La UTN y el juicio a la Triple A
El decano de la Facultad Regional de la Universidad Tecnológica Nacional, Liberto Ercoli, anticipó a FM De la Calle que antes de fin de año realizarán “un acto reivindicativo” de las víctimas de la Triple A y celebró la condena a cuatro ex integrantes de la banda parapolicial.
“Los juicios los hemos vivido con mucha intensidad, estamos muy contentos de que las personas que cometieron tales delitos hayan sido condenadas y hemos brindado toda la información que nos solicitó la justicia a través de la Secretaría Legal y Técnica”, afirmó.
El funcionario –quien dejará su cargo en diciembre– recordó: “Yo lo viví ese momento histórico, estaba en el medio de mi carrera, en lo personal la mirada que tengo es un recuerdo sumamente traumático, triste, compañeros que era perseguidos, que desaparecían, teníamos la patota dentro de la facultad, veíamos metralletas arriba de las mesas, siempre el miedo a ser perseguidos, éramos trabajadores y salíamos a las 12 de la noche de la universidad, siempre cambiando el camino, nuestros padres preocupados”.
A principios de agosto el Tribunal Oral bahiense condenó a Raúl Roberto Aceituno a prisión perpetua por el homicidio agravado de David Cilleruelo y por haber integrado la asociación ilícita. Por este último delito se castigó además a Héctor Forcelli, Osvaldo Pallero y Juan Carlos Curzio a 10 años de cárcel.
“Lo vivimos con intensidad y la alegría que se puede tener de que se haga justicia a pesar de que los hechos sean irremontables”, dijo Ercoli. El 26 de agosto de 1974 la sede de la UTN fue tomada por la patota conducida por el secretario general de la CGT y diputado nacional del FreJuLi, Rodolfo Ponce, hecho por el cual también está procesado el ex presidente de la Cámara Federal Néstor Luis Montezanti.
El fiscal Pablo Fermento solicitó como medida de reparación simbólica que las universidades del Sur y del Comahue y las delegaciones de Bahía Blanca y General Pico de la UTN coloquen en espacios de circulación pública de referencias históricas sobre la puesta a disposición de sus instalaciones y recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados y la publicación de la sentencia definitiva de la causa.
El tribunal ordenó remitir copia de su veredicto y de los fundamentos de la sentencia a la UNS y la UTN para que evalúen la anulación de “las resoluciones de cesantía de empleados no docentes, docentes y expulsión de alumnos, de otorgar el título de doctor honoris causa a David Hover Cilleruello y ‘colocar en espacios de circulación pública una referencia histórica sobre la puesta a disposición, en el período de tiempo investigado, de sus instalaciones y sus recursos al servicio del funcionamiento de grupos paraestatales armados'”.
“Ello así, toda vez que imponer a las universidades una serie de decisiones como las solicitadas, sin cumplir con los procedimientos administrativos previstos a esos fines, constituye un exceso a la competencia que la ley otorga a este Tribunal, teniendo en cuenta los principios de autarquía y autonomía de las universidades”.
Al respecto, Ercoli aseguró que el planteo “está en análisis de la Secretaría de Legal y Técnica, es bastante reciente, son cuestiones que llevan tiempo cruzar y chequear. Sin duda vamos a hacer antes de fin de año un acto reivindicativo. Tampoco ayuda mucho la situación sanitaria en el sentido de hacerlo con mucha presencia pero seguramente vamos a estar dejando para las próximas generaciones algún recuerdo físico de que la cosa ocurrió y que hay que evitarla a toda costa”.
La toma de la UTN como antesala del programa de eliminación de opositores políticos
En 1974, con el nombramiento de Rolando Jorge Weidenbach como rector nacional, la política de persecución en la sede bahiense se inició con la designación de Emilio Garófoli como decano de la Facultad Regional de la UTN con el expreso apoyo de la CGT local que lideraba Rodolfo Ponce.
La avanzada se intensificó en agosto, cuando Garófoli fue reemplazado por el interventor Francisco Lucio Fernández. Para imponer el restablecimiento del primero en el cargo, Ponce movilizó a la banda armada hasta la sede de la Facultad y procedió a la toma del edificio por la fuerza.
Las ramificaciones de esta política de persecución se extendieron hasta la provincia de La Pampa mediante una “intervención” armada de la patota bahiense apoyada por el diputado nacional Carlos Aragonés.