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Monos con navaja

delacalle Ninguno 8 mayo, 2019 - 8:00 am en Editorial

(Por Astor Vitali) Finalmente este martes pudo leerse en el Boletín Oficial la publicación del “Reglamento general para el empleo de armas electrónicas no letales por parte de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales”. De esta forma, según el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, serán utilizadas “en lugares donde solo la aplicación de estas armas [sea] más eficiente y eficaz que las otras armas”.

¿Quiénes podrán utilizarlas? Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval.

Según un informe del CELS, estas armas “sólo reducen la letalidad policial si se las usa en los mismos casos en los que se utilizaría un arma letal, no si su supuesta ‘no letalidad´ habilita que se amplíen las situaciones en las que los policías podrían disparar”. Y aquí surge la primera pregunta: ¿están las fuerzas de seguridad verdaderamente entrenadas para la prevención del delito o son aquellas que descargan su furia a través del abuso de poder visible en cualquier situación barrial donde, por portación de cara, parecen combatir a un enemigo peligroso enfrentándose a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad?

El informe cita un estudio realizado por Amnesty International en los EE.UU que “mostró que de 334 personas muertas por el uso de las Taser entre 2000 y 2007, sólo 33 portaban armas y sólo 4 armas de fuego. Es decir, más del 90% de las víctimas fatales estaban desarmadas”.

La American Civil Liberties Union (ACLU) “también advirtió sobre los riesgos derivados de que las Taser ya no son utilizadas por las policías estadounidenses como un reemplazo del arma letal en situaciones de último recurso, sino como un instrumento de control. Este modo de usar las armas ‘menos letales’ ha llevado a la multiplicación de muertes. Investigaciones realizadas en los EE. UU registraron no menos de mil casos de muertos entre 2000 y 2017 por el uso inadecuado de las pistolas”.

Si en la cabecita de un pibe o una piba de estas fuerzas mal entrenadas y mal pagas, en situación de conflictividad, se les dice ingresa la idea de “no es letal, no es letal, no es letal” es esperable un uso indiscriminado del arma pretendidamente benévola.

Podríamos meternos en mil tecnicismos respecto de las características de las armas, emparentarlas con instrumentos de torturo y otras argucias. Sin embargo, hay un elemento central que nos ocupa y podría reducirse en el dicho popular que reza: “monos con navajas”.

¿Poner a fuerzas de “seguridad” cuya preparación se evidencia deficitaria en su accionar diario a portar armas de estas características quita o suma riesgo a la seguridad comunitaria?

Por ejemplo, si las Taser no pueden ser utilizadas contra embarazadas, personas con signos de intoxicación por alcohol o drogas, personas con padecimiento mental, personas ya arrestadas, esposadas o precintadas, personas que ya recibieron una descarga (no se pueden realizar dos descargas sobre la misma persona), personas a las que también se les arrojó gas pimienta. Una investigación del Home Office del Reino Unido confirmó que la aplicación de una descarga eléctrica con Taser puede generar una combustión química capaz de causar la muerte a quien antes haya sido rociado/a con gas lacrimógeno o gas pimienta,  y además nunca se debe disparar al rostro, ya que de impactar en los ojos puede causar ceguera: ¿alguien, con la mano en el corazón confía en el criterio de nuestros milicos para tales sutilezas?

Está bien que haya a quienes les guste ver en este tipo de medidas elementos pomposos de la seguridad ciudadana. Uno percibe más bien la irresponsabilidad de seguir sumando elementos represivos en lo que constituye un hecho de mayor inseguridad pública por falta de garantía de correcta aplicación.

Por otra parte, ¿a quién se combate? En lugar de empezar por cambiar las armas que portan las fuerzas de seguridad habría que tomar inicialmente el asunto de fondo: ¿quién paga a los efectivos y quién compra sus armas.

El problema de la trata de y el narco, en cualquier ciudad, incluida la nuestra, es un asunto de fondo del que nadie quiere conversar seriamente. Mucho menos en los ámbitos de decisión. Cambiamos políticas de seguridad públicas por chiches mortales que, como se saben, serán descargados sobre los sectores a los que ya se les aplicó una política económica letal.

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