Toma de tierras: ¿en qué miente el gobierno de Gay?
(Por Astor Vitali) El gobierno de Bahía Blanca tiene la decisión política de soslayar el legítimo reclamo de vivienda de unas cuatrocientas familias. Con este fin, adoptó la postura de judicializar el reclamo y estigmatizar a la organización social.
Bahía Blanca es uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires con mayor territorio fiscal. El gobierno local ha arbitrado diferentes convenios con entes nacionales con el fin de disponer de su custodia y orientar el potencial uso de los mismos. La toma de tierras en el barrio Spurr se emplazó sobre terrenos del ferrocarril.
El gobierno de Héctor Gay definió su estrategia y la está llevando a cabo.
- Judicialización del reclamo: el grupo gobernante ha decido recurrir a la Justicia Federal bajo el argumento de que se trata de “usurpadores”. La imputación de este delito implica que se haya accedido a la tierra a través del uso de “violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él” (Art. 181 Código Penal). Dado que la toma fue de forma pacífica, y pese a que la interpretación del derecho debe ser taxativa (violento no es igual a masivo –salvo en las bibliotecas de Avellaneda y de Ulpiano Martínez-), construyeron la remanida interpretación de que al ser una ocupación masiva e “instigada” para ellos esto constituye violencia.
- Estigmatización de las organizaciones: actualmente hay más de cuatrocientos terrenos marcados. Los primeros días se trató de un grupo de treinta familias, organizadas entre sí, con el objetivo de reclamar al gobierno el acceso a las tierras y los medios para pagarlas. El gobierno culpa a un abogado utilizando un audio cuya publicación violó la privacidad entre cliente y letrado. El abogado sugirió que no cometieran ningún delito federal, como cortar vías férreas, entre otros aspectos de sentido común. Luego, el gobierno apunta contra la CTA, central que, como en cualquier otro conflicto, se expresó públicamente en defensa del reclamo.
- Subestimación del carácter ciudadano de las cuatrocientas familias: el gobierno arguye que las familias no fueron motu proprio sino que fueron manejadas por un audio y un grupo que se solidarizó. El planteo cae por su propio peso ya que la toma se inició el día 8 de agosto, muchos días antes de la conversación con el abogado. De igual manera se dio la exposición pública de la central obrera en defensa del reclamo. El gobierno no está dispuesto a reconocer que las familias allí presentes se encuentran en el lugar por lisa y llana necesidad.
- Operación mediática de sintonía fina y campaña de falacias: se han forzado los argumentos a un nivel inverosímil. En primer término, el municipio ha llegado a decir a través de su asesor letrado de que se trata de personas que “no están en situación de calle”. Pese a que aún no han realizado un censo desde que se lleva adelante la toma, se atienen a un listado elaborado por el propio gobierno. Hay que tener voluntad antipopular, realmente: para el municipio no están en situación de calle porque no duermen con un colchón en la vereda pero saben perfectamente que, si no están en situación de calle, al menos están en situación de hacinamiento. Por ejemplo, once personas viviendo en una casa para cuatro. Los grupos mediáticos tributarios al proyecto de Héctor Gay reprodujeron sin el mínimo rigor periodístico este conjunto de falacias en cadena. Algunos trabajadores de prensa han caído en una actitud lamentable de simples reproductores de partes oficiales sin empatía alguna con lo que ocurre en la realidad. Lamentable porque algunos de ellos recorren la ciudad y conocen la realidad social en plenitud.
El accionar del gobierno deja sorprendido a cualquier persona desapasionada. Judicializa un reclamo justo, culpa a quienes se solidarizan, trata de ciudadanos y de ciudadanas de segunda a personas que perfectamente pueden organizarse en asambleas y acordar un plan de acción sin depender de terceros, estira la interpretación legal para imputar un delito (en lugar de dar una respuesta política) y re victimiza a quienes se encuentran en situación de hacinamiento, en buena medida, por padecer las políticas económicas del gobierno.
Otro capítulo en un gobierno destacable por su carácter de clase y por su total insensibilidad ante las agudas problemáticas que atraviesa su comunidad.
