¿Qué se juega simbólicamente tras la imposición de reforma del Mercado Municipal?
(Por Astor Vitali) Para sumar a la lista de atrocidades contra la cultura que el gobierno de Héctor Gay viene llevando adelante como parte de su programa político –en favor de un proyecto cultural de mercado- comenzamos la semana enterándonos de que el gobierno notificó a la asociación civil de difusión de arte y artesanías Bahía Blanca Che que serán desalojados del local en el que funcionan dentro del Mercado Municipal. El plan que afecta a esta y a otras asociaciones civiles se enmarca en uno más profundo: el intento de generar un espacio lucrativo en derredor de la llamada por la UCR Plaza Lavalle que, a su paso, intentará aniquilar toda reminiscencia de la intensa actividad popular y cultural que cobijó ese sitio.
Allí donde ahora comenzaron a trazarse los lineamientos para desplegar un proyecto que favorecerá al sector privado, desarrollado en medio de la situación pandémica, se vivieron eventos de impacto social, convirtiendo al sitio en un espacio preponderantemente de raigambre comunitaria.
La también llamada Plaza del Sol, ese espacio albergó muchas expresiones populares. Punto de partida o de llegada de memorables movilizaciones. Espacio histórico donde las organizaciones sociales llevaron adelante los actos por el 24 de marzo. Lugar de fiesta y de reconocimiento popular.
En ese lugar, luego de la recuperación democrática, el movimiento cultural de la ciudad se convocó durante muchos años para llevar adelante las memorables Ferias de la Cultura, de la que participaron la mayor parte o todas las expresiones artísticas y culturales de la ciudad. Participaban artistas-artesanos trabajando allí, conciertos, encuentros, murgas, teatro, literatura, artistas visuales y una cantidad de expresiones infinitas. Esta radio supo –en tiempos analógicos- tirar cable desde su sede frente a la Plaza Rivadavia hasta ese espacio para transmitir en directo la enorme diversidad que podía registrarse.
El 15 de marzo de 1996, en el marco de las actividades por los veinte años del golpe del golpe cívico militar clerical, se hizo allí un Juicio Ético y Popular a los genocidas. Las personas que participaban se constituían como jueces responsables del veredicto: culpables. A ver si no tiene peso simbólico este lugar.
Ese espacio, visualmente, funcionó como antídoto contra la desmemoria. En un edificio que había quedado a medio hacer desde hace mucho tiempo, sobre las paredes laterales, había un mural realizado a principios de los noventa que recordaba el nombre de los desaparecidos y de las desaparecidas a raíz del plan sistemático de desaparición de personas que tuvo lugar en Argentina. Plan a través del cual se impuso el actual modelo económico y del que salieron beneficiados muchos actores económicos que actualmente pululan. Sólo se castigó a los represores: no así a los impulsores y depositarios de las suculentas fortunas arrebatadas al pueblo.
En el año 2009 se aprobó un proyecto de ordenanza presentado por Integración Ciudadana que estableció la implementación de un Sitio por la Memoria en Plaza Lavalle. No se cumplimentó.
En el año 2012, una comisión impulsó la denominación de ese espacio público como Plaza de la Resistencia y la Memoria, depositando sobre el concreto el cartel que enunciaba ese nombre, en virtud de las razones antes mencionadas y otras tantas que no caben en esta breve reseña.
El año pasado, otra vez un conjunto de vecinos y de vecinas impulsó un proyecto de defensa de ese espacio para toda la comunidad ante el trascendido de la posibilidad de que el Concejo Deliberante (Honorable, él) diera la venia para que el lugar fuera usufructuado para beneficio privado a raíz de un proyecto de estacionamientos que tendría amplios beneficios para el “inversor” (palabra, a esta altura, vacía de significado).
En el edificio del Mercado Municipal Eugenio Martínez (por el ex intendente del FREJULI) funcionan, además de comercios, una serie de organizaciones sociales con amplia trayectoria y trabajo en favor de la comunidad (a diferencia del privado, en pos del propio beneficio). Una de esas organizaciones es Bahía Blanca Che. Tal como se presentan en un comunicado emitido este lunes, se trata de “un centro cultural que trabaja en la ciudad desde hace muchos años. Tiene sus raíces en la Feria de la Cultura. En el 2006 se constituyó formalmente como una Asociación Civil sin fines de lucro. ¿Para qué se conformó BBChe? Para defender y promover las artes/artesanías locales y regionales. Para organizar artesanes y artistas, promover ventas, producción, difusión, cursos, perfeccionamientos, hacer talleres, exponer y hacer conocer lo que se hace en la ciudad y la zona. Uno de los objetivos es reunir la producción local de todas las artes: música/ literatura/ artes plásticas/ escénica/ visuales, etc. Hemos hecho Salones todos los años, desde el año 2009, para promover la cerámica, el arte textil y el arte objeto, otorgando premios para estimular la producción”.
“En el año 2008, el Secretario de Cultura de la Municipalidad nos concedió en comodato un local en Alsina 370. Estaba en malas condiciones y luego de mucho trabajo lo pusimos en funciones. Allí desarrollamos muchísimas actividades culturales: ferias en el patio del limonero, cursos, talleres textiles, recitales de poesía, encuentros musicales, obras teatrales, etc. Un lugar que supimos convertir en un espacio cultural nutritivo y expansivo”.
“En el año 2016, con el cambio de gobierno municipal, nos piden el local de Alsina 370 y nos ofrecen un espacio en el Mercado Municipal, diciendo que se va a construir un Hostel y vamos a tener más movimiento. Aceptamos, y tuvimos que acondicionar un nuevo espacio. Ahora, en plena pandemia, nos solicitan que abandonemos el lugar porque van a hacer un emprendimiento gastronómico. Y no nos quieren dar nada a cambio”.
No hace falta explicar la lógica de quitar un espacio a una organización social –en este caso vinculada a la cultura- para dárselo a un privado. Teniendo en cuenta que estamos hablando de utilizar un bien en poder del estado municipal para dárselo a un privado que lo explotará en su propio beneficio, estamos ante un escenario de saqueo de un lugar de la comunidad para dárselo a otra cosa muy distinta. Previniendo contra ataques basados en de pomposidades de argumento de matiz legal, nos detenemos en lo concreto: lo tiene una asociación civil, se lo sacan y se lo dan a otro de carácter no comunitario. Saqueo, a secas. Por más vericuetos del lenguaje formalote, leguleyo o de estrategia de márcketing con que el pasquín local y el sistema de medios de Juntos por el Cambio vaya a bautizar a su nuevo engendro.
Pero también hay otras instituciones de importante trabajo como CreerSí y a Nido a quienes le dieron aviso para que se retiren.
Quien suscribe no suele adherir a las tesis conspiranoicas. No podemos decir que esto se hace para borrar la memoria de lo popular que se juega en ese lugar como único objetivo. Se hace, como todo lo que se hace en esta gestión, para que alguien del círculo de Hetitor se beneficie del brazo invisible del estado con algún negocio con el que se ve favorecido. Pero lo que sí podemos decir –con toda precisión- es que la consecuencia del proyecto político, económico y cultural que buscan imponer necesariamente cambiará las características concretas de ese espacio como espacio público de acceso a la población en general y el memorial de espacio de lucha y de expresión cultural. Es de decir que si bien no podemos decir que esto se hace para borrar la memoria de lo popular que se juega en ese lugar sí podemos decir que esa será la consecuencia de este plan de la violencia privatista.
Dos cosas como corolario: desde Juntos por el Cambio son implacables con la aplicación de su proyecto, y este no es un asunto que afecte a una asociación civil o a un par de ellas sino que es un tema de profundo carácter comunitario (por ende, esencialmente político) en el que se juega la suerte simbólica, el significado, de un espacio por el que miles de personas hemos transitado compartiendo una visión de ciudad –de mundo- en el que la expresión humana y la felicidad sean patrimonio del conjunto. Es decir, esta debería ser una pelea de la comunidad contra un privado (con representación política gubernamental propia).
Por último, decir del oficialismo que es de baja, miserable calaña utilizar el momento de la pandemia en el que una buena parte de la población y de los actores aquí implicados son personas de riesgo y se ven en inferioridad de condiciones para dar una disputa política en términos clásicos. Claro, eso supondría asumir que quienes gobiernan se auto perciben como dirigentes políticos con adversarios. Sin embargo, hasta ahora, sólo se ve en el bloque de poder local un conjunto de ejecutores de deseos del sector privado camuflados en uniformes de funcionarios públicos. La función pública implica el consenso. La imposición de negocios es saco de otro costal.
La concreción del proyecto oficialista representa un saqueo y un duro golpe simbólico. ¿Lo harán sin ningún costo político? ¿Qué tiene para decir la población? ¿Cuánta unidad habrá entre los espacios implicados para lograr un consenso social en la necesidad de que den marcha atrás? ¿Qué hará la oposición?
