(Por Francisco J. Cantamutto y Martín Schorr) La caracterización del programa económico de Cambiemos es una tarea relevante. No se trata sólo de conocer las voluntades de personeros ministeriales, sino de identificar fuerzas sociales en disputa, buscando propiciar ciertos proyectos de sociedad en detrimento de otros. No existe tal cosa como que todos ganen: siempre alguien cede, retrocede, sufre. Y sin embargo, para poder ganar elecciones los partidos deben lograr presentar proyectos particulares como si fueran de toda la sociedad. El problema de la hegemonía implica desentrañar cuál es la fracción de clase que está logrando generalizar sus propuestas como las de la nación. Aunque en los hechos unos pocos estén sacando provecho, Cambiemos ganó prometiendo una mejor Argentina para todos. Mostrar quiénes son esos pocos y cómo lo hacen es central para proponer cambios políticos.

Ha sido ya probado que las devaluaciones y las reducciones de retenciones a las exportaciones estuvieron dirigidas fundamentalmente a mejorar la rentabilidad en los sectores primarios y los industriales procesadores de materias primas. Estas mejoras implicaron fuertes subas en los precios de los alimentos, con el consecuente deterioro de los salarios. El capital minero también se favoreció por estas medidas, a las que se sumaron las subas de los precios locales de los hidrocarburos, con un sendero plurianual de alza que garantiza jugosas rentabilidades.

Las subas de precios se complementaron con un tarifazo, subiendo los precios de agua, transporte, gas y luz. Y aunque la resistencia social lo ha demorado en parte, se encuentra en plena marcha, estando previstos nuevos aumentos el año entrante. La suba de los servicios públicos está en curso, alimentando ganancias sectoriales a la vez que erosiona la competitividad sistémica de la economía, al elevar los costos de producción de otros bienes. Este tarifazo ha golpeado a los hogares y también al conjunto del entramado pyme.

Un elemento complementario de lo anterior fue la mayor desregulación del comercio exterior, lo que en un mundo desbordado de productos sin demanda, opera como un yunque sobre el empresariado menos competitivo. Al tercer trimestre de este año, las importaciones de bienes de consumo y de autos crecieron (9% y 28% más que en 2015, respectivamente), desplazando producción nacional en muchos rubros fabriles. Sólo los capitales de mayor productividad pueden sobrellevar esta apertura: aquellos ya referidos, organizados en torno a los recursos naturales. No en vano Macri ha reiterado su intención de firmar tratados de libre comercio, hasta ahora esquivos, en busca de consolidar su promesa de volver a la Argentina el “supermercado” del mundo.

Esta agenda se completó con la intensa gira de promesas al empresariado, con hitos en Davos, el G-20 de Pekín, el mini-Davos de Buenos Aires y el reciente coloquio de IDEA. En todos los casos, presumiendo previsibilidad y garantías para tentar una lluvia de inversiones que se resiste a llegar. Las pocas inversiones en marcha parecen alinearse con las ventajas provistas por los recursos naturales del país. El balance comercial argentino, consolidando la tendencia de los años previos, reposa de manera cada vez más evidente sobre estos sectores. Cumplido el tercer trimestre de 2016, las exportaciones primarias son las únicas que muestran alzas (14% mayores a igual período del año anterior). Una de las principales diferencias con el régimen previo es que ahora ese incremento aporta menos recursos a las arcas del fisco y al balance externo.

Otro de los grandes ganadores del programa de Cambiemos es el capital financiero, responsable de proveer recursos para que las cuentas fiscales y externas tengan al menos un cierre contable. La toma de más de 35.000 millones de dólares por parte del Estado nacional en lo que va del año ha financiado gastos corrientes y salidas de recursos por diversas vías (pagos de deuda, fuga de capitales, remisión de utilidades, importaciones industriales, turismo). Para el presupuesto 2017, el gobierno apuesta a redirigir esta ruleta de deuda hacia la obra pública, único bastión posible de reanimación económica en un año electoral. La asociación con los gobernadores es clave en este proyecto, repartiendo la carga financiera y emitiendo a tasas de interés que superan el 7%, e incluso el 9% para algunas provincias.

Los negocios financieros están en franca expansión. La “estrella” del mercado es la operatoria en Letras del Banco Central, que tras alcanzar el 38% anual en pesos durante el primer trimestre, se sostienen desde hace dos meses por encima del 25%. El plazo medio de maduración de esas Letras ronda el mes y medio, ocasionando grandes costos de renovación periódica, y permitiendo grandes ganancias en lo que la jerga denomina “carry-trade”, es decir bicicleta financiera lisa y llana. La eliminación de trabas en la cuenta financiera y de capitales ha facilitado las operaciones de negocios a través de las fronteras: el ingreso de dólares, que se cambian a pesos, se colocan a cortos plazos con elevados rendimientos, y se retiran a moneda fuerte otra vez, sin ningún efecto positivo para el país. El uso de las LEBAC para sostener el precio del dólar estable, o levemente a la baja, favorece esta mecánica especulativa, garantizando que los rindes no se vean afectados por una devaluación (en una línea similar juega la toma de deuda externa).

Este es el esquema básico que representa una auténtica coalición social. La información del INDEC sobre la composición del valor agregado bruto a fines del primer semestre del año es elocuente. Entre las actividades que entre 2015 y 2016 aumentaron su incidencia en el conjunto de la economía (las ganadoras) sobresalen rubros procesadores de materias primas (agricultura, ganadería, explotación pesquera y de minas y canteras), la intermediación financiera y los servicios públicos.

Entre las actividades perdedoras se destacan la industria, la construcción y el comercio, todas importantes generadoras de puestos de trabajo. No es de extrañar que la destrucción de empleo haya sido la norma del primer año del gobierno macrista y clave para sostener una caída del salario real en torno al 10% y promover diferentes esquemas de flexibilización laboral.

Actividades económicas que avanzan/retroceden en términos de su incidencia en el valor agregado bruto (VAB) total*, II Trim. 2015/2016 (en porcentajes y ptos. porcentuales)

	Participación en VAB total
	2015	2016	Var. (p.p.)
Avanzan	23,8	29,2	5,39
Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura	7,7	12,0	4,32
Intermediación financiera	3,9	4,3	0,39
Electricidad, gas y agua	1,3	1,6	0,32
Explotación de minas y canteras	3,9	4,1	0,17
Servicios sociales y de salud	5,8	5,9	0,14
Hogares privados con servicio doméstico	0,9	0,9	0,03
Pesca	0,3	0,3	0,02
Retroceden	76,2	70,8	-5,39
Otras acts. de servicios comunit,, soc. y pers.	3,5	3,3	-0,18
Hoteles y restaurantes	2,3	2,1	-0,22
Transporte y comunicaciones	6,8	6,6	-0,25
Enseñanza	6,3	5,9	-0,40
Administración pública, defensa, etc.	9,3	8,7	-0,57
Comercio mayorista, minorista y reparaciones	14,3	13,7	-0,60
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	11,3	10,7	-0,66
Construcción	5,3	4,3	-1,02
Industria	17,1	15,7	-1,49
TOTAL	100,0	100,0	–

* Según datos del VAB a precios corrientes.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

En un panorama industrial crítico, que se expresa en fuertes caídas en el valor agregado sectorial y en que es la actividad que más pierde en términos de su incidencia relativa, también se reconocen evoluciones dispares. Entre las ramas que mejoran su posicionamiento se cuentan muchas industrias altamente concentradas (caucho y plástico, química, alimentos, automotriz), lo que contrasta con el perfil más pyme de las que retroceden (indumentaria, muebles, madera y derivados, bienes de capital, metalmecánica).

La inconsistencia temporal de este esquema de políticas es palmaria. Con una inflación acelerada, el empresariado ha perdido la competitividad ganada con las devaluaciones, y exige nuevos ajustes que, de concretarse, incrementarán los precios. Para subir la productividad se pretende tentar a la inversión productiva pero al mismo tiempo se suben los costos de los insumos y servicios, sosteniendo una tasa de interés muy elevada. Así, la formación de capital no sólo no llega, sino que en lo que va del año se retrajo más del 4%. La sostenida recesión continúa expulsando fuerza de trabajo, lo que agrava un cuadro social por demás complejo. Esta imprevisibilidad es detectada por los inversores, que priorizan la colocación de sus fondos en inversiones cortoplacistas. En el plano productivo, los sectores primarios son incapaces de traccionar al conjunto de la actividad económica.

El problema es aún mayor en el centro mismo del negocio financiero. A nivel interno es difícil saber hasta qué punto el Banco Central podrá continuar renovando mensualmente las LEBAC. Esta masa de recursos ya superó la base monetaria y constituye una auténtica bomba de tiempo, disponible para correr velozmente contra el peso ante la menor señal de mal tiempo. La quita de controles en la balanza de pagos facilita que estos fondos realicen estas maniobras especulativas. Se añade que a nivel externo, la seguidilla del Brexit y la victoria de Trump parecen asegurar un inminente aumento de las tasas de interés de referencia, y un complementario aumento del riesgo país. La salida de fondos hacia los países centrales pondría en peligro la renovación de deuda para la Argentina.

Los límites del planteo económico del macrismo (con sus ganadores y sus perdedores) se hace cada día más evidente.

(Por Francisco J Cantamutto) El jueves pasado Diputados dio media sanción al primer proyecto de presupuesto de Cambiemos, se espera que Senadores lo pasen durante noviembre.

Cambiemos se anota un triunfo más en su haber, logrando que la Cámara de Diputados diera por aprobado su proyecto de presupuesto para 2017. Se pasó al Senado, a la espera de que sea tratado en el curso de este mes, con lo cual Macri tendría así su primer presupuesto propio –recordemos que gobernó hasta ahora con el proyecto aprobado del kirchnerismo saliente en 2015.

Se trata de un nuevo triunfo de Cambiemos en el Congreso, donde tiene apenas una minoría de representantes, y donde sus dotes políticas aparecen con mayor claridad. En el gobierno nacional están sobrerrepresentados los elementos empresariales, lo que ha fomentado la interpretación de que se trata de una CEOcracia. Sin dudas, hay parte de verdad ahí, una cierta ceguera frente a los efectos de sus decisiones, especialmente respecto de los costos sociales.

Pero esto no nos puede ocultar la existencia de hábiles políticos en el elenco de Cambiemos. La capacidad de Peña o Frigerio para negociar especialmente con gobernadores y obtener su anuencia –lo que prácticamente garantiza el resultado en Senadores- ha sido probada varias veces. Dentro de Diputados, Monzó y Massot son apenas dos de los operadores clave del resultado de 177 votos a favor, que incluyó no solo los votos del frente (PRO, UCR, CC) sino también del GEN, Frente Renovador, el bloque Justicialista, y no pocos kirchneristas. Se repite así la misma clase de éxito que con el pago a los fondos buitres o con la ley de blanqueo.

El procedimiento de Cambiemos merece atención, pues demuestra una habilidad probada. Se trata de enviar a discusión amplios proyectos con dos características: profundamente reaccionarios y con una gran mezcla de temas. De esta forma, la atención y el debate público no pueden contener por igual a todos los elementos en discusión, enfocándose en algunas partes. Por otra parte, las exageradas propuestas dan al gobierno amplio espacio para negociar lo que se presenta como “concesiones”, que son siempre parciales. Las diferentes fuerzas políticas negocian así elementos dispersos y puntuales, lo que permite que el proyecto global no solo logre aprobarse sino que además incluya siempre una parte sustancial del objetivo original. Y accesoriamente, permite a Cambiemos presentarse como el cenit de la democracia, siempre dispuesto al diálogo, a reconocer “errores” y conceder a sus interlocutores. Siempre que no altere los fundamentos de su proyecto.

El caso de Ciencia y Tecnología de este presupuesto ilustra a la perfección lo que decimos. El gobierno envió un proyecto que recortaba las asignaciones a esta área tanto como proporción del gasto total como en términos reales. Se proponían $31.700 millones, casi un 9% por debajo de los $36.000 millones necesarios para sostener la política de desarrollo científico de acuerdo los lineamientos existentes. La reacción del sector no se hizo esperar, multiplicándose las acciones mediáticas y en las calles –el 24 de octubre se realizó un multitudinario acto frente a Congreso. Cambiemos terminó proponiendo una asignación extra de $1.200 millones, lo que es la cuarta parte de lo recortado. Para las universidades nacionales se propuso un incremento de mil millones de pesos, que apenas afecta la partida total de $60 mil millones.

De modo que la atención se centró estas semanas en uno de los aspectos más criticables del proyecto –recorte a la investigación- pero dejó relativamente de lado otros elementos, como las menores asignaciones para dar continuidad a los juicios de lesa humanidad. Al mismo tiempo, Cambiemos concedió otros aspectos, como subas en el ministerio de agroindustria o en protección de bosques nativos, lo que en últimas le garantizó la aprobación del proyecto general. Demostró así su capacidad de hábil negociador.

¿Cómo hizo estas concesiones? Intensificando el aspecto central de su proyecto: la toma de mayor deuda. Es muy relevante, pues, según un reciente informe, 2016 cerraría con una emisión cercana a los 50.000 millones de dólares, un auténtico récord de la emisión descontrolada. Es relevante marcarlo: la deuda ha cubierto el pago de deuda y gastos corrientes, sin ningún beneficio de mediano o largo plazo para el país. La deuda cubrió fuga de capitales, la avalancha de importaciones, y la pérdida de recaudación por la baja de las retenciones, entre otras. Un auténtico festival de endeudamiento, casi sin paralelos en la historia.

Con un déficit fiscal al alza, Cambiemos ha intensificado irresponsablemente la emisión de deuda, a tasas de interés que duplican y hasta triplican el promedio de lo que se paga en la región. El arreglo con los buitres no ha mejorado en nada las finanzas nacionales, al contrario. No solo se toma deuda como forma de financiar el gasto, sino que también se emiten pesos. Para controlarlos, el Banco Central está emitiendo Letras –que aún pagan por encima del 28% anual en pesos- que las estimaciones privadas ubican como una masa equivalente al total de pesos circulando en la economía. Una auténtica bomba de tiempo, habilitada para corridas cambiarias de gran velocidad.

Este mecanismo, en el presupuesto 2017, está atado a lo que se prevé será la principal herramienta para el año electoral: el incremento de la obra pública, en torno al 39%. Este punto es central, pues se traslada a las provincias e incluso a los municipios: se habilitan nuevas obras a ser financiadas con toma de deuda, en los tres niveles del Estado. Este mecanismo es central para negociar los acuerdos con gobernadores, y de allí, con Senadores.

En el ínterin, mezclando temas, Cambiemos logró además la aprobación parcial del proyecto de iniciativa público-privada. Se trata de una forma cruel de privatización de la planificación, que al mismo tiempo estatiza todos los riesgos: los medioambientales, la conflictividad laboral y la búsqueda de financiamiento. Privatización de los beneficios y socialización de los costos. Un seguro que se puede comparar con el que Cavallo diera a las empresas privadas (incluyendo al grupo Macri), y que desde 1982 explican la mitad de la deuda pública pagada por todo el pueblo argentino. Esta ley es una de las adecuaciones previstas en la orientación general hacia el Tratado Trans Pacífico propuesto por Estados Unidos.

El presupuesto vuelve a fantasear con perspectivas de crecimiento (3,5%), sin argumentos que lo sostengan. Recordemos que el PBI cerraría 2016 con una caída de alrededor del 2%, cuando todos los organismos internacionales preveían un resultado menos duro. La inflación se prevé en el 17% y un dólar a casi $18, lo que en los hechos apenas compensaría los nuevos aumentos de precios, sin ganar competitividad por la vía devaluatoria. Se propone así continuar con la valorización de activos financieros y actividades protegidas, como las de servicios públicos, para las cuales se prevén nuevos incrementos de tarifas.

De conjunto, Cambiemos ha logrado media sanción a un proyecto de ajuste y financierización de la vida social, cuyos beneficios nos serán esquivos, cargando en cambio con todos los costos.

(Por Francisco J Cantamutto) Las nuevas cifras de pobreza e indigencia certifican el carácter excluyente del modelo.

La semana pasada se revelaron los nuevos datos oficiales de pobreza e indigencia en el país del INDEC de Jorge Todesca: 32,2% de la población es pobre y 6,3% es indigente. Este dato de la Encuesta Permanente de Hogares, proyectado al total de la población urbana (39 millones) equivale a 12,6 millones de personas que viven en la pobreza y 2,5 millones no alcanzan a adquirir los alimentos básicos. Estos datos se acercan a los difundidos semanas atrás por el Observatorio de Deuda Social de la UCA, que informó 32,6% de pobres, por encima del 29% que informara en diciembre de 2015.

Estas brutales cifras levantaron la polémica. El presidente Macri, sin ningún gesto de ironía, dijo que “este punto de partida es sobre el cual acepto ser evaluado como presidente”, omitiendo los casi 10 meses que lleva a cargo –orillando ya la cuarta parte de su mandato. Por supuesto, y de acuerdo al libreto estándar de Cambiemos, se achacó el número de pobres al gobierno previo, elogiando la existencia de estadísticas creíbles.

El kirchnerismo quedó en falta, porque resulta difícil la defensa del apagón estadístico de una década. La intervención del INDEC iniciada en 2006 afectó especialmente a la medición del índice de precios –incitada entre otras razones para disminuir los pagos de bonos de deuda indizados en por la inflación pesos. Esto produjo severos impactos que han oscurecido la discusión de los hechos, ahora presentados todos como interpretaciones libres, cuya única lógica de comprobación era la fuente de enunciación. Cuando el INDEC dejó de informar datos de pobreza en 2013, el ex ministro Kicillof lo pretendió justificar diciendo que esa medición era “bastante estigmatizante”.

El nuevo equipo del INDEC, incluyendo a la especialista desplazada por la fuerza Cynthia Pok, está readecuando las mediciones, y este esfuerzo de recomposición de datos estadísticos se mezcla con los resultados propiamente dichos. Desde Página 12 se ha puesto en duda la credibilidad de un índice que ubique a Argentina por encima del promedio regional (28,2% según la CEPAL), aunque para esa comparación habría que cotejar que las mediciones sean comparables. Justamente, diversos especialistas han señalado que la actual canasta de consumo difiere de la previa a la intervención, incluyendo 7 artículos más y 5 kilos más de comida. Considerando este cambio de medición, en 2006 la pobreza hubiera sido del 35% (en lugar del 26% informado entonces), o alternativamente, la pobreza actual sería del 23% (en lugar del 32% informado).

¿Cómo se mide la pobreza? Básicamente se determina un conjunto de bienes y servicios que componen una “canasta” típica, representativa del consumo de los hogares del país, y se mide su precio de mercado. Para el caso de la canasta básica de alimentos, el valor se ubicó según el INDEC en $4.930 mensuales. Las familias que ganen menos que ese valor por mes, no podrán comprar los alimentos que necesitan para vivir, y serán considerados indigentes. Según la referida medición, el 6,3% de las personas no llegan a comprar esos alimentos. En promedio, ganan la ínfima cifra de $2.975 al mes, quedando a 39,7% de alcanzar los ingresos necesarios para alimentarse.

En el caso de la pobreza, se agregan a los alimentos otros bienes y servicios típicos (vestimenta, servicios básicos, etc.). El valor relevado fue de $12.851 mensuales, ingreso que debería alcanzar una familia conformada por dos adultos y dos niños para comprar lo necesario para no ser pobres. Como se dijo, el 32,2% de las personas no alcanzan a adquirir esa canasta, y son considerados pobres. En promedio, esos hogares ganan $8.051 al mes, quedando a 37,4% de alcanzar los ingresos que los sacarían de la pobreza. Estas cifras se magnifican considerando rangos etarios, pues el 47,4% de las personas de hasta 14 años viven en hogares pobres: casi 3 millones de niños/as y adolescentes.

Sin dudas, las políticas del gobierno de Cambiemos han incrementado la cantidad de pobres, tal como hemos referido sistemáticamente en este espacio. La devaluación y la aceleración inflacionaria han superado a las mejores paritarias, licuando así salarios. Peor aún les fue a quienes trabajan fuera de los convenios colectivos de trabajo, en sectores informales y de la economía popular. La UCA llama “nuevos pobres” a quienes caen en esta situación por el impacto de estas políticas. La quita y disminución de retenciones a las distintas exportaciones agropecuarias favoreció que el incremento en alimentos fuera mayor al promedio –se ha calculado que orilló el 55%-, impactando de manera más dura en los hogares más vulnerables. La paralización de la actividad económica ha incorporado despidos y caída de la demanda de consumo han configurado este escenario devastador. A pesar de sus discursos, Cambiemos no ha implementado medidas compensatorias que contengan estas políticas. El salario mínimo vital y móvil se ubicó en $7.560, poco más de la mitad de los ingresos de pobreza. El nuevo aumento de 14,16% anunciado en la AUH –que la llevaría a $1.103- la pondría en una suba total de 32% en el último año, por debajo dela inflación registrada (que solo desde diciembre acumula un 34,3% según la CTA). Queda claro que la “pobreza cero” de la campaña no ha sido sino demagogia.

No obstante, estas cifras ponen sobre la mesa una continuidad más profunda en la sociedad argentina. El kirchnerismo logró reducir la pobreza, quebrando la tendencia ascendente desde la dictadura: solo el revanchismo conservador puede negar esto. Sin embargo, en el mejor de los casos, estaríamos ante un quinto de la población en situación de pobreza, que Cambiemos elevó a un tercio. En este núcleo duro de pobreza, estructural, confluyen desocupados, subocupados, trabajadores informales: un gran conjunto de personas excluidas de los sectores dinámicos del capital, condenadas a rebuscárselas para obtener su subsistencia. La inagotable creatividad popular ha reforzado con cooperativas, empresas recuperadas, talleres autogestivos las tradicionales changas y ventas ambulantes, lo que algunos llaman “economía popular”.

Se trata de masas sobrantes para el capital, cuya principal función es operar como amenaza para quienes se atrevan a reclamar por salarios justos. Esto lo expresó con claridad Prat Gay, cuando dijo que los sindicatos deberían elegir entre conservar sus empleos y mejorar los salarios.  Ninguna de las dos cosas ocurrió en 2016. El denodado esfuerzo por atraer inversiones externas, incluso cuando pudieran reanimar la actividad económica (lo que no ha ocurrido aún), no ofrecerá ninguna salida para estas personas, que continuarán marginadas del mercado laboral, y estigmatizadas por su dependencia de planes sociales. Las propuestas de reforma laboral en danza –como el plan Primer empleo- continuarán precarizando el trabajo, arrojando a la pobreza también a trabajadores/as ocupados/as.

(Por Francisco J Cantamutto) La semana entrante el gobierno anunciará su nuevo esquema de tarifas para el gas, en respuesta a la audiencia pública. En noviembre, una nueva revisión integral.

El tarifazo era (y es) integral al programa económico de Cambiemos. Lo anunciaron en campaña, bajo el eufemismo de “corrección” de las tarifas, y lamentablemente, en ese brío coincidieron los tres principales candidatos, cuyas fuerzas políticas no han ofrecido mayores trabas a su aplicación. En el esquema de gobierno de Cambiemos, elevar las tarifas significaba la promesa de restituir los precios que consideraba “naturales”, los de mercado, aun si esto implicaba vulnerar derechos. Para los funcionarios del gobierno, que el pueblo tenga derechos “no era normal”.

Fue la presión social el factor que puso cota a esta ofensiva, extendiendo en el tiempo la completa aplicación del ajuste. Mediante movilizaciones, actos, manifestaciones y demandas por la vía judicial se terminó forzando –por vía de la Corte Suprema- a llamar a una audiencia pública, contra la voluntad del gobierno. Debe resaltarse que Cambiemos esperaba a esta altura del año tener resuelto el problema de las tarifas, y esta serie de traspiés le ha implicado una demora, que abre disputas al interior del propio gabinete respecto de los plazos del ajuste. Los empresarios reunidos en Buenos Aires la semana pasada le reclamaron una falta de transparencia y previsibilidad en la materia, afirmando que ello amenaza sus inversiones.

La falta de argumentos consistentes produjo al menos 3 propuestas de aumento para el caso del gas, ninguna de las cuales explica la necesidad del tarifazo, dejando la discusión tan solo en los plazos del incremento. Aunque el llamado a audiencia pública, tarde y forzado por la Corte, fue presentado como la voluntad de diálogo del nuevo gobierno, pero lo cierto es que no parece haber alterado el programa original. Además de haber ocultado información y haber evitado que algunos actores se pronuncien, la propuesta del ministro Aranguren en la audiencia no difiere sustancialmente de lo antes buscado. Luego del primer intento de aumento, el gobierno puso una cota de 400% a usuarios residenciales y de 500% para PyMEs, aunque el fallo de la Corte dejó sin efectos al primero hasta la realización de la audiencia. Por ese motivo, las empresas distribuidoras de gas no han podido refacturar sino hasta ahora, contemplando un severo incremento de los impagos por falta de información clara. El silencia contemplativo de los entes reguladores es un evidente signo de complicidad. Estos argumentos fueron discutidos en el III Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina que se realizó en Tucumán la pasada semana.

El gobierno debería presentar a principios de octubre su revisión, fundada en los planteos realizados en la audiencia, pero no se esperan grandes cambios. El ministro anunció que contemplará la situación de los clubes, cooperativas y PyMEs, a pesar de que estos actores no eran contemplados de manera directa por la audiencia. La propuesta es prorratear el aumento del precio del gas en boca de pozo, llevándolo de 1,29 dólares por millón de BTU a 3,42 dólares, actualizando cada 6 meses hasta llegar a 6,78 dólares en octubre de 2019. De esta forma, y fuera de toda razonabilidad, se propone un sendero de aumento en dólares para los próximos 3 años. A esta suba es necesario agregarle el impacto de las devaluaciones, que el propio gobierno prevé.

Según afirman los funcionarios oficiales, es esa forma de establecería un precio equivalente al costo de oportunidad de importarlo, fomentando así la producción local. Ahora bien, dado que no hay plan de inversiones asociado, no hay ninguna garantía de que esto efectivamente ocurra. El costo de “sacar” el gas en Argentina está muy por debajo de ese precio, el problema indefinido es qué nivel de ganancias requieren las empresas para, además de extraer el recurso, explorar para poner nuevos pozos en funcionamiento. Las tarifas de gas dolarizadas de los noventa no fomentaron mayor exploración y puesta en funcionamiento, sino el desarrollo del mercado de exportación que vació de reservas el país mediante la exportación de un recurso escaso. Sin compromisos claros, mayores precios solo se traducen en mayores ganancias, pero no en mejor servicio. Las principales beneficiarias de este aumento –por su participación en el mercado- son YPF, Total Austral, Petrobras y Tecpetrol.

Por otra parte, en 2008, las tarifas de diversos usuarios en el Gran Buenos Aires subieron hasta 75%, aumentando entre 3 y 7 veces desde ese año a 2014. Estos aumentos –que Cambiemos “olvida” de mencionar- se combinaron con planes específicos –el Plan Gas- que pagaron por incrementos en el abastecimiento. Es decir, las tarifas, tanto como los subsidios, venían creciendo: la pregunta es qué hicieron las empresas con esos recursos; algo que Aranguren se niega a auditar.

Desde 2012, la producción creció de manera paulatina, centralmente por la inversión de YPF, que disminuyó en términos relativos la remisión de utilidades –recordemos que es una sociedad anónima que cotiza en la bolsa de Nueva York- y utilizó parte de esos fondos para la exploración. Este año, la nueva “administración”, en flagrante demostración de inconsistencia, decidió remitir mayores ganancias a los accionistas, disminuyendo las inversiones en un contexto de falencias de abastecimiento. Se trata de la misma práctica de vaciamiento que promovió REPSOL (por el que luego fue “recompensada” por el kirchnerismo con un pago por encima del valor contable de su participación en YPF). La expectativa de nueva producción está centrada en el yacimiento de Vaca Muerta, cuya explotación requiere de altos precios que cubran los costos de extracción –se trata de shale gas. El gobierno espera tentar a otras petroleras a invertir, otorgando privilegios como los acuerdos secretos con Chevron.

El tarifazo no se detiene aquí. En noviembre deberá realizarse una nueva revisión integral de la tarifa, que incluya no solo el traslado del precio en boca de pozo, sino que sumen aumentos en los tramos de transporte y distribución. Debe enfatizarse que además del gas, el aumento del transporte y el agua están firmes, quedando aún en debate el eléctrico, para el cual se estaría llamando a una audiencia pública específica.

El gran resultado del tarifazo ha sido una transferencia de recursos, desde los consumidores a las petroleras. Se abandona la idea del abastecimiento energético como un derecho, para suponerlo–erróneamente- como un commodity, una mercancía. Falta de argumentos, ostensible intencionalidad ideológica (fomento a un mercado que de libre no tiene nada), y oportunidad de magníficos negocios son la trama de este tarifazo, que aun en ciernes, el gobierno no termina de estructurar.

(Por Francisco J Cantamutto) Una retahíla de declaraciones de desprecio de Prat Gay que no soportan ni siquiera sus propias cifras. Ajuste social desde la perspectiva acomodada.

El gobierno de Cambiemos se promocionó como “el mejor equipo” de las últimas décadas, pero el solo trascurso del tiempo ha mostrado que se trató más de una arenga para propios que un dato real. Compitiéndole a la impericia política de Aranguren con el tarifazo y la ignorancia supina de Bergman disimulada en una existencia entre las sombras, es probable que Alfonso Prat Gay se lleve los laureles de estos días. Con una falta de tacto que solo puede explicarse por el desprecio de clase y su expresión ideológica neoliberal, el ministro aseguró que la inflación “ya no es un tema”.

Al ministro, parece, se le han escapado las cifras estimadas por un amplio arco de consultoras e institutos, donde todas coinciden en señalar que el total anual de 2016 rondará entre el 43% y el 48%. Nos tenemos que remontar a 1991 para encontrar tasas más altas, es decir, a los estertores de las hiperinflaciones, y superando así el brutal ajuste de 2002. Estas tasas de inflación son de las más altas del mundo. Debemos recordar que en sus promesas de inicio, aseguraron que la inflación rondaría el 25%, con lo que se quedaron en poco más de la mitad de la realidad. Se trata entonces de una deliberada política de engaño o una palmaria incapacidad de prever, analizar y corregir; en cualquier caso, malas cualidades para un funcionario público.

Las mejores paritarias cerraron alrededor de 10 puntos porcentuales por debajo de esos guarismos, por lo que no puede sorprender a nadie que se empiecen a multiplicar los sindicatos que piden reapertura de paritarias. “No sería beneficioso reabrir las paritarias. Hay que reconocer la fuerte baja en la inflación, el poder adquisitivo del salario va a mejorar en el segundo semestre”, respondió el JP Morgan desde el ministerio. Si su declaración es que los salarios van a subir en lo que queda del año, nos declaramos incapaces de reponer el razonamiento que lleva al funcionario a asegurar esto si la inflación no cede, los salarios aumentaron por debajo de los precios y las paritarias no se reabren. Excediéndonos en nuestro rol, podemos oficiar de hermeneutas para la ocasión y sugerir que el ministro no habla de alzas salariales cuando dice “mejorar” sino, al contrario, de caídas consolidadas: será que tal vez también allí habla desde su clase social, y entiende que desplomar el costo salarial significa una mejoría.

Estamos mal… y vamos mal

En esta auténtica catarata de provocaciones, el ministro tampoco dejó pasar el tema candente de la última semana, con la publicación del dato de desempleo oficial. Según el INDEC de Todesca, el 9,3% de la población económicamente activa busca emplearse y no lo consigue. Esta cifra oficial puso contra las cuerdas al autor de la desocupación como “sensación térmica”, que procedió entonces -con el resto del magnífico equipo- a señalar que el problema estaba en las cifras mal relevadas del período previo. La revisión de datos que está haciendo el INDEC es amplia y modifica varias estimaciones que teníamos, en lo que constituye un auténtico vacío estadístico, llenado por aproximaciones de diversa calidad. La falta de estadísticas confiables habilita a que la discusión se base en la pura imaginación.

Pero se conocieron en estos días las cifras del Instituto de Estadística de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo trabajo está coordinado por funcionarios PRO desde hace años, y para sorpresa pública, quedó en evidencia que el aumento del desempleo ocurrió en este primer semestre de Cambiemos. Según este organismo, el desempleo pasó del ya elevado 8,6% del segundo trimestre de 2015 a un 10,5% en igual período de este año, una suba de casi 2 puntos que representa 60.553 desocupados/as más en un año en esta ciudad. Se trata de un aumento significativo, que algunos institutos encuentran también en otros grandes conglomerados como Mar del Plata, Córdoba y Rosario. Y lo que es relevante, perfora el techo y vuelve a ubicarse en los dos dígitos, que había sido señalado como horizonte por Cambiemos cuando se dio la discusión sobre la ley Antidespidos: aquel veto era importante, porque se quería (y quiere) avanzar en la lógica disciplinadora de la desocupación.

Ante esto, el ministro Prat Gay no se contuvo y lanzó un nuevo menemismo: “sé que muchos de los que han perdido el trabajo conocen que este era el único camino. Sabemos que es un momento difícil pero vamos en el camino correcto. El año que viene vamos a tener el crecimiento que no hubo en cinco años.” Hablando desde el lugar en que estar un año desocupado se puede resolver con rentas, ahorros y ganancias espurias, el ministro es incapaz de comprender que un año en la vida de una persona sin ingresos y sin ocupación es una marca indeleble, y no unas simpáticas vacaciones. El impacto del desempleo en las posibilidades económicas de subsistir y en los ánimos personales es fuerte, real y presente: no alcanza con la promesa de un futuro diferente. Menos cuando las enuncia el mismo responsable que erró en la estimación de inflación, quien niega el desempleo ante las cifras, quien prometió un segundo semestre de reactivación y ahora lo extiende a un ilusorio segundo año.

No hay debate entre consultoras, institutos ni cifras oficiales: la inflación se ha consolidado a un nivel más elevado que el que tenía, la economía acusa recesión y el desempleo creció. Los funcionarios de Cambiemos omiten considerar sus propios datos, niegan la realidad y proponen promesas cada vez más débiles. Esto es tan cierto que el empresariado mundial se lo señaló al gobierno: desde el Consejo de las Américas renovaron su voto de confianza, pero explicaron que no invertirán su capital aquí. Los inversores saben que estamos ante un cóctel explosivo y no piensan arriesgar su dinero. El problema lo tenemos quienes arriesgamos todo aquí donde vivimos.

(Por Francisco J Cantamutto) Tras el segundo ruidazo nacional, el del jueves 4, el día sábado se desarrolló en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA una intensa jornada de audiencia pública por el tarifazo. “El gobierno se llena la boca hablando de diálogo, pero no ha convocado a ninguno de los sectores afectados para analizar la situación”, se señaló desde la apertura del evento convocado por la Multisectorial de CABA. El argumento es tan sencillo que sorprende: Cambiemos no ha convocado a las audiencias públicas estipuladas en las leyes de regulación de los servicios, impidiendo que los diferentes actores afectados puedan expresarse pero también que el propio gobierno explique sus razones. De esta manera, aún cuando las audiencias estipuladas no son vinculantes, Cambiemos prefiere resolver tras bambalinas, evitando exponerse.

Por eso, las organizaciones que integran la Multisectorial resolvieron autoconvocar una audiencia, para analizar diferentes ángulos del problema y sopesar un diagnóstico. Se demuestra a la vez, de esta manera, que no hace falta más que voluntad política para poner al pueblo a deliberar. Y, como resaltó más tarde Humberto Rodríguez de ATE Capital, no es menor que el pueblo se aproveche de la universidad para pensar sus problemas.

Tras la apertura, un panel de expertos dio algunos elementos para analizar el problema. Leonardo Pérez Martínez, de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Energía, explicó el desmantelamiento que se lleva a cabo en esa dependencia, orientándola como si fuera un mero instrumento técnico. Todo problema social generado por sus políticas, señalan, debe ser tratado por el Ministerio de Desarrollo Social, pretendiendo así disociar de manera explícita todo vínculo entre el proyecto económico y sus resultados sociales. Esta misma lógica subyace a los filtros administrativos que impiden el acceso a la tarifa social, que van desde simples demoras, derivaciones de trámites hacia las empresas, falta de atención de reclamos, y requisitos difíciles de cumplir como tener igual domicilio fiscal y real, a donde llegue la factura (cuando la mayoría de los afectados no son propietarios de la vivienda que habitan).

Por su parte, Ignacio Sabbatella, del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, desmontó con datos duros el diagnóstico de “crisis energética”, mostrando que no solo la demanda de energía creció en los últimos años, sino también la producción, en especial de la mano de YPF. Aún con problemas, la propia caída de los precios internacionales del petróleo provocarían un ahorro en el costo de las importaciones. Ocurre que el aumento de los precios en boca de pozo estaban dirigidos a mejorar la posición de las empresas productoras, que recibieron una transferencia de ingresos en torno a los 3.000 millones de dólares por esta vía. “No nos interesa  el autoabastecimiento ni la soberanía”, habría explicado semanas atrás el secretario de Planeamiento Estratégico del Ministerio, Darío Redondo.

Contra lo que pudiera arguirse respecto de la energía, los subsidios al transporte no provocan mayor consumo, y aún cuando lo hacen, generan un bien público en términos de reducción de la congestión de tránsito, menor impacto ambiental e impulso a pequeños comerciantes, explicó Gustavo Lipovich del Instituto de Geografía de la UBA. Los argumentos de la supuesta racionalización buscada por el gobierno, pues, no aplicarían a este caso, y sin embargo, también aumentaron las tarifas de transporte. Finalmente, el ex funcionario y docente de la FLACSO, Nicolás Arceo, insistió en que este aumento se suma a los de agua (que promediaron el 220%), luz (400% promedio de suba para hogares y 500% para usuarios no residenciales) y gas (190% promedio de aumento en hogares y 600% en industrias y comercios), todo lo cual incrementa la tasa de inflación, reduciendo los salarios reales. Estos aumentos inflacionarios no han logrado reducir el déficit ni resuelven un problema de falta de provisión de los servicios, por lo que no se pueden interpretar sino como una enorme transferencia de ingresos hacia estos sectores.

La audiencia continuó con la participación del equipo legal de la Multisectorial, que comentó sobrelos amparos ya presentados y los fallos sobre luz y gas con jurisdicción nacional. No se trata de unos pocos reclamos, pues más de 40 tribunales se han expedido contra el tarifazo en distintos niveles, lo que permite insistir con que el mismo “no es legítimo ni es legal”. Según comentaron Mariela y Ataliva, los argumentos para la suba no se sostienen ni por sus fundamentos ni por su coherencia, tal como la mesa de expertos dejó en claro. Al mismo tiempo, se vulnera el principio constitucional, reconocido en tratados internacionales, por el cual no se puede retroceder en derechos sociales ganados. No solo la falta de audiencia pública es el argumento, que sería solo procedimental. Se trata de cuestionar el carácter confiscatorio del aumento, que pone en riesgo el acceso a servicios básicos como agua o luz, considerado un derecho. Estos argumentos fueron enfatizados por el juez Arias, presente por la tarde.

Incluso más, debido al impacto en las cuentas de las cooperativas, recuperadas e incluso PyMEs representadas, que ponen en duda la continuidad económica por un problema de costos, se pone en riesgo el derecho al trabajo. Así, el aumento generalizado y sin justificación de las tarifas no es sostenible por la razón. Por ejemplo, desde la cooperativa gráfica Patricios, explicaron que el aumento de servicios que los afecta equivale a 25 salarios mínimos o 14 salarios de convenio: pagar implicaría perder compañeros en la cooperativa. La devaluación y la apertura a las importaciones van en un mismo sentido, apuntando a un modelo económico, y no una medida aislada.

La audiencia continuó con exposiciones de sectores afectados y la participación de algunos referentes políticos, además de la persistente participación del público. Quedó así demostrado el interés popular de  participar, informarse y explicar su situación. Un gobierno cegado por su programa no parece estar dispuesto a escuchar, ni siquiera por sostener una pantomima.

La acción en la unidad y el llamado a la Marcha Federal fueron el marco del cierre de esta actividad de fuerte contenido político y social.

(Por Francisco J. Cantamutto) Comprender la situación de los aumentos tarifarios se vuelve cada vez más difícil. El gobierno retrocede en uno de los frentes importantes.

Esta semana se recalentó la disputa por las tarifas, tras sucesivas ondas de anuncios y medidas. La Cámara Federal de La Plata suspendió la semana pasada los aumentos de gas en todo el país, lo que obligó al gobierno a acelerar sus gestiones, iniciadas a partir de los sucesivos fallos contra el tarifazo en distintas provincias.

Concretamente, está pidiendo el tratamiento de la Corte Suprema de Justicia, omitiendo los tribunales intermedios para acelerar la resolución, mediante el recurso del per saltum. La Corte definiría esta semana si toma el caso o no, donde deberá considerar no solo elementos jurídicos sino el hecho de que se trata de un asunto político muy candente, sometido a una presión social muy evidente.

El tarifazo

El carácter anti-popular de Cambiemos está, a esta altura, establecido con claridad. Su programa representa un ataque contra las clases populares y trabajadoras, a favor del capital concentrado. Esta caracterización general es correcta aunque, sin embargo, incompleta, porque al interior del bloque en el poder hay disputas relevantes.

Cambiemos es el proyecto de las fracciones financiera, primario-exportadora (agropecuaria, minería y sus procesamientos industriales básicos) y la que opera en los servicios públicos, desplazando a otras fracciones en el poder los años previos -como la industrial y de la construcción. En una disputa que es de segundo orden respecto de la avanzada anti-popular, sus medidas favorecen a las primeras fracciones en detrimento de las segundas, por ejemplo, con el actual incremento de las tarifas, que golpea la competitividad de la industria no ubicada en ramas con ventajas comparativas.

Finalmente, el gobierno tiene que resolver disputas entre las fracciones ganadoras, como por ejemplo, en relación al aumento del precio de los combustibles que generó la queja de la Sociedad Rural porque le “quitó” lo ganado por la eliminación de las retenciones. No se puede favorecer a todos, y al optar, se ganan aliados y enemigos.

El tarifazo se compone de aumentos en los diferentes servicios: agua, gas, electricidad, transporte. Supuestamente, se buscaba corregir el desfasaje respecto de otros precios, pero también subsidios cruzados entre regiones y usuarios. El transporte público se incrementó en todos los distritos, impulsado por las cuatro subas en el precio de los combustibles desde diciembre.

En el caso del agua en Buenos Aires, por ejemplo, el aumento (de hasta 400%) vino junto al cobro por metros cúbicos consumidos y no por superficie, de manera de comprometer a usuarios -en principio, solo obligatorio para no residenciales- a eficientizar el uso del recurso. En el caso de la electricidad -que ya había aumentado entre 30 y 240% en 2014- hubo dos aumentos, el primero en febrero de hasta 600% y un segundo marzo de un 55% más para las empresas. El gas fue, sin embargo, el que mayores conflictos generó, en medio de un otoño-invierno particularmente frío que tuvo mayores requerimientos para calefaccionar espacios. En algunos casos, las nuevas facturas llegaron con incrementos de hasta el 1.100%. En este caso, al igual que en la electricidad, la “corrección” de tarifas consolidó de hecho las asimetrías existentes, lo cual promovió la multiplicación de los reclamos.

Los errores de aplicación, excusados por el ministro de Energía Aranguren ante el Congreso por estar “aprendiendo sobre la marcha”, no deben oscurecer el sentido político de los aumentos: el gobierno vino a recomponer la tasa de ganancia de las empresas de este sector. El ministro, en esa misma audiencia, explicó el llamativo hecho de que a pesar de los aumentos las transferencias del Estado no se hubieran reducido cuantiosamente: es que, según declaró, el objetivo prioritario de estos aumentos no era reducir los subsidios estatales sino incentivar la inversión para garantizar la oferta de energía a futuro.

En el mismo sentido se expresó la neoliberal fundación FIEL, de cuyo consejo directivo Aranguren es parte, que entiende que es el camino correcto para incentivar inversiones. El documento corrobora que este incremento es apenas la primera parte esperada de “correcciones” de ganancias, aunque las futuras subas deberán esperar a no entrar en conflicto con la política macroeconómica de control de la inflación: el actual divorcio entre objetivos macro y política sectorial no ha tenido buenos resultados.

Los reclamos

El malestar, pues, se multiplicó con rapidez. Ante los despidos y la desvalorización del salario ante la mayor inflación, los hogares se encuentran en una situación delicada. Miles de PyMEs se ven totalmente incapacitadas de absorber los aumentos en un contexto recesivo y de apertura de las importaciones, que ha pulverizado la demanda final. Se retroalimenta así una situación donde no se corrigen desequilibrios, se alimenta la inflación y se genera recesión. Un auténtico polvorín social.

Semejantes incrementos no han sido compensados por otras políticas. La tarifa social anunciada aún tiene severas deficiencias de implementación, y en cualquier caso sigue significando un fuerte aumento -aunque por la mitad de los valores aquí referidos. Esta tarifa se aplica a diversos grupos vulnerables (jubilados, desocupados, etc.) y se discute su ampliación a entidades de bien público, como los clubes sociales. Esta política claramente neoliberal de focalización en la demanda, busca invertir la carga de la prueba, obligando al usuario a demostrar su pobreza o necesidad.

Las protestas se han multiplicado por doquier en todo el país, con manifestaciones, cortes de calle, bocinazos y petitorios auténticamente federales. La estrategia se ha complementado con un fuerte proceso de judicialización, que llevó a sucesivos fallos de la Justicia en Chubut, Córdoba, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz y Tierra del Fuego que frenaron los aumentos. En Rawson, un tribunal incluso declaró inconstitucional el aumento. El argumento central es la falta de audiencias públicas previstas en la ley y evitadas por el gobierno, que no ha llevado a cabo ni siquiera las auditorías que las resoluciones 5 y 6 del ministerio de Energía mencionan. La Cámara Federal de La Plata argumentó en defensa de derechos humanos a una vivienda digna, que incluye el acceso a costos razonables de agua, luz y gas. 

Esta presión ha forzado a que el gobierno pida una resolución por parte de la Corte Suprema, al tiempo que anunció un tope de aumentos de gas del 400% respecto de igual bimestre del año pasado -en lugar de hacerlo por metro cúbico. Este es un nuevo retroceso del gobierno en la estrategia, y aunque aun implica un cuantioso aumento, da una mala señal a los capitales que quiere tentar: si no es capaz de garantizarles las ganancias que promete, ¿por qué traerían esa lluvia de inversiones? Máxime cuando en unos meses debería volver a incrementar las tarifas. Este traspié pone en jaque su estrategia de tentar al capital, hasta ahora sólo ilusionado con las fabulosas ganancias financieras, que no sacarán al país del estancamiento. El gobierno no tiene todas las cartas en su mano, y aunque se muestra confiado, lo cierto es que sus disputas internas comienzan a aflorar.