“La educación inclusiva es la llave hacia sociedades más justas”
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia realizó un informe respecto al acceso a la educación de las personas con discapacidad. Celeste Fernández, abogada y co-directora de la ACIJ expresó a FM De la Calle que “hay un desconocimiento de que el incluir es una obligación y no una opción”.
“Nos propusimos ver en qué situación estamos hoy, cómo fueron evolucionando los trámites de inclusión. El Estado debería poder adoptar políticas públicas para poder transformar las escuelas especiales en escuelas regulares o en centros de apoyo a la inclusión, como se ha hecho en otros países”.
Uno de los ejes principales del informe expone que persiste la segregación de personas con discapacidad en escuelas especiales, el número va disminuyendo, pero todavía hay un 39,8% que hoy asisten a escuelas especiales; en el caso del nivel secundario asciende a un 47%. Estos datos muestran que existe una gran deuda en relación a la educación inclusiva.
“Para hacer el informe miramos los datos que produce la Dirección de Evaluación de Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, que son anuales, se centraliza información de todo el país”, expresó Fernández.
En relación a los apoyos escolares, vienen del sector estatal y privado. A nivel país el 62,5% viene del sector público, pero hay varias provincias en donde está más privatizado como sucede aquí en Buenos Aires. “El Estado subsidia mucho escuelas privadas especiales, lo cual es un problema porque el foco debería estar puesto en la inclusión de las escuelas”.
Además, la abogada comentó que dentro de los datos que no se están produciendo está lo que tiene que ver con la calidad de las trayectorias educativas, “deberíamos tener en claro qué recursos tiene disponibles el Estado y, por otro lado, datos generales que deberían presentarse desagregados por discapacidad, por ejemplo, saber cuál es la tasa de repitencia, de analfabetismo, deserción escolar, etc. La falta de estos datos impide tener un diagnóstico más acabado y profundo de cómo estamos hoy”.
La norma más importante es la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad que es un tratado internacional de Derechos Humanos que suscribió en 2008 y le dio jerarquía institucional en 2014. Tiene un artículo que establece que las personas con discapacidad tienen derecho de asistir a las escuelas comunes y que los estados deben prohibir que sean excluidas.
“De ahí el deber de los Estados de adoptar políticas para que ese derecho se haga realidad. Las leyes nacionales deberían modificarse conforme a ese tratado”.
En 2016 salió una norma del Consejo Federal de la Educación que consagra el derecho a la titulación igualitaria y que las provincias tienen el deber de garantizar apoyo para sostener las trayectorias educativas en el nivel regular.
“Tenemos una deuda de adecuar nuestra normativa interna al tratado, sobre todo porque los operadores del sistema educativo se basan en la norma que conocen, lo que vemos en las escuelas es que hay un desconocimiento de que el incluir es una obligación y no una opción”, confesó Fernández.
Agregó que “la madre de las barreras es que aún vivimos en una sociedad muy capacitísta, es cultural, percibimos que la discapacidad es una identidad inferiorizante, las percibimos como personas enfermas. Se forman prejuicios que se ponen en juego en los diferentes ámbitos en los cuales hay que impulsar transformaciones en pos de ese derecho”.
“Las políticas públicas se nutren de esta visión capacitísta. No es un tema prioritario en la agenda educativa, los espacios de formación docente tampoco están preparados”.
Desde la Asociación Civil mandaron el informe a funcionarios y docentes, tratando de que llegue a la comunidad educativa. Este análisis se hace de forma anual, pero con los datos atrasados, “ya pedimos los datos del 2021, a finales de este año lo estaremos lanzando”.
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