, pidiendo la investigación.

Más allá de la espuma del potencial acuerdo, una vez más estamos ante la puerta de un nuevo desfalco a la nación. Se acepta la jurisdicción extranjera sobre reclamos cuya ilegalidad e ilegitimidad son comprobables, no sólo en la jurisprudencia local sino internacional. Hay que reclamar de inmediato el cese del pago y la auditoría de la deuda, con participación ciudadana.

(Por Francisco J Cantamutto) El gobierno nacional ha dado sobradas muestras de su orientación, con claridad y celeridad, que nos permiten ir más allá del traqueteo cotidiano, y ver las fuerzas sociales de clase que representa.

El primer mes y medio de gobierno de Cambiemos-PRO ha sido contundente en su claridad, ejecutando un programa sin fisuras, a una velocidad extrema que trata de sacar el máximo provecho combinado de los “primeros 100 días” y la temporada estival. Aunque por velocidad no tiene comparación en la historia nacional, sí la tienen los lineamientos de su programa, lo que permite una caracterización temprana. Y ésta nos habilita a certificar nuestro diagnóstico previo: se trata de un gobierno representante de las fracciones desplazadas dentro bloque en el poder durante el kirchnerismo. Concretamente, se trata del capital agropecuario y el extranjero financiero y de servicios. Estas fracciones prefieren una forma de dominación con menores mediaciones, más directa, y esto es lo que el gobierno del Gerente de la Nación representa.

Representación de clase

Así, hemos sostenido en este espacio, el kirchnerismo fue la representación política de una fracción del bloque en el poder, concretamente, la burguesía industrial. Esto significa que esa clase es la que orientó las líneas centrales del proceso político con sus ideas, valores y proyectos. Duhalde había sido más explícito en este sentido, al nombrar directamente como funcionarios a dirigentes industriales (De Mendiguren) o cuadros de la UIA (Lavagna), subordinando el empleo a la producción como valor social, de la mano de la doctrina social de la Iglesia Católica.

Durante el kirchnerismo, esta representación se hizo más esquiva, pero no por eso menos certera. El hecho de que la forma específica de inclusión social que el gobierno promovía fuera el empleo, y especialmente, el empleo industrial, es una pista clara en este sentido. Que simpatizantes kirchneristas defendieran la “reindustrialización” del país resulta otro indicador. Los representantes del capital industrial, o una parte de ellos, entendieron que para poder llevar adelante sus propuestas necesitaban considerar las de otros, hacer concesiones. Eso los volvió los grandes beneficiarios de las políticas públicas, desplazando dentro de ese bloque de poder a las fracciones agropecuaria y de servicios. La financiera fue relegada en un primer momento, pero las concesiones fueron creciendo en el tiempo, siendo el sector de mayores ganancias los últimos años. Ninguna de estas fracciones perdieron su posición de poder privilegiado, simplemente, fueron desplazadas de la dirección del proceso.

Esto fue lo que el agro impugnó en 2008: sus ganancias seguían siendo siderales, el malestar era no comandar el proceso. El problema fue que, en su origen, el proyecto fue excesivamente corporativo, es decir, centrado en intereses particulares (“bajar las retenciones”), lo que hacía difícil que otros se sintieran parte de ese reclamo. Hacer sus propuestas más generales, presentarlas como de la sociedad, fue el trabajo al que confluyeron los partidos políticos de oposición.

Representación en el Estado

La ciudadanía vota partidos políticos, y estos para ganar necesitan presentarse como representando a la sociedad, a pesar de que, en definitiva, como el nombre lo indica, son una parte. Casi todo el pan-radicalismo (UCR, ARI, GEN), el PJ en oposición (Peronismo Federal) y el recién aparecido PRO contribuyeron en diferentes cuotas a representar ese sector de clase en litigio, como una estrategia para desplazar al gobierno. El discurso que finalmente elaboraron para presentar la parte (fracciones del bloque en el poder) como el todo (la comunidad argentina) fue uno que combinó liberalismo y republicanismo  en cuotas dispares. Las críticas a una supuesta falta de libertades bajo un Estado leviatánico provenía de la primera tradición política, y la falta de división de los poderes y ética pública (corrupción) de la segunda. Este discurso sirvió para ordenar disgustos que existían en la sociedad, incluyendo parte de las clases, bajo una dirección específica en oposición a la fuerza en el gobierno. La alianza Cambiemos fue la forma concreta con la cual enarbolaron este programa, y finalmente, ganaron la elección.

Durante el período de elecciones, todas las organizaciones del capital más concentrado se reunieron para discutir sus necesidades, y el acuerdo común más amplio fue el de “reglas claras”. ¿Qué significa esto? Que no existan dudas de cómo se va a resolver cualquier conflicto, como existían con el kirchnerismo, donde la política intervenía a menudo. Un esquema político donde los ganadores estén claros.

Una vez en el poder, Cambiemos mostró este sesgo. Combinó funcionarios que son representantes directos del capital más concentrado y extranjerizado en algunos ministerios (petroleras en Energía, automotrices en Transporte, servicios tecnológicos en Cancillería, la banca internacional en Economía) con viejos políticos en otras áreas. No son todos gerentes, pero sí los suficientes para mostrarle a los capitalistas para quién quieren gobernar. Esto les otorgó vínculos directos que permitió, por ejemplo, la rápida gestión de nueva deuda externa con la banca extranjera y el contacto veloz con las trasnacionales en el Foro de Davos.

La devaluación con aumento de tarifas, que impulsa la inflación y pulveriza los salarios, fue el mecanismo para explicar cómo se va a repartir el ingreso a partir de ahora. Las paritarias deberán esperar a febrero-marzo, con el gobierno bregando por un tope inferior a la inflación. A quien no le guste, el gobierno reprime.

Para ejecutar este programa, Cambiemos no ha tenido reparos en echar por la borda su propio discurso. El intento de nombramiento de jueces de la Corte Suprema por decreto o de subordinar el AFSCA a un ministerio –vulnerando la ley de Medios- son dos pruebas que la división de poderes solo le importaba cuando no eran los que gobernaban. Pero no sólo eso: la campaña de despidos masivos o el encarcelamiento de Milagro Sala por protestar están abiertamente teñidos de revanchismo por pensar diferente. Esto es persecución ideológica, un claro rasgo de los regímenes totalitarios. Aún no vimos dirigentes agrarios ofuscados por esto que tanto les molestaba en el gobierno anterior.

Macri no vino a representar las expectativas de algunos contra el supuesto autoritarismo de Cristina Fernández; vino a aplicar un programa de ajuste a favor de una reducida minoría. Y esa minoría quiere un gobierno de dominación abierta, sin concesiones. Lo que está consiguiendo.

(Por Francisco J Cantamutto) El gobierno no nos hizo esperar para saber cuál era el cambio del que hablaba.

 Una semana. Es lo que tardó Macri en mostrar sus cartas, todas juntas y a la vez. Con una soberbia que sólo empata con la ignorancia de algunos de sus funcionarios, como Sergio Bergman, quien reconoció públicamente desconocer sobre la materia del Ministerio que quedó a su cargo (Ambiente y Desarrollo). Sabiéndose en minoría en el Congreso, sin suficientes gobernadores de su lado y con más de la mitad del electorado en contra, optó por el camino de la sinceridad. Y éste consistió en incrementar el sesgo mayoritario del presidencialismo argentino. Sí, el discurso republicano duró menos que un suspiro. Decreto a decreto avanzó el flamante presidente porque, según explicó el Ministro de comunicaciones Oscar Aguad, “una ley del Congreso no puede limitar la capacidad del presidente”. “Es tan absurdo”, sentenció el ministro ignorante de la Constitución. Tan ignorantes y soberbios que fueron por todo tratando de nombrar una Corte Suprema por decreto: la división de poderes quedó para los sueños mediáticos de Carrió.

El atropello de decretos tuvo en la economía uno de sus ejes. No sólo el ajustazo que pretendieron pasar “por error” en el sistema educativo, sino en las disposiciones sobre el comercio exterior anunciadas. A pesar de ser materia de discusión legislativa, como le recordaron a Cristina Fernández en 2008 las entidades del campo, el flamante gerente de la Nación Macri tuvo rienda suelta para animarse desde Pergamino, epicentro del poder sojero: desaparecen las retenciones para exportaciones de carnes, maíz, trigo y girasol, se reducen de 35% a 30% para la soja, se eliminan las Declaraciones Juradas Anticipadas. Como proclama libertaria, explicó el ministro Prat Gay que “el que quiera importar, o exportar, o comprar dólares, lo va a poder hacer, nadie lo va a perseguir”. Por eso el anuncio se completó frente a la Unión Industrial, explicando que ahora las mercancías serían libres de entrar al país cuando quisieran: sobre 19.000 productos, se libera el comercio de 18.000. Un gesto de velocidad y profundidad de apertura que sólo puede compararse con el frenético impulso de Menem por implementar la Convertibilidad.

Los empresarios PYME salieron de inmediato a explicar que esto implica una competencia que no pueden enfrentar. En un mundo en crisis, sin demanda, inundado de bienes producidos basándose en salarios bajos, la apertura implica una oportunidad de negocios para las grandes multinacionales. Siempre siguiendo las declaraciones de los dirigentes PYME, se espera que esto impacte negativamente en su capacidad de emplear mano de obra, lo que significa, en buen criollo, despidos y caída de la demanda agregada. Escenario que se acoplaría con el ya existente de recesión en la cadena automotriz, donde pululan recortes de horas extra y suspensiones.

Pero la verdadera estrella en el firmamento PRO-Cambiemos es la liberación de los controles de cambios (el mal llamado “cepo”). A partir del jueves, se pueden comprar sin trabas ni regulaciones los dólares que cada quien pueda pagar, hasta el límite de los dos millones para atesoramiento. Un verdadero cambio en las libertades básicas. Y una vez quitadas las trabas a la demanda, el efecto obvio esperado es un aumento del precio de la divisa: esto es, una devaluación. Según estimaciones del gobierno al hacer el anuncio, su nuevo nivel rondaría los 14-15 pesos por dólar (en una curiosa simetría multiplicada por diez del paso del uno a uno de la Convertibilidad al 1,40 de Duhalde, que duró un mes). Para pasar la prueba de fuego del día uno, el gobierno había arreglado antes con los operadores fuertes del mercado. En calidad de urgente, negoció nueva deuda –en condiciones que aún desconocemos- con la oligarquía financiera mundial (la vieja casa de Prat Gay JP Morgan, Citibank, Deustche, HSBC y Goldman Sachs), una extensión de los créditos con China, y la liquidación en el mercado de la producción retenida por el agro (que con la devaluación, incrementó sus ingresos en un 40-50%, sin correlato alguno en sus esfuerzos). En total, al menos 17.000 millones de billetes verdes para auxiliar los algo más de 28.000 que hay en el Banco Central. Negocian frente a los poderes mundiales otras vías de crédito, volviendo a la ruleta de la deuda bajo el eufemismo de “inversiones”.

La devaluación, por supuesto, no era ninguna campaña de miedo, sino una previsión concreta de lo que iban a hacer. Sólo por eso tiene sentido cuestionar la acción del ex presidente del Banco Central, Vanoli, por vender dólares a futuro al precio que se votó en el presupuesto nacional: porque de ganar, Cambiemos quería un dólar más caro, como están demostrando ahora. Está por verse que este paquete de arreglos sea suficiente para contener la demanda, evitando lo que se conoce como “overshooting”: que el precio del dólar se pase de largo antes de entrar en la curva y volver a su senda. El nuevo presidente del Central, Sturzenegger, ha ofrecido como prenda de cambio para contener esta demanda un aumento en las tasas de interés (llegaron al 38% en las tasas de referencia): de rendir más los depósitos, se espera que esos pesos no vayan a los dólares. Con la misma lógica, Duhalde llegó a emitir letras al 129% de interés en junio de 2002.

La devaluación, también por supuesto, se pasará en alguna medida a precios. Como los operadores más fuertes ya hicieron este pase a precios por adelantado en noviembre –gracias al aviso previo de Prat Gay-, ahora se pueden sentar en la mesa con el gobierno a negociar menores aumentos. Retrotraer precios a noviembre es un cuento de hadas, como los propios grandes empresarios dieron a entender. A pesar de dar continuidad al programa de Precios Cuidados, el nuevo gobierno lo estaría reduciendo a la canasta básica de alimentos, quitando gran parte de los 512 productos actuales. Y además, pretendiendo ocultar el sol con la mano, en el colmo del cinismo, han anunciado no publicar los datos de inflación de diciembre. La suba de tarifas de los servicios comenzará a sentirse a partir del siguiente bimestre. Mientras tanto, laburantes deberemos esperar para recomponer nuestros ingresos: las paritarias comienzan recién a partir de febrero.

Esta liquidación del salario a favor de los grandes exportadores y la renovación del negocio de la banca representan un importante retroceso social, que se empezará a sentir en los meses que siguen. Está por verse que esto impulse el empleo, como sugieren los defensores de la medida.

Cambiar, cambiamos: para peor. Esta primera semana de arrebato lo atestigua.

(Por Francisco J. Cantamutto) El kirchnerismo permitió la construcción de hegemonía para una parte de la clase dominante, a partir de una lógica populista. ¿Qué significa esto?

Parece claro que cualquiera sea el presidente a partir del 10 de diciembre, el capital concentrado y la derecha ya ganaron. Macri y Scioli son alternativas apenas distinguibles, y ninguna de ambas representa un proyecto popular. Las clases dominantes habían expresado en diversos foros los puntos básicos de sus acuerdos, retomados en campaña por ambos candidatos. Sin embargo, afirmar que son lo mismo tampoco es un buen análisis.

Quién construyó hegemonía

En este sentido, hemos sostenido ya que el kirchnerismo es el resultado de la construcción de hegemonía de una parte de la gran burguesía. Esto significa que una parte de las clases dominantes recurrió al consenso activo de las clases populares como forma específica de la dominación. Para conquistar ese consenso, debieron ceder y conceder. Es una rémora de los años puramente neoliberales pensar que la dominación sólo puede organizarse mediante la exclusión total de derechos sociales, como si fueran contradicción lógica y no un resultado contingente de la lucha. Quizás por eso tanta militancia bienintencionada no puede distinguir entre obtener conquistas y dirigir el proceso.

Esto no significa que sea lo que más le guste a las clases dominantes, sino que éstas supieron leer las condiciones en que se daba la disputa. No hay dudas que el kirchnerismo es hijo del 2001, cuando cientos de organizaciones disputamos las características del orden político. Su habilidad estuvo en incorporar al gobierno reclamos y demandas, incluso significantes en el discurso, que sosteníamos en la calle. Esto sólo magnificó diferencias que teníamos desde antes, respecto de interpretación de la etapa y estrategia. Y al mismo tiempo, garantizó un negocio formidable para los capitalistas.

Las clases dominantes, de conjunto, como bloque en el poder, se mantuvieron como tales en estos años: no hubo un reemplazo de la composición social de quiénes dominan. Esto no significa que no hubiera cambios: las alteraciones se hicieron al interior del bloque. En particular, las fracciones agropecuarias y agroindustriales reforzaron su poder económico, pero fueron relativamente desplazadas del poder político. Las fracciones financieras, desplazadas relativamente al principio, fueron reconstituyendo su poder político a medida que la recomposición económica agotaba sus capacidades “inclusivas” y el gobierno tomó como propia la defensa de sus intereses en la épica batalla por pagar la deuda.

La fracción ganadora fue la industrial, y para lograrlo debió apoyarse en una parte de las clases populares. La industria necesita de una transferencia sistemática de excedentes al interior del sistema de acumulación: no sólo la contención de los salarios reales y otras formas de subsidio salarial (como el REPRO), sino el subsidio de insumos como el gas o la electricidad. La industria no sólo logró renovar sus ganancias, sino que dio los lineamientos centrales del discurso mismo del kirchnerismo. Recomendamos seguir con atención la presentación del plan Ahora 12, como la amalgama de neoliberalismo y hegemonía industrial. Su argumento sostiene: financiamos préstamos para el consumo y gracias al consumo aumenta la producción industrial, lo que implica mayor empleo y por ello mismo, más inclusión. Préstamo, consumo, producción, empleo, inclusión, patria.

Populismo

Las fracciones industriales fueron capaces de incorporar demandas populares en su programa, y así lograron conquistar el poder político. Si se trató de engaño o transformismo, no quita el punto básico: las políticas se pusieron en marcha. El elemento definitorio para realizar esta operación política fue oponer pueblo y enemigos del pueblo, antagonizando, polarizando, para ganar cohesión.

En ambos polos de la supuesta polarización política se mezclan las composiciones de clase: la gran conquista de la industria –y luego, de las finanzas- es ocultarse como parte del pueblo, poniendo en el otro polo a una oligarquía vetusta, los fondos buitres, Clarín. Como esta composición de clase se presenta siempre difusa, el ejercicio debe realizarse una y otra vez para convencer: se debe politizar toda decisión, a riesgo de que el bloque socio-político se desestructure por sus propias contradicciones. Cada acto es usado para justificar la tensión antagónica, y afirmar hacia el interior: leerlo como una disputa política donde por fuera del pueblo, los enemigos tejen amenazas. Los enemigos se suceden y alternan, pero siempre presentes, permiten aglutinar al pueblo, incluyendo clases que de populares no tienen nada.

Para que esta lógica tenga posibilidades de ser creíble, debe ser capaz de interpelar sobre lo que ocurre. Hasta que Duhalde no masificó los planes sociales y la acumulación empezó a generar empleo, era poco creíble hablar de “inclusión”. Para que “derechos humanos” tuviera sentido, hubo que derogar las leyes de impunidad y descolgar los cuadros. Expresiones  de este tipo dieron sustento al discurso oficial, y por ellas organizaciones populares y sectores progresistas se acercaron al gobierno. Podemos compartir o no esta lectura, pero el carácter popular del kirchnerismo es predicado de que parte del pueblo lo leyó así: no de nuestra interpretación. Pero justamente porque no todo era construcción discursiva, los últimos años de agotamiento de los aspectos “inclusivos” del proceso, hicieron que la apelación convenciera cada vez menos.

Ahora quedaron entonces enfrentadas dos fracciones del gran capital, la que apostó por construir hegemonía y la que fue relativamente desplazada. La primera sigue siendo por ahora ganadora, toda vez que se teme decir que se va volver atrás alguna medida. Cuenta con el apoyo de algunas organizaciones populares y ciertos sectores progresistas, además de los aplaudidores de rigor. El kirchnerismo ha renovado la estrategia, poniendo a un candidato que garantice el rol preeminente de las fracciones industriales, junto a una campaña que trate de actualizar la estrategia populista (“Patria o Macri”). Enfrente, Cambiemos no explica qué quiere cambiar, y en su lugar, cambia de postura según sople el viento, afirmando lo que ayer se negaba. Esto es demagogia; lo primero populismo. El voto del pueblo está mezclado en ambas opciones, atrapado en las opciones y disputas del capital, que nos continúan enredando en discusiones ajenas. He ahí el éxito de las clases dominantes: acrecentar nuestras divisiones marcando el campo de la discusión.

Creemos humildemente que cualquier estrategia política de izquierda debe partir de un análisis concreto de las fuerzas sociales en disputa, distinguiendo con claridad tanto las similitudes como las diferencias. Y hacerlo aunque de ello no se derive automáticamente ninguna posición política, contra lo que el razonamiento mecánico asegura.

Foto: Reuters

(Por Francisco J Cantamutto) El resultado electoral no fue puro azar, sino corolario de una construcción política de más largo aliento. La afirmación una identidad política propia y la disputa hegemónica.

Con el diario del lunes, el resultado electoral del domingo tuvo elementos sorprendentes y otros previsibles, como ya dijimos. Queremos enfatizar aquí elementos para comprender el porqué del resultado.

La elección de Daniel Scioli como candidato del oficialismo no parece haber conquistado los corazones que se proponía ganar. La Cámpora, siguiendo su diagnóstico de 2011, entendió que podía condicionar al gobernador fortaleciendo sus propias posiciones; no acompañó en la campaña, ni siquiera apareció en el acto al cierre de los comicios. Randazzo y Aníbal Fernández tuvieron similares actitudes. En cambio, el Movimiento Evita, de origen pre-kirchnerista y mayor despliegue territorial, asumió la candidatura como un nuevo desafío en su construcción política. Scioli les prometió un ministerio de Economía Popular (del que ahora duda), y les dio lugar en la campaña (se los puede ver al pasar en algunos spots).

Pero no sólo no convenció a todos los propios, sino que tampoco convocó ajenos. La elección de Scioli como candidato kirchnerista suponía un sacrificio –que Horacio González llamó “desgarro”- para mostrar un dirigente menos proclive al conflicto, más “normal”. Esta decisión se basaba en lo que consideramos un diagnóstico errado: la derechización de la sociedad. Llamativamente, una de las reacciones más vistas ante los resultados fue acusar a una clase media más a la derecha que el candidato, aludiendo un supuesto ciclo recurrente de la historia argentina.

Entendemos que esta suposición está errada, y lo que está derechizado es el sistema político, expresado en las variantes de Macri, Massa y Scioli.

Esto no niega la existencia de algunos segmentos sociales con elevadas dosis de conservadurismo, lo que discute es que exista un corrimiento general en ese sentido. La sociedad argentina tiene demandas y reclamos, muchos de ellos, generados por los propios límites del kirchnerismo. ¿Acaso el estancamiento de los salarios, la inflación sostenida y elevada, o la persistencia del trabajo informal y del formal precarizado no tienen que ver con “el proyecto”? ¿Acaso no es justo que las clases populares critiquen esto? Incluso con demandas ligadas a la justicia y la seguridad tienen perspectivas: ¿acaso los barrios populares no saben de la impunidad de la policía, y sus vínculos con el delito? Ni siquiera la demanda de cierta “normalidad” es necesariamente de la derecha.

El problema fue que el kirchnerismo dejó la interpretación de estos descontentos a la derecha, los desestimó dejándolos en manos ajenas. Como ya lo habíamos dicho respecto de la marcha del 18F, se trata de un problema de construcción política sobre el magma de lo real: la mayoría de las demandas no tenían un perfil ideológico definido; esa tarea, la de interpretar esos descontentos, la hace el sistema político, que las traduce.

Cuando en 2008 “el campo” salió al choque, su gran incapacidad fue interpelar, ser capaz de hablarle, al resto de la sociedad: insistió hasta el final con “bajar las retenciones”. Pero el reclamo corporativo se rellenó con una operación amplia de relectura de la historia (apelar al Granero del Mundo, “sin campo no hay país”) y mostró que había una puerta de salida. Los discursos liberales y republicanos vinieron a ayudar a completar esa lectura, en una mixtura novedosa que ya no era la de la vieja derecha golpista.

Fue entonces cuando el gobierno comenzó a construir una identidad propia nacional-popular, y a dar inicio a lo que llamó una batalla cultural, que incluyó una fuerte inversión en producción cultural (nuevos canales, espacios culturales, museos, etc.) y aliento al debate intelectual (Carta Abierta). Fue el período de mayor vitalidad progresista del kirchnerismo: Ley de medios, de matrimonio igualitario, etc. En ese momento, el kirchnerismo mutó de una red de alianzas a algo nuevo: comenzó a forjar una identidad política propia, nueva, que se distinga por sí misma.

El kirchnerismo apareció, ya no como un acuerdo de organizaciones, sino como algo distinto. Para lograr esto, comenzó la enumeración consecutiva de logros, una mística (a la que contribuyó el temprano fallecimiento de Néstor Kirchner), la creación de un otro (básicamente, Clarín), y claro, una organización que le dé cuerpo (La Cámpora como columna vertebral, Unidos y Organizados como sistema circulatorio). La auto-afirmación de la particularidad tuvo un broche de oro en 2011 cuando Cristina ganó con el 54%: la comprobación fáctica de ser mayoría.

Pero ahí emergió el riesgo no visualizado de la estrategia de construcción: ser la primera minoría no garantiza que otra coalición de minorías no puedan superarla. Apareció el LTA, “armen su propio partido”: el final de la intención de incluir, incorporar. Y como los tiempos de la política tienen su lógica, esto se dio en el mismo momento en que el régimen de acumulación empezó a mostrar su agotamiento (que no fue ni es crisis). Un proyecto económico que dejó de incluir junto al discurso para los propios, dejó espacio para que el descontento fuera canalizado por otros. Y esos otros que fueron a disputar el sentido común son la derecha, una derecha nueva, light, pero igual de peligrosa que la vieja golpista.

Este escenario, como se ve, tiene un aliento mucho más largo que la campaña reciente. El kirchnerismo dejó de hablar a los demás, buscando autoafirmarse, y no cambió antes de las elecciones. Por eso, con el resultado del domingo, salieron a buscar los problemas en otro lado: la izquierda que no entendió por qué Scioli debía representar sus esperanzas, una supuesta clase media gorila, los medios de Clarín, etc. No había problemas constitutivos, sólo cuentas pendientes. Y ahora que los propios se garantizaron, el kirchnerismo debe mutar para ganar. Scioli no construye bajo la lógica antagónica, porque no lo necesita. Ya tiene en el bolsillo los sapos que va a repartir.

El kirchnerismo no fue ni es el programa de las clases populares: sino el del capital políticamente más avispado, que supo conceder para sostenerse. Condicionados como están los candidatos, ambos ya garantizaron lo que el capital de conjunto reclamaba: tomar deuda, abrir a las inversiones, contención salarial como vía de reducción de la inflación, ajuste devaluatorio. El capital ya dejó claro que cualquiera de ambos le viene bien. Desde este punto de vista, el capital consolidó su hegemonía: todo el marco del debate se mueve dentro de los márgenes que desea, cree y entiende. La única distinción válida no es de programa ni de perfil de los candidatos, sino de las fuerzas sociales detrás: dentro del kirchnerismo, persisten organizaciones populares –además de sectores progresistas- que tomaron cierto impulso en estos años; el macrismo no tiene eso.

(Por Francisco J Cantamutto) Muchas sorpresas dejó el domingo, pero también algunas escenas previsibles.

El escenario político que dejaron las elecciones es sin dudas novedoso en relación a las expectativas creadas, creadas por la abrumadora cantidad de encuestas, que indicaban incluso la posibilidad de que Scioli ganase en primera vuelta. Esta herramienta tiene problemas metodológicos (se siguen haciendo las encuestas por teléfono fijo para ahorrar costos), pero además un déficit de concepción: asume que el voto decidido por el individuo está fijo, y el instrumento sólo lo mide, no lo cambia. El hecho es que una gran mayoría de indecisos –y de votantes de Progresistas- ante la posibilidad de que Scioli ganara en primera vuelta, se decidió por dar el voto a Macri para evitar ese escenario. No sólo a Scioli se lo votó “desgarrado”.

Había también elementos previsibles del resultado, claros desde el inicio, como se denunció desde este espacio y que enfatizó la candidatura del FIT: el evidente giro a la derecha de los 3 candidatos principales y su defensa explícita de la agenda del capital. Cualquiera fuera el resultado, estos dos puntos estaban garantizados, y así lo festejó el mercado de capitales el lunes. La agenda común incluye, pero no se limita, a una nueva ronda de endeudamiento, mayor apertura a las inversiones extranjeras (con distintos socios), devaluación (a diferentes ritmos) y contención salarial, agenda represiva, mayor influencia de la Iglesia católica con su agenda anti-liberal (lo que incluye el discurso contra libertades de género, contra el aborto, etc.). El escenario que se abre es preocupante para las clases populares, y no hay novedad ni expectativas en esto.

Los sectores progresistas del kirchnerismo creían que si Scioli ganaba este domingo, podían condicionarlo en su gobierno. Pero el candidato oficial tomó por ganados estos votos y, de las PASO a esta parte, explicitó su agenda conservadora, buscando tentar un supuesto votante medio. El recurso no le sirvió: La Cámpora ni siquiera cerró los actos de campaña junto a él, y apenas creció en votos respecto de las PASO. Obligando al electorado a elegir entre opciones de derecha, los votantes se inclinaron por las versiones menos condicionadas, y arranca ahora la etapa de negociación.

Massa, el dueño del b(v)otín

El ganador del domingo fue, sin dudas, Massa. A pesar de haber salido tercero, logró retener sus votos, más de un quinto del electorado, y ahora tiene el botín preciado para el ballotage. Esto le abre las puertas para condicionar la agenda sin tener que responsabilizarse por los efectos de sus propias propuestas: será otro gobierno el que las implemente, pagando los costos políticos. Un dato importante es que los tres candidatos han mostrado su larga trayectoria de gatopardismo ideológico, por lo que ideas y valores no serán una traba en esta disputa por el gobierno. Massa tiene 3 grandes alternativas:

1) Aliarse con Macri, bajo el discurso del cambio. Massa ya hizo los guiños a Cambiemos en este sentido, que es el más fácil de justificar. A pesar de que grandes medios quieren vender esa alianza como obvia, tiene varios problemas. El mayor es que borraría a Massa de la escena política, porque le arrebataría las banderas de opositor, completando su círculo de veleta: del liberalismo al peronismo, luego al kirchnerismo, y vuelta al peronismo, y de ahí al liberalismo. Pero, para liberal, Macri lo hace mejor.

Los demás problemas son de aparatos. Por un lado, la alianza Cambiemos se basó en la promesa de cargos al aparato burocrático radical, pues en todo otro orden, fueron borrados de la campaña. Macri tiene casi todo el gabinete para prometer al massismo, pero no sabe hasta dónde esto entraría en conflicto con los radicales. Por otro lado, antes de las elecciones, una gran parte de los dirigentes del Frente Renovador (como Facundo Moyano e Ignacio De Mendiguren) declararon –sin abandonar el espacio- que en segunda vuelta irían por Scioli. Estas declaraciones públicas no fueron castigadas, pues Massa aumentó su caudal de votos. ¿Cómo convencerlos ahora de ir por Macri? Recordemos que tanto en aparato como en votantes, Massa tiene una fuerte composición peronista, a la que Macri no convence con una mala estatua del General.

2) Aliarse con Scioli, argumentando su perfil más peronista que kirchnerista. Massa rompió con el gobierno acusándolo por su estilo de conducción, que con el bonaerense sería muy diferente. Ha declarado en los medios que Scioli debe dejar de ser el “empleado de Cristina”, dando a entender que si rompe ataduras, la posibilidad está abierta. Si logra torcer el perfil de Scioli para lograr el acuerdo, Massa ganaría gravitación política, sin desaparecer como en el caso anterior. Las acusaciones de filo-kirchnerista no le hicieron mella durante la campaña, no hay razón para que lo hagan ahora. Esta ruptura no sería nada más que discursiva: a la oferta de dar lugar a Lavagna en Economía y a De la Sota en Cancillería –los dos cargos políticos más fuertes del gabinete-, Massa habría requerido la presidencia de la Cámara de Diputados. Esto entra en conflicto con las expectativas de La Cámpora, que aumentó su presencia parlamentaria y esperaba que esta función la cumpla Wado de Pedro. Si Scioli no es capaz de convencer a la tropa que este sacrificio es necesario, aún le puede ofrecer a Massa algo diferente: celeridad legislativa de aquí a diciembre, mientras el kirchnerismo preserva mayoría en ambas Cámaras.

El Frente Renovador se compuso a partir de intendentes del Conurbano insatisfechos por el creciente peso de La Cámpora y otras agrupaciones no peronistas dentro del kirchnerismo. Scioli, con larga experiencia de arreglos con los barones del Conurbano, puede prometerles una revancha. La Cámpora no es orgánica a Scioli, pero sabe que es la única opción que tiene para mantener alguna gravitación futura: está en desventaja. El problema está en que Vidal ganó la gobernación y entonces la intermediación bonaerense no recaerá en el sciolismo. El avance de Cambiemos (ganó casi 70 municipios bonaerenses) puede ser una amenaza real que mueva a los barones.

3) No arreglar con ninguno y condicionar la agenda con sus propuestas. Esta estrategia le funcionó desde las PASO y sería una continuación obvia, simple: liberar a los votantes, pero condicionar a los candidatos con su programa. Sin costo político, habría ganado aún más, al poner la agenda. Ésta es la salida más probable, pues le da el mayor beneficio actual y proyección futura. El día de hoy Massa anunciará su “documento programático”, y se anticipó que no apoyaría explícitamente a ningún candidato.

Rodríguez Saá, con un caudal muy inferior, está en las mismas tratativas. Mientras tanto, Stolbizer ya liberó sus votantes, diciendo que no tendría la “soberbia” de decirles qué hacer. El FIT ha llamado al voto en blanco, lo que es consistente con su programa y discurso. En los hechos, el voto en blanco –al igual que la abstención, que se espera que crezca- favorece al que va primero, facilitándole la tarea a Scioli.

La disputa está abierta, pero también está claro: el capital concentrado y la derecha, ya se garantizaron su elección.

Foto: Chacabuco Noticias

(Francisco J Cantamutto) Esta semana se completó el pago de deuda más cuantioso desde la cancelación con el FMI en 2006. El oficialismo continúa la política de pagos y endeudamiento, sin novedades en la comisión investigadora.

Esta semana se completó la operación de pago de los bonos BODEN 2015, por un monto total de 5.900 millones de dólares. Se trata del pago más importante desde que Kirchner decidió cancelar toda la deuda con el FMI y pagó por adelantado una deuda de dudosa legalidad a principios de 2006. Para moderar el efecto en las reservas se emitió un nuevo bono, el BONAR 2020, un título a 5 años que repuso 669 millones de los pagos, un 11,3% de lo abonado. Para el oficialismo, se trató de un éxito más en la política de “desendeudamiento”, mientras que la oposición patronal sigue desorientada entre las críticas por no arreglar con todos los acreedores y la erosión creciente de las reservas del Banco Central. Pero en un acuerdo más básico, nadie del stablishment político cuestiona el rol y la legalidad de la deuda, incentivando en cambio un rápido regreso a los mercados de crédito.

Pagos, bonos, cifras

Resulta muy fácil quedar confundido con el festival de cifras en juego. Esta semana vencieron los Boden 2015, que habían sido una de las opciones del canje de deuda de 2005. Estos bonos rindieron un 7% de interés en dólares pagado cada año. Al vencer esta semana, el gobierno devolvió a los acreedores el valor del capital los bonos, equivalente a unos 5.900 millones de dólares. Esos bonos habían sido comprados en 2005 por tenedores de deuda en default, que tomaron la oportunidad de valorizar sus acreencias: se trata en gran medida de entidades financieras que adquirieron la deuda impaga durante poco más de 3 años, y encontraron una gran oportunidad de negocio con este (y otros) bonos. El 60% de los pagos recibidos, se informó, se giraron al exterior.

Para pagar a los acreedores, el gobierno toma dólares del Banco Central, erosionando así sus reservas. La semana anterior la provincia de Buenos Aires había realizado una operación semejante para pagar un bono propio, retirando casi 800 millones del Banco Central. Para compensar estas salidas, se emitió esta semana un nuevo bono, el BONAR 2020, un título de corto plazo (5 años) que terminó pagando una tasa de interés de 9,4% anual (venta por debajo del valor nominal, que se suma a la tasa nominal de 8%). El valor está por debajo de lo demandado por la banca (10-11%) pero por encima del objetivo del gobierno (6%). Por las ventas de este título, gran parte de las cuales fueron adquiridas por ANSES, se recaudaron 669 millones.

El gobierno desistió de insistir con la emisión completa de 1.500 millones esperada para el BONAR 2020. En cambio, insiste en estos días con nuevos bonos en pesos, el BONAD 2017 y el BONAR B +300, por los que espera recaudar unos 3.500 millones de pesos. Mientras que el BONAR buscaba reponer reservas en dólares, los otros dos apuestan a retirar pesos del mercado que presionan contra el valor del dólar, induciendo una devaluación. A los pagos de deuda se suma este drenaje cotidiano de compras de dólares con motivos precautorios o especulativos. En agosto el Banco Central volcó al mercado 1.500 millones y en septiembre otros 1.800 millones más. El valor de las reservas cerró la semana en cerca de 27.700 millones de dólares, un nivel apenas superior a los 27.400 millones de un año atrás. Es por esto que esta semana fue todo un desafío financiero y económico para el gobierno, por una operación que podría poner en riesgo la política cambiaria oficial.

Para poder contener estas salidas, el gobierno negoció a fines del 2014 un crédito swap con China por 11.000 millones. Con estas operaciones, ya se consumió el 85% de esos fondos. La oposición patronal, haciendo gala de su cipayismo, pretende negar el carácter de reservas de valor de los yuanes, alegando que sólo los dólares cumplen esa función. En relación al comercio internacional argentino, el yuan cumple un rol de unidad de intercambio sin problemas. Pero ese no es el asunto central, sino la pregunta nunca respondida (ni discutida): ¿por qué tomar deuda con China para pagar deuda con privados?

Para la presidenta Fernández, este proceder cerrar “último capítulo del gran endeudamiento argentino”. Estas palabras fueron retomadas por el Ministro de Economía, Kiciloff, quien agregó con extraño orgullo que “los vencimientos de este tamaño o similar nunca los pudo pagar el Estado, de hecho fueron los que cayeron en default en 2001, vencimientos de esta dimensión”. Resulta un misterio cuál es el mérito de poder pagar mayores cifras a acreedores espurios. El titular del Banco Central, Vanoli, aportó en la misma línea, asegurando que los pagos remanentes en el año por venir eran de valores inferiores. Esto es falso, pues según informes del propio Ministerio de Economía, en 2016 se deberán pagar o negociar unos 7.000 millones de dólares en capital de deuda y otros 4.000 millones de intereses.

Una fiesta de contradicciones

La operación ilustra con claridad el manejo de deuda del kirchnerismo: pagar deuda sin auditar a acreedores privados por las vías necesarias, que incluyen usar recursos disponibles para otros usos y modificar la composición de la deuda.

Tal como se viene insistiendo desde la Asamblea contra el Pago de la Deuda y por los Bienes Comunes, a meses de la creación de la comisión legislativa para investigar la deuda, nada concreto se ha hecho. Muy por el contrario, salvo por la actividad de Claudio Lozano, los legisladores evitan asistir y todo indica que buscan validar la deuda y los canjes 2005/2010, sosteniendo el contrasentido de la ley “de pago soberano”. Frente a la inactividad de la comisión, se suceden pagos sistemáticos, que no podrán ser recuperados.

En cambio, se agiliza en el Congreso el tratamiento de la convención de la ONU sobre deudas soberanas. Se trata de la exposición en pleno de la lógica del gobierno: aislar un pequeño y extralimitado grupo de acreedores (los fondos buitres) para garantizar el pago de la mayoría de los acreedores. Los dos recientes fallos en la Corte de Apelaciones de Nueva York contra los planteos de Griesa permiten al kirchnerismo mostrar su éxito de gestión, que se resume en que los tribunales extranjeros han autorizado al gobierno a pagar deuda a otras aves de rapiña.

Pagar deuda, evitar investigarla, sostener la cesión de soberanía en la materia, esos son los ejes de la política del kirchnerismo sobre deuda. A cambio, nos insisten con la menor exposición a deudas con privados, eludiendo los enormes costos sociales de los pagos y el endeudamiento de los propios organismos estatales. Y mientras tanto, el único objetivo de este proceder, afirmado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, prometido ahora por Daniel Scioli es siempre el mismo: volver a endeudarse. “Desendeudarse” para tomar deuda de nuevo, menuda acción soberana.

(Por Francisco J Cantamutto) El lunes pasado el candidato presidencial del FpV presentó su plan de gobierno, acompañado de un extenso libro donde su equipo se explaya sobre el programa económico propuesto.

Parece que la estrategia de Massa de tomar definiciones en sus propuestas llegó al candidato  oficialista Daniel Scioli, quien el día lunes presentó en el Teatro Ópera su plan de gobierno. El mismo está basado en un extenso análisis de la Fundación DAR, plasmado en el libro “Lineamientos para el desarrollo económico y productivo”. Ante la crítica de falta de definiciones del candidato del kirchnerismo, este plan se presenta como una contundente respuesta, de palmaria claridad.

Los cimientos

Naturalmente, el eje de la propuesta es “profundizar lo logrado”, pasar a la etapa del “desarrollo estructural” como segundo momento de la recuperación iniciada entre Duhalde y Kirchner (hay un cuidado sumario de no clarificar este doble origen). El think tank neodesarrollista ha sido la fuente de inspiración para un marco de propuestas con claros fundamentos teóricos y programáticos, tal como se detalla en el texto. El enfoque es una reunión entre la macroeconomía keynesiana y el estructuralismo cepalino, fortalecida por algunos años de debates y formación de técnicos, en lo que se ha dado en llamar neodesarrollismo. La crítica simplista que circula entre medios masivos de que se trata de pura improvisación tiene cada vez menos asidero: es necesario debatir las ideas y propuestas reales.

Esta reunión tiene varios elementos constitutivos, pero su eje central puede presentarse como: la necesidad de intervención permanente del Estado en el estímulo a la demanda agregada –a través de inversión pública e impulso al empleo- es el eje del crecimiento y ulteriormente, el desarrollo. A diferencia de lo que en el debate más ramplón le acusan a su adversario Macri, no se trata de una discusión entre Estado versus mercado. La intervención que promueven no implica desplazamiento del capital privado, sino al contrario, su sostén, guía y respaldo: cómo, a través de “inteligentes” operaciones, se podría tentar al capital de invertir productivamente en el país. Ni abandonar toda la política económica a las decisiones privadas, y reemplazarlas por una lógica burocrática. No hay, en tal sentido, ni regreso al neoliberalismo más crudo, ni horizonte de cambio de las relaciones de propiedad más básicas. Hay regulación y asociación público-privada.

Éste es el origen de la relación histérica entre el kirchnerismo y el capital. El gobierno ha hecho lo imposible por hacerle entender a los dueños de los medios de producción que su mejor opción es invertir productivamente y generar empleo en el país, partiendo de garantizarle elevadísimas tasas de ganancias. Pero el capital se niega a responder a los beneficios, y mantiene sus comportamientos lascivos: fuga de recursos, falta de inversión, desajustes estructurales, empleo informal, etc. La apelación de Kirchner a la burguesía nacional sentía –quizás con convicción- que por nacer aquí a algunos empresarios les importaba más la patria que el negocio. El capital ha reconocido los favores del gobierno, pero se niega a que le digan qué hacer con lo que asume que es suyo. Un gobierno empeñado en convencer al capital de cuál es su mejor negocio.

Si bien algunas organizaciones de base aceptan al kirchnerismo como un espacio heterogéneo, en disputa, las planas mayores muestran una y otra vez un pensamiento sin contradicciones. El balance hasta aquí es: “hay muchos logros, y quedan cuentas pendientes; si nos dan el tiempo suficiente, las iremos resolviendo”. No hay, no puede haber, elementos contradictorios, es decir, que constituyan una relación interna al proceso pero se muevan en sentido opuesto al propuesto. Sólo por dar un ejemplo, que en la última década se haya consolidado la tendencia extractivista y primarizante del perfil exportador del país, no parece hacer mella en el discurso de industrialización.

Las propuestas

La presentación del plan de gobierno tuvo frases contundentes como prometer “pleno empleo y crecimiento”, la llegada de “30.000 millones de dólares de inversión por año”, “las 250.000 viviendas por año”, entre otras. Pero sin dudas la que se llevó el laurel de slogan fue que su gobierno no quiere “un paraíso financiero, ni fiscal, sino que la Argentina sea un paraíso productivo”.

Para ello, lo que dijo y mostró rodeado de gobernadores, intendentes, diputados y militantes fue que le ofrece al capital “gobernabilidad, certidumbre y previsibilidad”. El kirchnerismo garantizó lo primero desde que atajó la crisis del 2001, pero los dos siguientes puntos habrían sido esquivos durante el gobierno de Cristina Fernández, debido a su forma de construcción política a través de antagonismos cambiantes. El capital concentrado le había dejado muy en claro a los candidatos que ésta era su preocupación central, como ya explicamos aquí. Scioli ofrece una “etapa superior” del kirchnerismo en este sentido, al combinar lo conseguido con lo faltante, en una síntesis novedosa.

Scioli enfatizó que resolvería los desajustes de la macroeconomía (inflación y faltante de dólares a la cabeza) sin ajuste. Gradualismo es la palabra clave aquí, y su propuesta está centrada en un eje: movilizar la inversión, local y extranjera. Para impulsar la inversión, además de su garantía de estilo de gobierno, propuso impulsar a partir de la banca pública un banco de desarrollo, al estilo del BNDES brasilero. Asimismo, en relación a las divisas, no desestimó tomar deuda en lo inmediato, dejando muy en claro que –como siempre explicó la presidenta- el objetivo del desendeudamiento era volver a los mercados de crédito en condiciones más razonables.

Asimismo, esa inversión debería estar dirigida en un sentido claro. Si Macri explicó que quería un país lleno de fábricas de pasta y galletitas, el equipo de Scioli hiló mucho más fino. Presentaron el lunes un detalle de 14 cadenas de valor a priorizar, por su impacto en el empleo y en la generación de divisas, entre las que se encuentran la automotriz, alimentaria, textil, química y petroquímica, cuero y calzado, metalmecánica, farmacéutica. Dejó en claro, además que para proveer de divisas a la industria, no debía retacearse gestos al agro, responsable de las exportaciones. Para ello, como había planteado, garantizará la rentabilidad de todos los sectores.

La inversión productiva permitiría incrementar la masa de recursos disponibles, para moderar la disputa distributiva. Pero para impulsar la inversión, no se esperan salarios reales al alza. Este futuro no auspicioso se buscará contener a través de los acuerdos con las dirigencias burocráticas, y las promesas a los movimientos sociales de Ministerios de Derechos Humanos y de Economía Popular. Otros candidatos no pueden prometer esta gobernabilidad al capital, es decir, la contención institucional de las demandas populares.

La pregunta que se sostiene es si estas propuestas de “kirchnerismo ordenado” serán suficientes para tentar al esquivo capital. Y en caso que lo fueran, sigue pendiente saber por qué nos deberían entusiasmar.

(Por Francisco J Cantamutto) Los principios de Reestructuración de Deudas Soberanas aprobados en Naciones Unidas la semana pasada fueron presentados como una victoria moral. Las severas limitaciones de esta victoria pírrica.

El pasado jueves 10 de septiembre se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas la Convención Multilateral sobre Reestructuraciones de Deuda Soberana a propuesta de Argentina. Hace un año atrás, el gobierno de Cristina Fernández desplegaba su estrategia jurídico-política, enviando este proyecto a discutir a Naciones Unidas y dando impulso a una ley contradictoriamente llamada de Pago Soberano. Ésta última supuso declarar de interés público el pago de una deuda que al mismo tiempo que juzgaba digna de investigación, componiendo una comisión ad hoc cuyos resultados se esperan conocer a la brevedad (contaban con seis meses para presentar conclusiones).

La propuesta de un mecanismo de regulación de reestructuraciones de deudas de los Estados fue una interesante jugada política del gobierno, que sometió a debate en la Asamblea General de la ONU su actual disputa con una minúscula parte del sistema financiero internacional, los fondos buitres. Con el apoyo de China y el G77 a la iniciativa, no fue difícil conseguir una mayoría para discutir el asunto. La votación finalizó con 136 votos a favor, 41 abstenciones y 6 votos en contra de los centros de poder económico (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel y Japón), lográndose su aprobación. Se espera que algunos países busquen aprobar leyes para incorporar la convención a sus sistemas jurídicos, como ya indicó que haría Bolivia.

El canciller Héctor Timerman festejó la conquista afirmando que las disposiciones “Ponen un límite a los piratas del siglo XXI que aprovechan la falta de legislación global para infringir daño y obtener ganancias extraordinarias.” La resolución fue muy festejada como un logro de política internacional, incluso como una victoria moral. Sin dudas, esta convención convalida la estrategia del kirchnerismo respecto del tratamiento de la deuda; pero eso no significa que se trate de un enfrentamiento abierto al capital financiero.

Dos cuestiones generales dudas sobre esta supuesta victoria, ambas reconocidas por el oficialismo. La primera es que la resolución no tiene aplicación retroactiva, con lo cual no sería de utilidad para el conflicto actual con los fondos buitres. En todo caso, sería de utilidad para una nueva ronda de endeudamiento como la que se espera, tanto si gana Scioli como si gana Macri. La segunda es que en lugar de un mecanismo claro de reestructuración, lo que se aprobó fueron nueve principios generales, de aplicabilidad no coactiva, es decir, a voluntad de las partes.

A estas dos cuestiones generales se agregan algunas dudas puntuales respecto de los principios en sí, que ya han expresado dos expertos en la materia, Héctor Giuliano y Alejandro Olmos Gaona. Más allá de declamaciones como la de inmunidad soberana (principio 6) que no estuvieron nunca en discusión (a menos que volviéramos un siglo atrás, antes de la Doctrina Drago, y permitiéramos invasiones extranjeras para cobrar deudas), la convención genera más bien suspicacias. Entre otros puntos que generan severas dudas, está el taxativo privilegio de los derechos de los acreedores sin referencia equivalente de los de la nación soberana, la obligación de los países deudores de rendir cuentas (sin equivalencia respecto de los acreedores), y la prohibición de discriminar entre acreedores (lo que convalida la práctica de los fondos buitres de comprar deuda a precio de remate para especular luego con juicios) y la obligación de las partes de someterse a negociaciones. De acuerdo con este conjunto de principios, los fondos buitres serían grandes ganadores, puesto que los cuatro puntos anteriores conforman el núcleo de sus demandas en los tribunales neoyorkinos: que, sin importar cómo obtuvieron los títulos de deuda, Argentina debe sentarse a negociar con ellos, dar explicaciones, pagarles.

El principio 9 sería el más favorable a las intenciones de Argentina, que indica que “una minoría no representativa de acreedores (deberán) respetar las decisiones adoptadas por la mayoría de los acreedores”. He aquí la gran conquista del argumento kirchnerista: una vez reestructurada la deuda con la mayoría de los acreedores (93% para el caso argentino post 2001), una minoría (MNL Capital tiene menos del 2% de los bonos) no puede obstaculizar la normalización financiera. El berrinche judicial de Singer y Griesa no tendría sostén de acuerdo con este principio.

Sin embargo, antes de cantar victoria, deberíamos apelar a la memoria –tan cara al oficialismo- y el estudio de la arquitectura financiera internacional. Desde que el siglo XXI comenzó, la posición oficial de Estados Unidos y del FMI ha sido impulsar un sistema de reestructuraciones de deuda soberana semejante a una convocatoria de acreedores. Luego de que el conservador Meltzer presentara su informe en el Congreso estadounidense, fue la temible neoliberal Anne Krueger quien impulsó esta idea justamente a raíz del default argentino de 2001. La razón es sencilla: si se permite que un pequeño grupo de fanáticos obstaculice las reestructuraciones, se impide que el país deudor pueda renovar su voluntad de seguir pagando y tome nueva deuda. Es decir, la avaricia de unos pocos complica el negocio de otros muchos. Los fondos buitres son una lacra del sistema financiero internacional, que ponen palos en la rueda para que el poder financiero real pueda continuar su expoliación.

Fue por este motivo que ni el organismo ni la potencia dificultaron el canje de Argentina de 2005, sino más bien al contrario lo apoyaron. Tenían dos motivos más para esta actitud, y es que la propuesta de Néstor Kirchner renovaba la jurisdicción extranjera en la materia y no cuestionaba el origen de la deuda. Los tres puntos se vieron ratificados con la Convención aprobada en la ONU: no investigar la deuda; mantener la jurisdicción fuera del país deudor; y negociar por mayorías.

Junto al principio ocho que declara abiertamente la intención de estabilizar el sistema financiero internacional, y el segundo que explica que el propósito es “restablecer la sostenibilidad de la deuda y el servicio de la deuda de manera rápida y duradera”, queda palmariamente claro que la preocupación y voluntad de la Convención –al igual que la declarada por el kirchnerismo una y otra vez- es sostener el sistema de endeudamiento permanente de los países dependientes. Garantizar el negocio de deudas ilegales e ilegítimas para todas las partes.

No debe confundir al análisis político serio los votos negativos de las potencias: presentándose como la encarnación misma del mal, dan la excusa perfecta para presentarlo como una conquista. Era evidente que la Convención –insistimos, no coactiva- se aprobaría igual por mayoría; si las potencias hubieran querido bloquearlo, tienen mecanismos políticos y económicos para hacerlo.  La Convención de la ONU es un fiasco que continúa la política estratégica de volver a endeudar al país.

(Por Francisco J Cantamutto) Aprovechando los números que arrojaron las Primarias, otros números mostraron su pronóstico: el mercado está contento con los que pican en punta.

Pasaron las Primarias Abiertas y dejaron un nuevo panorama de claridad respecto del horizonte electoral. Esta gran operatoria funciona como censo corrector de las encuestas difíciles de creer, dando tendencias constatables sobre el futuro político del país. Y, sin perjuicio de otras precisiones, el resultado mostró, primero, que casi un tercio del electorado (entre blancos, impugnados y ausentes) no optó por alguna alternativa; y segundo, que los tres candidatos que promueve el establishment concentran la mayor parte del voto positivo: un 60% respecto del total de votantes (90% de los votos válidos), pero distribuido entre sí.

Esto le ofrece al capital las dos prendas que más ansía: previsibilidad y un poder político más débil. Y el mercado hizo saber su alegría, mostrando una importante alza de las acciones en la Bolsa de Valores local e incluso en las cotizaciones en Wall Street de empresas con asiento en el país, así como bajando el precio del dólar ilegal.

Si se mantiene la tendencia de los votos, el próximo gobierno enfrentará un escenario de mayor distribución del poder político, que lo obligará a negociar en el Congreso. Esto se enfatiza, dado que en el Poder Legislativo se renueva la votación de 2011, donde el kirchnerismo obtuvo el 54% de los votos válidos, lo cual le dio la mayoría que aprovechó hasta ahora. Como hemos dicho antes, en el Congreso, las fracciones del capital tienen mejor representatividad, y toda negociación allí favorece los acuerdos básicos del capital, morigerando cualquier privilegio que obtengan las fracciones que logran hacerse del Ejecutivo.

En tal sentido, saber que el próximo presidente sale de esa terna también ofrece seguridades al capital, con diferentes sesgos, como ya explicamos. En ese sentido, Mauricio Macri es el candidato esperado del capital agropecuario, acorde a su impronta liberal: sus declamaciones sobre quitar de un día al otro los controles de cambios, arreglar con los buitres, o eliminar las retenciones son una melodía a los oídos de Sociedad Rural. Daniel Scioli, en cambio, se apoya sobre sectores del capital industrial y la construcción, prometiendo la continuidad del modelo actual: la “segunda fase de reindustrialización”, la promesa de Techo y Trabajo, son expresiones del actual pacto social. Por su parte, Sergio Massa intentó una extraña combinación de discurso de tercera posición, sin lograr convencer del todo a ninguna fracción (como le pasara a Alberto Rodríguez Saá en su breve interinato), aunque enfatizando sus sesgos conservadores. Los tres provienen de la clase que buscan representar, aunque Macri y Scioli se encaraman en lo más alto de ella: para el capital, cualquiera de ambos “es uno de los nuestros”.

Moderando el discurso, conquistando al Capital

En las últimas semanas Macri mostró un giro discursivo, moderando sus posturas, prometiendo conservar las políticas más progresistas (emulando la estrategia política de Capriles en Venezuela, cuando en 2013 arañó la mitad del electorado). Sus ambigüedades con respecto a YPF o Aerolíneas, por ejemplo, no le ganan cariños en su base dura empresarial, aunque puedan engañar a más de un desinformado. El “festejo” post-PASO del mercado no estuvo ligado a ilusiones sobre sus chances, sino en que distribuyera el voto y condicionara al primero.

En tal sentido, Scioli hace también un tiempo que busca conquistar al electorado del capital. El voto de las organizaciones kirchneristas populares y/o progresistas lo ganó con Carlos Zanini de vice, o sus recientes anuncios de Ministerios de Derechos Humanos y de Economía Popular. El discurso ahora se orienta al capital y a los sectores medios que adoptan sus problemas y soluciones. Scioli se ha cansado de repetir que va a dar continuidad al modelo actual, pero también dio otras precisiones. “Vamos a salir al mundo a buscar inversiones”, dijo, en referencia al área energética en especial. Respecto de los holdouts, señaló: “Soy un dialogador empedernido y una persona que busca en el tiempo encontrar las soluciones en todos los problemas”. No casualmente, las acciones que más aumentaron su valor post-PASO fueron las energéticas, las petroleras y la banca. Prevén un ajuste a su favor: aumentos de tarifas, vuelta a los mercados de crédito, liberalización del mercado.

Por otro lado, Scioli, y sus economistas de referencia, Mario Blejer y Miguel Bein, han explicado que el principal problema de la Argentina es la falta de dólares y la pérdida de competitividad. Para resolverlo, hablan de poner fin a los controles de capital y reducir retenciones, pero avisan que hay que hacerlo gradualmente. Por esta vía, aseguró que todos los sectores van a tener garantías a su rentabilidad: “No voy a esperar que vengan las inversiones, las voy a buscar. Nadie se va a quedar sin sembrar, nadie se va a quedar sin producir, nadie se va a quedar sin fabricar por falta de rentabilidad”. El plan Scioli es volver al primer duhaldokirchnerismo: altas ganancias que aseguren inversiones, que permitan contener la fuerza de trabajo mediante empleo y, por esta vía, contener la inflación. Música para el poder empresarial.

Mientras tanto, la perspectiva de arreglo entre Grecia y la Troika, así como el fallo de la corte de apelaciones contra los embates del juez Griesa, mejoraron el humor de los mercados financieros e impulsaron al capital a aprovechar el río revuelto para ir por ganancias. No obstante, la devaluación del yuan puso temprano fin a esta perspectiva y alteró las bolsas de valores del mundo el resto de la semana.

En ese sentido, Darío Epstein, operador de Bolsa en Nueva York, dijo: “Los precios de los activos financieros están castigados por demás. Notamos que hay fondos internacionales interesados en entrar al país, ya que avizoran una ganancia por corrección del mercado”. Y agregó que “la sensación es que tanto Scioli como Macri o Massa van a implementar políticas promercado. Probablemente sus tiempos sean distintos, pero los tres tendrán una postura más amistosa hacia los inversores, en comparación con la de Cristina Kirchner”. En sintonía, desde la dirección del Mercado de Valores local, Nicolás Scioli afirmó que “nadie podría estar comprando acciones o títulos si creyera que con Daniel Scioli la economía del país va a empeorar. Todo lo contrario: la respuesta positiva del mercado es la respuesta de la gente que ve un hombre previsible, coherente, de diálogo, con un perfil propio de unir y construir puentes, siempre con respeto, con humildad”.

El capital, como lo ha venido haciendo, sigue aclarando sus gustos: gane quien gane de la tríada, sea con gradualismo o con shock, sabe que el programa de políticas es el suyo.

Fuente: marcha.org

Foto: Mas

(Francisco J Cantamutto) A medida que se acercan las elecciones, la potencia de fuego económico acrecienta el termómetro del tipo de cambio: el dólar nuevamente en boca de todos.

Pocos precios tienen en Argentina el peso económico, político y periodístico del tipo de cambio: el dólar es noticia, es herramienta política, es dato económico. Erigido casi en fetiche de la prensa masiva, las variaciones cotidianas de la moneda norteamericana marean hasta a más de un avezado. En este espacio no apostamos a contribuir a ese oleaje de datos, ni a hacer predicciones de ilusorio rigor, sino a desbrozar algunos elementos básicos para entender sus movimientos.

Primero y principal, el tipo de cambio representa la relación de intercambio de capital en sus diversas formas (mercancías, servicios, préstamos, etc.) entre una economía nacional y el resto del mundo. A través de él se realiza la conversión de precios nacionales a internacionales, y por lo tanto, debe tener alguna relación con el valor producido y apropiado en ese espacio de valorización respecto del valor mundial. La perspectiva marxista más difundida entiende que el tipo de cambio se establece a un nivel que permite la convergencia de las tasas de ganancia entre capitales reguladores (los “líderes” en sus ramas), pero existe aún debate al respecto. Lo que queda claro es que su nivel no es un puro capricho: el gobierno tiene, sin dudas, capacidad para modificarlo, pero debe hacerlo en la perspectiva de su inserción en el mercado capitalista mundial.

En ese sentido, el segundo dato es que Argentina es una nación dependiente, es decir, ocupa un lugar subordinado en la organización del capital mundial. Podría discutirse en otra ocasión respecto de la disputa política internacional, pero en relación específica a la economía, la última década sólo ha consolidado esta dependencia. El agro y la minería siguen siendo los principales abastecedores de divisas por ventas al exterior, y las escasas exportaciones industriales se explican por procesamientos básicos de recursos naturales y por el régimen especial automotriz que nos ata a la demanda brasilera. De conjunto, el resultado del comercio exterior depende de agudizar el sesgo extractivista y una serie de variables ajenas a nuestro control (como la demanda y los precios internacionales).

De 2003 a 2014, la producción de soja, cebada, girasol y maíz pasó de 65,2 millones de toneladas a 102,4 millones, acorde las expectativas del Plan Alimentario Nacional y más allá de la bulla del enfrentamiento agro-gobierno. Por eso, es noticia cuándo las cámaras agroexportadoras deciden liquidar la cosecha. Las exportaciones industriales se estancan ante la recesión y devaluación de Brasil, y la respuesta automática es reclamar a gritos una devaluación, como hizo el presidente de la Bolsa Adelmo Gabbi. El argumento es que si el único mercado donde exportamos bienes industriales devalúa, nosotros debemos seguirle el paso para poder continuar con el comercio. No hacerlo, según este examen, nos llevaría a una situación del tipo 1999-2001. La omisión del argumento es que Brasil enfrenta un problema de estancamiento asociado al escándalo político y nada garantiza que con precios más baratos comprase más.

Un industrial y pensador de la etapa sustitutiva, Marcelo Diamand, a quien los economistas del gobierno leen asiduamente, señalaba que la estructura productiva del país está profundamente desequilibrada. Esto significa que establecer un único tipo de cambio somete a todas las actividades a la misma competencia, cuando no todas están en las mismas condiciones de enfrentarla. Su recomendación: desdoblar el tipo de cambio tantas veces como fuera necesario. Esa es la idea detrás de la existencia de un dólar oficial para el comercio, otro más caro para invertir en inmuebles, otro más caro para ahorrar. Es la misma lógica que llevó a poner retenciones a las exportaciones agropecuarias en 2002, pues se trata de uno de los sectores de mayor productividad. Multiplicar los tipos de cambio según la actividad económica, a pesar de la dificultosa gestión burocrática de este desdoblamiento. Quitar estos controles, como proponen algunos candidatos, tendría el efecto de volver a unificar el tipo de cambio, facilitando el trabajo a la prensa, pero no generando ningún efecto positivo para las clases populares. El más probable sería una mega devaluación que pulverice los salarios. En todo caso, para políticas dentro del régimen del capital, correspondería agilizar y clarificar los procedimientos de los controles.

Otros dos rubros afectan el intercambio de capital entre Argentina y el mundo. Se trata del impulso a la inversión extranjera y la rehabilitación de la ruta de la deuda –motivos comunes de la campaña kirchnerista y antikirchnerista-, que no son sino mecanismos alternos de sostener esta dependencia. En lugar de cuestionar las vías de transferencia de valor al exterior –el pago de deuda e intereses, la remisión de utilidades, los pagos de patentes, por ejemplo- se esfuerzan mostrar quién garantizaría mejor su continuidad. El único esfuerzo relevante que el kirchnerismo ha promovido en los últimos meses en sentido contrario ha sido la disputa por frenar la fuga de capitales: investigación de cuentas ilegales en el exterior, controles de cambios, allanamientos de cuevas. Este esfuerzo ganó un nuevo nivel cuando el mes pasado se promulgó por el decreto 1311 se reguló el funcionamiento de la Agencia Federal de Inteligencia, permitiendo vigilar “grupos económicos y/o financieros que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos”. Esto puso a la prensa del capital a hablar espantada de “espionaje”.

Todo lo anterior permite insistir en que la salida de recursos del país en moneda fuera no se trata de un problema cultural, sino una expresión de la dependencia del país. El proceso de valorización del capital en la economía argentina requiere constantes fugas a moneda fuerte que retengan el valor. No se trata tanto de “cambiar la manera de pensar”, sino de alterar los fundamentos de esa dependencia. Acorde con la progresiva tendencia del kirchnerismo a asumir toda disputa política como una disputa intelectual y cultural, “el proyecto” se enfrenta a los límites de la alianza de clases que lo sostiene.

Después de las elecciones, cualquiera de los candidatos mayoritarios (Scioli, Macri, Massa) va a devaluar; la diferencia –no trivial- es a qué tasa o velocidad lo hará. En el gráfico adjunto se puede ver que el dólar sube a un ritmo poco superior al de la inflación oficial, que subestima los precios reales. El cálculo del Congreso, que sobreestima la inflación real, muestra que el tipo de cambio se viene apreciando desde hace unos años. De acuerdo a qué estimación crean los candidatos, la tasa de devaluación que podemos esperar. Pero todos ellos están atados a las necesidades de valorización de un capital dependiente, y por ello deben incrementar su competitividad en el mercado mundial. Y esto sólo saben hacerlo intensificando la explotación de la fuerza de trabajo.

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(Por Francisco J. Cantamutto) El lunes se presentó un nuevo documento del Foro de Convergencia Empresarial, explicando el tipo de Estado y las políticas públicas específicas que demandan.

Los capitalistas tienen diversas formas de condicionar el accionar estatal, que van desde la extorsión a través de sus decisiones de inversión y contratación de fuerza de trabajo hasta el lobby explícito, pasando por la difusión de ideas y propuestas que le son afines. Sólo en los casos más evidentes y extremos, el capital logra que sus representantes directos formen parte del gobierno, exponiéndose públicamente. Normalmente, el capital busca influir y condicionar las decisiones que se toman sin participar de modo directo, de modo de descargar sobre el Estado el peso político de lo que se decida.

El capital concentrado que opera en el país tiene una larga trayectoria de organizaciones propias destinadas a influir de diversas formas. Las asociaciones corporativas, es decir, las que representan intereses sectoriales tienen una existencia prolongada en el tiempo y no son pocas las veces que entran en conflicto entre sí, como ocurrió en la salida de la Convertibilidad, cuando el Grupo Productivo (Unión Industrial y socios) se desmarcó de la banca extranjera (representada en ABA), las privatizadas (representadas parcialmente en ADESPA y la Cámara de Comercio) y la Sociedad Rural. No pocas veces vimos en estos años a la UIA, la Cámara de la Construcción o las de bancos nacionales (ADEBA y ABAPPRA) apoyando actos del gobierno en primera fila, cuando SRA y socios reclamaban furibundos.

Pero el capital también recurre a agrupamientos más esporádicos destinados a encontrar puntos comunes que sirvan de “acuerdo fundamental”. Lo hicieron al crear la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en 2002, para “promover la importancia de la actividad empresaria” en la economía. Ante el miedo, real o percibido, de avance de las clases populares, reafirmaron su programa mínimo, lo que antes hacían mediante golpes de Estado y ahora por otras vías. Esta lógica se renovó el año pasado con la creación del Foro de Convergencia Empresarial, que reúne 67 cámaras empresariales, representativas de prácticamente todos los sectores de la economía. Este foro es complementario de otro de mayor trayectoria, IDEA, cuya edición del año pasado recuperó todas las propuestas del Foro.

El Estado que reclaman

El lunes 8 presentaron, en un evento público,  el documento llamado “El rol del Estado y el buen gobierno republicano”, estilizando sus demandas para el período político por venir. Como han venido explicando en anteriores ocasiones, sus propuestas van más allá de un partido específico que pueda ganar las elecciones, proponiendo lo que llaman “políticas de Estado”, que no es otra cosa que los acuerdos básicos que no quieren que se modifiquen. Por eso han tenido acercamientos con todos los principales candidatos.

Según su visión del asunto, en los últimos años, el Estado habría excedido sus funciones básicas, consensuadas, exceso que habría sido promovido por el afán de un grupo particular, apoyándose en “una mayoría circunstancial” y no en el consenso general. Por este motivo, su afán mayoritario, habrían pasado por encima la división de poderes que el republicanismo defiende, despreocupándose por materia de ética pública: “La soberanía reside y le pertenece al pueblo todo y no a las mayorías circunstanciales”. Aunque esquemático, éste es el discurso que resume su diagnóstico y preocupaciones. Desean, según uno de los expositores, “lo que nos establece la Constitución (…) un capitalismo con rostro humano”.

Explícitamente llaman la atención sobre que es errado asumir que demandan un Estado débil, sin capacidad de intervención. Contra el diagnóstico fácil (y errado) de que el neoliberalismo promovió un Estado débil, pequeño, o su retirada, el empresariado deja en claro que necesita un Estado fuerte, pero cuyas intervenciones sean para asegurar sus privilegios. Desde el punto de vista de la acción política, esto es muy distinto.

El documento se encarga de explicitar la diferencia: Estado no es gobierno, el segundo es una mayoría transitoria, que no puede controlar al primero. Por un lado, el Estado tiene al menos otros dos poderes públicos, donde el capital tiene una influencia más difuminada: el Legislativo, donde encuentra representación de todas sus fracciones, y el Judicial, que defiende sus prerrogativas sin someterse a escrutinio público. El Estado incluye además una multiplicidad de agencias donde el capital ubica cuadros técnicos formados según sus necesidades. El capital de conjunto distribuye así su influencia por diversas vías, y puede aceptar que una fracción (o grupo de fracciones) tenga mayor llegada sobre el gobierno: siempre que este se limite a ese espacio. Por esto defienden a rajatabla la división de poderes, argumentando un republicanismo ético. En un sentido semejante, arguyen mediante la apelación a un constitucionalismo vetusto que es central el respeto del Estado de Derecho: es decir, los acuerdos sustanciales alcanzados por el conjunto, cuestionando cualquier avance particular sobre ese marco general.

Pero incluso más: el documento afirma la necesidad de sostener ciertas contenciones sociales, como –explícitamente- la Asignación Universal por Hijo. El capital no es ciego frente a los contextos políticos: saben que quitar estos resguardos significaría una explosión social, ante el estancamiento prolongado de la inclusión por la vía del empleo (desde 2008 a esta parte, este mecanismo está agotado). El Estado, para el Foro del capital, debe ser fuerte, capaz de intervenir no sólo para garantizar el respeto de la ley sino también para contener cualquier descontento social.

Las dudas comienzan en los avances ulteriores, especialmente en la arena productiva. En su visión del asunto, el Estado –fuerte- debe limitarse a lo anterior. “En una sociedad moderna es crucial mantener claramente diferenciados el rol del Estado del que les corresponde a las empresas. Le cabe al Estado establecer reglas de juego claras y hacer cumplir las leyes, pero más allá de este marco, su injerencia en el ámbito propio de la actividad privada, interviniendo arbitrariamente en la toma de decisiones empresarias lesiona gravemente la economía y obstaculiza el desarrollo económico y social”. Establecidas las reglas, el Estado debería dejar al capital operar, y atender los perjuicios que ocasiona su accionar.

Sus críticas son explícitas respecto de 3 medidas. Primero, la posibilidad de designar directores en las empresas a través de ANSES. Segundo, la Ley de Abastecimiento. Tercero, la nueva Ley de Mercado de Capitales. En los tres casos, las medidas son leídas como la posibilidad de injerencia discrecional del gobierno sobre el capital, y he ahí donde se ubican sus mayores miedos. Atender a este reclamo es una pista de qué ofende realmente al capital: no es la AUH, ni tampoco la inversión a través de YPF o Aerolíneas, como los medios promocionan. En esas empresas, se están realizando actividades que el capital no está dispuesto a costear: el problema es cuando intercede en los espacios donde sí hay negocio rentable.

Una lectura detenida del documento resulta muy importante para las fuerzas populares y progresistas, evitando distorsiones e ilusiones sobre lo que molesta al capital. Y que lo preocupa lo suficiente como para necesitar conciliar posiciones de conjunto, aún cuando en sus corporaciones particulares encuentren distancias: si ellos son capaces de encontrar puntos en común… ¿no valdría la pena indagar los nuestros?

(Por Francisco J. Cantamutto) Se cumplió ya una década del canje de deuda que el kirchnerismo enarbola como gran logro. Las concesiones que envalentonaron al capital hasta hoy.

Cuando los recursos externos escasean, la lógica del endeudamiento eterno cobra su dimensión más evidente: porque puestos contra la pared, los gobiernos eligen pagar intereses y refinanciar deuda, o sostener el gasto social (educación, salud, etc.). Al elegir la primera de esas opciones extremas, el gobierno de la Alianza alimentó la crisis, y para todos fue evidente el problema. Cuando el breve presidente Rodríguez Saá declaró en el Congreso el default de la mitad de la deuda –que ya era un hecho, antes de su anuncio-, señaló al pasar la necesidad de investigar la deuda. El anuncio quedó en la nada.

Duhalde, en cambio, postuló una nueva idea: “hacer a los acreedores socios del crecimiento”. Pagando puntualmente, buscó mostrar que el problema no estaba en la deuda en sí, sino su rol, que debía supeditarse a la producción. Con esta lógica negoció durante un largo año con el FMI. Su ministro de economía, Lavagna, funcionó como puente operativo para llevar esta misma lógica al gobierno de Kirchner: pagar todo lo que se pueda, y que los acreedores sigan prestando, pero ahora, para invertir productivamente. El incumplido sueño keynesiano: la inversión se financió, especialmente en esos años, con ganancias de las empresas, que tanto obtenían, que les alcanzó para invertir, desendeudarse y acumular recursos improductivos.

¿Cómo se traducía en la negociación esta “asociación productiva”? El elemento novedoso y tentador del canje de 2005 fue la incorporación de bonos atados al crecimiento del PBI: toda vez que el país crecía, le pagaba más a los acreedores. Por supuesto, a esta “asociación” se sumaba en premio, el reconocimiento de intereses caídos, y nuevos intereses. Se redujeron las jurisdicciones de aplicación, pero se mantuvieron dos extranjeras, incluyendo Estados Unidos. Y, por sobre todas las cosas, contra lo que reclamábamos en el 2001 y lo que votamos en la consulta popular de 2003, se produjo un nuevo reconocimiento de deuda espuria.

¿Era gratuito? Claro que no. El canje lo que hizo fue convalidar una vez más la expoliación ilegítima de la deuda, alargando los plazos de pago, pero no mucho más. Como diversos cálculos han mostrado, no hubo quita alguna sobre los montos totales. A cambio de esto, el país obtuvo… básicamente nada. Mientras los recursos externos eran abundantes –mezcla de mayores precios externos, mayor producción exportable, importaciones deprimidas, etc.- no se percibió el peso de este arreglo: parecía que todos podían ganar. Pero cuando la billetera empezó a apretar, desde 2010, la dinámica cambió. El superávit fiscal desapareció, y para mantener el arbitraje del Estado, era necesario encontrar otras fuentes de recursos.

Por eso el gobierno comenzó a desesperarse por obtener nuevos préstamos, aceptando peores condiciones. Así se reabrió el canje en 2010, a pedido de Barclays, Deutsche y Citibank, llegaron más tarde los arreglos en el CIADI, los pagos a REPSOL, el arreglo con el Club de París, etc. Estos acuerdos no generaron nuevos ingresos de divisas, pero facilitaron la emisión de nuevos bonos, incluso, desde el año pasado, en dólares. Se cumplía la promesa de Kirchner, volver a los mercados de deuda, lo que se quiso desde el inicio.

Pero tanta promesa de pagos, tentó a los especuladores de mayor calaña. Aparecieron así los fondos buitres, comprando deuda a precios irrisorios y demandando en cortes ajenas para obtener pagos ingentes. El gobierno contestó: “Queremos pagar, pero no nos dejan”. La respuesta, por supuesto, fue como sangre fresca para el carroñero, que se ensañó: “Si prometen pagar todo lo que puedan, habrá que ver cuánto es eso que pueden”. La disputa jurídica se extendió al encontrar en un tribunal de Nueva York al juez Thomas Griesa, siempre dispuesto a favorecer a los acreedores. El fondo buitre de Paul Singer lo explotó hasta el máximo, y detrás aparecieron otros fondos a buscar su parte.

Desde enero de este año, venció la cláusula RUFO que hubiera permitido al 93% de los acreedores que canjearon su deuda en 2005 o 2010 exigir las condiciones logradas por Singer. Pero una vez vencida, los reclamos, y los fallos de Griesa, continuaron, basándose en una interpretación particular de las cláusulas de pari passu típicas de los contratos. Esto permitió la aparición de los “me too” (“yo también”, en inglés), nombre que grafica el caprichoso reclamo. Son 500 dueños de 5.400 millones de dólares en bonos, que podrían ir hasta los 6.500 millones con los intereses. Si bien el monto total no es un problema irresoluble, tal como con el MNL Capital de Singer, el asunto es que genera incentivos, como repetimos en la jerga económica. Incentivos a reclamar cualquier título, a no aceptar ningún canje, a no tener el menor cuidado con la ilegalidad de los instrumentos que lo sustentan.

Los holdouts, los fondos buitres, los “yo también” y su juez estrella Griesa exigen y reclaman a la Argentina, y tras todo este tiempo y recursos invertidos, no irán por menos de lo que pedían. El gobierno argentino, mientras tanto, trata de sortear la red de trabas legales, para continuar pagando la deuda. La disputa con una fracción minúscula de los acreedores le permite continuar pagando el total de las ilegales e ilegítimas acreencias. Incluso más, atacar a adversarios internos: se descubrió recientemente que el Grupo Clarín tenía dos empresas (VLG Argentina y Grupo Clarín Services) en la misma sede que los fondos buitres, el 1209 de Orange Street en Wilmington, estado de Delaware, Estados Unidos. Una cueva de lavadores de dinero denunciada en el propio país del Norte.

Pero el ruido de esta disputa no debe oscurecer el panorama grande: la continuidad en los pagos, en el endeudamiento –que financia fuga de capitales, no inversiones-, en el mecanismo ilegal e ilegítimo de subordinación al mundo. El pago de intereses de deuda creció un 32% del primer trimestre del año pasado al mismo período de este año, según informó el Ministerio de Economía. Este es uno de los componentes que fuerza al déficit fiscal, que alcanzó los 17.428,6 millones de pesos en marzo pasado. Mientras la prensa del capital insiste con que el problema está en los subsidios a los/as trabajadores/as, no podemos dejar de insistir: la deuda es una de las formas más perversas de transferencia de recursos del pueblo argentino a la especulación mundial. La comisión recientemente creada para investigar la deuda no ofrece ninguna garantía. Los candidatos presidenciales de más presencia sólo insisten en “normalizar” la relación, esto es, continuar las promesas de pagos, algunos, incluso más allá de lo posible.

Por eso tenemos que presionar para que anule la deuda. Del miércoles 3 al viernes 5 de junio se realizará en Buenos Aires la Primera Conferencia Internacional sobre Deuda, Bienes Comunes y Dominación, para debatir sobre el flagelo y la necesidad de una salida definitiva al problema.

(Por Francisco J. Cantamutto) Tras 7 años de inefectivas recetas neoliberales para capear la tormenta desatada con la crisis, la Unión Europea dirime sus posibilidades en Grecia. Syriza en una estrategia tensa.

Desde el estallido de la crisis mundial en su sección europea, las instituciones de salvaguarda del régimen –la Troika- ha insistido en trasladar el costo del ajuste a los integrantes más débiles de su “comunidad”. No solo el ajuste debía ser duro, la estigmatización debía dejar claro de qué se hablaba: los “cerdos” por sus siglas en inglés, Portugal, Irlanda, Gracia y España (PIGS) fueron la carne de cañón del ajuste. Salvavidas a las entidades financieras detonantes de la crisis (salvatajes directos, pero también reducción de las tasas de interés para inundar el mercado de euros) y lastre de ajuste social para el pueblo europeo, así se puede resumir la lógica. Esa propia lógica de ajuste es la que favoreció el escenario de protestas en el que emerge Syriza en Grecia, llegando al gobierno con su discurso contra el ajuste.

Las negociaciones han sido tensas desde que formara la coalición de gobierno. Tras tres meses de tirantez, en los que Syriza acabó reclamado fondos a los municipios, el capital ha mostrado su “apoyo”, retirándose masivamente del sistema financiero griego. Parte de los nuevos fondos que la Troika promete son para reponer lo fugado, salvando así a los bancos de caer en su propio juego. Pero la salida de capital ha incrementado el problema de recesión, erosionando el superávit fiscal primario. El flamante gobierno, asumen los analistas, ya no cuenta con la amenaza de no pagar intereses y usar esos fondos para pagar pensiones y salarios, como ha dicho hasta el hartazgo que hará el ministro de Finanzas, Yanis Varufakis. Un documento filtrado del FMI da cuenta de que el organismo apuesta al desgaste, y, en última instancia, forzar a Grecia a una bancarrota al estilo de lo que ocurriera en Detroit.

El partido de Tsipras, mientras tanto, negocia, hace compromisos con la Troika, pero no garantiza los pagos, y mantiene la amenaza de salida de la zona euro (llamada “Grexit”). En un ensayo políticamente tenso de teoría de juegos, esta carta de ceración de pagos y salida del euro, señalan, permitiría contar con recursos fiscales y al mismo tiempo recuperar la política monetaria y cambiaria. Para los y las argentinas que recordamos la situación de 2001/2002 sabemos que esta reivindicación de soberanía no es gratuita. El FMI también sabe que esto significaría más ajuste y austeridad, y por eso sostiene sus presiones para arreglar en sus términos.

La semana última Grecia usó sus recursos (Derechos Especiales de Giro) dentro del FMI… para pagarle al FMI. 750 millones de euros giraron sobre sí mismos dentro del organismo, para pagarse en su propia ruleta, graficando con palmaria claridad la lógica financiera que propone. Pero esto no será suficiente para agosto, cuando tiene que pagar 23.600 millones de euros más. De hecho, anunció el último domingo que no pagará los 1.600 millones de euros que le correspondían a inicios de junio. Es decir, lo que ha hecho es comprar tiempo, sin resolver el problema.

Un ala de Syriza ha reclamado públicamente por la ruptura de las negociaciones. Así se expresó el ministro de Reconstrucción Productiva, Panayotis Lafazanis, junto otros tres miembros de la dirección del partido, y otros dos de su comité central. Estas declaraciones funcionan como amenaza política mientras se negocia y estudian alternativas. Es que los tratos no se restringen a la Troika: ante la posibilidad de que ésta no ceda, Grecia ha estado negociando acuerdos con las potencias orientales, Rusia y China. Los desafíos mutuos de la Unión Europea con el gobierno de Putin han sido constantes en los últimos años –como prueba Ucrania- . Grecia comparte lazos culturales fuertes con Rusia, y tiene más herramientas de negociación que su antecesor en las tratativas, la isla de Chipre. De salirse del euro, Grecia no estaría sola, como los representantes de la Troika –y no pocos analistas “progresistas”- pretenden.

A esta alternativa geopolítica, se suma además otra jurídica de interés sustancial para Argentina. Se trata de la auditoría de la deuda que el parlamento está llevando a cabo. Una comisión de 30 integrantes, la mitad de ellos expertos extranjeros, está analizando la deuda griega, y como ya ha adelantado la joven vocera parlamentaria Zoe Konstantopoulou, han dado con indicios de ilegalidad e ilegitimidad, lo cual permitiría hablar de deuda odiosa. Actos de corrupción, interferencias de empresas ligadas a la industria armamentística, autoridades no autorizadas para tomar deuda son algunos de los problemas detectados. El presidente de la comisión es el famoso portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, Eric Toussaint. A diferencia de la comisión argentina, Grecia detuvo los pagos y puso autoridades reconocidas en la materia a investigar. Incluso más, Grecia ya ha reclamado a Alemania por reparaciones de guerra, cuyo no pago fue clave para la recuperación alemana de postguerra.

El gobierno de Syriza mantiene en vilo Europa con sus negociaciones, que, por el momento, no tienen un final claro. Si la Troika los doblega, será un nuevo éxito en la trayectoria de soluciones neoliberales al problema causado por el neoliberalismo. Además, será un nuevo estallido social en Grecia, que difícilmente el gobierno pueda sobrevivir. Que Grecia declare el default, no sería nada demasiado nuevo o terrible respecto de su situación actual; pero una salida del euro sí sería un fuerte golpe. Más si esto significa un acercamiento a Rusia, que saldría fortalecida sin mayores costos. La auditoría de la deuda, finalmente, representa el antecedente quizás más valioso de lo que está ocurriendo, emulando la experiencia de Ecuador.

(Por Francisco J. Cantamutto) La Justicia argentina falló contra el acuerdo del Citibank y los fondos buitres. Mientras tanto, la comisión de investigación inició sus tareas.

El día lunes el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 12 dio lugar a la medida cautelar para que la filial argentina del Citibank no ponga en práctica el acuerdo firmado en Estados Unidos con los fondos buitres comandados por Paul Singer. En marzo de este año, el Citibank –uno delos operadores financieros más grandes del mundo- acordó con MNL Capital y otros fondos retirarse del negocio de los bonos de deuda argentina, a cambio de permitirle el pago inminente de intereses de esos títulos. El gobierno argentino reaccionó sancionando al banco por este acuerdo, al poner en riesgo los derechos de cobro de los bonistas que ingresaron a canjes previos.

La novelesca trama tuvo esta semana un nuevo episodio, cuando el referido Juzgado falló sobre la cautelar pedida por el Ministerio de Economía, obligando al banco a abstenerse “de realizar cualquier acto” destinado a cumplir con el pacto.  Además, se dispuso que está impedido de “tomar decisiones que impliquen abandonar la custodia de títulos de Bonos Argentinos del Canje”. Es decir, aunque no se dijo nada de la cuestión de fondo, se cuestionó en todo orden la posibilidad de cumplir el acuerdo. Se alegó que el acuerdo no tiene validez en Argentina, puesto no fue homologado según las leyes locales, por lo que desvincularse unilateralmente significaría un daño sobre los bonistas y una infracción de la ley nacional.

El Citibank ya quedó antes “atrapado” en esta pugna entre el gobierno y los fondos buitres, y decidió que el costo del forcejeo ya supera las ganancias, por lo que decidió retirarse del negocio. Ya anunció a los fondos Euroclear Bank y Clearstream Banking Luxembourg SA que rescindía sus contratos de custodia sobre los títulos públicos de deuda. El City ha sido un socio del gobierno de Cristina Fernández en la puja por los bonos de deuda, desde que en 2008 la presidenta le reabriera el canje de 2005 para que pudiera canjear títulos comprados al 22% de su valor nominal. Esta asociación se mostró incluso en la arena internacional. El City ya hizo su negocio y se quiere retirar.

El gobierno no lo tolera: por eso el Banco Central inhabilitó al CEO del City en el país, Gabriel Ribisich, quitándole la licencia para operar en el país, y suspendió al banco como operador bursátil. La novedad es que ahora la pelea se lleva a cabo en el mismo terreno. Esta vez fue el Poder Judicial argentino el que cuestionó –jurídica y políticamente- los fallos de Griesa en Nueva York. La prepotencia del juez neoyorkino pretende hacer valer su jurisdicción más allá del distrito sur de su estado, hasta el extremo Sur del continente. Si bien se trata de un exceso poco diplomático, lo cierto es que el resto del poder judicial estadounidense y el propio presidente Obama, lo han dejado actuar en tal sentido.

Mientras tanto, en el Congreso nacional

Tras meses de la aprobación de la mal llamada “Ley de pago soberano”, finalmente a fines de abril se creó la comisión investigadora de la deuda en el Congreso. A pesar de lo valioso de la investigación, algo que venimos reclamando desde el regreso a la democracia, no pocas dudas surgen de la misma. En principio, que se encuentre en una ley que declara de interés público el pago de la ley, aprobada para sortear las limitaciones a los pagos impuestas por Griesa.

La composición de la comisión era otro riesgo. La preside el diputado del Frente para la Victoria, Eric Calcagno, quien conoce del tema y tiene una perspectiva crítica… limitada al pasado. En su visión del asunto, la política de pagos del kirchnerismo es la adecuada para “disolver” la deuda. Su preocupación se centra en identificar el rol de los fondos buitres, en clara sintonía con el deseo oficial de pagar a todos menos una ínfima fracción del poder financiero. Es decir, de la presidencia de la comisión no se puede esperar que cambie la absurda postura de pagos del gobierno.

Por parte del oficialismo, también son parte de la comisión María Luz Alonso, Edgardo Depetri, Carlos Moreno, Juan Mario Pais, y los senadores Walter Barrionuevo, María Graciela de la Rosa, Pablo González, Pedro Guastavino y Juan Manuel Irrazábal.  Con esta mayoría de 10 integrantes sobre 16, nuevamente, no podemos esperar grandes cuestionamientos a la política oficial de “pagos seriales”, a toda costa.

La participación minoritaria de la oposición no arroja mayores esperanzas tampoco. Es dudoso que los 4 integrantes del radicalismo (los diputados Jorge D’Agostino y Enrique Andrés Vaquié, y los senadores Gerardo Morales y Laura Montero, que ni siquiera fueron a la primera reunión) cuestionen la deuda y sus mecanismos, habiendo sido su fuerza política corresponsable del endeudamiento que nos trajo a esta situación. El senador y ex presidente Adolfo Rodríguez Saá fue quien declaró el default y la necesidad de investigar la deuda, aunque no llegó a hacer nada al respecto.

El único integrante del que se puede esperar una revisión integral, crítica y seria, es el diputado de Unidad Popular, Claudio Lozano, quien ha expresado su posición en reiteradas oportunidades, acompañando además iniciativas históricas de la CTA como la consulta popular de 2003. El diputado pidió incorporar el fallo del juez Jorge Ballesteros, que ya sentenció sobre 477 irregularidades en el proceso de endeudamiento durante la dictadura, deuda que se ha renovado hasta hoy. Ese fallo duerme en el Congreso desde el año 2000. La única expectativa creada por Calcagno fue considerar este y otros fallos existentes, y convocar a expertos sobre la materia.

Un conjunto amplio de organizaciones estamos llamando a la Conferencia Internacional Deuda, Bienes Comunes y Dominación a realizarse del 3 al 5 de junio en Buenos Aires. Es una oportunidad para las fuerzas sociales y las políticas sin representación en el Congreso para expresar nuestras posiciones en torno al problema, y aportar material para forzar a la comisión a dictaminar sobre la ilegalidad, ilegitimidad y carácter usurero de la deuda. El corolario de tal dictamen sería el no pago. Claro que esto va contra la expresa y reiterada voluntad del gobierno de pagar a toda costa. Incluso si eso implica pelearse con un juez neoyorquino.