byRedacción/24 julio, 2025/inBahia Blanca, Entrevista, Judiciales, Noticias, Política

Sobreseyeron a Graciela Cortázar: “Fue una persecución directa y dirigida hacia mí como funcionaria”

La ex defensora general de Bahía Blanca, Graciela Cortázar, fue blanco de una investigación judicial que, según determinó el Tribunal de Casación Penal, no tenía sustento fáctico ni legal. Tras más de 9 años de proceso, los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana dispusieron su sobreseimiento definitivo. La causa promovida por la Fiscalía General denunciaba su supuesta connivencia con abogados particulares para obtener beneficios patrimoniales indebidos.

En diálogo con FM De la Calle Cortázar destacó la “relevancia institucional” del caso dado que “no es la primera vez que pasa en Bahía Blanca ni será la última. Hay que prestar atención a quién el Estado le da el poder de perseguir”.

La ex funcionaria remarcó que la persecución judicial que vivió no solo fue infundada, sino profundamente dañina, tanto en lo personal como en lo institucional.

“Puede ser que disgustara a algunas personas el hecho de todo este activismo que tuve siempre por los derechos humanos, por una justicia que fuera inclusiva, y la verdad es que sí, sin duda, he sido perseguida por eso, pero el mayor daño es la utilización de ese poder de inventar, trasladado a la prensa -de determinada prensa- porque se instala una imagen y eso después produce muchísimo daño, afirmó.

El fallo de Casación reseña que la investigación promovida por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Juan Pablo Fernández, apuntó a “determinar la existencia de un supuesto accionar de la imputada, en su carácter de Defensora General, en connivencia con abogados particulares, para obtener un beneficio patrimonial indebido, y en perjuicio de la libre elección de la asistencia letrada de los involucrados en determinados expedientes. La maniobra denunciada incluía una ‘sistemática simulación de viáticos’ para solventar distintos gastos que hacían a la maniobra”.

Sin pruebas, el núcleo de la denuncia se transformó con el tiempo y se limitó a posibles irregularidades en el uso recursos públicos. Según Cortázar, se la investigó por “excesivas llamadas telefónicas”, por “vales de nafta” y por “inconsistencias en los viáticos” en comparación con otros funcionarios. “Todo terminó en que Casación dice: mire, no alcanza con inventarlo, imaginárselo, acá no hay delito, no lo hubo nunca”, sintetizó.

La abogada relacionó su caso con otros episodios similares de persecución judicial ocurridos en la ciudad como los sufridos por el ex juez correccional José Luis Ares o el caso de la Asociación Médica. “Esto puede parecer una cosa que me pasó a mí, no le importa a nadie, pero estas cosas pasan porque hay personas con muchísimo poder de dañar a alguien porque sí, simplemente porque no les parece que políticamente tengas una posición adecuada. En la ciudad ya ha pasado”, denunció.

Cortázar insistió en que la causa debe ser interpretada como una advertencia. “Si alguien con poder puede diseñar persecuciones durante tanto tiempo contra una persona con herramientas para defenderse, imagínate lo que pueden hacer con el ciudadano de a pie”.

Aunque su sobreseimiento marca el cierre judicial del expediente, el juicio público, mediático y emocional que vivió dejó secuelas en su vida: “Mi imagen se manchó. Aunque ahora digan que nadie sospechaba de mí, eso no es cierto. Me afectó a mí, a mi familia, a mis vínculos en Bahía. Por eso cuando salió la resolución de Casación yo decía, ‘tengo sensaciones encontradas’, porque una persona decente no necesita que una resolución judicial te diga ‘usted no ha hecho nada’, pero por otro lado es decir, qué suerte que esto se terminó”.

Por último, agregó: “Por eso es que yo digo que las personas que persiguen teniendo poder institucional, y que persiguen no erróneamente sino maliciosamente, porque se sabía desde el principio que no había ningún delito, con esa gente hay que tener muchísimo cuidado, hay que revisar esas funciones, saber por qué están ahí, qué están haciendo con ese poder, debe haber un control disciplinario de esos funcionarios, porque hacen mucho daño y además tienen que pagar a las víctimas por lo que han hecho”, concluyó.