El Observatorio de Discapacidad exigió al Municipio que reglamente la ordenanza que regula la instalación de plataformas urbanas para que los comercios gastronómicos y patios de comidas garanticen la accesibilidad.

Por su situación epidemiológica Bahía Blanca se encuentra en fase 2, la cual establece que las clases deben ser virtuales excepto para la educación especial. El Observatorio de los Derechos de personas con Discapacidad cuestionó dicha resolución: “La emergencia sanitaria es para todas las personas, por lo tanto, a la escuela deberían ir todas o ninguna”.

“¿Se encuentran inmunizados los alumnos con discapacidad y sus docentes? Si se prioriza lo pedagógico, ¿por qué el resto de los alumnos no concurre a clases? Las desigualdades que genera esta medida lejos están de los paradigmas de inclusión por los que siempre hemos luchado”, afirmaron desde el organismo.

El docente e integrante del Observatorio, Facundo Guerra, dijo a FM De la Calle que “con respecto a presencialidad se explicita en este decreto la excepcionalidad para la modalidad de educación especial. El resto de los estudiantes quedarían exceptuados, menos los estudiantes de educación especial, justamente por estar en situación de discapacidad”.

Agregó que entienden que “hay un contexto grave, de alto riesgo para la población en general, (por eso) estuvimos pensando y armamos un escrito en el que hablamos de todos o ninguno, hablando en condiciones de igualdad”.

“Nos abocamos exclusivamente a los y las estudiantes de la modalidad que están dentro de niveles obligatorios. El tema de los docentes es otro capítulo aparte, nos preocupaba en particular cuál es la diferencia si lo que estamos tratando de preservar la salud, para eso hay que quedarse en casa y habrá que diversificar las estrategias posibles para garantizar las trayectorias educativas. La lógica indica que lo que priorizamos es la salud”.

Guerra dijo que “tampoco hay en el decreto una explicación de corte epidemiológico y de salubridad que acompañe esa medida”.

En relación a las vacunas para esta franja poblacional dijo que “en algunas situaciones hay personas que guardan mayor riesgo que otras y deberían ser contempladas, el Observatorio publicó el pedido de que la población con discapacidad sea contemplada como prioridad. Recién en mayo contemplan la prioridad de personas con discapacidad, eso da a las claras la prioridad de este planteo de la discapacidad en la agenda pública”.

El ente solicitó una reunión con las autoridades distritales y de la rama de educación especial para seguir dialogando sobre estas medidas. “La urgencia era que ya veníamos con esta medida y había que esperar a 31 de mayo y esto continúa”.

Por último, argumentó que “hay que priorizar la responsabilidad estatal, dejar (la presencialidad o virtualidad) meramente librada a la decisión individual de las familias es lo que se cuestiona desde los campos académicos. La responsabilidad con las infancias es social, entendemos que no denunciarlo sería no estar velando por estos derechos”.

La gerenta del Instituto de Custodia y Adaptación para Disminuidos Psicofísicos (INCUDI), Viviana Gómez, comentó en FM De la Calle la difícil situación económica que atraviesa la institución producto del desfasaje de los pagos de las obras sociales y la nula respuesta del Estado. Iniciaron una campaña de donación: Salvemos a Incudi.

“Es bastante crítica la situación, hace unos años que venimos informando que con los aranceles que pagan las obras sociales es muy difícil seguir adelante. Este año se complicó muchísimo, las obra sociales se olvidaron de incrementar aranceles, hay salarios, necesidades que cubrir, INCUDI no tiene ahorros, se están pagando sueldos como se puede. Se pidió ayuda a las autoridades municipales, provinciales y nacionales pero parece que nadie escucha”, dijo.

La entidad solicita un subsidio de 2 millones de pesos mensuales por un año, suma que “alcanzaría a cubrir vacantes que todavía tenemos, que no pudimos ingresar durante la pandemia”.

Gómez señaló que la institución brinda cinco servicios: dos hogares de residencia permanente “con personas con distintas discapacidades, hay algunos que viven hace más de 30 años que viven en INCUDI”; dos centros de día; y una escuela primaria, que atiende niños de 8 a 14 años y que hace integración con otras escuelas.

“Somos 74 empleados, los hogares tienen 3 turnos, porque se trabaja 24 horas del día, y hay 72 concurrentes entre residentes. Es una atención casi uno a uno”, enfatizó.

La responsable aclaró que “INCUDI trabaja con inmuebles propios, su gran predio en Alvarado al 2300 se hizo todo con dinero que se cobraba de obras sociales, tenemos colaboración del Bingo, pero estuvo cerrado. Dejamos de recibir casi 10 millones de pesos durante 2020”.

“En su momento el pago por una persona equivalía a 2 sueldos y medio hoy apenas alcanza para pagar un sueldo. Los aranceles los regula el Ministerio de Salud, incluido PAMI, y IOMA lo asigna la provincia. En IOMA los aranceles son muchísimos más bajos, hay un desfasaje de 400 mil pesos por mes con respecto a las obras sociales”.

Gómez dijo que “estamos pasando de angustia y ansiedad a enojo. Muchas autoridades se han acercado y escuchan pero los tiempos de ellos no son los nuestros. Nuestros tiempos son los de la gente internada que necesita asistencia, pareciera que no los conocen ni tienen ganas de conocerlos”.

Comentó que en la ciudad no existen otros hogares de internación. “La gente que atendemos está atendida por médicos, psicólogos, trabajadoras sociales, terapistas, están internados porque sus familias no lo pueden atender, porque sus padres son muy grandes o han fallecido, porque no tienen las instalaciones para atenderlos en sus casas. Tienen una calidad de vida muy linda”.

Por último, en relación al trabajo durante la pandemia, dijo que pudieron “resguardar a los pacientes gracias a la responsabilidad de todos los empleados, por día entran y salen casi 50 empelados y no tuvimos casos. Estuvo cerrado al ingreso de familiares por un año. Es muy difícil poder decir lo bien que lo manejaron los empleados, no hubo problemas, crisis, depresiones. Hace dos semanas empezó la vacunación de primera dosis para personal y pacientes”.

INCUDI en el HCD

En la última sesión del Concejo Deliberante, la oficialista Lucía Pendino se mostró “sorprendida” y “avergonzada” por la falta de acompañamiento del Frente de Todos a un proyecto que pretendía solicitar al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia que gestione el aumento de los aranceles de IOMA a las instituciones de custodia y centros de día.

La concejala Romina Pires afirmó que se están haciendo gestiones ante el Ministerio y la obra social. Por su parte, Gisela Ghigliani aseguró que se había solicitado demorar el tratamiento del proyecto para poder incorporar “un gesto local” destinando a INCUDI parte de los fondos que se recaudarán con la incorporación de nuevos boxes de estacionamiento medido y pago.

Mara Recondo, integrante de la fundación DISER y del Observatorio de Discapacidad, criticó la falta de consulta ante la instalación de la ciclovía de 19 de Mayo sobre un box de estacionamiento para personas con discapacidad.

Las modificaciones dificultan el acceso a la vereda para quienes tienen movilidad reducida y obstruyen el tránsito.

“Necesitamos que trabajen con nosotros en esto para que el día de mañana podamos estacionar. Terminan discriminándonos, no siendo inclusivos. Tienen que mirar cuáles son las consecuencias de estas medidas. Se proyecta una ciudad no pensando en todos”, afirmó Recondo.

Les manifestó al  director de Tránsito y Transporte, Ramiro Frapiccini, y al director adjunto de Planificación Urbana, Daniel Reale Arrigo, que los boxes de esa manera “no son funcionales y son peligrosos”.

“Les explicamos que invadían la ciclovía, con el peligro que significa para nosotros. Cuando uno baja a una persona con discapacidad de un vehículo le lleva el doble de tiempo, con otro agravante, si usamos ese box para acceder a la vereda tenemos que transitar por la ciclovía para poder llegar a la esquina para llegar a la rampa y subir a la vereda. Todo esto pensando en quienes trasladan, ni hablar de una persona que maneja y necesita bajar del lado izquierdo”, agregó.

Mencionó que cuando comiencen las clases presenciales la zona se volverá transitada en horario escolar. “Planteamos la reubicación de este box y que, en los próximos diseños, tengan en cuenta nuestra experiencia como observatorio”.

Como alternativa se planteó su ubicación en diagonal a donde estaba hasta ahora, sobre Zapiola mano derecha. “Los boxes deben estar en las esquinas para acceder a la senda peatonal y la rampa”.

Recondo cuestionó la falta de consulta: “Hacen estas intervenciones, si tenemos un observatorio en el HCD hace cinco años, es un recurso que hay que utilizar y no nosotros salir a reclamar una vez hecho”.

“También decir que hace dos años pedimos la reubicación. En Bahía hay solo 38 boxes y ocho tienen obstáculos, por ende, se transforman en no funcionales. El 7 de septiembre del 2018 le presentamos en mano a Frapiccini este pedido de ubicación y ampliación, en lugares estratégicos, cercanía de bancos, hospitales. Nunca se hizo”.

Por último, dijo que “son decisiones que no afectan a un solo sector, afectan a todos. Hay que entender que la tendencia es sacar boxes de estacionamiento para liberar la circulación y la ocupación en el centro de vehículos, yo lo hago personalmente que tengo un hijo en silla de ruedas que necesito trasladar necesito estacionar en algún lugar”.

Incluser es una empresa social que emplea a 14 mozas y mozos con discapacidad intelectual, la cual está en proceso de “reinvención” en el marco del aislamiento por la pandemia de Covid 19.

Como los eventos de concurrencia masiva todavía no pueden llevarse a cabo proponen armar el evento en tu casa.

“La gente tiene la opción para adquirir una caja, que se llama dinner kit, con insumos para cocinar la cena con entrada, plato principal y postre. La idea es que haya una invitada especial, la primera es Maru Botana quien a través de un Zoom te enseña en vivo a hacer la receta. Van a estar los mozos, cada uno desde sus casas, cocinando con Maru. Esto va a ser el 10 de junio”, comentó Carolina desde Incluser.

En diálogo con FM De la Calle comentó que son “un equipo de cuatro o cinco personas que arrancamos de forma voluntaria en la gestión de la empresa y coordinando el trabajo de estos 14 mozos con discapacidad intelectual. Nuestro fuerte son los pequeños caterings, mozos y hace poco empezamos a incluir organización de eventos”.

Incluser, como iniciativa de INTEGRAR, continúa llevando adelante capacitaciones semanales “para que estén en contacto con el mundo laboral, para que no pierdan lo que se hizo estos años. Estamos coordinando con referentes de barrios para colaborar con la asistencia de la gente que la está pasando mal, elaboramos propuestas para que talleres protegidos puedan seguir existiendo”.

Por otro lado, mencionó que se puede colaborar mediante la compra de verduras de Productores del Sauce Chico. Es una propuesta de la mano del INTA: “Se venden bolsones de manera semanal, a un precio muy conveniente y de ese bolsón un porcentaje lo donan para asistencia. Con eso que se junta, se adquieren bolsones solidarios de más duración que se donan a las distintas Delegaciones”.

“Colaboramos siendo punto de entrega y hacemos una campaña para que la gente pueda donar su bolsón solidario y de esa manera, en contacto con distintos barrios, vamos haciendo entrega de lo que se va juntando. Llevamos más de 350 bolsones entregados. Esta semana se está juntando para familias de la Escuela Secundaria Nº 2”, finalizó Carolina.

“Como consecuencia del cierre de la institución por la pandemia estamos en una situación crítica porque no podemos afrontar los gastos y obligaciones”, dijo FM De la Calle la presidenta del Centro Luis Braille, María Elena Busso.

Aseguró que “los operarios del taller protegido están recibiendo el peculio de marzo que son 1300 pesos y reciben una asistencia del programa de Nación de 500 pesos, que es una miseria.  Veníamos ajustados tratando de sumar de un lado y otro y ahora toda la actividad que hacíamos está parada”.

Son 300 talleres y más de 6300 operarios y operarias quienes padecen la misma realidad y reclaman una ayuda especial a la Agencia Nacional de Discapacidad para no cerrar sus puertas y perder las fuentes laborales.


“Como taller protegido tenemos actividades donde vendemos la producción, recibimos ayuda del Municipio, socios, y venta de papel. Le reclamamos a la Agencia Nacional de Discapacidad y al Ministerio de Desarrollo Social un auxilio que es urgente. Somos más de 300 talleres protegidos en todo el país que albergan a más de 6000 operarios. Hasta ahora no hemos tenido respuesta, esto ha sido algo muy abrupto y tenemos que guardar la calma y ser pacientes”.

En estos momentos hay 14 empleados en relación de dependencia con el Centro Luis Braille: “Esto le da un sentido significativo a su vida, de trabajo, de horarios, de cumplimiento de sus actividades. Además hay espacios recreativos, de arte, de música, de actividades deportivas y tenemos la contención de la psicóloga. El aislamiento es problemático para todos, más para una persona que tiene discapacidad, sobre todo para quienes viven solos”.

En Braille producen bolsas de polietileno, cepillos artesanales de cerda y plástico, perchas de madera y trabajos de carpintería a demanda. Los productos son adquiridos por el Municipio y también están disponibles al público en la Cooperativa Obrera.

Rige la ordenanza que regula la ocupación de espacios públicos. El objetivo no es recaudatorio sino adecuar en tiempo y forma la vía pública a la normativa para favorecer la circulación de personas con discapacidad.

“La diferencia es que antes se regulaban solo locales gastronómicos y ahora todo aquel que coloque a algo en la vereda. También apunta a las casas particulares. Se aplica en todo el partido de Bahía Blanca. Necesitamos una ciudad inclusiva, toda, no solo los ejes urbanos”, comentó a FM De la Calle Mara Recondo, integrante de la Fundación Diser.

Recondo señaló que los locales tendrán 45 días para realizar las obras, por ejemplo, aquellos lugares que tienen mesas amuradas al piso. “A cada comercio que incumple, lo previo es la notificación y la adecuación. El espíritu es que sea correctiva, no recaudatoria”.

Respecto a los pilares de obras comentó que “no están regulados en la ordenanza. Hay una ley provincial intentando trabajar en eso. Sí está prevista una reunión con Edes y Camuzzi que deberá gestionar la concejala Biondini. Deberían retirarlos una vez finalizada la obra pero en la práctica ni se da, quedan como un año y medio más”.

Por último, consultada por la reunión del Observatorio de Discapacidad, informó que “hay cuestiones de tránsito que venimos trabajando hace más de un año, que son los boxes para personas con discapacidad. Tenemos 38 boxes de los cuales ocho no son funcionales porque tienen diferentes obstáculos. Presentamos un trabajo minucioso que no nos respondieron. Pedimos la ampliación de un box por cuadra”.

El martes pasado se reunieron con el secretario de Gobierno Fernando Compagnoni. “Nos plateaban cuestiones de presupuesto, de saco un box que paga para poner uno gratis. Hablamos de ampliar derechos y no de restar. Compagnoni tenía la idea de regular el tiempo y permanencia del vehículo en el box, cosa que tampoco me parece bien. Hay cuestiones de ida y vuelta y todavía no tenemos respuesta del Municipio”.

(Por Giuliana Crucianelli) “Yo te voy a enseñar cuantos pares son tres botas”. “Déjamelo a mi una semana y te lo devuelvo derechito”. “En mi época le llegabas a gritar a mi viejo y con un bife lo soluciona” “.Yo cuando tenia tu edad estudiaba, trabajaba y pagaba el fiado del almacén”. ¿Quién no ha escuchado alguna vez una de esas frases?

Se utiliza el término “Ni ni” para referirse a los pibes y pibas que por alguna razón no están insertos en el sistema educativo ni en el mercado laboral. Son los “revoltosos”, son los de la birrita en la esquina, las que “se embarazan por un plan”, los faloperos de la cortada, las “fanáticas de los boliches” o la “mala junta” que el Servicio Cívico Voluntario viene a corregir, diciplinar y “darles un objetivo de vida”.

“No existen los jóvenes ni ni. Es un modo antiguo en desuso que se usó para denominar en forma marketinera, en forma fácilmente comprensible a un conjunto de jóvenes que no tenían empleo registrado y que no estaban incluyéndose en el Sistema Educativo formal. Hace varios años que no se usa más. Naciones Unidas tiene estudios que demuestran que es una etiqueta que en realidad oculta condiciones sociales mucho mas importantes. Este ocultamiento es peligroso sobretodo si se lo toma para pensar políticas publicas”, comentó a FM De la Calle Pablo Vommaro, doctor en Ciencias Sociales.

¿Por qué se sigue utilizando entonces? El investigador mencionó que “en el caso de personas que tienen los medios económicos y los recursos humanos para informarse, como el caso de un ministro, creo que es o por ignorancia, desconocimiento o conveniencia. Le conviene hacer de cuenta que no sabe.  En el caso de algunos medios o personas que creen de buena fe que existen creo que es porque sigue siendo una etiqueta efectiva, ´ni ni´ rápidamente demuestra el imaginario social que di ce que hay jóvenes vagos sin hacer nada, es efectivo”.

Pensar el tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sin organizaciones de mujeres y disidencias sería imposible. Pensar en discutir una nueva Ley de Movilidad Jubilatoria sin convocar a personas de la tercera edad, también. Entonces ¿por qué las voces jóvenes no son tenidas en cuenta a la hora legislar y tomar decisiones sobre la vida adolescente?

El sociólogo señaló que “está naturalizado que los adultos piensen en políticas para jóvenes y lo hacen entonces como los adultos quieran que los jóvenes deben ser, esto es lo que se llama adultocentrismo. No dar una participación genuina a las juventudes sino someter las decisiones solo a lo que el mundo adulto define como decisión legitima”.
Además hay una segunda cuestión bastante grave que es que “los organismos de juventud a nivel nacional y provincial se enteraron por los diarios. Ninguna agencia pública de juventud fue ni siquiera consultada e informada previamente del anuncio del Servicio Cívico Voluntario en Valores. Esto es grave porque habla de una descoordinación entre las áreas de gobierno. Esta medida muestra que los funcionarios no se comunican entre si, toman decisiones inconsultas y peligrosas. No solo ejecutan políticas públicas condenadas al fracaso sino que también es un mal uso del dinero publico porque lo utilizan para fines que no son eficaces”.

Propone pensar alternativas para incluir a las juventudes en la agenda pública como “la creación de un espacio nacional que articule o reúna a diferentes organizaciones juveniles, lo que se llama Consejo Nacional de Juventudes. Organismo público que reúne a organizaciones representantes de juventudes, centros de estudiantes, clubes de barrio, centros culturales, juventudes de sindicatos, juventudes partidarias. Juventudes que se encuentran y sirve como un espacio de deliberación, de decisiones y consulta”.

Por otra parte, la segunda opción, que “en Argentina se hizo en el 2014 y luego no se hizo más, es realizar lo que se llama encuesta nacional de juventud, que sirve para recavar algunos datos sobre la situación especifica pero también sirve” para detectar “necesidades-, intereses, anhelos. Esto no se hace. En Chile, Paraguay, Colombia y México se hacen en forma periódica, porque las juventudes varían rápidamente”.

¿Alguna vez algún funcionario se molestó el preguntarles a los pibes, las pibas qué querían hacer, qué intereses tienen, con qué sueñan?. Ya lo decía Luca Prodan en Viejos Vinagres: “para vos lo peor es la libertad”.

 

Foto: FFyH

La deuda salarial acumulada por INCUDI continúa en incremento. En la actualidad alcanza unos $4.000.000 en concepto de cargas sociales. La AFIP postergó la fecha del pago como paliativo. Sin embargo, no vislumbran medidas para solucionar el problema.

Viviana Gómez, gerenta administrativa de dicha institución sostuvo en FM De la Calle que “los aranceles nacionales de las obras sociales no se actualizan por inflación en cambio los salarios sí. Entonces tenemos cada vez un desfasaje mayor entre lo que INCUDI puede recaudar por obras sociales y lo que hay que pagar a los empleados”.

Eso se refleja en la deuda que tienen con la AFIP por falta de los aportes de obras sociales y por cargas sociales (jubilación). “Somos una asociación civil sin fines de lucro que está exenta de algunos impuestos pero no de las cargas sociales”.

La funcionaria detalló cómo se conforma el ciclo económico negativo. En los “centros de día, los concurrentes están de 8 a 17 horas y tenemos centros de internación donde viven los 365 días del año. Todos nuestros centros están reconocidos por todas las obras sociales. La obra social que mayor cantidad de concurrentes tiene con nosotros es PAMI que es el 50%. El 30 % es IOMA y luego se reparte entre las otras obras sociales. Todas corresponden a un decreto a nivel nacional que determina el valor del arancel y actualiza su valor dos veces al año. Los aranceles de IOMA son mucho más bajos, ni siquiera son cercanos a los nacionales están entre 40 y 60 % por debajo a los demás. Y esto genera nuestra desfinanciación”.

Más de 50 docentes de las escuelas medias y de la Universidad Nacional del Sur manifestaron su oposición a la “visión mercantilista” de la flamante Licenciatura en Deportes.

La carrera fue aprobada por la Asamblea Universitaria y dependerá del Departamento de Economía. Su década, Andrea Castellano, afirmó que “está pensada para formar un profesional que pueda hacer consultoría para entidades públicas y privadas, vinculadas al diseño de políticas y estrategias deportivas. (…) El egresado podrá hacer evaluaciones técnicas y económicas, y desarrollar planes de negocios y proyectos de inversión, como por ejemplo el que se hizo en el Dow Center”.

“A partir de estos datos, hemos leído las transcripciones del debate del Consejo Superior y la Asamblea Universitaria y vemos esta orientación dirigida al deporte como mercancía y al deporte de alta competencia”, comentó Enrique Gandolfo, docente de educación física de las escuelas medias.

Se preguntó “por qué la universidad, que se sostiene con fondos públicos, tiene que capacitar a profesionales que se dediquen a actividades meramente lucrativas. Un enfoque opuesto de la concepción del deporte que tenemos los profes de las Escuelas Medias, orientado al disfrute del propio cuerpo, sin que quede atado al rendimiento, favoreciendo la solidaridad, el compañerismo, valores opuestos a los que siguen quienes dicen que con el deporte se pueden hacer buenos negocios”.

“No fuimos consultados. En la escuela existe un Departamento de Educación Física que, entre otras cosas, se ocupa de las actividades deportivas en las instituciones escolares. Esto tiene una tradición, sin embargo, en la misma nota donde se habla de la creación de esta licenciatura se habla que se convocaron actores del deporte con presencia internacional y nacional, autoridades de clubes pero no se nos consultó”, argumentó Gandolfo.

Agregó que “viendo el planteo integral, hablar de que no hay recursos pero se crea la carrera deja la puerta abierta a recursos externos, a partir de empresas que hacen negocio con el deporte. El camino va a hacia ese lugar. Nos parece auspicioso que se abra un debate en la comunidad universitaria acerca de cómo se toma el deporte, en una ciudad donde el deporte social, comunitario, escolar tiene una fuerte presencia”.

Un grupo de personas con ceguera y baja visión elevaron una carta al intendente Héctor Gay y concejales, sobre los diversos inconvenientes de accesibilidad que les dificultan transitar con autonomía la ciudad.

“La carta refiere, por ejemplo, a los obstáculos de las veredas de distintos negocios. En algunos casos las personas responden bien, corrigen lo que está mal. En otros no encontramos la misma respuesta. En Colón y Drago por ejemplo, un café. Tuvo que ir un chico y filmar la situación, lo hizo viral, lo hicimos publico. A partir de ahí cambió la situación, pero pasaron tres años”, comentó Carlos Hogg.

“Debería ser el Estado quien se ponga al frente de eso. Tenemos una ordenanza de discapacidad hace 10 años o más, tenemos la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene rango constitucional pero no se cumple”.

Hogg comentó que “Camuzzi y Edes, hace por lo menos tres años que vienen poniendo nichos o columnas cerca de la pared o en el medio de la vereda. La que está frente al Hospital Privado está hace dos años, la de calle Berutti también, eso lo hablé con directora  del área de discapacidad en su momento, Lucía Pendino y bien gracias, nunca hubo una respuesta”.

Otro obstáculo se presenta en los bancos: “Para sacar un turno tenés que poner tu documento, ¿por qué tenés que estar entregándole el DNI al primero que encuentres para sacar el numero? Eso tranquilamente podría hacerse con audio y resolverse. La gente del Banco Provincia me dijo que las máquinas vienen preparas para audio, solo hay que programarlas”.

El texto de la carta entregada al intendente Gay y al Observatorio de Discapacidad del Concejo Deliberante.

Al intendente de la ciudad de Bahía Blanca:

Sr. Héctor Gay

Las instituciones y ciudadanos abajo firmantes, nos dirigimos  a usted con motivo de solicitarle la solución de los siguientes inconvenientes que se hallan en la ciudad.

  • Exigirle a las empresas Camuzzi y Edes, la eliminación de todas las barreras urbanísticas que desde hace más de dos años están poniendo en toda la ciudad, lo que constituyen un obstáculo y peligro para las personas con ceguera y otras discapacidades. Hacemos referencia a las columnas de materiales que han construido en calle como Las Heras al 100, Calle Roca en su primera cuadra, Estomba al 500, Rondeau al 600, Holdich al 500, Berutti al 100 y la recientemente construida en calle O.Higgins al 300 (a una cuadra y media del Centro de Rehabilitación Luis Braille), entre otras.
  • Los inconvenientes y peligros que constituyen las motos y autos estacionados en las veredas, los distintos comercios  con la colocación de carteles, cajones, bancos,mesas, sillas, macetas,  todo tipo de elementos para la construcción como escaleras, carretillas y otras maquinarias o componentes para el trabajo empresarial o para la casa, muebles, etc,etc,etc,

Y todo esto en el microcentro de la ciudad, lo que en los distintos barrios  se agrava mucho más.

  • La reparación de las veredas en que realizan algún tipo de ruptura, donde salvo excepciones no se realizan las reparaciones convenientes lo que también, al igual que en el primer punto, constituyen un inconveniente para todos los peatones, en especial para las personas con ceguera  o movilidad reducida.
  • En este cuarto punto, aclaramos que no es un inconveniente que viene desde su gestión pero que sí es necesario solucionar. En este caso nos referimos a la poca accesibilidad que tiene la Terminal de colectivo San Francisco de Asís, al menos para las personas con cegueras que pretendemos tener autonomía. No hay un sector claro por donde transitar tanto al dirigirse hacia las plataformas  como viceversa, es decir, desde las plataformas hacia la salida; ya que en el camino se encuentran  mesas, sillas, bancos, etc.

 

Todo lo solicitado se enmarca  en la ordenanza 8.089 que en su artículo 2 dice:

­“ E1 programa tenderá a eliminar en forma continua las barreras que existen en la ciudad y que impiden o dificultan a algunos vecinos, en determinadas circunstancias, una mejor calidad de vida.”, y que en su Artículo 5º dice: ­ “Las medidas que se propongan deberán orientarse a suprimir las barreras para las personas con movilidad y comunicación disminuidas facilitando así, en igualdad de condiciones, el acceso de todos los vecinos a los servicios y bienes comunes, tomándose para ello en cuenta las características propias generalizadas de cada grupo.”

las leyes nacionales  22431 (Sistema de Protección Integral de los Discapacitados), en la ley 24314 y en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la que nuestro país adhirió en el año 2008 y que tiene rango constitucional, en su preámbulo, inciso  “E” dice: “Reconociendo / que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”,y en el encabezado de su artículo 9 manifiesta:”

los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.”

Por ello, como autoridad máxima de la ciudad, le volvemos  a reiterar el pedido de solución y eliminación de todas las barreras arquitectónicas, urbanísticas, electrónicas  como sucede en DOSEM (Obra Social de los Trabajadores y Trabajadoras Municipales, en el Banco Provincia, y las empresas tercerizadas como EDES, CAMUZZI, ABSA y otras), las que si bien sabemos que no son de su competencia, sí le pedimos que se ponga al frente de estos reclamos y le pedimos se hagan todos los controles que sean necesarios  ty para eliminar todos los inconvenientes detallados y otros que existen en la ciudad, los que lejos de eliminarse tal cual como se señala en las normativas mencionadas, día a día se ven incrementadas.

Es necesario también dejarle por escrito que, de no haber respuesta favorable y efectiva en lo inmediato, recurriremos a otros estamentos estatales y no estatales e internacionales para que una ciudad inclusiva, sin barreras se haga real y no simplemente declamatoria.

Familias usuarias del programa Caballo de Troya viralizaron una serie de videos para “intentar llamar la atención del intendente” y poder tener una audiencia con Héctor Gay.

Quieren que la subsecretaria de Niñez Juliana Cerritelli no rescinda el contrato de una psicopedagoga “sin una explicación lógica”.

Marilina Merrero, mamá de un nene de cuatro años que asiste al programa, señaló a FM De la Calle: “Me sorprende y me indigna que a esta altura y conociendo las experiencias nuestras no le salga del corazón decir las voy a escuchar”.

“Tuvimos una reunión el 5 junio con Cerritelli  y dos abogados. Nos plantearon que el cambio que quieren hacer es ampliar el programa hacia otros programas municipales. Quieren incorporar otra psicopedagoga con más capacidades que Florencia (Chiaravalli) para vincular esos programas. Ella está totalmente capacitada para el cargo, siete años del programa la avalan”.

El contrato finaliza el último día de junio: “Cuando preguntamos por el reemplazo no nos dicen quién es, estamos a días de que se rescinda el de Florencia y no sabemos quién va estar”.

“No es que quieren incorporar otra psicopedagoga, quieren reemplazarla. Es inentendible, lo que te dicen es que Florencia no está capacitada para el cargo. Este trabajo es con chicos con discapacidad, el vínculo con ellos es la base de todo”, comentó Merrero.

El hijo de Marilina padece retraso madurativo: “Él empezó en marzo y realmente los cambios que han logrado en tres meses en Leo son increíbles. Desde que nació está en tratamiento, con fonoaudiólogas y lo que han logrado desde Caballo de Troya no lo logró nadie más”.

“Las familias que tienen un chico con discapacidad saben lo que significa. Desde todo lo que hemos vivido les decimos que no se puede andar probando. Mi hijo no entiende de razones mi hijo entiende con el corazón. Cuando él quiere a una persona se pueden lograr cosas maravillosas”.

Continúa la incertidumbre en las familias beneficiarias del programa municipal Caballo de Troya destinado a niños y niñas con discapacidad tras el apartamiento injustificado de una psicopedagoga.

Cintia Llanos dijo a FM De la Calle que “cuesta mucho armar el vinculo y construirlo con alguien que no es del ámbito familiar. En el caso de mi nene y otros chicos están muy contentos con Flor. No sé cual es la intención de la Subsecretaría de Niñez. No hay ningún tipo de explicación, no hubo quejas de padres”.

“Más allá del niño o niña hay una familia detrás. Hay mucha burocracia en el medio, hay muchos papeles para hacer. No son solamente las terapias sino también la pérdida del trabajo de Florencia. Mi nene va dos veces a la semana con una psicóloga y una psicoepdagoga”.

“La parte edilicia está muy descuidada. Sacaron a los chicos de esa escuela que funcionaba antes porque estaba muy deteriorado. Tenemos derecho a saber quién va a venir. De esto depende el futuro de los chicos. No nos informaron nada. No nos llamaron. Es muy arbitrario, hay derechos que se están pisoteando”, finalizó Llanos.

Después de un largo derrotero por diferentes instancias municipales, Marta Beatriz Giordano finalmente consiguió que el HCD le otorgara la banca 25 para exponer su situación habitacional.

“Mi problema se debe a una discapacidad motriz debido a la secuela de polio, desde hace mucho tiempo estoy tratando de que se me otorgue una vivienda, siempre alquilé y una vivienda que no es propia no se pude reformar”.

“Y yo necesito reformarla a lo que mi patología requiere. Desde el municipio no he tenido respuesta desde hace muchos años, por eso pedí la Banca 25. Después de ir y venir muchas veces logré que se votara a mi favor”, comentó a FM De la Calle.

Giordano afirmó que “se construyeron dos barrios municipales, en el Plan Federal 2 estoy inscripta  desde el 2010 y no he sido seleccionada. De cada barrio hay un cupo destinado para personas con discapacidad motriz, desde el 2008 tengo una respuesta que me envían del Instituto de Vivienda de La Plata diciéndome que la solución me la tienen que dar desde el municipio donde yo estoy viviendo, con esa carta estuve yendo a todos lados y no me han dado respuesta”.

“No me puedo quedar”. En octubre caduca el contrato de locación donde vive Marta.”Tengo silla motorizada, más allá de que no puedo pasar al cuarto de baño hay otras complicaciones importantes”.

En conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad la Fundación Diser propuso actividades de concientización, las cuales se realizaron durante la primera Semana de la Discapacidad, bajo el lema: “Tu lugar puede ser mi lugar”.

Mara Recondo, integrante de la institución y mamá de un chico con discapacidad, comentó que “es un llamado a ponerse en el lugar del otro pero visto desde la persona que no tiene discapacidad, si no siempre es la persona con discapacidad la que tiene que buscar la mirada del otro”.

Una de las propuestas consistió en un circuito inclusivo en el cual había elementos ortopédicos a disposición y quienes participaban lo hacían en una silla o con los ojos tapados y el bastón blanco alrededor de la plaza y en avda. Alem.

“Fue muy fuerte porque yo tengo un hijo en silla de ruedas y nos encontramos no solo con obstáculos en la vía pública, rampas rotas e inaccesibles y pendientes pronunciada, sino con que la gente no mira hacia abajo, me la pase esquivando personas”, comentó Recondo.

Resaltó que “no solo es pedirle al Estado sino a todos nosotros que empecemos a mirar al otro, sencillamente mirar y correrte para que pueda pasar. Me generó un trago amargo porque yo pensé que estábamos mejor en ese aspecto. Habrá que redoblar la apuesta el año que viene. No es solo una decisión de la fundación sino una decisión política”.

Por último, Recondo destacó “la capacidad de las personas con discapacidad para transitar la vía pública pese a estos obstáculos”.

Mañana sábado a las 10:30 en el teatro El Tablado (Chiclana 453), se realizará una asamblea convocada por el Consejo Cultural Consultivo y el Consejo Local de la Niñez, en la cual trabajarán un diagnóstico de los recortes en las áreas de niñez, salud, cultura y educación.

Cecilia Epherra y Diego Di Pasquale comentaron en FM De la Calle los objetivos del encuentro.

“Nosotros desde principio de año en el seno del Consejo Local de Niñez, comenzamos a recibir demandas e inquietudes sobre el agravamiento de la situación social en los barrios, sobretodo focalizando en el tema de la niñez”, aseguró di Pasquale.

“En ese camino recorrido, nos acercamos a algunos compañeros del Consejo Cultural Consultivo que venían viendo situaciones similares y reflexionamos juntos y decidimos proponer esta actividad, esta asamblea conjunta y abierta”.

Por su parte, la consejera por el área de música en el Consejo Cultural Consultivo, Cecilia Epherra, sostuvo que “desde el lugar de representantes de las ramas artísticas y también desde el lugar de representantes de trabajadores y trabajadoras del Instituto Cultural, se viene denunciando, ya hace varios años, el desguace en lo que es cultural. Concretamente el caso emblemático de la Orquesta de Miramar que cumpliría diez años ahora en 2018 y sin embargo la han desmantelado hace más de dos años”.

“La gente que está contratada para encargarse de las partes docentes de cultura de los talleres, que también laburan en conjunto con Educación ahora que vuelve Roselló al área de cultura como subsecretaria de Educación. En ese sentido, se viene trabajando en cuestiones muy concretas de precarización, como el tema de los contratos trimestrales, como es obligar a monotributarizarse, como trabajar desde un Estado justamente inestable de trabajo”, aseguró.

En ese sentido, Di Pasquale profundizó sobre algunas de las situaciones que se ven en los barrios y cómo los afecta el recorte de políticas públicas: “Dificultades en la familias, dificultades en los niños, aumento del consumo, abandono escolar, más familias que tienen dificultades en el acceso a lo básico”.

“Avizorábamos un año más complejo de lo que había sido el 2017, por eso es que nos atrevemos y votamos en unanimidad el pedido de emergencia. En este sentido lo que quiere hacer el Consejo Local de Niñez es dotar al Ejecutivo de una herramienta que es una declaración de emergencia que permite asignar partidas y realizar diagnósticos sobre una situación que se está complejizando”, manifestó.

La asamblea “está convocada desde un espacio de participación ciudadana al que puede asistir cualquier miembro de la comunidad que puede ser o no miembro de alguna organización. Pero la apertura es amplia, puede acercarse cualquier miembro de la comunidad que haya sentido el recorte de las políticas públicas en cualquier sector”, afirmó Epherra.

Agregó que “además de hacer un diagnóstico pormenorizado lo más profundo y amplio posible de cómo impactan estos recortes, también tiene que ver con empezar a conectarnos y a laburar en colectivo, lo que hasta el momento vienen siendo denuncias aisladas”.

Un grupo de madres y padres de de niñxs con discapacidad presentó un amparo colectivo para que la obra social IOMA garantice las prestaciones que necesitan.

“IOMA tiene un retraso en todas las prestaciones de niños discapacitados tanto de psicología, fonoaudiología, transporte. Todo tipo de prestaciones que necesiten los niños discapacitados están siendo trabadas por el tiempo que tardan en aprobarla. Quizás de algunas niños no las aprueban, entonces nos vemos perjudicados ahí y sobre todo nuestros niños son los mayores perjudicados”, aseguró desde Miramar, María Laura Cela.

Agregó que “esto conlleva una demora muy grande en los pagos tanto de acompañantes terapéuticos, como de transporte. Hay transportes que hace un año les deben, entonces los prestadores tiene que dejar de trabajar porque no pueden seguir sosteniendo su situación y los niños se ven afectados porque no pueden asistir a sus terapias”.

Sobre su caso particular explicó que “por el momento psicología todavía no la tiene aprobada, la chica todavía no cobró y ni siquiera llegó la autorización de la plata. Y las otras las tengo autorizadas pero no han cobrado”.

“Dependo de la buena voluntad, del profesionalismo del profesional. Estamos como arriba de una bicicleta, tambaleando lamentablemente. Por eso estamos en esto que lo iniciamos en Mar del Plata, pero queremos que sea extensivo a toda la provincia”, manifestó.

“Somos muchas mamás y papás trabajando en este amparo y tenemos como estandarte la esperanza de que esta acción sirva para que se protejan y restituyan derechos vulnerados a todo el universo de afiliados y prestadores afectados”.

Cela aseguró que “las adhesiones y las firmas en los amparos colectivos revisten mucha importancia, ya que demuestran la magnitud del reclamo”. Quienes tengan interés en sumarse pueden escribir a [email protected]

En la legislatura bonaerense se discute la reforma del Fuero Penal Juvenil planteado por la gobernadora Vidal y el ministro de Justicia y desde la Comisión Provincial de la Memoria publicaron la semana pasada un comunicado donde manifestan que “se trata de un proyecto regresivo en materia de derechos que atenta contra las garantías constitucionales de nuestras niñas, niños y adolescentes”. Roberto Cipriano García, secretario de la Comisión (CPM) se refirió al respecto en FM De la Calle.

Desde la provincia dicen que hay muchas causas en los juzgados pero según García “el proyecto está fundado en una foto vieja, la situación cambió. Entre 2014 y 2017 el fuero recibió un tercio menos de causas y así el argumento central de la reforma se cae rápidamente”.

También aseguró que “es un reclamo más corporativo de jueces y fiscales, están planteando eliminar al juez de garantías que interviene en la etapa de investigación –primera etapa del proceso– y que todos sean jueces de responsabilidad penal juvenil que intervienen en el juicio –segunda etapa–. Perder especificidades tiene un sesgo punitivo importante porque se saca al juez que controla el cumplimiento de garantías y derechos de imputados, los pibes, en la etapa de la investigación”.

En la actualidad lxs pibxs quedan a disposición de la policía durante un plazo no mayor a 12 horas, sin embargo otro pedido de los jueces es que se amplíen los plazos a 18 horas, alegando que “muchas veces el plazo cae de madrugada y el juez tiene que trabajar toda la noche y esto atenta contra la eficacia. Esas horas que se incrementan… el pibe permanece detenido en la comisaría, incluso en patrulleros, a disposición de la policía; con las reiteradas situaciones de padecimiento de torturas que se han relevado o de violencia policial”, expresó.

Además el secretario aclaró que esta reforma “no va a tener un impacto en el funcionamiento del sistema porque las causas disminuyeron. La etapa de juicio tiene menos causas pero con más trabajo y gestión. El fuero está a cargo de la ejecución de la sentencia –la aplica y controla cómo se cumple–. Esa tarea que ni siquiera es considerada en el proyecto y no tiene relevancia para la justicia, es ir a controlar cómo están esos pibes en los institutos de menores”.

La Comisión lleva publicados once informes anuales que registran los padecimientos en estos lugares y las graves violaciones a los derechos humanos, “eso es lo que hay que atender”, afirmó García. “Todo eso no lo va a controlar judicialmente ninguna autoridad; no están pensando en los problemas del sistema sino en acomodar el sistema a la conveniencia de ciertos operadores judiciales. […] La reforma no apunta a la mejora del sistema sino a que se torne más despiadado y garantice menos derechos”.

Sobre lxs senadorxs de la provincia comentó que se reunieron en un plenario de comisiones donde fueron escuchados y pudieron manifestar su opinión. “Este proyecto de reforma iba a pasar por comisiones de seguridad, legislaciones generales y de asuntos constitucionales pero no por la comisión de niñez, cosa que algunos senadores consideraron necesario. Ahora estamos a la espera de que se acepten los aportes”, concluyó.