Contaminación en la ría: “No hay más nada que hacer, ya está la prueba en el expediente”
Ante el fracaso de la mediación con las empresas que contaminan el estuario bahiense, la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría reclama avanzar con el juicio y citar a indagatoria a gerentes y funcionarios.
“Ya no hay más nada que hacer, ya está la prueba en el expediente. Eso es beneficioso para todas las partes, tanto para el denunciante porque ven que no va a prescribir la acción penal y, por otra parte, garantiza el derecho de defensa de los eventuales contaminadores. (…) Luego se puede llegar a un acuerdo: dejar de contaminar y reparar”, dijo a FM De la Calle el abogado Luis Arellano.
La semana pasada la Cámara Federal revocó una serie de acuerdos individuales entre el fiscal Santiago Martínez y apoderados de las firmas investigadas y reprochó la demora de más de una década que lleva el trámite de la causa. Horas después, Martínez planteó a la jueza Gabriela Marrón que quedó “claramente en crisis” su continuidad en el caso.
Para el representante de los pescadores artesanales, con las resoluciones de la Cámara Federal “se abre una nueva instancia para ver si de una vez por todas podemos, todas las partes involucradas, sentarnos en una mesa común a discutir este tema y no jugar a las escondidas”.
“El motivo fundamental por el que habíamos apelado –los acuerdos con las empresas- era porque se habían hecho a espaldas de la parte querellante. Es el primer argumento que tiene en cuenta la Cámara. Después hay otros, la falta de un adecuado control técnico, el no citar a los peritos, decir que intervino la UFIMA, la oficina fiscal especializada en temas ambientales, que se dice que fue consultada y no es cierto”, detalló.
¿Falta un análisis técnico serio respecto a lo que propone cada una de las empresas?
El estuario no es un ambiente sencillo y los aportes contaminantes tampoco lo son, entran aportes cloacales e industriales. No se puede resolver atomísticamente con cada uno de ellos como si fueran una isla y no tuviera nada que ver con los demás. Hay que hacer un estudio de cómo cada actividad de las empresas contribuye a un mejoramiento global. No se puede hacer individualmente.
¿Para la Asociación de Pescadores cuál el camino que debería seguirse a partir de estas resoluciones de la Cámara?
Establecer una línea de base, que ya está bastante bien establecida por la pericia de la FAUBA y la Policía Federal Argentina, y lo que hay que hacer para revertir este proceso es evitar estas emisiones, bajar la carga contaminante o eliminarla como establece la Ley de Pesca, dice que está prohibido arrojar sustancias nocivas a las aguas, no hay ningún guarismo, es cero, no se pude arrojar sustancias nocivas al estuario. Eso hay que revertirlo.
Va a tener que ser un proceso, que va a llevar varios años hasta que podamos lograr que los aportes de residuos al estuario sean inocuos para la biología marina. Eso es un proceso que requiere aporte de técnicos de primer nivel, han sido dejados de lado acá el organismo ambiental de la provincia, el organismo del agua, el Comité Técnico que tiene gestión en Bahía. Tenemos que volver todos en un trabajo muy complejo, en una misma mesa, con un soporte técnico científico adecuado para establecer un plan que involucre a cada cosa y saber cómo interactúan.
¿De aquella mesa ordenada por la Cámara Federal a estos acuerdos anulados no hubo nada en medio?
Lo que pasó fue que el fiscal, con muy buena voluntad, intentó juntar a las partes varias veces después de esta medida cautelar. Luego sobrevino a la pandemia, tuvimos varios zoom donde comparecimos la Fiscalía y la querella, las empresas estaban invitadas a participar y no vinieron ni a uno. Salieron corriendo a la noche, hicieron un documento de 4 o 5 carillas diciendo cómo iban a arreglar ellos el estuario y lo presentaron para evitar que la causa siga avanzando, el camino es el llamado a indagatoria y, por otra parte, es mi visión, frenar la causa civil que los va a condenar a reparar. Es otro punto que no tienen en cuenta las homologaciones que están siendo revocadas. No se tiene en cuenta la reparación.
Aparte de tener la voluntad de no seguir cometiendo el delito hay que reparar los efectos. Pueden tener su mejor buena voluntad de dejar de verter sustancias nocivas al agua, han dicho durante 30 años que no vierten pero ahora vienen a decir vamos a mejorarlos, ¿en qué quedamos?
Por otra parte, un punto que muchas veces está en tela de juicio, dicen la Cámara y los abogados piden una reparación de perjuicios suponiendo que pedimos plata para los pescadores o para alguien. Lo que hay que conformar en realidad es un fondo de reparación ambiental que tiene que ser destinado a beneficios comunitarios, a un fideicomiso, a la Municipalidad. Esa es la reparación que se exige.
Sí existe en la causa civil en la que los pescadores piden que se los indemnicen por la merma de la pesca, están en todo su derecho, no es ningún pecado al reclamar la indemnización de un daño.
Otro punto que destaca la Cámara es el que da cuenta de la demora de la causa de más de 10 años incluso de la demora de la cautelar. ¿Qué significa la última parte que dice que “es dable señalar que la ejecución de la medida cautelar no suspende el proceso principal por lo que sin perjuicio de los eventuales acuerdos que se suscriban nada impide el impulso de la acción penal pública frente a la hipótesis delictiva”? ¿Tiene relación con la falta de respuesta de las empresas a las convocatorias a buscar soluciones?
No, porque eso sería parte del acuerdo. Lo que está diciendo la resolución es que los juicios penales tienen como destino obtener sentencia condenatoria o absolutoria. Nosotros queremos una sentencia condenatoria, que se condene a los responsables a una sanción penal. Ahí tiene que apuntar este juicio.
En estos dos años que estamos dando vueltas con este acuerdo, hemos presentados distintos escritos al juzgado penal diciendo “señora jueza la causa no está suspendida y el siguiente paso por la prueba que se ha recolectado es citar a indagatoria a los responsables”. Ya no hay más nada que hacer, ya está la prueba en el expediente. Eso es beneficioso para todas las partes, tanto para el denunciante porque ven que no va a prescribir la acción penal y, por otra parte, garantiza el derecho de defensa de los eventuales contaminadores. A partir de la indagatoria se dispara el derecho de los eventuales delincuentes de defenderse. Las empresas no han podido acceder al expediente hasta ahora y no va a ocurrir hasta que los citen a indagatoria. Es una garantía constitucional. Luego se puede llegar a un acuerdo: dejar de contaminar y reparar.
Respecto a la prescripción, ¿cómo están los tiempos?
Mal, estos trámites no implican una suspensión del curso de la prescripción. No tengo el cómputo, el plazo va a depender de cuál sea el delito que definitivamente se les impute. La causa lleva más de 10 años.
¿Es habitual que la Cámara se exprese de esta manera?
No, para nada. La Cámara se expresa con idioma correcto pero es un severo tirón de orejas esta resolución.
