byfmdelacalle/24 febrero, 2023/inArgentina, Bahia Blanca, Judiciales, Lesa Humanidad, Noticias

Ramos Padilla y sus colaboradores sobreseídos por inexistencia de delito

Habían sido denunciados por amenazas y abuso de autoridad durante una subrogancia en el Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca. Se les imputaba, además, haber obstaculizado una causa vinculada a Lázaro Báez. Fue en un contexto de avance de las investigaciones a civiles partícipes del terrorismo de Estado.

En 2015, el reclamo de organismos de derechos humanos por la gravedad del estancamiento de las causas de lesa humanidad en Bahía Blanca, motivó la no renovación de las subrogancias de Santiago Martínez y Claudio Pontet en el Juzgado Federal Nº1 y su reemplazo por Ramos Padilla.

Diez días después de asumir, el juez de Dolores remitió un informe de situación a sus superiores demostrando la «situación caótica» que dejaron Martínez y el secretario de Derechos Humanos Mario Fernández Moreno, tal como informamos en “Un juzgado sin rumbo”.

«En general se advierte una situación compleja, fundamentalmente en lo que hace a la Secretaría de Derechos Humanos y las dificultades que desde los diversos ámbitos confluyen para la correcta administración de justicia aparecen como evidentes y complejas, pues derivan de un proceso profundo y enmarañado, producto de dañosas relaciones interpersonales e institucionales a partir de las cuales se perdió el rumbo del juzgado», aseguró.

Mario Fernández Moreno.

Fernández Moreno había pedido licencia por enfermedad y se encontraba ausente. Había detenidos sin indagar y otros indagados sin una resolución de su situación procesal; la guardia policial tenía acceso a expedientes y documentación sobre las fuerzas denunciadas; y un descontrol de armas y drogas incautadas en otras causas, mientras Martínez y Fernández Moreno habían ordenado dar prioridad absoluta a la persecución contra Álvaro Coleffi, quien había indagado a Vicente Massot y avanzado sobre otros civiles como el ex secretario judicial Hugo Sierra y el capellán Aldo Vara.

En 2019, tras una denuncia de Fernández Moreno, el fiscal Gabriel González Da Silva abrió una causa contra Ramos Padilla y su grupo de confianza.

En diálogo con FM De la Calle Da Silva afirmó que “eran dos grandes bloques de investigación: uno relacionado con su supuesta no actuación o actuación irregular en una causa llamada ‘Ficcadenti’ y otra que tenía que ver con su trato hacia sus empleados durante su gestión”.

El ex secretario denunciaba abusos de poder, intimidaciones, y acusaciones varias respecto de sus colaboradores, como la exigencia a trabajar horas extras y que se les no permitía amamantar a sus hijes a las trabajadoras judiciales que se encontraban maternando.

Se puso en cuestión “que el juez trajera a su personal para trabajar en Bahía Blanca. (…) Fue una causa que no fue sencilla, duró tres años, no porque se haya detenido en algún momento sino porque demandó mucha investigación”, refirió el fiscal y planteó que “Ficcadenti” no tuvo esa misma característica porque “comprobamos que la causa no había sido parada y que no había habido ninguna irregularidad”, de hecho, “fue elevada a juicio y la tenemos recién entrada en tribunal oral”.

“Tuvimos que citar a todos los empleados del juzgado y hacer averiguaciones en un montón de lados a ver si había sido regular la traída de esos empelados por parte de Ramos Padilla”, recalcó González Da Silva. En este sentido, añadió que recurrió “a ver si había habido denuncias en la Unión de Empleados de Justicia de la Nación”.

“Yo no puedo hablar sobre las irregularidades con las que se encontró Ramos Padilla porque no fue objeto de mi causa (…), al principio, los trascendidos en la calle eran unos pero al momento en que a los empleados les tomamos declaración ninguno ratificó que hubiera tratos que pudiesen considerarse delictivos”.

Sin embargo, “sí había quejas de la forma en que llevó a cabo la intervención pero a mi entender eso es un criterio que queda a cargo del magistrado que le toque intervenir, que puede ser un poco más o menos exigente y que puede delimitar quién quiere que trabaje con él”.

Finalmente, el fiscal aclaró que la causa se encuentra completamente cerrada y que se considera bajo la figura de “cosa juzgada”. Pero que en caso de considerarse necesario, está abierta la posibilidad de realizar una investigación de carácter administrativa.

Las conclusiones de Da Silva

Sobre el final de su resolución de 164 páginas, el fiscal afirmó: “Los cuestionamientos efectuados por los funcionarios y empleados -que declararon tanto en sede administrativa como en las presentes actuaciones- a las decisiones sobre la gestión del juzgado dan cuenta de una disconformidad con el contenido o –en algunos casos- una animosidad hacia el decisor, puesto que, contrariamente a lo declarado, no se hallaron actuaciones ilegítimas”.

“Sumado a ello, entendiendo particularmente importante reiterar –sin temor a ser redundante– que resulta imprescindible tener en cuenta que el análisis que se haga de la actuación de un juez tiene que limitarse estrictamente a lo que pueda tener relevancia penal y que estas actuaciones no pueden implicar una revisión de la actuación del magistrado que pueda afectar su independencia funcional”.

“En miras de todo lo expuesto, entiendo que corresponde el sobreseimiento del Dr. Ramos Padilla y de sus colaboradores por los supuestos hechos de abuso de poder, maniobras abusivas y amenazas durante su subrogancia en el Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, entre los meses de junio y diciembre de 2015”.

¿Qué fue de…?

Otros de los protagonistas de aquellas instancias judiciales corrieron diversa suerte.

Fernández Moreno fue sancionado por la Cámara Federal.

El ex juez de la Alzada que hostigó al magistrado desde su designación, Néstor Luis Montezanti, luego declarado en rebeldía por Ramos Padilla por esquivar las indagatorias en la causa Triple A, hoy está elevado a juicio por haber cometidos crímenes de lesa humanidad.

Álvaro Coleffi fue sobreseído en la causa por las escuchas filtradas de la causa Suris que desvelaba a Ulpiano Martínez.

Este último fue premiado con una fiscalía federal desde la cual intervino en favor de la Bonaerense en la desaparición de Facundo Castro, favorece a las multinacionales petroquímicas que contaminan el estuario y espera un correo electrónico con la pista que lo lleve a quienes colocaron la bomba en el local de La Cámpora.