“Si Montezanti se hubiera sometido a la población de Bahía Blanca no hubiera llegado a ser juez”
El ex camarista federal Luis Alberto Cotter dialogó con FM De la Calle sobre su intervención en la investigación de los crímenes de lesa humanidad durante la transición democrática, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y los indultos y las problemáticas actuales del Poder Judicial. La clave: independencia y mecanismos democráticos para la selección de jueces y juezas.
Cotter impulsó -junto a su par Ignacio Larraza y al fiscal Hugo Cañón– los fallos que declararon la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final del gobierno radical y los indultos de Menem. Su labor y compromiso con los derechos humanos le valieron numerosos reconocimientos.
“Opuso el antídoto a la obediencia debida que fue la desobediencia debida. La desobediencia debida a las decisiones políticas que se encadenaban para terminar con el enjuiciamiento de la verdad, para llegar al esclarecimiento total del genocidio que padeció nuestro pueblo”, dijo sobre el ex juez el dirigente de la AJB, Antonio Cortina.
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¿Qué mirada tiene de la situación del Poder Judicial, de las reformas que se anuncian y no se terminan de concretar, los vínculos entre servicios de inteligencia y jueces o el uso de la justicia para la política?
Ese cóctel es todo cierto. La justicia necesita una reforma pero de fondo, no solo en cuanto a las leyes sino a la composición humana del Poder Judicial, en el Consejo de la Magistratura que es el órgano que selecciona a los jueces que van a ocupar un cargo vacante.
Considero que ese Consejo no cumple con sus funciones, no puede estar politizado -y lo está- en su composición. Todo el mundo tiene una ideología pero falta la integración de otros sectores en la selección de jueces que serían muy importantes.
Hay sistemas en el exterior y algunos experimentos para modificarlo en provincias, pero hasta ahora no se ha conseguido. Hay que evitar la arbitrariedad con que se seleccionan los jueces según su color político, eso tiene un fracaso inmediato.
¿Qué sectores no están representados?
Empleados del Poder Judicial, a través de sus organizaciones gremiales, y la comunidad donde los futuros jueces van a prestar sus funciones, para que se someta a sus preguntas.
¿En el caso de la Corte amerita alguna modificación?
La Corte entra dentro de este esquema, quitándole las atribuciones casi exclusivas que tiene el Poder Ejecutivo en la designación. Hay que ser ingenuos para pensar que el Poder Ejecutivo va a nombrar a alguien que no es de su palo.
Yendo a su experiencia en las causas de lesa humanidad, ¿cómo fueron esos tiempos de transición democrática y el desarrollo de las investigaciones que permitieron llegar a varias sentencias?
Estoy conforme con que las cosas sigan y no desaparezcan, el juzgamiento de aquellos que cometieron las barbaridades más grandes que uno se pueda imaginar. Cuando comenzó la investigación era todo muy duro porque no solo había un sector militar todavía armado en su ideología de resistir a la democracia o por lo menos, limitarla para no ser juzgados. Eso costó mucho y aun ahora se está juzgando a aquellos que se descubren como partícipes de la dictadura. No olvidemos que está el sector que busca a los niños que fueron apropiados, que ahora son adultos, que fueron apropiados por la dictadura y repartidos como si fueran chocolatines entre ellos.
Fueron horas y horas de indagatorias e investigación…
No fue fácil, fue muy difícil, muy intrincado el tejido que habían tendido para conseguir su impunidad, más la resistencia de algunos sectores civiles a que los juicios continuaran. Para eso contribuyó la Corte Suprema que en el caso de Bahía Blanca nos quitó todas las ampliaciones que teníamos, abrimos un nuevo flanco a instancia de los derechos humanos que fueron los Juicios por la Verdad, si bien no eran punitivos descubrieron muchas cosas a través de la investigación y los testimonios, fueron en última instancia la base de todos los juicios que se hicieron y los condenaron.
Entre las primeras investigaciones y los Juicios por la Verdad, la Cámara fijó su postura contra las leyes de impunidad. ¿Qué tipo de presiones recibían?
Han pasado muchos años, las presiones eran de parte de algunos sectores del partido gobernante, no todos, hubo sectores que apoyaron la derogación de las leyes, pero hubo resistencias, sugerencias, lo que es la práctica cuando hay dictadura. No obstante, la discusión en la Cámara fue difícil pero se consiguió. El dr. Larraza y quien les habla formaron la mayoría y sacamos una resolución con la disidencia del dr. Emilio Planes, quien consideraba que era una amnistía lo que había dictado el Poder Ejecutivo.
Hubo gran revuelo, críticas de los sectores que pensaban que lo que se había hecho con la dictadura era una cosa justa, parece difícil entenderlo pero fue así. Se sacó la inconstitucionalidad de la Ley de Obediencia Debida y así se siguió adelante hasta que intervino la Corte, nuestro superior, retirándonos todas las actuaciones, como diciendo señores quédense tranquilos.
Se dieron los Juicios por la Verdad y nadie podía decir que estábamos haciendo algo inconstitucional. Se investigó mucho y se descubrieron muchos mecanismos de cómo hacían desaparecer ciudadanos.
¿Eso motivó cambios en la conformación de la Cámara, limitándoles su accionar?
Fue realmente arbitrario. Se amplió el número de miembros como para neutralizar, para neutralizarme a mí personalmente, y se achicó la jurisdicción. Una cosa insólita en el Poder Judicial del momento. Nosotros teníamos lo que abarca en su competencia en las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro y parte de la provincia de Buenos Aires. Cuando nos podaron para quitarnos influencia nos dejaron La Pampa y parte de la provincia de Buenos Aires.
Eran todas maniobras para las que desgraciadamente se prestaban los partidos políticos y no podíamos evitarlo. Por eso, insisto en que de alguna manera y por mecanismos que existen, hay que independizar a la justicia totalmente y como poder que tiene que ser, como dice la Constitución, hay que alejarlo de las influencias, políticas y de los partidos políticos. Esa es mi idea.
Las páginas de La Nueva Provincia estaban prestas a difundir esas voces que señalaban que ustedes estaban actuando de manera incorrecta…
Por supuesto, no solamente de forma incorrecta, sino que estábamos haciendo cosas que no correspondían en el sentido de aceptar la “conciliación” que se intentaba hacer entre la sociedad y estos asesinos.
Estuvo en el acto de entrega del Doctorado Honoris Causa a Watu Cilleruelo en la UNS, víctima de la Triple A, un período que ustedes no llegaron a profundizar en sus investigaciones. Sin embargo, hoy tenemos una primera condena y una causa abierta con un imputado que espera juicio que paradójicamente compartió la Cámara con usted, me refiero a Néstor Luis Montezanti.
Parece de ensueño, ¿no? Pero es así. Tuve el gusto y el orgullo de que me invitaran a participar de la entrega del diploma de Honoris Causa a Watu.
Efectivamente Montezanti fue expulsado de la universidad por su participación, no en el hecho, pero sí en la Triple A, que fueron los autores de la muerte de este estudiante.
Volvemos a hablar de lo mismo, de cómo llega un personaje así a ser parte del máximo órgano de la justicia federal del distrito.
Sin duda, por eso me remito a lo que dije antes: hay que modificar el Consejo de la Magistratura en cuanto se refiera a la selección de jueces. Si este sujeto se hubiera sometido a la población de Bahía Blanca no creo que hubiese llegado a ser juez porque hubiera sido impugnado fuertemente por la propia sociedad a la cual iba administrar justicia.
Hay resorte de control, pasa que hay que perfeccionarlo y tener las ganas de hacerlo. Mientras los partidos políticos no quieran perder la influencia en la designación de los miembros de un poder que tendría que ser independiente, no se va a conseguir. Repito: si el dr. Montezanti se hubiera sometido la opinión general de la ciudad de Bahía Blanca respecto a su persona no creo que hubiera aprobado el examen.
¿En aquel momento Montezanti operó contras las causas de lesa?
Hay que suponer que sí.
En 2012, después de la primera sentencia de la Causa V Cuerpo, usted dijo: “No me sorprendió lo que ocurrió con ese veredicto, uno advertía una evolución positiva en la sociedad bahiense”. Más de 10 años después, con el resurgimiento de las denominadas nuevas derechas, los discursos de odio, ¿sostiene esa visión?
Como ex juez no puedo emitir una opinión general pero muchos sectores de esta sociedad en la época de los juicios o los Juicios por la Verdad, yo noté un apoyo muy abierto de la sociedad, por ejemplo para facilitar datos en la investigación.
Este es un momento muy difícil donde múltiples elementos contribuyen a que vivamos en un estado de inquietud permanente y con una visión del futuro bastante negativa. Pero yo pienso que de alguna manera vamos a seguir adelante con esta sociedad, democrática por supuesto, porque soy un convencido de que hay múltiples elementos que hacen que se viva en un momento de suma inquietud a los cuales hay que atacar, hablo de lo económico, de lo social, del hambre, de la desocupación, de la falta trabajo, etc. En la medida que eso no tenga respuesta del poder político o de Ejecutivo no va a haber una sociedad tranquila como tiene que ser y hay medios para hacerlo.
Otro tema que se ve con preocupación es el narcotráfico, la justicia ha planteado articulaciones para abordarlo, en su época en la Cámara le habrá tocado intervenir en el tema aunque en causas de envergadura menor a las actuales imagino. ¿Tiene alguna mirada al respecto?
Por supuesto, las actuales son muy importantes e inciden sobre el desarrollo pacífico de la sociedad. Es un ámbito de seguridad, hay medios para combatirlo. Si se observa es un problema mundial, lo puede combatir en su país pero si no se elimina de alguna manera, no digo físicamente por supuesto… Por ejemplo, en Uruguay se legalizó la marihuana, por ahí eso podría abrir un camino sin dejar el tema de la seguridad.
Es un problema inconmensurable, desde el punto de vista económico y social, es muy difícil de combatir. Habrá que poner los medios y la inteligencia a favor de cómo se hace.
¿Específicamente piensa en la legalización del consumo de marihuana?
La marihuana creo que en el país no está legalizada pero sí está tolerada. Se empezó a filtrar o reducir a través de jurisprudencia en los tribunales que tantos gramos no es delito, que tal cosa está disculpada o que la ley no la contempla. Argumentos para reducir la represión a la marihuana, tengo entendido que es la droga más liviana. Habría que pensar, muchos lo han propuesto, legalizarla con controles. Usted no puede ir a una farmacia o a quien venda a comprar siete kilos de marihuana. Se vende a personas individuales, controlada, bien registrada. De alguna manera es un sector de la droga que más consumidores tiene, sobre todo en la juventud, que es lo que nos debe preocupar realmente. En ese sentido hay que tomar medidas pero no represivas.
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