Los pies sobre la tierra
(Astor Vitali) El tema de las tierras en Bahía Blanca es un asunto circular. Aparece la oportunidad de obtener un pedazo de tierra por parte de un grupo de familias que tienen la necesidad básica insatisfecha. Tímidamente, de manera muy educada, ponen el cuerpo sobre terrenos que generalmente son de carácter fiscal. Aparece la policía. Reprime. Aparece la solidaridad de las organizaciones populares. Contienen y brindan herramientas. Memoria histórica de las luchas populares. Aparecen los oportunistas económicos y políticos que buscan algún objetivo partiendo de oscuros intereses. Aparece algún abogado que no se olvidó de la idea de Justicia ni de la del concepto de derechos humanos. Aparecen dos o tres artículos moralistas que se alarman de que habría gente que busca “hacer negocios” (sic) a través de la toma y pone algún ejemplo aislado para descalificar a las miles de familias que no tienen más opción. Le dan argumentos a los últimos que aparecen: aparecen gobernantes que extorsionan con quitar lo que llaman “beneficios sociales” que no son otra cosa que derechos básicos como un aporte universal magro para quienes han caído en las redes del desempleo estructural (responsabilidad de esos gobernantes y sus socios del sector privado que –entre otros- se dedican a la timba inmobiliaria). Lo que no aparece nunca es un plan político concreto que busque afrontar el déficit estructural de vivienda que sufre la ciudadanía bahiense (y decimos “ciudadanía bahiense” porque es menester recordar que hablamos de ciudadanos y de ciudadanas desprovistos de la posibilidad del ejercicio de su derecho a la vivienda).
Pero el círculo encierra la realidad de que Bahía Blanca es una ciudad con veinte mil nuevas personas bajo la línea de pobreza, gran concentración de la riqueza, especulación inmobiliaria y políticas de vivienda a medidas de lobby de turno. Lo que conjuga una sentencia de decenas de miles de familias a vivir en condiciones de hacinamiento.
Con el cinismo que les caracteriza, desde el oficialismo local sostienen que “no hay personas en situación de calle” según los sondeos que realizan desde la invisible oficina de políticas sociales. De esta forma, construyen la idea de que las tomas no se producen por necesidad ya que no “no se ve gente en la calle”. Esa lectura contiene un carácter cínico extremo porque los funcionarios son plenamente conscientes de que miles de personas se encuentran hacinadas en viviendas sobrepasadas, en pésimas condiciones y que, frente a las malas políticas de vivienda, esas personas tienen dos posibilidades: seguir viviendo quince personas en una vivienda funcional apenas para cuatro o buscar la manera de obtener un terreno para construir.
De más está decir que la fiebre de la epidemia inmobiliaria ha generado una fantasía de precios en dólares que hace totalmente inaccesible para una persona en la ciudad -salvo que se encuentre en un sector privilegiado-, la adquisición de una vivienda por vía habitual del mercado. Un departamentito de una habitación tiene –para la chifladura del mercado inmobiliario- un valor de entre ochenta y ciento cuarenta mil dólares. ¿Cómo hace un tercio de esta ciudad cuyos ingresos mensuales apenas llegan a percibir (y gastan en cuestiones de supervivencia) lo relativo a un billete de cien dólares para pensar en obtener una vivienda? El mercado inmobiliario es excluyente.
Entonces, a partir de una práctica cultural histórica sobre la que se han desarrollado muchos barrios bahienses, los ciudadanos y las ciudadanas se organizan, buscan un macizo fiscal y dicen: “necesitamos acceder a una vivienda. Queremos pagar por ella un precio que podamos pagar”. Allí empieza el círculo con el que comentábamos este comentario.
El hostigamiento público que el gobierno impone, las operaciones de inteligencia, el amedrentamiento policial, el oportunismo de algún puntero de que trabaja para los gobiernos, la necesidad de seguir laburando para sobrevivir hacen que, en algunas oportunidades, las tomas no cumplan con su objetivo. Hasta que comienza nuevamente el círculo porque la situación de pobreza estructural no se soluciona y la población crece.
Desde esta óptica, es imposible que no haya tomas en la ciudad. ¿Cómo no va haber personas buscando dónde construir su vivienda si hay miles de familias sin vivienda? ¿Qué tipo de locura nos lleva a pensar que la cosa pueda ser de otra forma en tanto la situación general no se modifique? ¿Qué tipo de enajenación hace que las personas que tienen resuelta su situación de vivienda soslayen algo tan básico y condenen –con ese temor del que nace el fascismo, segundos antes de verse reflejado como par en la pobreza- a quienes no tienen la oportunidad de resolverla?
Las tomas, además de pacíficas, no se entiende muy bien por qué representan una amenaza para los cruzados de la propiedad privada porque en el centro del planteo está siempre la idea de: “queremos pagar por nuestras tierras”. ¿De qué se asustan? Ni siquiera se trata de un reclamo en sentido socialista –perfectamente válido- que promueva la distribución de tierras ociosas por el mero hecho de estar ociosas y de que hay personas que deben acceder a su derecho a la vivienda. Ni siquiera es un planteo de esas características. ¿De qué se asustan? El perro pequeño burgués se muerde la cola pero, mientras tanto, se va cagando en lo que le rodea.
La dirigencia política que se autoproclame progresista no puede tener una posición ambivalente en este asunto. Ante la toma de tierras nada impediría –sobre todo cuando se trata de tierras fiscales- que la dirigencia progresista se pare con claridad en la vereda del reclamo. Deberían explicar a la comunidad de qué se trata el tema, para deshacer la costra argumentativa que dejan los medios de principal llegada, confundiendo y vilipendiando a los más humildes y las más humildes. Nada impide que se instalen, por ejemplo, en el lugar para proteger a esos ciudadanos y a esas ciudadanas de los abusos policiales, para garantizar el derecho a la salud. Nada impide rechazar de plano la horrible extorsión de quitarle los subsidios universales si no se retiran del reclamo.
Si donde hay una necesidad hay un derecho, donde haya una toma debería haber un piso de acuerdo político de las fuerzas progresistas para representar cabalmente ese reclamo de manera concreta. El poder ejecutivo se ejerce pero eso no invalida la acción política directa de las distintas fuerzas “vivas” de la ciudad.
No hay salida de este esquema, de este círculo, insistiendo en las mismas fórmulas. Hace falta un plan concreto de urbanización que tenga en cuenta los criterios arquitectónicos que pueden proponer profesionales existentes en esta ciudad que tiene universidades, el desarrollo de cooperativas de construcción, el articulado con la vida cultual, agroecológica y todo lo que conlleva la construcción de hábitat Discutir un plan orgánico para afrontar la totalidad del déficit de vivienda en un plazo razonable es la única salida. Cualquier otra cháchara sostiene un círculo que aprieta el cuello de quienes no tienen más herramientas que sus pies sobre la tierra.
