A diez años de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

(Por Astor Vitali) A diez años de la promulgación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como actores de la comunicación comunitaria, seguimos encontrándonos en un lugar protagónico. Los cambios políticos, de gobierno, culturales y económicos demostraron que son las organizaciones sociales de base aquellas que, por necesidad, actúan como principal motor de la reivindicación del derecho a la comunicación.

Suspendida por cautelares, recién en 2013 la Corte Suprema de Justicia se expidió en su favor. Luego vino el macrismo que fue desarticulándola y atacando a sus órganos de aplicación.

En estos años, las radios comunitarias, organizadas en sus diferentes asociaciones, resistieron con el cuerpo los embates que las políticas macristas –vale decir, las políticas del bloque de clase que impulsó la construcción de Cambiemos- impusieron, deshaciendo las virtudes que la breve aplicación plena de la ley había logrado instalar en el entramado estatal.

En un artículo que publiqué allá por tiempos en que se discutiría el proyecto de ley en el senado hice una caracterización de los intereses en juego y dije:

“Frente a semejante enemigo, cabe hacerse las siguientes preguntas: ¿puede una política de medios que se ponga como objetivo real vencer la capacidad de operación política de los mass medias tomar como única táctica el debate institucional-congresal? ¿Qué garantiza que ese debate institucional en una correlación de fuerzas negativa para el progresismo sea modificado en su totalidad? En otras palabras ¿qué construcción política podrá evitar que el proyecto lo tiren a la basura si los vientos soplan del norte? ¿El poder está en el Congreso? ¿Quién va a defender esta Ley en condiciones adversas, José Pampuro?

Ellos, los medios masivos de comunicación, esa herramienta de los sectores de poder, tienen su estructura construida –al menos el esquema actual- desde hace más de treinta años.

El sustento de los medios, para enfrentarlo, requiere de un sustento social equiparable. Esto no forma parte de la política de medios del gobierno nacional.

Tomar como base del proyecto de Ley las discusiones aportadas por organizaciones populares, dirigentes de proyectos de comunicación alternativa e investigadores universitarios es un acierto. Lanzar el proyecto de Ley también. Pero el error más grave de esta política es el pecado capital de quienes en el gobierno están convencidos de torcer este rumbo: no construir el sujeto social capaz de defender las propuestas”.

A diez años, el cambio de gobierno demostró que el punto flaco del progresismo fue no abonar a otorgar herramientas concretas a las organizaciones populares. No a aquellas que eran amigas –solamente- sino al conjunto de las organizaciones populares aún con sus matices tácticos. En cambio, hemos sido las organizaciones populares aquellas sobre las cuales se montó la resistencia ante los intentos de avances del macrismo en el sentido inverso al espíritu de la ley.

El gran desafío para adelante es que todos los actores sociales de la comunicación comprendamos, dejando sectarismos de lado, que la clave de la supervivencia de una norma de estas características es dar el espacio necesario, y los recursos correspondientes, al sector de la comunicación sin fines de lucro para que tome poder concreto y no permanezca en ese estado de alternatividad crónica que no termina de constituir contrahegemonía.

Si el futuro gobierno tiene aliados dentro de las filas de la comunicación popular (como los tendrá), el mejor oficialismo posible es pararse en la lectura de que fortificar las organizaciones de base es la única manera de garantizar el contrapoder necesario frente a los medios masivos de comunicación, claramente parados en las antípodas de lo popular y de la misma democracia.