Narcotráfico y terminales portuarias: Del Frade habló sobre el entramado detrás de la cocaína incautada
El hallazgo de más de 500 kilos de cocaína en distintos procedimientos vinculados a una misma organización vuelve a poner bajo la lupa la utilización de la infraestructura portuaria para el tráfico internacional de drogas. La investigación comenzó en enero de 2026, con el secuestro de unos 35 kg en la costa de Monte Hermoso y derivó en la detención de cinco personas y el decomiso de otros cargamentos en la zona del río Paraná.
En diálogo con FM De la Calle, el periodista y diputado santafesino sostuvo que la banda venía planificando la operatoria desde marzo de 2025 y que buscaba incorporarse al negocio de la exportación de cocaína desde Argentina hacia mercados internacionales.
Del Frade planteó además la necesidad de profundizar la mirada sobre las terminales portuarias y las empresas privadas que las administran. En ese sentido, vinculó el operativo con otros procedimientos realizados en la zona de San Nicolás y Ramallo y cuestionó que las investigaciones se concentren únicamente en quienes trasladan o almacenan la droga, sin avanzar sobre los actores que podrían intervenir en las etapas posteriores de la cadena.
El periodista afirmó que la intervención de Prefectura no fue azaroso: “El viernes pasado se conoció la integración de lo que ellos llaman control de la vía navegable troncal. Ese control está totalmente subordinado a lo que va a decidir el gobierno de los Estados Unidos. (…) Prefectura, a horas de eso, de alguna manera marca el territorio diciendo nosotros también estamos, queremos formar parte de eso de la supuesta y eventual seguridad que supuestamente quieren garantizar las empresas privadas que están manejando la mayoría de eso 79 puertos que tenemos como argentinos en las siete provincias atravesadas del Paraná”.
Agregó que la decisión de hacer el operativo ahora está “directamente vinculado a ese anuncio que hizo el gobierno nacional el pasado viernes. El 18 de junio el propio Ministerio de Seguridad de la Nación sacó la información de que decomisaron allí en San Nicolás 2.161 toneladas de carbonato de sodio, que es necesario para hacer cocaína, y justamente lo hicieron en la misma región”.
“Entonces allí me parece que lo que empieza a circular alrededor de esto, que no es solamente lo que puedan incorporar en los barcos en movimientos en los ríos, sino también ciertas terminales portuarias manejadas por empresas privadas, que vuelven a aparecer casi de forma recurrente y permanente en todo lo que tiene que ver con distintos tipos de exportaciones fundamentalmente vinculado a cocaína y alguna que otra sustancia tóxica”.
Servicios Portuarios S.A. es una de las firmas que aparecen en forma repetida y tiene presencia en Rosario, Villa Cosntitución, Timbúes. “Son empresas que generalmente aparecen en información de los ministerios de Seguridad y después no se profundizan”.
Para el diputado, el problema excede al cargamento incautado y forma parte de un crecimiento de las economías ilegales, por considerar que el narcotráfico se articula con otros negocios, como la circulación de armas y los sistemas de endeudamiento y préstamos que afectan especialmente a jóvenes y barrios populares.
“Nosotros vemos que cada vez crece más la economía ilegal, esa economía ya es más del 50% en Rosario, me imagino que lo mismo debe estar pasando en San Nicolás, en la zona de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires. Esa economía ilegal se maneja con dinero fresco y dos de los grandes negocios con dinero fresco que siempre circulan y cada vez más es la venta de droga y la circulación de armas”, declaró.
“Eso va a seguir creciendo, de ahí viene el endeudamiento de muchas chcias y chicos adolescentes que caen en esto de los prestamistas barriales que tienen que ver con esto o son directamente vinculados a las familias que manejaban el negocio de la droga. En Las Flores el que te alquila casa no es una inmobiliaria, es la madre de Los Monos, maneja el barrio detrás de una banda tradicional”.
La causa tiene como imputados a cinco hombres, acusados de contrabando de exportación y tráfico de estupefacientes agravado. La Justicia dictó para ellos prisión preventiva por 180 días y ordenó peritajes sobre los dispositivos electrónicos secuestrados, además de mantener el secuestro de vehículos y embarcaciones y la inhibición general de bienes.





