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La defensa pública de miembros del Batallón de Comunicaciones 181, a cargo de Gustavo Rodríguez, sostuvo que las acciones de la unidad estuvieron enmarcadas en la legalidad y que los hechos fueron “exacerbados por las partes acusadoras”.
El defensor público, Marcelo Rodríguez, continuó con la defensa de los imputados en el marco de los alegatos tras la feria judicial. Finalizó con el argumento en favor de Enrique Del Pino. La próxima audiencia será el jueves desde las 9:30.
En la última audiencia antes del receso invernal la defensa pública a cargo de la abogada Cintia Bonavento alegó en favor de unos de los imputados que participó en el parto de Graciela Alicia Romero, madre del Nieto 140, nacido en La Escuelita y recientemente restituido. También defendió a otros dos imputados.
Los abogados Gustavo Rodríguez y Cintia Bonavento, comenzaron con los alegatos de los catorce imputados restantes. La próxima audiencia será el jueves 9:30.
La abogada Laura Olea alegó de manera conjunta con el propio imputado, Enrique Stel, por la acusación que enfrenta por crímenes de lesa humanidad contra 39 personas entre los que se contabiliza un abuso sexual en cautiverio. La próxima audiencia será mañana desde las 9:30.
Continúan alegando las defensas de los imputados. Fue el turno de Gerardo Ibáñez, abogado patrocinante de Ricardo Claudio Gandolfo y de Carlos Meira, en representación de Jorge Horacio Rojas. La próxima audiencia será el jueves 12.
“Creemos que existen sobradas razones para absolver a Bernardo Artemio Cabezón” dijo el abogado Marcelo Llambías en los alegatos en los que defendió al represor tres veces condenado por crímenes de lesa humanidad.
El abogado Gerardo Ibáñez alegó en favor de Alejandro Lawless y apuntó a deslegitimar testimonios que lo ubican dentro de las instalaciones del V Cuerpo mientras había víctimas cautivas. El acusado ya tiene dos condenas por crímenes de lesa humanidad.
El abogado Gonzalo Miño representa al imputado que se desempeñó desde 1975 como oficial principal de seguridad de la Policía Bonaerense. Está acusado de integrar un grupo de tareas que secuestró y torturó a Laura Manzo y María Emilia Salto junto a Daniel Bombara, quien falleció como consecuencia de los tormentos.
Carlos Carrizo Salvadores, abogado defensor de Osvaldo Lucio Sierra inició los alegatos en favor del imputado y condenado previamente en la causa Bayón, también por delitos de lesa humanidad. La próxima audiencia será virtual este jueves 24 desde las 9:30.
Durante las últimas audiencias el abogado Pedro Mercado alegó en favor del médico que asistía al Centro Clandestino La Escuelita acusado de crímenes de lesa humanidad contra 139 víctimas. Insistió en su inocencia y solicitó su absolución.
El abogado Mauricio Gutiérrez alegó en favor de Adalberto Bonini uno de los enfermeros que concurría al Centro Clandestino de Detención La Escuelita para suministrarle medicación a las y los prisioneros y de esa forma continuar con la tortura. Pidió la absolución para el acusado junto con el resto de sus defendidos.
El abogado defensor Mauricio Gutiérrez continuó con los alegatos en favor de imputados que revistaron en la Policía Federal de Viedma y el grupo de tareas que cumplió funciones en el Destacamento de Inteligencia 181. Para todos solicitó la absolución.
El patrocinio del represor Mario Torres apuntó contra las declaraciones de Carlos Príncipi. El testigo relató la participación del imputado como presidente en el Consejo de Guerra, organismo castrense mediante el cual los detenidos eran “legalizados” y trasladados a establecimientos penitenciarios.
Comenzaron los alegatos de la defensa del represor Mario Torres, a cargo de los abogados Gerardo Ibáñez y María Laura Olea. “¿Por qué hoy estamos sentados aquí, juzgando hechos de hace 40 o 50 años?”, insistieron los letrados para argumentar la prescripción del proceso judicial.
Tras la feria judicial, se reanudaron las audiencias en la Megacausa Zona 5. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia cerró su alegato. En la próxima jornada iniciarán las argumentaciones de los abogados de los imputados.
En un informe elaborado junto a Julio Gambina para el Centro de Estudios de la Federación Judicial, Lucas Castiglioni repasa el contexto político durante el primer año del actual gobierno. Señalan que “la recesión fue el mecanismo inducido del ajuste para reducir los índices de inflación, una demanda social importante. El resultado es una mayor dependencia confirmando el papel del endeudamiento público como fuerte condicionante de política económica”.
Se trata de una decisión de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal. Le ordenan al Juzgado en lo Correccional 2 que intervenga ante “la posible comisión de delitos de acción pública” por parte de la empresa Oiltanking Ebytem luego de que esparciera hidrocarburos en la ría por sexta vez en un año.
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