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Los anuncios económicos realizados la semana pasada por el gobierno nacional se inscriben en el marco de la presentación del Presupuesto 2021 y la visita de funcionarios del Fondo Monetario Internacional que comienza este martes.

El economista y columnista de FM De la Calle, Francisco Cantamutto, analizó las medidas y repasó quiénes son los ganadores de las negociaciones.

“Lo que apuró la decisión fue la caída de las reservas Banco Central. En este momento las reservas de libre disponibilidad están en torno a 6 o 7 mil millones de dólares y, a raíz de esta imposibilidad de frenar la fuga, se incorporó el endurecimiento de los controles de cambio y aun así no se detuvo la salida, con lo cual tuvieron que salir a ver como frenarla”, afirmó.

Ante este cuadro, el gabinete económico anunció:

1- Reintegros a las exportaciones, “devoluciones de saldos pagados sobre todo por pequeños productores. Esto estaría llegando a la producción de mediana escala. Al sector minero le reducen las retenciones de 12 al 8%. Al sector sojero se les reducen las retenciones de manera temporal, se le reducen más a la exportaciones de granos de aceite que a las de soja”.

“El lobby agroindustrial también cerró el compromiso de discutir una ley de estabilidad fiscal de los impuestos durante 5 o 10 años”.

Cantamutto afirmó que “el lobby minero logra que le bajen las retenciones. El kirchnerismo, después del conflicto del campo, consiguió un interlocutor que le permite sortear el conflicto con la Mesa de Enlace. Se conformó una Cámara de Agroexportadores liderados por las aceiteras que, sin dejar de ser un sector industrial, puede tomar medidas de fomento hacia el agro, maquillado como política industrial pero que no arrastra los conflictos con la Mesa de Enlace”.

“Esto viene a ser un pacto, puede ser efectiva la medida porque era momento de liquidar divisas, salir a vender soja para solventar la campaña que sigue pero, además, porque esto fue negociado, hay un acuerdo político para conseguir esas divisas de manera más o menos veloz. Esto le daría aire justo para cuando viene el Fondo a negociar”, destacó .

2- Apoyar el desarrollo de cadenas industriales, “sobre todo automotriz, esto implica al mediano plazo impulsar las exportaciones industriales atadas a la de economía del conocimiento”.

3- Beneficios impositivos para estimular la inversión en la construcción: “Captar dólares de ahorro y que sean invertidos en el sector. Al mismo tiempo se envían dos proyectos de ley para apuntalar el desarrollo, un sistema de crédito hipotecario y de construcción de vivienda popular. Puede ser una nueva alternativa para impulsar el crecimiento y atraer dólares”.

4- En lo que tiene que ver con frenar la corrida del dólar, crean un nuevo título público, “que se conoce como Dólar Linked, que significa atado a la cotización del dólar, con lo cual podés invertir y cotizar en pesos sin perder contra el dólar. Los bancos tienen incentivo a prestar en este sentido y después comprar bonos del Estado”.

“La baja del dólar es residual y no está generando algo significativo. Si bien bajó un peso y medio, hoy bajó 50 centavos. Seguimos en un nivel elevado. En el mercado de futuros se está negociado a 78 pesos por dólar para fin de año. Esto está limitado por los controles de cambio que se endurecieron el domingo a la noche”, comentó Francisco Cantamutto.

El economista y columnista de FM De la Calle analizó el contexto económico luego de las elecciones.

“En septiembre casi 1 millón 700 mil personas compraron dólares. De ese total solamente 200 mil personas compraron por valores por encima de los 1000 dólares, con un promedio de 8 mil. El resto, la mayoría, estaban comprando cifras por debajo. Esto que debería haberse hecho antes, podría haberse puesto en un lugar intermedio sin llegar al límite de 200, el problema es que si se reducía minaba la base electoral cambiemos”.

Cantamutto comentó que “estos controles están negociados con el equipo de transición de Fernández. Según las cuentas las reservas netas se ubican entre 7 y 8 mil millones de dólares y solamente en vencimientos de deuda tenemos 13 mil millones. No solamente eso sino que, además, se vuelve vital el desembolso de 5 mil 400 millones del fondo”.

¿Hay similitudes con el 2001?

“El porcentaje que se puede prestar de los depósitos en dólares es menor, eso le da mayor solidez ante una corrida. Además, los que se prestaron fueron a emprases que exportan y generan dólares. El efecto de eso fue que nos cubrió estos dos o tres meses que de corrida financiera.

“El corralito tenía que ver con restricciones de retiro de las cuentas a la vista. Si se retiran los pesos de los bancos no pueden ir a comparar los dólares. Se parece al hermano menos comentado del corralito: el corralón. Este consistió en una reprogramación forzosa de los depósitos en dólares, se los cambió por bonos que le permitían cobrar esas cantidad de dólares más un interés, entre 3, 4 y 5 años. Eso podría ser una salida si continúa la salida de depósitos en dólares, que sería traumático. No habría necesidad de estas medidas, no es lo que se viene charlando”, finalizó.

El columnista de FM De la Calle, Francisco Cantamutto, analizó la actualidad económica a partir de las negociaciones de los representantes del Fondo Monetario Internacional con funcionarios del gobierno nacional y con referentes del Frente de Todos.

“El fracaso de las políticas de este gobierno junto el FMI hablan de una corresponsabilidad.  Si nos vamos a centrar en la visita de ayer negociando con gobierno y oposición para ver si nos habilitan el ante último tramo del crédito que queda, perdemos de vista cómo el FMI hizo la vista gorda a lo largo de cinco revisiones donde no solo las cosas estaban empeorando sino que incluso  se deterioraron las cuentas externas que se supone es lo que tiene que resolver”.

¿Qué pasó en la reunión de ayer con el representante del Fondo?

Más allá de cómo quedaron las cuentas fiscales del segundo trimestre, están pensando cómo se hace para llegar a diciembre y qué va a pasar después. Los trascendidos hablan de un vacío de poder que alienta a la incertidumbre de lo que venimos hablando. No se originan en la reunión de ayer, es un clima generalizado.

¿Qué puede pasar después del 10 de diciembre?

Sin especular demasiado, puede ocurrir que llegue el siguiente gobierno y no se encuentre con reservas disponibles. Las de libre disponibilidad son menos de 10 mil millones. Estas son estimaciones porque el Banco Central dejó de publicar los números. Si se encuentran sin reservas, ¿cómo va a manejar la política cambiaria? Lo que hace Alberto Fernández es marcar la cancha de una negociación agresiva. Recordemos que lo que sostiene es el pago de la deuda, no discute la legalidad o legitimidad de la deuda.

No podemos descartar el escenario en el cual, en este diálogo político, haya algún tipo de acuerdo entre gobierno, FMI y alguna parte de la oposición para pasar algunas de las reformas que reclama el Fondo en estos meses de transiciones. Reforma laboral, reforma previsional, reforma de la carta orgánica del Banco Central, algunas privatizaciones como son las del Banco Nación y Provincia. Sin ser una reforma de la escala del ’89, que le habilitaron a Menem a hacer lo que hizo después, no se puede descartar que alguna de esta reformas se plantee como prenda de cambio para señalarle al Fondo que algunas de estas reformas ya se hicieron.

El equipo de la fórmula FF dice que propone un congelamiento de precios de 180 días para avanzar en las negociaciones parciales, se congelan los precios con los salarios habiendo caído un 20%. Esto si bien no es una reforma laboral, es una caída muy fuerte de los salarios reales que es parte de lo que el FMI busca.

El economista y  columnista de FM De la Calle Francisco Cantamutto analizó las implicancias y posibles puntos de conflicto que traerá la puesta en marcha del acuerdo consensuado entre el Mercosur y la Unión Europea.

“Es una medida con efectos de muy largo plazo buscada de cara a las elecciones. Por otro lado, para lograr el acuerdo se pone por encima la ideología librecambista y la postura negociadora de entrega absoluta para obtener el resultado. No es una conquista para el país ni para el bloque regional, es un retroceso en términos institucionales. La Unión Europea pudo imponer todas las condiciones que estaba demandando”, afirmó.

Cantamutto agregó que “es una especie de colonialismo del siglo XXI que no tiene nada prometedor para dejarnos. Por suerte no está todavía consolidado, las críticas no son solo de acá sino europeas también. Tenemos que hacer lo imposible para que esto no pase por el Congreso. Es una entrega del país y del bloque a los capitales europeos”.

El economista destacó el hermetismo en torno a lo negociado: “Las cámaras PyMEs como la Unión Industrial han salido a declarar que nunca tuvieron participación en esto, que no se las consultó y que no están de acuerdo. Los representante sindicales de la CGT y CTA han hecho pedidos formales y nunca se les ha dado información. Cuando se filtra en Europa nosotros los conseguimos acá. El gobierno que se jacta de la transparencia no está haciendo el acuerdo en esos términos”.

¿Qué implica el acuerdo en medidas económicas?

1- Desregulación del comercio en el sector industrial”

“La mayor parte del comercio con UE ya está liberalizado, las posiciones arancelarias o de negociación de trabas al comercio de este acuerdo son con sectores sensibles como el automotriz. Estamos ante el riesgo real de que el sector automotriz si no desaparece quede reducido a una cosa mínima. Recordemos que este sector tiene un enorme entramado de cadena de proveedores hacia atrás en la industria metal-mecánica”.

Cantamutto agregó que “hay dos sectores en el Mercosur con protección especial: el automotriz y el azúcar. Si quitás esas protecciones es muy probable que el abastecimiento de autos en la región provenga de otras latitudes: Europa, Asia. Si se quita la protección y la industria automotriz deja de producir se pierden esos empleos y el entramado hacia atrás y hacia adelante”.

Los estudios que llevó a cabo Paula Español, ex secretaria de Industria del gobierno anterior, indicarían que “en todas esa cadena productiva podrían perderse 185 mil puestos de trabajo, es más que toda la fuerza laboral de Bahía Blanca. Esto puede repetirse para otras cadenas industriales”.

2-Nos reduciría a la exportación de bienes primarios

“Dentro de la agroindustria son muy pocos los bienes que podrían obtener una cota mayor, concretamente hablamos de la industria ganadera. El agro en Europa sigue subsidiado y con protecciones para-arancelarias, puntualmente controles fitosanitarios o normas de calidad de otro tipo. Agregan que la producción en el Mercosur está fundamentalmente apalancada a través del uso masivo de agrotóxicos. En Europa han elevado los estándares de calidad ambiental y no están dispuestos a recibir estos productos que consideran potencialmente riesgoso para la salud”.

“Esto llevaría a perder toda la cadena industrial y exportar muy pocos bienes con poco valor agregado en la producción primaria“.

3– Patentes

“La Unión Europea insiste mucho en la protección de los derechos de la propiedad intelectual, el uso de medicamentos genéricos podría desplazarse de 10 a 20 años, con lo cual la medicina se encarecería mucho porque habría que pagar las patentes de las farmacéuticas europeas 10 años más. Es un golpe directo al bolsillo. En otras áreas también es patentamiento de material genético local, una discusión del Congreso como la Ley de Semillas, es impedir que los productores manejen su propio material genético y tengan que comprar la semilla a Europa”.

4-Obra pública y compras estatales

“El tratado propone que tanto para la obra pública, licitaciones y compras de empresas estatales, no podrían tener preferencia que promuevan la contratación de empresas o PyMEs locales. Las empresas europeas podrían licitar igual que las locales y las locales no serían capaces de competir. Esto produce una devastación de empleo y más salida de recursos en la balanza de pago. Esto se compensaría buscando divisas por otros lados, ¿cuáles serían esos otros lados? Los mismos que el tratado impugna como problemáticos, que son el extractivismo y la producción agroganadera y minera en condiciones insostenibles“.

50 millones de personas quedaron a oscuras el domingo producto de una falla en el sistema conexión internacional. El columnista de En Eso Estamos, Francisco Cantamutto, aporta una mirada desde la economía a la discusión energética.

“Desde que se privatizaron las empresas del Estado en el sector energético se consolidó un mercado oligopólico muy conectado entre sí. Hay empresas que están en distintos lugares de la cadena y se venden entre si. La generación de energía depende muy fuertemente del gas, en general de los combustibles fósiles. Dos tercios de la energía del país se hace con gas. Los movimientos de gas afectan a al energía eléctrica y en el medio tenernos actores que se ubican en todos estos tramos”, dijo por FM De la Calle.

Agregó que “en el apagón energético hubo responsabilidad de pocos actores que están en el poder, que han aumentado sus ganancias. Discutir el apagón tiene que llevar a discutir quiénes son los dueños de la energía”.

La cadena empresarial de la energía

El Grupo Pampa, propiedad de Marcelo Midlin, está a cargo de la refinación de petróleo y el transporte de gas así como interviene en generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

“Este grupo es el que, junto con una participación minoritaria del Estado, controla la empresa Transener que mueve a través de los cables de alta tensión la energía de todo el país. Es una única empresa que se encarga de hacer este movimiento, Luego hay ocho distribuidoras regionales. Una de ellas en Transba, que hace el transporte de media tensión en la provincia de Buenos Aires, también es del grupo Pampa. Y luego están las que hacen la distribución de la energía a los domicilios que son Edenor y Edesur. Edenor también es del Grupo Pampa”, señaló Cantamutto.

Responsables del apagón

La falla del apagón del otro día “no fue un problema de Yacyretá sino que tuvo que ver con la línea que transportaba la energía desde la represa hasta sistema interconectado, que hace que toda la energía se suba a la misma red y se distribuya”, comentó el economista.

Cantamutto agregó: “Las empresas responsables por la llegada y transporte son Transener y Yacylec. Esta última es del grupo Macri y no paga impuestos hace 15 años, debe 46 millones de pesos al Estado.  Esta firma tiene en reparación una de las tres líneas que conecta Yacyretá a través de la cuenca del litoral con el sistema nacional”.

“Son tres líneas las que reparten la carga. Una de esas debería estar terminada hace cuatro meses y no está. Siguen dando vueltas y no resuelven. Como ahora hay una alta demanda energética, aprovechando que hay lluvia, es un buen momento para pedirle energía de Yacyretá porque está cargado el embalse y generar energía eléctrica es barato. Por ende, se le pidió más carga a  dos de las líneas y, al no existir una tercera línea, se terminó generando la caída de las líneas completas y por transmisión se desconectó todo el resto”.

¿Por qué hay fallas si la factura de luz se fue a las nubes?

“Las tarifas han aumentado entre 1000 y 2400% desde que llegó Cambiemos, es un golpe durísimo que a las empresas le ha venido bárbaro. Los ingresos de la energía eléctrica, las ganancias de las generadoras subieron 155% y el transporte subió un 491%. Las empresas del transporte -que es lo  que falló ahora- tuvieron ganancias del 500% del 2015 a esta parte. En el caso de Transener las ganancias subieron mas del 4000%”.

“Son muy pocos actores interconectados entre si con capacidad de lobby en el Estado o directamente dentro del Estado. Ganan más, distribuyen más dividendos pero no reinvierten.  El Grupo Pampa es tercer grupo más grande después de Shell e YPF. Es el que más ganó”.

A raíz del informe del Observatorio de la Deuda Social que elabora la UCA, el economista Francisco Cantamutto analizó las variables que componen el estudio “multidimensional” que concluyó que la pobreza alcanza al 31,3% de la población .

Además del nivel de ingreso, el estudio mide otras variables estructurales: alimentación y salud, condiciones de vivienda y educación, acceso a servicios básicos y situación medioambiental de donde se habita, empleo y seguridad social.

“Del 2017 al 2018 se agregaron casi 2 millones de personas a la pobreza totalizando 13 millones de personas”, señaló el columnista de En Eso Estamos.

Lo difundido por el INDEC va en línea con el estudio de la UCA. “En 2017 había un 25,7% de la población en la pobreza, ahora llega a casi un 32%. Sube casi siete puntos la pobreza y llega a 14 millones de habitantes. En un año es mucho, el último antecedente  fue en la crisis del 2002”.

Situación local

Cantamutto comentó los datos de desocupación en Bahía Banca a partir del análisis del economista Gustavo Burachik. “La tasa de desempleo está dando por encima de la tasa promedio a nivel nacional con un 9,4%. Es la sexta ciudad en orden de mayor desempleo, con 13 mil personas desocupadas”.

“No solamente cayó el empleo sino además hay menos gente buscando. Hay un elemento de frustración, la gente no está saliendo a buscar trabajo porque sabe que no lo va a conseguir. Cuando dejan de buscarlo, dejan de ser medidas como personas desocupadas. No solo la desocupación da por encima del promedio sino que además está subestimada”.

El economista explicó que “el desempleo entre mujeres menores de 29 años se ubica en el 25%. Una de cada cuatro mujeres que está buscando activamente trabajo, no lo consigue. Estas son las razones que explican los factores de desaliento”.

El presidente Mauricio Macri y su ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne, afirmaron que el país está “en emergencia” y anunciaron medidas para “reducir el déficit fiscal”. El economista y columnista de En Eso Estamos, Francisco Cantamutto, dijo en FM De la Calle que los cambios son “una mala noticia para los sectores populares”.

El “esfuerzo mayor a quienes exportan” exigido por Macri se tradujo en un “aumento” de las retenciones a razón de  cuatro pesos por dólar para la producción primaria y tres pesos por dólar para el resto.

“El problema es que no hay absolutamente nada que garantice que la relación peso-dólar se mantenga 40 a 1. Entonces, en la medida que se sigue devaluando esas retenciones se licuan. Hay un incentivo de no exportar y especular para forzar que se devalúe más y luego se licue el impuesto que tenés que pagar. No liquiden sus importaciones, esperen todo lo que puedan, fuercen a que la devaluación sea más grande y van a pagar menos ustedes y todos nosotros y nosotras vamos a pagar bastante más”, comentó Cantamutto.

Respecto al ahorro que implicaría la reducción de 19 a 10 ministerios, el economista argumentó que  “siempre que se cambia la dependencia la cantidad de gente se modifica, los recursos presupuestarios se modifican, etc. Ahora tiene que venir la discusión del presupuesto y en la medida que pasan varios ministerios a secretarías o subsecretarías van a tener menos asignaciones presupuestarias, es dentro de la misma lógica de ajuste. A veces para interceder en favor del capital no hacen falta tener tantos ministerios”.

“Hay mucha pantomima, no deja de ser un problema porque muestra idas y vueltas que en ningún momento generan confianza. Este gobierno vino a representar uno de los mandatos del empresariado más conservador que era la regala de previsibilidad. Ahora, si vas y venís con los anuncios lo que estás generando es que no tenés una idea muy clara de lo que querés hacer o de cómo resolver las macanas que generan”.

Esta noche, Nicolás Dujovne viaja a Washington para cerrar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el cual pretenden “despejar dudas sobre nuestro financiamiento en 2019”.

“Yo creo que va a conseguir ese acuerdo, si no lo consiguiera también es cierto que tanto él como Caputo, al venir del mundo de las finanzas, pueden hacer movidas para que algún fondo de inversión ingrese algunos dólares o, al menos, deje de sacarlos a mansalva y eso modere las expectativas levemente que fue lo que hicieron en abril”, finalizó Cantamutto.

(Por Francisco J Cantamutto) La economía de Cambiemos no muestra señales de reanimación, y todo parece indicar que el rumbo solo ofrece peores auspicios.

Se conocieron la semana pasada los datos completos del nivel de actividad de 2016. El resultado no fue sorpresivo: el PBI cayó un acumulado de 2,3% respecto de 2015. Se pasó así del bajo crecimiento previo a una recesión abierta, que contradijo de manera flagrante las expectativas de crecimiento del gobierno (hablaba de un 1%) pero también de los organismos internacionales de crédito. El resultado no es sorpresivo, sino que va en línea con todos los indicadores previos, que ya señalaban este escenario.

El consumo privado cayó casi un 1% en un año, y es posible que la caída no sea peor gracias a las compras de los sectores sociales más altos. El comercio, empujado por esta reducción de las compras, cayó un 2,6%. La inversión cayó un mucho más duro 5,5%, lo que significa un fuerte problema en términos de la actividad económica presente y futura. De hecho, la tendencia recesiva es muy fuerte, con la construcción –muy asociada a la inversión- cayendo poco más del 11% en todo 2015. Durante 2017, el gobierno intenta impulsar la obra pública para revertir este rumbo, pero está por verse su resultado final. La industria, bajo la caída de tanto consumo como inversión, también cayó un 5,7%.

Con estos valores, la destrucción de empleo ha sido importante. No existe un dato nacional del INDEC para comparar respecto del final de 2015, pero los guarismos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires indicarían un aumento del desempleo. A nivel nacional, el dato fue del 7,6% de la población económicamente activa. Para explicar este valor confluyen los despidos masivos, que han provocado un fuerte efecto desaliento –gente que dejó de buscar trabajo porque no encuentra, y deja de ser medida como desocupados- pero también la creación de empleo público –aspecto criticado por Cambiemos al kirchnerismo. El nuevo gobierno realizó importantes despidos durante el año con el objetivo de amedrentamiento político, para instalar el miedo, pero no con un objetivo de ahorro: los despedidos fueron reemplazados por nuevos contratados afines al nuevo gobierno. En un gran número de casos, las nuevas contrataciones se realizan pagando salarios más elevados –bajo la lógica de pagar equivalentes al sector privado- y vulnerando los procedimientos de concursos públicos. El boletín oficial está plagado todas las semanas de casos de nuevos contratos con nombres incomprensibles para amigos del poder. Se ve que el problema era reemplazar la “grasa militante” por “margarina simpatizante”.

Los sectores empresariales más cercanos al proyecto oficial también sufrieron el impacto de las políticas económicas, solo que en menor intensidad. El transporte y las comunicaciones, y electricidad, gas y agua incrementaron su nivel de actividad; mientras que el agro, la minería y la intermediación financiera cayeron, pero menos que el promedio, ganando así participación relativa. En todos los casos, se trata de sectores beneficiados por el cambio de precios relativos. Si se revisan los debates abiertos en este mismo espacio hace un año atrás, se podrá constatar que ya entones era claro que las políticas aplicadas por Cambiemos no podían tener otro resultado.

La falta de expectativas de crecimiento para este año amenaza a toda la región, motorizada por los –relativamente- bajos precios internacionales de las materias primas y la falta de demanda en los países centrales. En este contexto, que ya era conocido, el gobierno de Cambiemos eligió abrir la economía y llamar a los inversores del mundo. Para ello fue a Davos, organizó un “mini-Davos” en Buenos Aires, fue a Pekín, volvió a ir a Davos, y próximamente, del 5 al 7 de abril, realizará un segundo “mini Davos”, siempre tratando de tentar a los esquivos inversores, que palmean sus espaldas mientras se aferran los bolsillos. Si la inversión internacional se ha retraído desde el inicio de la crisis global en 2008, el Brexit el año pasado y la victoria de Trump han puesto mayor incertidumbre en el mundo.

En este esquema, los 15 meses de Cambiemos arrojan solo malas noticias en el ámbito externo. No solo que no llegó ninguna lluvia de inversiones, sino que contabilizando el envío de ganancias al exterior, el saldo de inversión arroja una salida de 420 millones de dólares. Estos se suman al rojo de 1.441 millones por saldo comercial, impulsado por fuertes déficit en servicios. Las importaciones han crecido en los rubros de consumo y vehículos, mientras que cayeron en los bienes asociados a la inversión (intermedios y de capital). Esta oleada de compras externas ha provocado un gran golpe sobre la industria, que no solo disminuye su nivel de actividad, sino que despide y suspende a sus trabajadores, a medida que cierra sus puertas o se reconvierte en importadora de los bienes que antes producía. El desplazamiento de la producción nacional es tan fuerte que no solo afecta a la industria, sino incluso a sectores agrarios usualmente llamados “economías regionales”: manzanas, peras o naranjas. A estos guarismos hay que agregarle las salidas por pagos de intereses por 13.608 millones y la abrumadora cifra de 17.302 millones de fuga de capitales.

¿Cómo cierran las cuentas? Endeudando al país, de manera exponencial. En concepto de créditos, títulos y bonos, y otras inversiones especulativas, entraron al país 35.786 millones de dólares. Esta masiva entrada de fondos financieros es responsable de la actual apreciación del tipo de cambio, que incentiva aún más la compra de bienes y servicios del exterior, empeorando el saldo comercial. Los grandes exportadores están reteniendo la liquidación de sus operaciones, a la espera de un tipo de cambio que consideren más apropiado.

No solo el Tesoro nacional participa de esta fiesta de deuda, sino también el Banco Central, cuyas cuentas pasaron al rojo también en marzo. Las reservas oficiales a mediados de este mes fueron de 51.618 millones de dólares, equivalentes a $802.483. La base monetaria (constituida por billetes y monedas circulando) es de $812.191, lo que no representa una diferencia sustancial. El problema es que el Banco tiene también deuda en LEBAC y pases pasivos por un total de $829.359, la mayor parte de la cual tiene vencimiento en tres meses o menos. Esto es una auténtica bomba de tiempo, pues sin controles cambiarios ni de capitales, cuando las ganancias de corto plazo no sean lo suficientemente jugosas, una estampida hacia afuera es un escenario posible. Si eso ocurriera, el ajuste devaluatorio no sería exactamente gradual.

El gobierno de Cambiemos ha provocado un auténtico desastre en la economía argentina, por donde se lo vea: mayor recesión, mayor inflación, mayores déficit gemelos, mayor desempleo, peores salarios. El peso de una economía paralizada en un año electoral es fuerte, y parece que los dispositivos discursivos empiezan a flaquear.

(Por Francisco J. Cantamutto) Cerró el primer año de gobierno de Cambiemos, y las previsiones que hiciéramos resultaron acertadas: el rumbo elegido es el del ajuste y las reformas regresivas. El sesgo social del gobierno no admite demasiadas dudas, al menos en sus rasgos generales: abundan los datos sobre el aumento de la pobreza y el desempleo, la caída del salario real, de las asignaciones sociales y jubilaciones, pues todas aumentaron por detrás de una inflación desbocada. El efecto sectorial dio por principales beneficiarios del nuevo esquema a las fracciones ligadas al procesamiento de recursos naturales y las financieras. Sobre esto, el balance ha sido claro.

Tras ese año, agotándose ya el efecto del relato de la herencia, Macri realizó algunos cambios de gabinete. El más resonado, fue el reemplazo de Prat Gay por la dupla Dujovne-Caputo. Para el segundo, se trató de una promoción para poder ejecutar su rol de tomador compulsivo de deuda sin ataduras. Para el primero fue una sorpresa, en la cual su carácter de casi ignoto ayuda a subordinarse a los requerimientos del presidente –además de aportar vínculos personales con el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump. El programa parece simple, pero no lo es: debe ajustar… en año electoral. La clave para congeniar parece estar en ajuste, deuda y obra pública.

Sin embargo, las inconsistencias del ajuste, que se promueve como racional, incluso como “con rostro humano”, provocaron renuncias masivas en el ministerio de Salud. El secretario de Obra Pública, Daniel Chaín, un histórico del PRO, fue desplazado por no lograr reanimar el sector de sus competencias, aun de muy tibia performance. Isella Costantini se debió ir por no lograr mayor ajuste en la aerolínea de bandera, que abriera el mercado a las aerolíneas de bajo costo. En la misma línea se puede interpretar el reemplazo de Melconian por González Fraga en el Banco Nación: en primer lugar, anular las aspiraciones personales y consolidar así la subordinación total al mandato del “equipo chico” del PRO; en segundo lugar, castigar su permisividad con la paritaria de bancarios. Pero en tercer lugar está también el hecho de que Melconian –un histórico defensor del endeudamiento- cuestionó que el gobierno estuviera colocando demasiada deuda en el banco que le tocaba administrar, superando los niveles técnicamente sostenibles. El pecado de soberbia por cuestionar el modelo fue castigado. González Fraga, quien desde las tribunas festejó el ajuste social, asume con la idea de lanzar créditos productivos e hipotecarios destinados a los sectores más acomodados (la propuesta que lanzó apenas asumió permite acceder a créditos solo al 10% de la población).

Y el programa para 2017 comenzó a ejecutarse, entonces, sin pausas.

Dujovne, tal como predicó desde su tribuna en los medios, llegó con la idea fija del ajuste fiscal, raíz de todos los males según su mirada. Según destacó de primera fuente La Nación –donde el devenido ministro publicaba sus columnas- el recorte tiene tres ejes. El primero es la reducción de secretarías, subsecretarías, direcciones y organismos a través de su fusión, buscando funciones duplicadas entre ministerios. No es llamativo que, entre los más de 20 ministerios de Macri, busque estas duplicaciones en Desarrollo Social, Educación, Salud, Trabajo y ANSES. Según sus cálculos, se ahorrarían así $65.000 millones, equivalentes a un 0,8% del PBI. Llamativamente, pretenden asegurar que esto no significará recortes de planes de esos ministerios.

El segundo eje por el que pasa el recorte es conocido ya: se trata de los subsidios a la energía y el transporte. Aunque el ritmo de reducción no es claro, el sentido sí lo es: ahorrar cerca de 3% del PBI por la vía de subas de tarifas. Esas subas componen el tarifazo, que fue un factor de conflicto relevante en 2016. En estos meses vinieron sustanciales subas de la electricidad –junto a discursos de Aranguren sobre cómo ahorrar energía-, a las que se sumará en abril un nuevo aumento del precio del gas en boca de pozo. Esto incrementará no solo las tarifas de gas, sino también las de electricidad. Ambos incrementos impactan sobre el conjunto de la producción, a los que se adiciona la suba de los combustibles. Un cóctel que erosiona los salarios reales sin necesidad de ajuste nominal.

Justamente, un eje no declarado es el ajuste inflacionario, que Cambiemos tanto criticó del gobierno anterior. Con una inflación total bien por encima del 40% y paritarias muy por debajo, el gobierno logró una ajuste importante. La paritaria bancaria, que había roto el techo, fue objetada por el ministro de Trabajo Triaca, pero recientemente fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. El gobierno pretende que las negociaciones paritarias actuales –en especial, con docentes- cierren por debajo del 20% este año. Según sus previsiones, la inflación de 2017 se ubicará en torno al 18%, aunque el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central indica que todos los analistas esperan un número mayor.

En cualquier caso, la pretensión del gobierno es cerrar omitiendo el ajuste que ya ocurrió: el de 2016. Al mismo tiempo, busca incorporar en las negociaciones la flexibilización por diversas vías, como atestigua el acuerdo con petroleros, que crea una nueva rama para hidrocarburos no convencionales con otras condiciones que sus pares. El gobierno probablemente evite pasar la flexibilización por el Congreso antes de las elecciones, y la introduzca por esta vía alterna. Aquí se expresaran los pedidos empresariales por contratos por tarea, y aumento de la carga de aportes por parte de los propios trabajadores.

El tercer eje de Dujovne es el ajuste en las 53 empresas públicas, que acusan según la cuenta oficial un déficit de $50.000 millones, lo que representa alrededor de un 0,6% del PBI. YPF, Aerolíneas, Correos, ENARSA, AySA, Canal 7, Radio Nacional y Télam son algunas de las que tiene enfocadas para avanzar. El esquema de ajustes aquí puede pasar por privatizaciones parciales, vaciamiento, o la temible iniciativa público-privada, aprobada como ley el año pasado. Ya se están sentando las bases para una nueva reforma del sistema jubilatorio, habilitando nuevamente la participación privada en un mercado creado a tal efecto.

Con este ajuste en mente, el gobierno espera poder eliminar algunos impuestos, tal como demandan diversos empresarios. Al mismo tiempo, enfatizan la necesidad de reanimar la obra pública, a sabiendas que es año electoral.

Sin embargo, las cuentas aún no cierran. El blanqueo del 2016 implicó una recaudación de $82.000 millones, que contuvo parcialmente el déficit, y dio cierto aire para continuar el ajuste estructural sin que el efecto sea notable velozmente. La gran excusa del sospechoso blanqueo, la “reparación histórica” atrajo a apenas 300.000 jubilados de 2,4 millones que podían optar por él.

La otra fuente de contención es la toma masiva de deuda. El plan declarado para este año es la toma de deuda por 40.350 millones de dólares, que se utilizarán en mitades para cubrir el déficit y pagos de deuda pasada. Solo en enero, Caputo ya emitió 17.036 millones de dólares, el equivalente al 42,2% de lo necesario para pasar el año. Dos quintas partes de esa emisión vencen en seis meses o menos: plazos extremadamente cortos. El gobierno está apurado por colocar deuda antes que el efecto Trump siga encareciendo las tasas de interés globales.

La entrada masiva de deuda ha incrementado las reservas –Sturzenegger ya está buscando dónde colocarlas a interés- y también sostenido el tipo de cambio. Comenzando febrero, el dólar ha bajado de los $16, a pesar de que el presupuesto estima que se ubicará en torno a los $18. Mantener el dólar bajo durante un tiempo más permitirá sostener el impulso a la importación de bienes de consumo, fomentando así un bienestar pasajero. Es probable que la devaluación llegue con las elecciones, preferentemente luego de ellas.

Para tentar al capital especulativo, Dujovne colaboró eliminando los plazos mínimos de permanencia en el país, que eran de 120 días. Altas tasas de interés y dólar planchado son una gran oportunidad de negocios financieros.

La combinación de ajuste, deuda y obra pública parece que será la clave de este 2017 que recién empieza.

(Por Francisco J Cantamutto) Tratado sobre tablas, el Senado dio la media sanción faltante para expropiar el BAUEN y ceder su uso a la cooperativa.

Una noticia buena en un año de retrocesos: se aprobó la ley que expropia el inmueble del hotel BAUEN, a expensas de créditos nunca pagos con el Estado, y los cedió a la cooperativa de trabajadores y trabajadoras que hace casi 14 años la opera. Ícono del proceso de recuperación de empresas, el BAUEN es un ejemplo de lucha, que permite contar también una historia del país.

El hotel fue originalmente construido durante la última dictadura cívico-militar, de cara al nefasto Mundial de Fútbol de 1978. Para acelerar la construcción, el entonces Banco Nacional de Desarrollo (Banade) realizó suculentos préstamos a favor del empresario Iurcovich. Este préstamo, claro, no fue nunca devuelto. Con la apertura de los noventa, llegaron cadenas hoteleras internacionales al país, desplazando al BAUEN del perfil de hoteles de lujo. A partir de 1997, Iurcovich acrecentó las maniobras fraudulentas, incluyendo el traspaso de manos al grupo chileno Solari. Pero esto no resolvió ningún problema. Se acumularon deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y con el plantel trabajador, declarando la quiebra durante esos escasos días del gobierno ilegítimo de Adolfo Rodríguez Saá en 2001.

En marzo de 2003 se inicia otra etapa, en la que los y las trabajadoras decidieron cambiar el rumbo de la disputa, y tomar la gestión en sus manos. A partir de entonces pelearon por dar continuidad a su fuente laboral, creando la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires Una Empresa Nacional Limitada. No pocas disputas atravesaron, incluyendo varios intentos de desalojo, disputas judiciales para permitir el uso del inmueble, y por supuesto, la disputa por la propia propiedad. Una pelea que prácticamente todas las empresas recuperadas debieron transitar durante los 12 años del kirchnerismo, en los cuales muy pocas lograron soluciones estables.

La conversión de la empresa como cooperativa recuperada implicó grandes desafíos para aprender nuevas herramientas de gestión y organización, y desaprender viejos vicios empresariales –que incluyen fomentar la desconfianza entre compañeros. Desandar esos caminos era y es tan difícil como construir los nuevos. Rápidamente el BAUEN comprendió que debía apoyarse en las organizaciones sociales y en el movimiento popular para blindarse de los abusos y extorsiones siempre presentes. El BAUEN se convirtió, de alguna manera, en la casa de las recuperadas del interior del país, cuando venían a reclamar y peticionar a la capital del país. Allí se cruzaban con sindicatos, organizaciones sociales, proyectos autogestivos y otras iniciativas que dieron forma a una amplia solidaridad política. Este año, el BAUEN ha sido la casa de la Multisectorial de CABA contra el tarifazo y el ajuste.

La derrota electoral de las presidenciales de 2015 dio impulso a múltiples agendas detenidas por falta de voluntad política. Entre ellas, se logró apurar el proyecto de Carlos Heller por la expropiación del inmueble, a cargo del Estado, a cuenta de créditos impagos, y la cesión a la cooperativa BAUEN. El 26 de noviembre de 2015 se logró la media sanción en Diputados de esta ley. La mayoría de los diputados opositores evitaron presentarse, pretendiendo bloquear así lo inevitable, pues el kirchnerismo contaba con mayoría propia. El de Heller fue el último de una gran cantidad de proyectos presentados en el mismo sentido, cuyo estado parlamentario caía por falta de tratamiento.

Ese era el riesgo con este proyecto con media sanción: quedar cajoneado y volver a foja cero. Por eso, la noche del 30 de noviembre de este año, nuevamente los trabajadores y las trabajadoras del BAUEN se presentaron en el Senado a reclamar el tratamiento –sobre tablas- del proyecto con media sanción, tras la extensa jornada de debate por el presupuesto de 2017. Y aunque el bloque Cambiemos buscó dilatar el tratamiento con excusas variopintas, no pudieron evitar la votación. El señador radical Luis Naidenoff dijo que no sabían con exactitud cuál era la deuda o quién era el titular del inmueble, mostrando su falta de interés en averiguarlo o siquiera escuchar los 14 años de lucha. La senadora PRO Laura Machado pretendió usufructuar una carta federal señalando que el costo de la expropiación lo pagarían todas las provincias, como si eso los hubiera detenido de otras acciones. Pero la clave la dio el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, al señalar que “No podemos votar esto porque el valor del inmueble es enorme y los beneficiarios son poquísimos”. El problema, para el PRO, era cómo echar mano de una gran renta inmobiliaria, de la que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han sabido aprovechar para sus negociados.

Nada de esto tenía fuerza luego de las largas tratativas del presupuesto. Gran oportunidad para la oposición para pasar un proyecto favorable a los intereses populares, luego de aprobar el proyecto económico 2017 de Cambiemos. A avanzadas horas de la noche, se aprobó el proyecto que declara de utilidad pública y sujetos de expropiación a los inmuebles e instalaciones del hotel, otorgando el uso a la cooperativa. Esto mejora las condiciones de casi 140 trabajadores y trabajadoras, que ahora podrán establecer contratos, ser sujetos de crédito, proveedores inscriptos del Estado, entre otras mejoras. Queda en espera la reacción de Macri, que puede promulgar o vetar la ley en las próximas semanas. El lunes 5 se realizará un encuentro de Multisectoriales, donde se abrazará simbólicamente al hotel.

María Eva Losada, presidenta de la Cooperativa BAUEN, señaló que esto es “el fruto de una lucha de los trabajadores y de las organizaciones y espacios que apoyaron”. Federico Tonarelli, trabajador del BAUEN y presidente de la Federación FACTA, reforzó la misma idea: se trató de trabajo consecuente, permanente, con el movimiento obrero, las cooperativas, los movimientos sociales y organizaciones populares, construyendo una amplia unidad.

Eva resaltó además, respecto del gobierno, la incomprensión de quienes ven todo desde la mirada empresarial, y por eso “no entienden cómo un grupo de simples trabajadores puedan expropiar y quedarse con una empresa”. Para todos quienes no lo comprenden, aquí uno de tantos ejemplos de coraje e hidalguía: el BAUEN para quienes lo trabajan.

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(Por Francisco J Cantamutto) Ya se cumplió el año desde las elecciones, y nos acercamos al primer año de gestión del gobierno de Cambiemos. Las excusas sobre la necesidad de tiempos para poder evaluar ya han perdido toda validez, y podemos retomar los balances de conjunto.

La devaluación y tarifazo fueron un contrasentido en una política que decía combatir la inflación, pues en lugar de reducirla, la aceleraron, casi duplicando las ya grandes subas de 2015. En la disputa contra esta suba de precios, el gobierno procedió a una apertura generalizada de la economía, tanto en el comercio como en la cuenta financiera de la balanza de pagos. El creciente ingreso de mercancías importadas funciona como límite al aumento de precios, al competir con producción local, para placer del consumidor y miseria del trabajador. La suba de los costos de la energía quitó más competitividad, favoreciendo el cierre de empresas y los despidos.

Sin casi ningún control para los movimientos de capital, el ministerio de Hacienda coordinó con el Banco Central la suba de las tasas de interés para mantener los recursos en el país. Las tasas pagadas por este último organismo, tras llegar al 38% anual, se estabilizaron en los últimos meses por encima del 25%. Pero esta suba no solo intenta evitar una corrida cambiaria: también tiene por finalidad cubrir el mayor déficit fiscal. Para cubrirlo, el gobierno debió emitir más deuda (la cifra roza los 40.000 millones de dólares solo para el Estado nacional) y el Banco Central emitir más pesos. Para quitar estos pesos de la economía –que identifican erróneamente como fuente de inflación- emiten LEBACs, que prometen los jugosos rendimientos recién referidos. Esto ha favorecido la multiplicación de la bicicleta financiera, pues desde febrero a esta parte la devaluación del peso apenas superó el 10%: cada dólar ingresado, cambiado a pesos, que compró LEBAC, obtuvo al vencimiento rendimientos en dólares del 10 al 21%. Esto produjo que la masa total de LEBAC superara ya la base monetaria, y el 84% de las mismas tiene una duración menor a tres meses. Es decir, están disponibles para iniciar una corrida de un momento a otro. Con semejantes tasas de interés, la inversión productiva está paralizada.

Estos son apenas algunos de los rasgos centrales de la política económica del gobierno de Cambiemos, que se presentaron como problemas desde el primer momento: no era necesario esperar a ver lo que ocurría.

Algunos resultados

La falta de inversiones y la caída del consumo provocaron una caída del nivel de actividad, que rondará el 3% para todo el año. Hasta el momento no se visualiza ninguna reanimación de la inversión, ni local ni externa, lo que pone dudas sobre las expectativas. El consumo se ve particularmente afectado por la caída del salario real. El sector mejor pago, el de quienes se emplean en condiciones formales en el sector privado, sufrió una caída del orden del 6,4%. Quienes trabajan en el sector público o en el sector privado bajo formas informales han tenido mayores caídas de su poder adquisitivo. Los aumentos dispuestos en asignaciones familiares y jubilaciones han quedado retrasados respecto de la inflación, que supera el 44% en octubre.

Para septiembre, la construcción cayó más de un 11% (según el Indicador Sintético de Actividad de Construcción, del propio INDEC) y la industria más de un 7%. Las ventas minoristas se retrajeron un 8,2% en agosto según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y por encima del 15% en los supermercados, según mide el INDEC. La misma CAME denunció el cierre de 6.300 comercios en los primeros 8 meses del año. Se trata de los tres sectores de actividad (construcción, industria y comercio) que han perdido mayor participación en el PBI, cayendo por encima del nivel general de actividad. Esto de gran importancia porque se trata de los tres sectores de mayor capacidad de creación de empleo.

Vale resaltar que al mismo tiempo, son la agricultura, ganadería y las finanzas los sectores que menos afectados se ven por el escenario general, creciendo en el marco de una recesión nacional. El sector financiero, en particular, viene mostrando sistemáticas ganancias ligadas a lo que se conoce como “bicicleta financiera”, a través de la compra de títulos públicos que pagan altas tasas de interés. Este sector cobra tan bien con esta bicicleta, que no tiene incentivos a prestar para financiar ninguna inversión.

Hasta septiembre de 2016, el Centro de Economía Política Argentina contabilizó 213.166 despidos, un tercio de los cuales fue responsabilidad del sector público. No debe extrañar entonces que entre despidos y caída del salario, la pobreza haya aumentado. Según cifras oficiales del INDEC, el 32,2% de la población es pobre. Entre menores de 14 años, la cifra empeora: más del 47% vive en la pobreza, casi 3 millones de niños y niñas. Aún peor, el 6,3% es indigente, es decir, no puede cubrir ni siquiera sus necesidades de alimentación, valuadas en cerca de $5.000 mensuales para una familia tipo. Como quiera que se mida, la pobreza y la indigencia aumentaron en los últimos meses.

Estos son algunos resultados preliminares de la gestión de Cambiemos, datos para un balance sobre este feroz ataque a las clases populares y trabajadoras.

(Por Francisco J. Cantamutto y Martín Schorr) La caracterización del programa económico de Cambiemos es una tarea relevante. No se trata sólo de conocer las voluntades de personeros ministeriales, sino de identificar fuerzas sociales en disputa, buscando propiciar ciertos proyectos de sociedad en detrimento de otros. No existe tal cosa como que todos ganen: siempre alguien cede, retrocede, sufre. Y sin embargo, para poder ganar elecciones los partidos deben lograr presentar proyectos particulares como si fueran de toda la sociedad. El problema de la hegemonía implica desentrañar cuál es la fracción de clase que está logrando generalizar sus propuestas como las de la nación. Aunque en los hechos unos pocos estén sacando provecho, Cambiemos ganó prometiendo una mejor Argentina para todos. Mostrar quiénes son esos pocos y cómo lo hacen es central para proponer cambios políticos.

Ha sido ya probado que las devaluaciones y las reducciones de retenciones a las exportaciones estuvieron dirigidas fundamentalmente a mejorar la rentabilidad en los sectores primarios y los industriales procesadores de materias primas. Estas mejoras implicaron fuertes subas en los precios de los alimentos, con el consecuente deterioro de los salarios. El capital minero también se favoreció por estas medidas, a las que se sumaron las subas de los precios locales de los hidrocarburos, con un sendero plurianual de alza que garantiza jugosas rentabilidades.

Las subas de precios se complementaron con un tarifazo, subiendo los precios de agua, transporte, gas y luz. Y aunque la resistencia social lo ha demorado en parte, se encuentra en plena marcha, estando previstos nuevos aumentos el año entrante. La suba de los servicios públicos está en curso, alimentando ganancias sectoriales a la vez que erosiona la competitividad sistémica de la economía, al elevar los costos de producción de otros bienes. Este tarifazo ha golpeado a los hogares y también al conjunto del entramado pyme.

Un elemento complementario de lo anterior fue la mayor desregulación del comercio exterior, lo que en un mundo desbordado de productos sin demanda, opera como un yunque sobre el empresariado menos competitivo. Al tercer trimestre de este año, las importaciones de bienes de consumo y de autos crecieron (9% y 28% más que en 2015, respectivamente), desplazando producción nacional en muchos rubros fabriles. Sólo los capitales de mayor productividad pueden sobrellevar esta apertura: aquellos ya referidos, organizados en torno a los recursos naturales. No en vano Macri ha reiterado su intención de firmar tratados de libre comercio, hasta ahora esquivos, en busca de consolidar su promesa de volver a la Argentina el “supermercado” del mundo.

Esta agenda se completó con la intensa gira de promesas al empresariado, con hitos en Davos, el G-20 de Pekín, el mini-Davos de Buenos Aires y el reciente coloquio de IDEA. En todos los casos, presumiendo previsibilidad y garantías para tentar una lluvia de inversiones que se resiste a llegar. Las pocas inversiones en marcha parecen alinearse con las ventajas provistas por los recursos naturales del país. El balance comercial argentino, consolidando la tendencia de los años previos, reposa de manera cada vez más evidente sobre estos sectores. Cumplido el tercer trimestre de 2016, las exportaciones primarias son las únicas que muestran alzas (14% mayores a igual período del año anterior). Una de las principales diferencias con el régimen previo es que ahora ese incremento aporta menos recursos a las arcas del fisco y al balance externo.

Otro de los grandes ganadores del programa de Cambiemos es el capital financiero, responsable de proveer recursos para que las cuentas fiscales y externas tengan al menos un cierre contable. La toma de más de 35.000 millones de dólares por parte del Estado nacional en lo que va del año ha financiado gastos corrientes y salidas de recursos por diversas vías (pagos de deuda, fuga de capitales, remisión de utilidades, importaciones industriales, turismo). Para el presupuesto 2017, el gobierno apuesta a redirigir esta ruleta de deuda hacia la obra pública, único bastión posible de reanimación económica en un año electoral. La asociación con los gobernadores es clave en este proyecto, repartiendo la carga financiera y emitiendo a tasas de interés que superan el 7%, e incluso el 9% para algunas provincias.

Los negocios financieros están en franca expansión. La “estrella” del mercado es la operatoria en Letras del Banco Central, que tras alcanzar el 38% anual en pesos durante el primer trimestre, se sostienen desde hace dos meses por encima del 25%. El plazo medio de maduración de esas Letras ronda el mes y medio, ocasionando grandes costos de renovación periódica, y permitiendo grandes ganancias en lo que la jerga denomina “carry-trade”, es decir bicicleta financiera lisa y llana. La eliminación de trabas en la cuenta financiera y de capitales ha facilitado las operaciones de negocios a través de las fronteras: el ingreso de dólares, que se cambian a pesos, se colocan a cortos plazos con elevados rendimientos, y se retiran a moneda fuerte otra vez, sin ningún efecto positivo para el país. El uso de las LEBAC para sostener el precio del dólar estable, o levemente a la baja, favorece esta mecánica especulativa, garantizando que los rindes no se vean afectados por una devaluación (en una línea similar juega la toma de deuda externa).

Este es el esquema básico que representa una auténtica coalición social. La información del INDEC sobre la composición del valor agregado bruto a fines del primer semestre del año es elocuente. Entre las actividades que entre 2015 y 2016 aumentaron su incidencia en el conjunto de la economía (las ganadoras) sobresalen rubros procesadores de materias primas (agricultura, ganadería, explotación pesquera y de minas y canteras), la intermediación financiera y los servicios públicos.

Entre las actividades perdedoras se destacan la industria, la construcción y el comercio, todas importantes generadoras de puestos de trabajo. No es de extrañar que la destrucción de empleo haya sido la norma del primer año del gobierno macrista y clave para sostener una caída del salario real en torno al 10% y promover diferentes esquemas de flexibilización laboral.

Actividades económicas que avanzan/retroceden en términos de su incidencia en el valor agregado bruto (VAB) total*, II Trim. 2015/2016 (en porcentajes y ptos. porcentuales)

  Participación en VAB total  
  2015 2016 Var. (p.p.)
Avanzan 23,8 29,2 5,39
Agricultura, ganadería, pesca y silvicultura 7,7 12,0 4,32
Intermediación financiera 3,9 4,3 0,39
Electricidad, gas y agua 1,3 1,6 0,32
Explotación de minas y canteras 3,9 4,1 0,17
Servicios sociales y de salud 5,8 5,9 0,14
Hogares privados con servicio doméstico 0,9 0,9 0,03
Pesca 0,3 0,3 0,02
Retroceden 76,2 70,8 -5,39
Otras acts. de servicios comunit,, soc. y pers. 3,5 3,3 -0,18
Hoteles y restaurantes 2,3 2,1 -0,22
Transporte y comunicaciones 6,8 6,6 -0,25
Enseñanza 6,3 5,9 -0,40
Administración pública, defensa, etc. 9,3 8,7 -0,57
Comercio mayorista, minorista y reparaciones 14,3 13,7 -0,60
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 11,3 10,7 -0,66
Construcción 5,3 4,3 -1,02
Industria 17,1 15,7 -1,49
TOTAL 100,0 100,0

* Según datos del VAB a precios corrientes.

Fuente: elaboración propia en base a INDEC.

En un panorama industrial crítico, que se expresa en fuertes caídas en el valor agregado sectorial y en que es la actividad que más pierde en términos de su incidencia relativa, también se reconocen evoluciones dispares. Entre las ramas que mejoran su posicionamiento se cuentan muchas industrias altamente concentradas (caucho y plástico, química, alimentos, automotriz), lo que contrasta con el perfil más pyme de las que retroceden (indumentaria, muebles, madera y derivados, bienes de capital, metalmecánica).

La inconsistencia temporal de este esquema de políticas es palmaria. Con una inflación acelerada, el empresariado ha perdido la competitividad ganada con las devaluaciones, y exige nuevos ajustes que, de concretarse, incrementarán los precios. Para subir la productividad se pretende tentar a la inversión productiva pero al mismo tiempo se suben los costos de los insumos y servicios, sosteniendo una tasa de interés muy elevada. Así, la formación de capital no sólo no llega, sino que en lo que va del año se retrajo más del 4%. La sostenida recesión continúa expulsando fuerza de trabajo, lo que agrava un cuadro social por demás complejo. Esta imprevisibilidad es detectada por los inversores, que priorizan la colocación de sus fondos en inversiones cortoplacistas. En el plano productivo, los sectores primarios son incapaces de traccionar al conjunto de la actividad económica.

El problema es aún mayor en el centro mismo del negocio financiero. A nivel interno es difícil saber hasta qué punto el Banco Central podrá continuar renovando mensualmente las LEBAC. Esta masa de recursos ya superó la base monetaria y constituye una auténtica bomba de tiempo, disponible para correr velozmente contra el peso ante la menor señal de mal tiempo. La quita de controles en la balanza de pagos facilita que estos fondos realicen estas maniobras especulativas. Se añade que a nivel externo, la seguidilla del Brexit y la victoria de Trump parecen asegurar un inminente aumento de las tasas de interés de referencia, y un complementario aumento del riesgo país. La salida de fondos hacia los países centrales pondría en peligro la renovación de deuda para la Argentina.

Los límites del planteo económico del macrismo (con sus ganadores y sus perdedores) se hace cada día más evidente.

(Por Francisco J Cantamutto) El resultado de las elecciones presidenciales abre una etapa de incertidumbres, y para Cambiemos, éstas son malas noticias.

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos ya tienen un ganador. El triunfo de Donald Trump, que parecía imposible meses atrás, abre una nueva etapa para la geopolítica y la economía mundial. Hillary Clinton representaba la continuidad de los proyectos hegemónicos en curso, siendo por ello la candidata del establishment norteamericano. Sus políticas compensatorias lograban conquistar las simpatías de no pocas minorías políticas, pero esto no opaca que la ex Secretaria de Estado y Senadora formó parte de la mayor parte de las decisiones que orientaron el accionar de Estados Unidos en las últimas décadas. Ofrecía continuidad, estabilidad, previsibilidad.

Trump, en cambio, a pesar de ser un empresario multimillonario, no formó parte de la casta política, nunca ocupó un cargo electo. En ese sentido, por llamativo que sea, logró presentarse como un outsider, como alguien que provenía de fuera “del sistema”. Sus posturas profundamente reaccionarias y propuestas carentes de viabilidad desafiaron los límites de una candidatura concebible desde las entrañas del amañado sistema representativo estadounidense. Y sin embargo, logró ser el candidato, y ahora presidente electo, del tradicional partido republicano.

Sea por convicción o por conveniencia, Trump le habló en especial a un segmento de la población estadounidense conocido como “basura blanca”. Se trata de sectores medios venidos a menos, trabajadores empobrecidos por años de políticas neoliberales (de las que Clinton es una de las responsables), sin expectativas de futuro. La pérdida de empleos por la deslocalización de fábricas hacia países periféricos, que ha provocado un estancamiento de los salarios medios en las últimas décadas. El 1% más rico que se apropiaba en 1970 del 9% del ingreso anual pasó a recibir el 21% en 2010. El 10% más rico obtuvo ese último año el 47,9% del ingreso total. La única solución para los empobrecidos trabajadores ha sido el crédito: década tras década han promovido el endeudamiento para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Cuando en 2007 todo estalló por los aires, el Estado aprobó un salvataje de 700.000 millones de dólares… a los bancos. Las grandes automotrices accedieron a mantener algunas plantas en el país solo a costa de quitarles a sus trabajadores gran parte de los beneficios previsionales. Esta población trabajadora está furiosa, y tiene razones para estarlo. Está pagando una fiesta de la que no participó.

La crisis mundial es el escenario de fondo. Tras décadas neoliberales, el espacio para mayores tasas de explotación es limitado, y los recursos remanentes para ser mercantilizados comienzan a escasear. El exceso de oferta tiene al mundo inundado de bienes, lo que presiona a la baja las exportaciones. Muchos países han iniciado una lenta competencia de devaluaciones, para ganar competitividad a costa de los vecinos. Este ajuste reduce aún más la demanda. El mundo crece menos, el comercio es menor. Este contexto guarda parecidos llamativos con lo ocurrido en la década del ’20.

En este marco, el liderazgo económico de Estados Unidos, la potencia hegemónica, se ve erosionado. China se ha expandido de manera sostenida –es responsable del magro crecimiento mundial del último lustro-, y ya ha logrado otro paso en la internacionalización del yuan, ahora incluido en la canasta de monedas de reserva del FMI. En América Latina ha crecido hasta ser el segundo socio comercial e inversor. Pero China aún depende de la demanda estadounidense en su comercio global y mantiene una monstruosa cantidad de bonos del Tesoro norteamericano como reservas, que le exigirían algún tipo de canje para evitar una desvalorización masiva. La Unión Europea en franca crisis no es una alternativa real.

Trump basó su campaña en denunciar esta realidad, desde una posición reaccionaria y conservadora. Es difícil saber cuánto hay de demagogia en su discurso contra el libre comercio, aunque queda claro que su pretensión autócrata, su xenofobia y misoginia son auténticas. Las preguntas son muchas.

En términos económicos, esta victoria ha incrementado la incertidumbre respecto de lo que viene. Las bolsas de valores del mundo, que mostraban ya una tendencia declinante, volvieron a caer ante la noticia. El capital trasnacional prefiere la operatoria irrestricta, y la tendencia proteccionista no le favorece. La reacción es semejante a la del Brexit, pocos meses atrás.

Si Trump y la bancada republicana mantiene la agenda de campaña de revisar los tratados de libre comercio, esto sería una marcha atrás en unos de los ejes más importantes de la agenda estadounidense para la región. México, atado hace más de dos décadas al gigante a través del TLCAN, ya ha sufrido un severo impacto, con una –nueva- desvalorización de su moneda. Colombia, Chile y gran parte de Centroamérica, hoy establecida como una gigantesca maquila que abastece a Estados Unidos, deben estar preocupados. Trump parece decidido en frenar el gran proyecto hemisférico de Obama, el Tratado Trans Pacífico, cuya ratificación en el Congreso requeriría de una veloz gestión antes de fin de año.

El objetivo no sería solo frenar los tratados de libre comercio sino también poner escollos en la internacionalización de las empresas estadounidenses, para favorecer la inversión en el espacio nacional. Eso significaría para nuestra región menor demanda para los productos exportados, y también menor inversión extranjera. A esto se suma además que el programa de Trump sobre grandes proyectos de obra pública –como el famoso muro- junto a recortes de impuestos parece destinado a financiarse con mayor emisión de deuda. El mercado espera subas de las tasas de interés, lo que significa encarecimiento del crédito disponible.

Menos demanda, menos inversión, crédito más caro: ese es el parama esperado para la región, y esto afecta, claro, a la Argentina. Macri había apostado abiertamente por la candidatura de Clinton, para dar continuidad a las tratativas iniciadas con Obama, que lo ponían como referente en la región. Con la victoria de Trump, Macri queda fuera de lugar.

Esto no es solo un problema político, sino económico. Primero, se ve en problemas la agenda de comercio preferente, justo cuando Macri ponía las exportaciones como factor dinámico. Segundo, se suspende por mal tiempo la lluvia de inversiones. Tercero, la deuda, factor aglutinante en el programa de Cambiemos, única fuente de balance fiscal y externo, se encarecerá. Cuarto, el afamado blanqueo promocionado en las últimas semanas, entra en problemas. La banca norteamericana prevé sostener su régimen de secrecía fiscal, y continuar operando como refugio para los capitales que no quieren revelar su origen, monto ni dueño. ¿Por qué volver a Argentina y pagar siquiera mínimos impuestos, si se puede permanecer protegido en un paraíso fiscal? Parece que 2017 será un año difícil.

(Por Francisco J Cantamutto) El jueves pasado Diputados dio media sanción al primer proyecto de presupuesto de Cambiemos, se espera que Senadores lo pasen durante noviembre.

Cambiemos se anota un triunfo más en su haber, logrando que la Cámara de Diputados diera por aprobado su proyecto de presupuesto para 2017. Se pasó al Senado, a la espera de que sea tratado en el curso de este mes, con lo cual Macri tendría así su primer presupuesto propio –recordemos que gobernó hasta ahora con el proyecto aprobado del kirchnerismo saliente en 2015.

Se trata de un nuevo triunfo de Cambiemos en el Congreso, donde tiene apenas una minoría de representantes, y donde sus dotes políticas aparecen con mayor claridad. En el gobierno nacional están sobrerrepresentados los elementos empresariales, lo que ha fomentado la interpretación de que se trata de una CEOcracia. Sin dudas, hay parte de verdad ahí, una cierta ceguera frente a los efectos de sus decisiones, especialmente respecto de los costos sociales.

Pero esto no nos puede ocultar la existencia de hábiles políticos en el elenco de Cambiemos. La capacidad de Peña o Frigerio para negociar especialmente con gobernadores y obtener su anuencia –lo que prácticamente garantiza el resultado en Senadores- ha sido probada varias veces. Dentro de Diputados, Monzó y Massot son apenas dos de los operadores clave del resultado de 177 votos a favor, que incluyó no solo los votos del frente (PRO, UCR, CC) sino también del GEN, Frente Renovador, el bloque Justicialista, y no pocos kirchneristas. Se repite así la misma clase de éxito que con el pago a los fondos buitres o con la ley de blanqueo.

El procedimiento de Cambiemos merece atención, pues demuestra una habilidad probada. Se trata de enviar a discusión amplios proyectos con dos características: profundamente reaccionarios y con una gran mezcla de temas. De esta forma, la atención y el debate público no pueden contener por igual a todos los elementos en discusión, enfocándose en algunas partes. Por otra parte, las exageradas propuestas dan al gobierno amplio espacio para negociar lo que se presenta como “concesiones”, que son siempre parciales. Las diferentes fuerzas políticas negocian así elementos dispersos y puntuales, lo que permite que el proyecto global no solo logre aprobarse sino que además incluya siempre una parte sustancial del objetivo original. Y accesoriamente, permite a Cambiemos presentarse como el cenit de la democracia, siempre dispuesto al diálogo, a reconocer “errores” y conceder a sus interlocutores. Siempre que no altere los fundamentos de su proyecto.

El caso de Ciencia y Tecnología de este presupuesto ilustra a la perfección lo que decimos. El gobierno envió un proyecto que recortaba las asignaciones a esta área tanto como proporción del gasto total como en términos reales. Se proponían $31.700 millones, casi un 9% por debajo de los $36.000 millones necesarios para sostener la política de desarrollo científico de acuerdo los lineamientos existentes. La reacción del sector no se hizo esperar, multiplicándose las acciones mediáticas y en las calles –el 24 de octubre se realizó un multitudinario acto frente a Congreso. Cambiemos terminó proponiendo una asignación extra de $1.200 millones, lo que es la cuarta parte de lo recortado. Para las universidades nacionales se propuso un incremento de mil millones de pesos, que apenas afecta la partida total de $60 mil millones.

De modo que la atención se centró estas semanas en uno de los aspectos más criticables del proyecto –recorte a la investigación- pero dejó relativamente de lado otros elementos, como las menores asignaciones para dar continuidad a los juicios de lesa humanidad. Al mismo tiempo, Cambiemos concedió otros aspectos, como subas en el ministerio de agroindustria o en protección de bosques nativos, lo que en últimas le garantizó la aprobación del proyecto general. Demostró así su capacidad de hábil negociador.

¿Cómo hizo estas concesiones? Intensificando el aspecto central de su proyecto: la toma de mayor deuda. Es muy relevante, pues, según un reciente informe, 2016 cerraría con una emisión cercana a los 50.000 millones de dólares, un auténtico récord de la emisión descontrolada. Es relevante marcarlo: la deuda ha cubierto el pago de deuda y gastos corrientes, sin ningún beneficio de mediano o largo plazo para el país. La deuda cubrió fuga de capitales, la avalancha de importaciones, y la pérdida de recaudación por la baja de las retenciones, entre otras. Un auténtico festival de endeudamiento, casi sin paralelos en la historia.

Con un déficit fiscal al alza, Cambiemos ha intensificado irresponsablemente la emisión de deuda, a tasas de interés que duplican y hasta triplican el promedio de lo que se paga en la región. El arreglo con los buitres no ha mejorado en nada las finanzas nacionales, al contrario. No solo se toma deuda como forma de financiar el gasto, sino que también se emiten pesos. Para controlarlos, el Banco Central está emitiendo Letras –que aún pagan por encima del 28% anual en pesos- que las estimaciones privadas ubican como una masa equivalente al total de pesos circulando en la economía. Una auténtica bomba de tiempo, habilitada para corridas cambiarias de gran velocidad.

Este mecanismo, en el presupuesto 2017, está atado a lo que se prevé será la principal herramienta para el año electoral: el incremento de la obra pública, en torno al 39%. Este punto es central, pues se traslada a las provincias e incluso a los municipios: se habilitan nuevas obras a ser financiadas con toma de deuda, en los tres niveles del Estado. Este mecanismo es central para negociar los acuerdos con gobernadores, y de allí, con Senadores.

En el ínterin, mezclando temas, Cambiemos logró además la aprobación parcial del proyecto de iniciativa público-privada. Se trata de una forma cruel de privatización de la planificación, que al mismo tiempo estatiza todos los riesgos: los medioambientales, la conflictividad laboral y la búsqueda de financiamiento. Privatización de los beneficios y socialización de los costos. Un seguro que se puede comparar con el que Cavallo diera a las empresas privadas (incluyendo al grupo Macri), y que desde 1982 explican la mitad de la deuda pública pagada por todo el pueblo argentino. Esta ley es una de las adecuaciones previstas en la orientación general hacia el Tratado Trans Pacífico propuesto por Estados Unidos.

El presupuesto vuelve a fantasear con perspectivas de crecimiento (3,5%), sin argumentos que lo sostengan. Recordemos que el PBI cerraría 2016 con una caída de alrededor del 2%, cuando todos los organismos internacionales preveían un resultado menos duro. La inflación se prevé en el 17% y un dólar a casi $18, lo que en los hechos apenas compensaría los nuevos aumentos de precios, sin ganar competitividad por la vía devaluatoria. Se propone así continuar con la valorización de activos financieros y actividades protegidas, como las de servicios públicos, para las cuales se prevén nuevos incrementos de tarifas.

De conjunto, Cambiemos ha logrado media sanción a un proyecto de ajuste y financierización de la vida social, cuyos beneficios nos serán esquivos, cargando en cambio con todos los costos.

(Por Francisco J Cantamutto) Finalizó el Coloquio anual de IDEA, lugar de reunión del poder económico concentrado. Pocas novedades y mucha auto-satisfacción.

Del 12 al 14 de octubre se llevó a cabo en Mar del Plata el 52º Coloquio de IDEA, foro privilegiado del poder económico concentrado y la elite política. Año a año, se convocan a debatir en este espacio sobre sus proyectos y expectativas para el país. IDEA es lo que se conoce como think tank, es decir, un centro de producción e irradiación de ideas.

Financiado por las empresas más importantes que operan en el país, su lugar en la escena pública representa, de alguna forma, la renovación de lo que fuera el Jockey Club para la Sociedad Rural: el espacio de reunión y armado de programas económico-políticos, para vincularlos con personeros políticos de hoy y del futuro cercano. Otros foros cubren funciones semejantes en los últimos años, como por ejemplo el Foro de Convergencia Económica, pero ninguno en la trayectoria de los últimos años logra una convocatoria tan amplia –entre sectores de negocios- y sostenida. No en vano, en las vísperas de las elecciones el año pasado, se pasearon por sus atriles los principales candidatos, buscando dar garantías a los capitalistas.

En esos foros se dieron forma a las demandas de liberalización de la economía (quita de retenciones, de trabas a las importaciones, controles de capitales), retracción de las políticas sociales, reanudación de la ruta de endeudamiento externo. Esto conformó un programa mínimo común, que se vio certificado cuando las PASO dieron a por principales candidatos a Macri, Massa y Scioli, quienes dieron estas “tranquilidades” a los grandes capitalistas.

Este año, se hizo presente prácticamente toda la plana mayor del gobierno: el presidente Macri y los ministros de educación (Bullrich), de producción (Cabrera), de desarrollo social (Stanley) y el presidente de Banco Central (Sturzenegger), además de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, Vidal. La agenda reeditaba la tentación a grandes inversores que se puso en escena en los encuentros de Davos, G20 y Mini-Davos. Y como en todo ellos, mucha promesa, pero ninguna concreción.

Es interesante que se sumaron a esta cruzada asesores cercanos al ex candidato Scioli, como Miguel Bein y Eduardo Levy Yeyati, además de representantes de otras fuerzas políticas como Julio Bárbaro (PJ), Sergio Massa (Frente Renovador), Miguel Ángel Pichetto (PJ/FPV) y Margarita Stolbizer (GEN). Un auténtico bloque de fuerzas políticas que busca comprometerse en las “políticas de Estado” que demande el empresariado.

A pesar que el título de este año era “Puentes hacia el futuro”, hubo poca prospección y mayor grado de autosatisfacción. Con las demandas de liberalización ya cumplidas, los empresarios señalaron que era hora de resolver el tarifazo de una vez por todas, pues llevan 8 meses sin precios relativos claros. Al respecto, ya hay empresarios anotados para sumarse a los negocios abiertos con la “emergencia energética”. Pidieron, reducir la inflación, lo que es de hecho una bandera en el discurso oficial, aunque de magros resultados hasta el momento. Otra demanda clara –y nada novedosa- fue avanzar en la reducción de los impuestos y el costo laboral. Pidieron por una reforma tributaria que desgrave su accionar, algo que el gobierno ya viene aplicando con la reducción de las retenciones y del impuesto a bienes personales, por ejemplo. Respecto del trabajo, una vez más hubo quejas de los altos salarios y la falta de flexibilidad. Para esto, el ajuste vía despidos e inflación está surtiendo efecto, además del plan de empleo joven, una desgravación fiscal típico de los noventa. Es decir, el libreto acostumbrado, sin mucha imaginación.

Fue una impostura la siquiera referencia a la pobreza, dado que son las políticas en marcha y las demandadas las que están generando el problema. Invitado por la organización, un cura jesuita Zarazaga explicó que las asignaciones universales por hijo/a eran una política social de buena cobertura y que mejoraba el acceso a alimentación y salud, y que nadie rechazaría un empleo bien pago por cobrarla. Un análisis tan simple generó indignación y sospechas entre los oyentes, poco dispuestos a cualquier voz que no suene como la propia.

De conjunto, el coloquio de IDEA no trajo mayores proyectos ni nuevos lineamientos, satisfechos como están de un gobierno “de los suyos”. No obstante, surgen también dos elementos. El primero es la necesidad de terminar de estructurar el nuevo “modelo”, que se ha demorado en el tiempo, en gran medida, por la resistencia social. El segundo es, justamente, que la posibilidad de inestabilidad política no puede descartarse, frente a lo cual Cambiemos debe ofrecer garantías de que sostendrá el programa. Para ello, la presencia del gabinete y el arco político ya referido buscó dar esa contención.

Un aspecto muy relegado es la situación mundial, afectada por la crisis que no ceja. Esta crisis continúa erosionando los precios internacionales de las exportaciones argentinas. La menor demanda mundial no solo complica las ventas, sino que supone un exceso de oferta, que se pudo notar con la inundación de importaciones que provocó la apertura de Macri: sobran bienes en el mercado mundial, buscando venderse. Pero también hace más agresivas las políticas de competencia entre países: China está desplazando también nuestro comercio industrial con Brasil. Al mismo tiempo, la crisis del Deutsche Bank y la posible retracción de la política de dinero fácil de Estados Unidos, están agregando posibilidad de inestabilidad financiera, justo cuando el gobierno argentino encaró una ruta de endeudamiento de una velocidad nunca antes vista.

El empresariado sabe de estos problemas, pero no los discute en público. Saben que su única propuesta para enfrentarlos es la misma de siempre: ajuste social. Pocas ideas, y de las malas.

 

(Por Francisco J Cantamutto) Las nuevas cifras de pobreza e indigencia certifican el carácter excluyente del modelo.

La semana pasada se revelaron los nuevos datos oficiales de pobreza e indigencia en el país del INDEC de Jorge Todesca: 32,2% de la población es pobre y 6,3% es indigente. Este dato de la Encuesta Permanente de Hogares, proyectado al total de la población urbana (39 millones) equivale a 12,6 millones de personas que viven en la pobreza y 2,5 millones no alcanzan a adquirir los alimentos básicos. Estos datos se acercan a los difundidos semanas atrás por el Observatorio de Deuda Social de la UCA, que informó 32,6% de pobres, por encima del 29% que informara en diciembre de 2015.

Estas brutales cifras levantaron la polémica. El presidente Macri, sin ningún gesto de ironía, dijo que “este punto de partida es sobre el cual acepto ser evaluado como presidente”, omitiendo los casi 10 meses que lleva a cargo –orillando ya la cuarta parte de su mandato. Por supuesto, y de acuerdo al libreto estándar de Cambiemos, se achacó el número de pobres al gobierno previo, elogiando la existencia de estadísticas creíbles.

El kirchnerismo quedó en falta, porque resulta difícil la defensa del apagón estadístico de una década. La intervención del INDEC iniciada en 2006 afectó especialmente a la medición del índice de precios –incitada entre otras razones para disminuir los pagos de bonos de deuda indizados en por la inflación pesos. Esto produjo severos impactos que han oscurecido la discusión de los hechos, ahora presentados todos como interpretaciones libres, cuya única lógica de comprobación era la fuente de enunciación. Cuando el INDEC dejó de informar datos de pobreza en 2013, el ex ministro Kicillof lo pretendió justificar diciendo que esa medición era “bastante estigmatizante”.

El nuevo equipo del INDEC, incluyendo a la especialista desplazada por la fuerza Cynthia Pok, está readecuando las mediciones, y este esfuerzo de recomposición de datos estadísticos se mezcla con los resultados propiamente dichos. Desde Página 12 se ha puesto en duda la credibilidad de un índice que ubique a Argentina por encima del promedio regional (28,2% según la CEPAL), aunque para esa comparación habría que cotejar que las mediciones sean comparables. Justamente, diversos especialistas han señalado que la actual canasta de consumo difiere de la previa a la intervención, incluyendo 7 artículos más y 5 kilos más de comida. Considerando este cambio de medición, en 2006 la pobreza hubiera sido del 35% (en lugar del 26% informado entonces), o alternativamente, la pobreza actual sería del 23% (en lugar del 32% informado).

¿Cómo se mide la pobreza? Básicamente se determina un conjunto de bienes y servicios que componen una “canasta” típica, representativa del consumo de los hogares del país, y se mide su precio de mercado. Para el caso de la canasta básica de alimentos, el valor se ubicó según el INDEC en $4.930 mensuales. Las familias que ganen menos que ese valor por mes, no podrán comprar los alimentos que necesitan para vivir, y serán considerados indigentes. Según la referida medición, el 6,3% de las personas no llegan a comprar esos alimentos. En promedio, ganan la ínfima cifra de $2.975 al mes, quedando a 39,7% de alcanzar los ingresos necesarios para alimentarse.

En el caso de la pobreza, se agregan a los alimentos otros bienes y servicios típicos (vestimenta, servicios básicos, etc.). El valor relevado fue de $12.851 mensuales, ingreso que debería alcanzar una familia conformada por dos adultos y dos niños para comprar lo necesario para no ser pobres. Como se dijo, el 32,2% de las personas no alcanzan a adquirir esa canasta, y son considerados pobres. En promedio, esos hogares ganan $8.051 al mes, quedando a 37,4% de alcanzar los ingresos que los sacarían de la pobreza. Estas cifras se magnifican considerando rangos etarios, pues el 47,4% de las personas de hasta 14 años viven en hogares pobres: casi 3 millones de niños/as y adolescentes.

Sin dudas, las políticas del gobierno de Cambiemos han incrementado la cantidad de pobres, tal como hemos referido sistemáticamente en este espacio. La devaluación y la aceleración inflacionaria han superado a las mejores paritarias, licuando así salarios. Peor aún les fue a quienes trabajan fuera de los convenios colectivos de trabajo, en sectores informales y de la economía popular. La UCA llama “nuevos pobres” a quienes caen en esta situación por el impacto de estas políticas. La quita y disminución de retenciones a las distintas exportaciones agropecuarias favoreció que el incremento en alimentos fuera mayor al promedio –se ha calculado que orilló el 55%-, impactando de manera más dura en los hogares más vulnerables. La paralización de la actividad económica ha incorporado despidos y caída de la demanda de consumo han configurado este escenario devastador. A pesar de sus discursos, Cambiemos no ha implementado medidas compensatorias que contengan estas políticas. El salario mínimo vital y móvil se ubicó en $7.560, poco más de la mitad de los ingresos de pobreza. El nuevo aumento de 14,16% anunciado en la AUH –que la llevaría a $1.103- la pondría en una suba total de 32% en el último año, por debajo dela inflación registrada (que solo desde diciembre acumula un 34,3% según la CTA). Queda claro que la “pobreza cero” de la campaña no ha sido sino demagogia.

No obstante, estas cifras ponen sobre la mesa una continuidad más profunda en la sociedad argentina. El kirchnerismo logró reducir la pobreza, quebrando la tendencia ascendente desde la dictadura: solo el revanchismo conservador puede negar esto. Sin embargo, en el mejor de los casos, estaríamos ante un quinto de la población en situación de pobreza, que Cambiemos elevó a un tercio. En este núcleo duro de pobreza, estructural, confluyen desocupados, subocupados, trabajadores informales: un gran conjunto de personas excluidas de los sectores dinámicos del capital, condenadas a rebuscárselas para obtener su subsistencia. La inagotable creatividad popular ha reforzado con cooperativas, empresas recuperadas, talleres autogestivos las tradicionales changas y ventas ambulantes, lo que algunos llaman “economía popular”.

Se trata de masas sobrantes para el capital, cuya principal función es operar como amenaza para quienes se atrevan a reclamar por salarios justos. Esto lo expresó con claridad Prat Gay, cuando dijo que los sindicatos deberían elegir entre conservar sus empleos y mejorar los salarios.  Ninguna de las dos cosas ocurrió en 2016. El denodado esfuerzo por atraer inversiones externas, incluso cuando pudieran reanimar la actividad económica (lo que no ha ocurrido aún), no ofrecerá ninguna salida para estas personas, que continuarán marginadas del mercado laboral, y estigmatizadas por su dependencia de planes sociales. Las propuestas de reforma laboral en danza –como el plan Primer empleo- continuarán precarizando el trabajo, arrojando a la pobreza también a trabajadores/as ocupados/as.

(Por Francisco J Cantamutto) Tal como señalamos a principios de año, el programa económico de Cambiemos estaba orientado por el relanzamiento de la ruta de la deuda. Esa era el significado del slogan de “volver al mundo”: retornar al mercado de deuda internacional, a cualquier costo.

Primero fue el anuncio realizado a fin de año, mientras los medios cubrían fugas de delincuentes por medio país, del remate a precio vil de bonos en manos del Banco Central, repartidos entre JP Morgan, Citibank, HSBC, Deutsche Bank y Goldman Sachs, por el cual 16.000 millones de dólares de deuda cambiaron de acreedor: del propio Estado a bancos internacionales. El siguiente episodio fue el bochornoso arreglo con los fondos buitres remanentes (remanentes porque otros buitres habían conseguido arreglo antes), por la friolera de 12.500 millones de dólares, a los que se sumaron otros 4.000 millones para apuntalar reservas. Entre ambas onerosas operaciones, las tasas de interés en dólares se ubicaron por encima del 7% anual en dólares, una estafa de escala internacional. Esto se suma a las emisiones de deuda aprobadas en el presupuesto enviado al Congreso por el gobierno anterior, por 23.400 millones de dólares.

Un auténtico festival de deuda, para el cual el legado kirchnerista fue muy importante. El gobierno previo buscó infructuosamente reinsertar al país en el mercado de deuda durante 12 años. En los últimos años, merced del deterioro del saldo comercial, se condujo una política contradictoria para resolver el problema externo. Por un lado, se intentó conciliar con el capital extranjero –productivo y financiero- las demandas compatibles con el funcionamiento de la economía: se pagó a REPSOL por encima del valor contable de su participación en YPF –a pesar de los conocidos fraudes cometidos-, se reconocieron los fallos del CIADI del Banco Mundial –tribunal que reconoce fallar siempre a favor de las transnacionales-, se reconoció la deuda proveniente de la dictadura con el Club de París –aumentada en un 60%-, se abrió por vez tercera el canje de los buitres en 2013, se declaró al pago de la deuda “de interés público” (Ley 26.984),  y se proclamó –como si fuera motivo de orgullo- que Argentina era una “pagadora serial”.

Debido a que estas concesiones no provocaban el efecto buscado en lo inmediato, el gobierno de Fernández buscó contener dentro del país los recursos externos mediante controles a las importaciones, a la remisión de utilidades y a la compra de dólares con motivos de atesoramiento o consumo suntuario. Estas medidas hacían que las demás concesiones no articularan un programa claro, por lo cual el capital financiero internacional –que obtuvo ingentes ganancias- no terminó de habilitar sus recursos. Ante este escenario, el kirchnerismo optó por endeudarse con China –créditos swap- y con organismos multilaterales de crédito. Los cambios en la moneda de denominación y de acreedores permitieron un manejo financiero más holgado, mientras los recursos externos abundaron, pero no alteraron los fundamentos de la relación de la deuda. La negativa de más de una década a auditar la deuda, el reconocimiento de jurisdicción extranjera en la materia y la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo constituyen el eje de la continuidad de la deuda durante el kirchnerismo.

La prueba está en la rapidez con que Cambiemos pudo revertir los “logros” previos, montado sobre el resultado previo. Junto a los pedidos de perdón del ministro de finanzas Prat Gay en España, las invitaciones de Macri al presidente Obama, las rondas de ambos entre los foros de Davos, G20 y Mini-Davos, lo que se ha promovido es una subordinación sin ambigüedades a los dictados del capital internacional.

¿Cuál ha sido el resultado hasta ahora?

El Banco Central presenta mes a mes los resultados del balance cambiario, donde se pueden constatar los resultados del intercambio de Argentina con el mundo. De acuerdo este instrumento oficial, en el mes de agosto las reservas cayeron en 1.362 millones de dólares, cerrando con stock total de 31.150 millones. Este valor está aún por encima del nivel de noviembre de 2015, debido a los dos momentos de ingresos de reservas comentados antes –el canje de bonos en enero y la emisión sobrante del pago a buitres en abril.

Este saldo resulta de una ecuación similar a la que caracterizó al kirchnerismo desde 2013: déficit en la cuenta corriente y superávit en la cuenta capital y financiera. Es decir, un regreso a los dólares “especulativos” ante la insuficiencia de los dólares “comerciales”, tal como antes comentamos. Si bien el balance de mercancías arroja aun superávit, este se ve anulado por el déficit en el sector de servicios: al igual que en el período enero-agosto del 2015, del intercambio de bienes y servicios con el exterior, Argentina ya no genera excesos sistemáticos. De aquí los reclamos por nuevas devaluaciones, flexibilización del mercado de trabajo, mayor desgravación fiscal: búsquedas espurias por obtener mayor competitividad.

Desde principios de año, el ingreso de capitales se produjo por la vía estrictamente financiera: 9.553 millones por deuda privada, 15.893 millones por deuda pública, 1.096 millones por préstamos de organismos multilaterales, y 1.237 millones por inversión de cartera. Esta gran acumulación de recursos financieros ha tenido en los títulos públicos su principal destino: la cantidad de bonos se han incrementado para ser hoy equivalente al 85% de la base monetaria, pagando en su última colocación casi 27% anual en pesos a 35 días. En varios de estos casos se trata de resultados netos que oscurecen un movimiento más grande aún de capitales; en el caso de los organismos de crédito, por ejemplo, se trata del resultado 13.467 millones ingresados y 12.372 millones pagados.Argentina se está tornando una gigantesca máquina de reciclar ganancias en dólares: entran por una ventana y salen por la otra.

Al mismo tiempo, los pagos al capital se incrementaron de manera brutal: en estos 8 meses, respecto de igual período de 2015, los pagos de intereses se duplicaron (8.602 millones) y las remisiones de utilidades aumentaron 11 veces (1.916 millones). La fuga de capitales alcanzó un mínimo registrado de 8.993 millones, el doble que el año pasado. Es decir, la entrada de capitales financia la salida de capitales.

La prueba de esta falta de compromiso en actividades productivas que exijan algún tipo de compromiso de mediano plazo es que la inversión extranjera directa apenas alcanzó los 1.642 millones, a pesar de las promesas del gabinete y los gobernadores. Más de un cuarto está explicado por el sector petrolero, siendo la inversión nula en la mayor parte de las actividades.

El endeudamiento juega un papel central en el esquema económico de Cambiemos: financia el déficit fiscal y el déficit externo. Y lo hace a costa de una muy acelerada ruta, que consolida las continuidades previas, despojándolas de toda contradicción. Estamos mirando de frente a un esquema explosivo, cuya cualidad inflamable ya hemos conocido en el pasado.

(Por Francisco J Cantamutto) La semana entrante el gobierno anunciará su nuevo esquema de tarifas para el gas, en respuesta a la audiencia pública. En noviembre, una nueva revisión integral.

El tarifazo era (y es) integral al programa económico de Cambiemos. Lo anunciaron en campaña, bajo el eufemismo de “corrección” de las tarifas, y lamentablemente, en ese brío coincidieron los tres principales candidatos, cuyas fuerzas políticas no han ofrecido mayores trabas a su aplicación. En el esquema de gobierno de Cambiemos, elevar las tarifas significaba la promesa de restituir los precios que consideraba “naturales”, los de mercado, aun si esto implicaba vulnerar derechos. Para los funcionarios del gobierno, que el pueblo tenga derechos “no era normal”.

Fue la presión social el factor que puso cota a esta ofensiva, extendiendo en el tiempo la completa aplicación del ajuste. Mediante movilizaciones, actos, manifestaciones y demandas por la vía judicial se terminó forzando –por vía de la Corte Suprema- a llamar a una audiencia pública, contra la voluntad del gobierno. Debe resaltarse que Cambiemos esperaba a esta altura del año tener resuelto el problema de las tarifas, y esta serie de traspiés le ha implicado una demora, que abre disputas al interior del propio gabinete respecto de los plazos del ajuste. Los empresarios reunidos en Buenos Aires la semana pasada le reclamaron una falta de transparencia y previsibilidad en la materia, afirmando que ello amenaza sus inversiones.

La falta de argumentos consistentes produjo al menos 3 propuestas de aumento para el caso del gas, ninguna de las cuales explica la necesidad del tarifazo, dejando la discusión tan solo en los plazos del incremento. Aunque el llamado a audiencia pública, tarde y forzado por la Corte, fue presentado como la voluntad de diálogo del nuevo gobierno, pero lo cierto es que no parece haber alterado el programa original. Además de haber ocultado información y haber evitado que algunos actores se pronuncien, la propuesta del ministro Aranguren en la audiencia no difiere sustancialmente de lo antes buscado. Luego del primer intento de aumento, el gobierno puso una cota de 400% a usuarios residenciales y de 500% para PyMEs, aunque el fallo de la Corte dejó sin efectos al primero hasta la realización de la audiencia. Por ese motivo, las empresas distribuidoras de gas no han podido refacturar sino hasta ahora, contemplando un severo incremento de los impagos por falta de información clara. El silencia contemplativo de los entes reguladores es un evidente signo de complicidad. Estos argumentos fueron discutidos en el III Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina que se realizó en Tucumán la pasada semana.

El gobierno debería presentar a principios de octubre su revisión, fundada en los planteos realizados en la audiencia, pero no se esperan grandes cambios. El ministro anunció que contemplará la situación de los clubes, cooperativas y PyMEs, a pesar de que estos actores no eran contemplados de manera directa por la audiencia. La propuesta es prorratear el aumento del precio del gas en boca de pozo, llevándolo de 1,29 dólares por millón de BTU a 3,42 dólares, actualizando cada 6 meses hasta llegar a 6,78 dólares en octubre de 2019. De esta forma, y fuera de toda razonabilidad, se propone un sendero de aumento en dólares para los próximos 3 años. A esta suba es necesario agregarle el impacto de las devaluaciones, que el propio gobierno prevé.

Según afirman los funcionarios oficiales, es esa forma de establecería un precio equivalente al costo de oportunidad de importarlo, fomentando así la producción local. Ahora bien, dado que no hay plan de inversiones asociado, no hay ninguna garantía de que esto efectivamente ocurra. El costo de “sacar” el gas en Argentina está muy por debajo de ese precio, el problema indefinido es qué nivel de ganancias requieren las empresas para, además de extraer el recurso, explorar para poner nuevos pozos en funcionamiento. Las tarifas de gas dolarizadas de los noventa no fomentaron mayor exploración y puesta en funcionamiento, sino el desarrollo del mercado de exportación que vació de reservas el país mediante la exportación de un recurso escaso. Sin compromisos claros, mayores precios solo se traducen en mayores ganancias, pero no en mejor servicio. Las principales beneficiarias de este aumento –por su participación en el mercado- son YPF, Total Austral, Petrobras y Tecpetrol.

Por otra parte, en 2008, las tarifas de diversos usuarios en el Gran Buenos Aires subieron hasta 75%, aumentando entre 3 y 7 veces desde ese año a 2014. Estos aumentos –que Cambiemos “olvida” de mencionar- se combinaron con planes específicos –el Plan Gas- que pagaron por incrementos en el abastecimiento. Es decir, las tarifas, tanto como los subsidios, venían creciendo: la pregunta es qué hicieron las empresas con esos recursos; algo que Aranguren se niega a auditar.

Desde 2012, la producción creció de manera paulatina, centralmente por la inversión de YPF, que disminuyó en términos relativos la remisión de utilidades –recordemos que es una sociedad anónima que cotiza en la bolsa de Nueva York- y utilizó parte de esos fondos para la exploración. Este año, la nueva “administración”, en flagrante demostración de inconsistencia, decidió remitir mayores ganancias a los accionistas, disminuyendo las inversiones en un contexto de falencias de abastecimiento. Se trata de la misma práctica de vaciamiento que promovió REPSOL (por el que luego fue “recompensada” por el kirchnerismo con un pago por encima del valor contable de su participación en YPF). La expectativa de nueva producción está centrada en el yacimiento de Vaca Muerta, cuya explotación requiere de altos precios que cubran los costos de extracción –se trata de shale gas. El gobierno espera tentar a otras petroleras a invertir, otorgando privilegios como los acuerdos secretos con Chevron.

El tarifazo no se detiene aquí. En noviembre deberá realizarse una nueva revisión integral de la tarifa, que incluya no solo el traslado del precio en boca de pozo, sino que sumen aumentos en los tramos de transporte y distribución. Debe enfatizarse que además del gas, el aumento del transporte y el agua están firmes, quedando aún en debate el eléctrico, para el cual se estaría llamando a una audiencia pública específica.

El gran resultado del tarifazo ha sido una transferencia de recursos, desde los consumidores a las petroleras. Se abandona la idea del abastecimiento energético como un derecho, para suponerlo–erróneamente- como un commodity, una mercancía. Falta de argumentos, ostensible intencionalidad ideológica (fomento a un mercado que de libre no tiene nada), y oportunidad de magníficos negocios son la trama de este tarifazo, que aun en ciernes, el gobierno no termina de estructurar.