/16 septiembre, 2021/inBahia Blanca, Judiciales, Lesa Humanidad

Megacausa Zona 5: estiman que el juicio duraría un año

En una nueva instancia preliminar de la Megacausa Zona 5 el tribunal planteó la realización de audiencias semanales y ratificó la intención de iniciar el debate en febrero de 2022. Según los cálculos de la Fiscalía, a un ritmo de seis testigos por jornada, en un año podría resolverse el juicio a más de 40 represores por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra 270 víctimas.

Pablo Fermento, representante del Ministerio Público, destacó que el TOF “viene con una mirada más moderna del sistema acusatorio que se va a implementar en el ámbito federal” y está abocado a “discusiones que solían quedar para el final”.

“Hay un trabajo de análisis y señalamiento de la prueba que se quiere usar en el juicio, para qué viene cada testigo, cuál es la pertinencia de cada documento. También se rediseñará la intimación de los imputados evitando la lectura de las requisitorias de elevación a juicio y expresándolo en un breve alegato”, afirmó.

La propuesta planteada este lunes por los jueces Sebastián Foglia, Ernesto Sebastián y Marcos Aguerrido es sesionar una vez por semana de 8:30 a 14.

“La experiencia acá es que los juicios nunca duran menos de un año, sea cual sea el objeto del proceso. En este son 212 testigos de la Fiscalía y además vamos a solicitar la oralización de registros audiovisuales de declaraciones de juicios anteriores, más los testigos de las defensas y los alegatos finales. Si no se controla y se ponen las audiencias necesarias puede terminar siendo un juicio de tres años como ESMA. Ya los tiempos no dan, se nos quedan los testigos y los imputados en el camino”, comentó Fermento.

Más imputaciones

En los últimos días, la Unidad de Lesa Humanidad requirió la elevación a juicio de un nuevo tramo de la causa con imputaciones contra seis represores por los delitos sufridos por Carlos Gustavo Domínguez y Marina Marcela Herrero. “Hay un conjunto un poco más grande que está tratando la Cámara desde hace un año y esperamos que sea resuelto para pedir la elevación y hacer un único juicio con todo lo que la Fiscalía tiene requerido”.

Fermento recordó que la estrategia de la Fiscalía fue incluir en los primeros juicios un centenar de casos y a sobrevivientes que habían declarado ante la Cámara Federal en la década del 80 y en los Juicios por la Verdad.

“A partir de 2013 hicimos una serie de requerimientos que abarcan a casi 200 víctimas que son las que ahora llegan a juicio por primera vez. Hay casos de La Escuelita, cerca de quince desaparecidos y ultimados y se va a trabajar sobre los operativos en la zona. Saavedra, Huanguelén, Pigüé, Villarino, Dorrego y Tres Arroyos básicamente fueron ocupaciones de pueblos en las que se llevaron secuestrados a muchísimos ciudadanos y los llevaron al Batallón. Es parte de la historia no contada de los pueblos del sur de la provincia de Buenos Aires”.

Trabajos en ex campos de exterminio

Días atrás, funcionarios nacionales, judiciales y sobrevivientes recorrieron sitios donde el Ejército, la Armada y la Prefectura montaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio.

“Estamos reanudando trabajos frenados por cuestiones presupuestarias. En La Escuelita había parte del trabajo arqueológico proyectado cuando se concluyeron las primeras tareas de relevamiento. Se va a continuar con la excavación y se va a colocar un tinglado. Es una zona muy expuesta que no está siendo conservada más allá de la medida cautelar que hay”, dijo Fermento y agregó que tareas similares se están realizando en la Base de Infantería de Marina Baterías.

El fiscal auxiliar adelantó que “la idea es poder avanzar -esto es estratégico pero todavía no está consolidado-, profundizar la búsqueda de enterramientos, pozos o hipótesis de ese estilo. Hay algunas declaraciones, no son numerosas, pero el terreno es muy amplio, hay una parte que se entregó para el Procrear, queremos establecer hipótesis de donde pudo haber remoción de tierras, es muy temprano pero queremos agotarlo”.

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