“Justicia, nada más”

¿Quién puede perdonar?, se preguntó el abogado César Sivo al cerrar el alegato de la querella en el juicio contra represores de distintas fuerzas armadas y de seguridad que actuaron a órdenes de la Armada Argentina en la región.

“Aun recibiendo un pedido de perdón de algunos de los imputados, ¿quién puede encarnar ese acto de clemencia y de humanidad de decir ‘yo te perdono’? ¿Quién puede absolver desde el plano moral a los verdugos? Indudablemente no hay posibilidad de perdón, por eso se habla de que no puede haber olvido y tampoco puede haber perdón, que lo que se necesita es justicia. Y es lo que una vez más se pide ante los estrados judiciales para que ustedes, señores jueces, hagan justicia. Ni olvido ni perdón. Justicia, nada más”, afirmó.

Sivo solicitó penas de prisión perpetua para los 18 imputados que ejercieron jefaturas y de 25 y 10 años para los cinco restantes. Rechazó la tipificación de genocidio para los crímenes juzgados y los calificó como delitos contra la humanidad. Al igual que el resto de las querellas adhirió al pedido fiscal para que se condene la violencia sexual y se publique la sentencia en La Nueva Provincia.

A pesar del intento por seguir demorando el juicio con el argumento de no estar preparados para comenzar sus alegatos, los defensores privados y oficiales deberán hacerlo a partir de los días 13 y 14 de octubre en Colón 80 de Bahía Blanca. El tribunal evalúa una petición para habilitar la impunidad biológica para el capitán de navío (R) Domingo Ramón Negrete, ex jefe de la Base Aeronaval Comandante Espora.

César Sivo es querellante en representación de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires, de Julieta Mira -sobrina de Cora Pioli-, Matías Russin -hijo de Horacio Russin- y el Equipo Nizkor. Durante la introducción del alegato describió una serie de “distorsiones” que surgen cuando el juzgamiento a los responsables de los crímenes sucede cuatro décadas después de su comisión.

Por ejemplo, la distorsión que tantos años de impunidad “permitió a los verdugos y a sus familias mantener una posición de preminencia moral sobre el resto de la sociedad. Las víctimas siguieron siendo víctimas, fueron enjuiciadas de alguna manera por el contexto social, la sociedad les dio la espalda y durante décadas siguieron viendo las espaldas de sus conciudadanos. Los imputados no. Ellos no tenían que dar explicaciones a ningún vecino. HIJOS decía si no hay justicia hay escrache y fue el único dato mínimo de reproche moral”.

“¿Qué pasaba cuando un violador, un torturador, un secuestrador, un asesino volvía a su casa? ¿Cómo jugaba con sus hijos? ¿Cómo miraba a su mujer? ¿Cómo podía comer viendo lo que previamente había visto?”, se preguntó y agregó que “con un solo testimonio debería lograrse que estos señores que están sentados aquí y aquellos que están sentados en Comodoro Py bajen la cabeza y muestren por lo menos que tienen el mínimo honor que se espera de un hombre de armas. No solo deshonraron el espíritu castrense sino ellos como personas, se deshonraron frente a sus propias familias y no lograron jamás mostrar el más mínimo dato de arrepentimiento”.

“Decidieron que fuera ilegal”

El abogado destacó que la mayoría de las víctimas de la causa “fue secuestrada en sus hogares, algunos en su trabajo y otros en la vía pública. Todos perfectamente ubicables, todos podían haber sido detenidos y puestos a disposición de la administración de justicia, de los consejos de guerra o lo que quisieran. Cada secuestro, cada cautiverio, además de estar siendo claramente ilegal, lo era porque decidían que así fuera. Ellos decidieron que fuera clandestino, ellos decidieron que fuera ilegal”.

Sivo habló de la pérdida de la dimensión humana que genera la falta de noción sobre las edades y el desarrollo emocional de las víctimas -la diferencia de una adolescente de 17 relatando cómo fue abusada con el relato de la misma mujer a sus 60- aunque “así y todo las víctimas lloraron, padecieron y mostraron que 30 años después todavía siguen siendo torturadas”.

La misma fórmula funciona para con los imputados: “No es lo mismo ser un capitán de navío o contralmirante con 40 años que ser un anciano achacoso escuchando en la sala de audiencias cómo algunas personas dicen cosas de ellos. Una persona de 40 atacando a una niña de 17 es un señor contra una nena, un señor abusando de una nena. (…) Yo tengo una persona de 80 y no puedo imaginar la lascivia, no puedo imaginar a estos señores toqueteando mujeres desnudas, esposadas, engrilladas y con capuchas”.

“¿Cómo se logra transmitir en un juicio 35 o 40 años después todo eso, cómo logro poner a los niños en el lugar de niños, a los adolescentes en el de adolescentes, a los jóvenes en el lugar de jóvenes y a los adultos en el lugar de adultos?”, interrogó.

Impunidad

La “distorsión cuantitativa” impide que sean juzgados todos responsables por todos los casos: “Si acá hubiéramos tenido sentando a Massot hubiéramos podido terminar de entender lo que eran (los obreros gráficos) Heinrich y Loyola. Es claro que los mataron en tanto sindicalistas, en tanto reclamantes, en tanto haber enfrentado a Vicente Massot y es claro también que las fuerzas armadas eran funcionales y se retroalimentaban entre sí con los empresarios”.

Respecto del camarista suspendido Néstor Montezanti aseguró que “fue mutando” en sus argumentos defensivos a medida que surgían pruebas sobre su complicidad con el terrorismo de Estado “pero siempre mantuvo su posición de preminencia social y esa posición moral que le daba el hecho de nunca haber sido investigado”.

“Cuando empiezan las investigaciones automáticamente encuentran las excusas, ‘me investigan a mí porque yo quiero investigar el narcotráfico‘, entonces son los grupos de narcotraficantes que potencian al dr. Nebbia y al dr. Palazzani y a todos estos -a ojos de Montezanti- alcahuetes de los narcotraficantes. Otro tanto pasó con Massot. Tanto uno como otro, al quedar corridos en todos estos aspectos, tienen toda su vida por detrás que les permite de algún modo ir reafirmando que ellos no tienen nada que ver, que ellos son diferentes. En realidad lo que ellos son es impunes”, dijo el letrado.

Al argumentar su apoyo a la ampliación de las imputaciones de la mayoría de los acusados sobre la violencia sexual en los campos de exterminio, Sivo manifestó que entender dichos delitos como “autónomos no solo es una reivindicación de género sino que también permite situar completamente las características de los perpetradores”.

“No hay que perder de vista lo que es decir que torturaron para obtener información y que otra cosa muy diferente es decir que violaron para lograr satisfacción. No se puede entender que un torturador al ser violador pueda tener algún tipo de justificación de tipo moral, en relación a su propio entorno, y de tipo social, en relación a quien quiera presentarle esto de una manera diferente a lo que en realidad fue”, opinó.

Crímenes contra la humanidad

Sivo manifestó que como el marco de los juicios es el derecho penal internacional y para que el fallo pueda “trascender a otros países” el tipo penal que corresponde aplicar es el de delitos contra la humanidad en vez de genocidio, por lo cual, solicitó una “revisión del criterio” del tribunal expresado en las sentencias de la causa V Cuerpo de Ejército y la elección de la postura minoritaria del juez José Mario Triputti.

“El salto al genocidio se da específicamente con ese mens rea que es esa voluntad de hacer desaparecer a un grupo racial total o parcialmente, eliminar un genotipo. Esto es muy importante, no hay una idea dentro del delito de genocidio que contemple el grupo político, de hecho fue expresamente rechazado”, comentó.

Para el abogado decir que hubo un genocidio es “el peor homenaje” a las víctimas porque hubieran sido reprimidas por su pertenencia a un grupo social sin importar si se trataba de “un activista por un mundo mejor o de un truhan o estafador”.

“Nuestras víctimas sí tenían valores morales, como las tienen sus hijos, y por lo tanto la mayor reivindicación que se les puede dar es decir claramente que fueron perseguidos por razones políticas, perseguidos por razones sociales, que fueron perseguidos para imponer un modelo y un plan económico”, argumentó.

Fuente: juiciobahiablanca.wordpress.com