Contaminación en la ría: ex gerente de Dow PBB paga multa y evade el juicio
El presidente del tribunal oral federal, Ernesto Sebastián, avaló la suspensión a prueba del juicio contra el ex gerente del PBB Polisur, Jorge Bornemann, imputado por el vertido de metales pesados al estuario, delito denunciado hace 24 años por Greenpeace. Deberá pagar 500 mil pesos en concepto de donación y reparación del daño.
La investigación comenzó a fines de la década del 90 con una denuncia contra Dow Chemical y Solvay Indupa en la cual la organización ambientalista advertía que los efluentes contenían hexaclorobenceno, cloroformo, tetracloruro de carbono, hidrocarburos aromáticos policíclicos y mercurio, en tanto los sedimentos presentaban altos niveles de mercurio y contaminantes organoclorados.
En paralelo a esta causa, los pescadores artesanales llevan más de una década de espera para que la justicia federal y el fuero civil definan las responsabilidades de las multinacionales del polo, ABSA, el Consorcio de Gestión del Puerto, la provincia de Buenos Aires y el Municipio de Bahía Blanca por la existencia de “altas concentraciones bioacumuladas de cadmio, plomo, cromo y cobre en branquias e hígado de todas las especies analizadas”.
En el caso de Bornemann, según lo establecido por el juez, deberá donar en el plazo de un mes 200 mil pesos a la Fundación Biósfera de la ciudad de La Plata y abonar 300 mil pesos “en concepto de reparación del daño”, suma que será destinada a la Dirección de Parques Nacionales dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Además, el ex presidente de la Asociación Química de Bahía Blanca -residente en Rosario- deberá fijar domicilio por 2 años, someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de bebidas alcohólicas.
Zoom sobre el acuerdo
La audiencia virtual que benefició a Bornemann se concretó el 4 de febrero y, además del juez Sebastián, contó con la conexión de las secretarias del tribunal y la fiscalía -María Cecilia Yapur y María Kairuz- el procesado y sus abogados Nicolás Durrieu y Rafael Gentili.
El magistrado comprobó la indefinición por parte de la Cámara Federal de una queja presentada por la defensa, en la cual se insistía con la prescripción de la causa y pasó a resolver sobre la suspensión de juicio a prueba.
Mencionó la aprobación del fiscal Gabriel González da Silva, quien en su imputación consideró a Jorge Alfredo Bornemann autor penalmente responsable del delito previsto y reprimido por el artículo 55 –en función del artículo 57– de la Ley 24051.
El art. 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos reprime con penas de 3 a 10 años de reclusión o prisión y multa de 10 mil a 200 mil pesos a quien “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.
Dicha acusación es en función del art. 57 de la misma norma, el cual detalla que cuando dicho delito sea producido por una persona jurídica “la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o, representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir”.
Sebastián destacó que el ex gerente del polo no cuenta con antecedentes penales en el Registro Nacional de Reincidencia y –citando el fallo “Kosuta” de la Cámara de Casación y la opinión de la Corte Suprema en la causa “Acosta”– entendió que se cumplían los requisitos formales para suspender el juicio.
“Resultaría posible la eventual aplicación de una pena cuyo cumplimiento podría dejarse en suspenso en función de la valoración de las particularidades del caso, bajo los principios de racionalidad y proporcionalidad entre la conducta y el reproche punitivo que se le ha formulado al encausado y la falta de antecedentes condenatorios”, afirmó el juez.
El juicio se realizaría si se incumplieran las reglas establecidas o el acusado cometiera un nuevo delito.
Años de impunidad
La denuncia fue presentada por Greenpeace en 1998. En febrero de 2001 fueron indagados Bornemann -director gerente de Petroquímica de Bahía Blanca- y el ingeniero químico Norberto Luis Moretti -responsable de Medio Ambiente de la planta-. El juez federal eligió el Día de los Inocentes de aquel año para sobreseerlos.
En marzo de 2005 la Cámara Federal revocó el fallo y en diciembre el Juzgado Federal volvió a sobreseer, esta vez por extinción de la acción penal.
En septiembre de 2007 la Cámara revocó nuevamente la resolución y, dos meses después, el juzgado procesó sin prisión preventiva a los imputados como coautores “prima facie” responsables del delito de contaminación ambiental. El expediente siguió acumulando pruebas hasta que en febrero de 2010 la Fiscalía pidió la elevación a juicio.
Norberto Luis Moretti falleció el 11 de febrero de 2015 por lo cual la causa continuó sobre la responsabilidad de Bornemann. Desde entonces, transcurrieron algunas diligencias en el tribunal oral hasta que la actual composición llamó a audiencia preliminar para el 1 de noviembre pasado en la cual rechazó la prescripción de la causa y procedió días atrás a la suspensión del juicio.
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