A un año del gobierno de Javier Milei: el derecho a la comunicación en peligro

El ENACOM fue intervenido desde el inicio, paralizando el Fondo de Fomento Concursable (FOMECA), destinado a fortalecer medios comunitarios, cooperativos y de pueblos originarios. Este fondo no ha sido ejecutado, y el gobierno ignora sus obligaciones legales, abandonando su rol como garante de la comunicación. Por cierto, el impuesto que pagamos los medios de comunicación y del que por ley salen esos fondos, se sigue cobrando.

Además, se cortó la pauta oficial, se desmantelaron medios públicos y se cerró TELAM, mientras se vacían herramientas que garantizan el acceso plural a la información. La política comunicacional se basa en la desregulación y entrega al capital extranjero, silenciando voces locales. La represión a trabajadores de prensa y el acallamiento de voces disidentes reflejan un grave retroceso democrático.

La situación de emergencia que enfrentan los medios comunitarios no comenzó con este gobierno, pero se ha profundizado alarmantemente. La ausencia estructural de políticas públicas ha llevado a un deterioro constante de las condiciones de trabajo y la sostenibilidad de los proyectos comunicacionales. El pluriempleo de los trabajadores de prensa, acompañado de altos grados de precarización laboral, impacta directamente sobre la calidad informativa y el trabajo. Muchas radios se han visto obligadas a recortar programación, discontinuar transmisiones o implementar diversas medidas de achicamiento para sobrevivir.

En este 2024, los colectivos han desarrollado diversas estrategias para sostener sus proyectos en los territorios ante un ajuste económico contundente: clubes de oyentes, rifas, actividades culturales y muchas iniciativas que evidencian el esfuerzo por garantizar la supervivencia de los proyectos y el derecho a la comunicación desde el ámbito popular.

En este contexto, los medios comunitarios juegan un rol clave, no solo como herramientas para garantizar el derecho a la comunicación, sino también como actores fundamentales en la batalla cultural que atravesamos. Sin duda, los desafíos para adelante incluyen profundizar la participación activa de las audiencias, fortalecer la sostenibilidad de nuestros medios en el ámbito popular y consolidar su aporte transformador en la construcción de un tejido social comunitario.

El derecho a la comunicación no es solo una consigna: es un derecho humano esencial y transversal que atraviesa todas las luchas por una sociedad más justa. El Estado, que debería ser garante de este derecho, se ha desentendido, vulnerado derechos adquiridos y atentando contra derechos humanos fundamentales.

Frente a esta realidad, es fundamental la unidad y el compromiso popular para sostener nuestros medios y defender nuestras voces. Necesitamos construir confianzas entre las organizaciones: hay que juntarse, escuchar e intercambiar para crear estrategias comunes de resistencia ante la barbarie, y recrear nuevas perspectivas para la comunicación popular, alternativa y comunitaria.

¡Defendamos el derecho a la comunicación!