byRedacción/9 enero, 2026/inNoticias

Suelo ocioso, vivienda y desigualdad: las claves para pensar el futuro urbano del sudoeste bonaerense”

Jimena Irisarri es profesora adjunta de Sociología en el Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur, doctora en Historia y magíster en Política y Estrategia. Desde el CONICET y la UNS investiga las políticas de hábitat, el acceso a la vivienda y al suelo, en especial el suelo y la vivienda ociosos y su impacto en las dinámicas urbanas, las desigualdades sociales y el desarrollo territorial de Bahía Blanca y la región.

Para la investigadora, el acceso a la vivienda y al suelo no es una discusión ideológica sino una cuestión de política pública concreta y de derechos.

“Está constitucionalmente dicho, hay un artículo de la Constitución Provincial que plantea que la provincia garantice el acceso a la propiedad de un terreno para vivienda a familias en municipios de hasta 50.000 habitantes. Este es el artículo 36, inciso 7”.

El caso de Patagones aparece como ejemplo de una política posible. Se trató de una iniciativa municipal, sostenida en el tiempo y acompañada por la provincia a través del Ministerio de Hábitat y la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat.

“Cuando uno tiene una política siempre tiene que ir tratando de adecuarla a su territorio”, explica Irisarri, y subraya la complejidad de sostener políticas integrales y de largo plazo en contextos políticos cambiantes.

En el centro del debate aparece el suelo ocioso. “Nosotros tenemos mucho, por ejemplo en el caso de Bahía Blanca, de privados que no pagan sus deudas”, advirtió. También existen tierras nacionales y provinciales sin uso efectivo.

La investigadora considera que movilizar ese suelo requiere herramientas legales —que existen—, pero sobre todo gestión: diálogo con privados, coordinación entre niveles del Estado y capacidad técnica municipal. “Hay muchísimo de gestión”, resume.

La investigadora insiste en que la vivienda ociosa y el suelo improductivo no son problemas neutros: encarecen el acceso a la tierra, desperdician infraestructura y profundizan desigualdades. En ese sentido, alerta sobre los efectos incluso de los “rumores” de grandes inversiones (como fue el caso de YPF Petronas): “Empiezan a tener impacto en el aumento del precio del suelo”, aún cuando esos proyectos finalmente no se concreten.

Irisarri vincula estas dinámicas con transformaciones más amplias del territorio. En las zonas rurales del sudoeste, la primacía de la producción primaria y la baja generación de empleo explican la pérdida de población. En contraste, ciudades como Bahía Blanca o Coronel Rosales concentran habitantes por su perfil comercial o de empleo público. “¿Por qué no hacer un plan de desarrollo del sudoeste bonaerense, pero que implique temas de hábitat?”, se pregunta, proponiendo integrar vivienda, suelo y planificación regional.

La actualización de los códigos urbanos y de planeamiento aparece como otra deuda pendiente. “Bahía Blanca tiene un código y un plan muy antiguo”, señala Irisarri, y plantea la necesidad de repensar usos del suelo menos restrictivos, incorporar espacios verdes y de escurrimiento, y avanzar hacia modelos más flexibles y multicéntricos, acordes a las realidades actuales y agregó que ninguna de estas discusiones puede darse sin la participación de la población. “Siempre me parece importantísima esta opinión”, concluyó.