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Ante los anuncios económicos que hizo el presidente durante la apertura de sesiones parlamentarias el día de ayer, el economista Julio Gambina dijo a FM De la Calle en relación al supuesto “crecimiento invisible” que “el INDEC acaba de dar a conocer los datos del 2017 hablando de que el crecimiento de la economía argentina es de un 2%. Apenas la economía argentina está como en el 2015”.

Asimismo, explicó que dicho documento habla de un 30% de pobreza. “Ya no alcanza con tener trabajo para no ser pobre, vos podes tener trabajo y ser pobre. Hay un 20 o 30% que está por encima de la línea de pobreza y que no alcanza satisfacer las necesidades básicas”.
Respecto de la matriz de política económica, el Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA sostuvo que “la economía puede crecer en aquellos sectores que están ligados al endeudamiento. A los sectores especulativos de la economía les está yendo muy bien (…), porque si la propia política oficial que vos tenés es una recurrente devaluación de la moneda local donde te conviene importar, directamente te conviene convertirte en importador que arriesgar y producir”.

(Por Julio Gambina) El macrismo se consolida como primera minoría electoral en Argentina, aunque todavía incluye una votación de rechazo al kirchnerismo, que no debe considerarse voto fiel al ideario y práctica de Cambiemos en el gobierno.

La suma de macrismo (41,60%) y kirchnerismo (21,72%) los coloca como las fuerzas más votadas (63,32%) y confirman que son la novedad política en la representación institucional de la Argentina en este Siglo XXI.

El radicalismo acompaña mayoritariamente al PRO y también en menor medida se incluye como parte en el kirchnerismo. El peronismo se incluye en el kirchnerismo, fuera del mismo y también minoritariamente con la alianza liderada por el PRO.

Por eso aludimos a una nueva situación política con crisis de las identidades tradicionales: radicalismo y peronismo; y la emergencia de nuevas representaciones institucionales.

El  macrismo ya no es solo una fuerza de la Ciudad de Buenos Aires, sino que se extiende como identidad nacional, con peso electoral en los principales distritos por población y peso económico, especialmente la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Es algo que le otorga fuerza en la negociación con los gobernadores y las fuerzas políticas tradicionales en la Argentina, peronismo y radicalismo, disminuidas en su visibilidad como expresión política.

La votación del kirchnerismo sigue siendo amplia y de carácter nacional, con expresiones organizadas en el movimiento social. Anuncia que se posiciona como la principal fuerza de oposición al gobierno de Macri e intentará hegemonizar al peronismo, que en sus variantes se presentó por lo menos en tres espacios electorales. El liderazgo del peronismo está en disputa y Cristina Fernández pretenderá erigirse como la más votada hacia la candidatura presidencial del 2019.

Macri es el primer presidente no radical ni peronista desde 1916, y aspira a constituir un nuevo tiempo político en el país bajo una nueva identidad, de derecha y con consenso electoral de masas, lo que supone apoyo entre los más pobres y los trabajadores.

No todo es institucional, el conflicto social existe

El triunfo electoral no elimina el conflicto social como parte de la disputa política. De hecho, las tensiones de último momento se asociaron a la desaparición de Santiago Maldonado, con responsabilidad directa del Estado y la represión.

Se trata de un tema que continúa, a la espera de la autopsia y la consideración de la responsabilidad estatal en la muerte de Maldonado, incluso y más allá de dictámenes oficiales, la sociedad, o una parte de ella responsabiliza al Estado y el conflicto en torno a su esclarecimiento no se agota en la voz oficial.

El movimiento de DERECOS HUMANOS y más en general el movimiento popular batalló contra la impunidad hasta lograr las leyes de nulidad y los juicios en curso; una lucha de décadas en la que puede inscribirse la demanda por el esclarecimiento de la muerte de Santiago Maldonado.

La batalla contra las actualizaciones de tarifas involucró a votantes del macrismo durante estos años y es previsible que sean parte de nuevas protestas. No debe asociarse adhesión electoral con consenso a políticas de ajuste explícito que afecta a buena parte de la población de menores ingresos.

Una ampliación del consenso electoral y parlamentario no significa contención del conflicto social.

Con el consenso electoral se pretenderá avanzar con la agenda del ajuste y la regresiva re-estructuración de la economía, el Estado y la sociedad. Por eso se alentarán reformas diversas: laboral, previsional, fiscal, penal, educativa, de salud, etc.

A no dudar que esos intentos generarán respuestas diversas, entre quienes intentarán darle cobertura social, sean parte de la burocracia sindical negociadora, mayoritaria en la CGT; el periodismo afín a las patronales de la comunicación y una intelectualidad funcional a la liberalización; pero también se habilita el despliegue de alternativa política popular, especialmente en la construcción de un nuevo modelo sindical, donde la unidad de acción es fundamental para construir nuevo proyecto sindical y popular articulado.

Las CTAs y otros ámbitos del movimiento sindical están desafiados a superar la fragmentación y con audacia proponer formas de organización de la protesta social y generarse condiciones de efectividad en la construcción de alternativa de poder.

En el movimiento sindical, territorial y popular se dará el principal espacio para la acumulación política de la izquierda y un proyecto popular por la emancipación social.

La izquierda partidaria logra 1.350.000 con el 5,59% de votos, con picos muy importantes en algunos distritos como Salta, Jujuy, Mendoza, e incluso el ingreso de legisladores nacionales. La fragmentación de la propuesta electoral de la izquierda diluye una mayor presencia legislativa y desafía a ampliar los espacios de unidad.

Unidad más posible y deseable en el ámbito del movimiento social y el conflicto, territorio adecuado para construir confianza para disputas institucionales próximas.

Sin perjuicio de la confrontación al ajuste, que incluye alianzas estratégicas y tácticas que involucran al propio kirchnerismo, el desafío pasa por la unidad ante situaciones de una agenda por la liberalización.

En ese plano destaca la confrontación contra las reformas laborales y previsionales y otras que mencionamos antes, pero especialmente contra la agenda de la presidencia Argentina en el G20 del 2018, que empieza en estos días con una reunión en Bariloche, que anticipa la ofensiva capitalista en territorio argentino durante el próximo año.

Más aún, en diciembre próximo, entre el 10 y 13 de diciembre se reúne la 11° Ministerial de la OMC y la programada semana de acción global contra la OMC será la oportunidad de generar una importante acción de masas en unidad de lucha para habilitar la discusión de una agenda alternativa al proyecto de liberalización del gobierno y las clases dominantes.

Sea por la agenda del ajuste nacional o las reformas reaccionarios y el alineamiento con la demanda del capital trasnacional para bajar el costo laboral y previsional y asegurar rentabilidad al capital, el desafío se instala en la potencia de la unidad de acción del movimiento popular y que en su desarrollo se desplieguen formas eficaces de articulación para la disputa del poder.

Menos consignas y más argumentos

Desde la izquierda y el movimiento popular se requiere mayor capacidad de argumentación.

El discurso pos electoral del macrismo es vacío, asentado en el consenso electoral y convocando a “seguir” en el rumbo, respondiendo a una religiosidad que convoca al seguimiento acrítico.

Somos conscientes que eso supone la agenda de la liberalización y el ajuste, la promoción de las inversiones externas y el mayor endeudamiento público, y que no alcanza con la oposición.

La demanda es por construir adecuada argumentación que no se contenten con la crítica al neo-liberalismo, sino ir más allá en una prédica anti-capitalista que pueda generar conciencia por cambios profundos.

El problema no es el neo-liberalismo o Cambiemos, el tema de fondo es el capitalismo. Hace falta una propuesta anti-capitalista y para ello discutir más a fondo que pasa en los sentimientos y consciencia de los sectores popular, ver como se discute contra la argumentación desde el poder.

(Por Julio C. Gambina) El gobierno de Macri colocó un bono de 2.750 millones de dólares a 100 años, con vencimiento en 2117, lo que muestra la decisión de resolver los problemas económicos locales acudiendo al endeudamiento público, lo que supone una hipoteca recurrente contra el conjunto de la sociedad.

La tasa que resulta de la colocación es del 7,9%, y pude variar por encima o por debajo de ese valor según evolucione su valorización en el tiempo y vaya si hay tiempo para que ocurra una u otra de las posibilidades. A los valores actuales, el pago anual de intereses suma 200 millones de dólares, con lo cual, en 14 años se habrá cancelado el equivalente del capital del bono y por lo tanto, los 86 años restantes, el país seguirá pagando esa suma cada año y al vencimiento cancelará el capital.

Se trata de un negocio redondo para los inversores, que podrán aguantarlo hasta el vencimiento cobrando los intereses, o lo negociarán en el mercado secundario de la timba del mercado especulativo mundial. Además, los bancos transnacionales que colocaron los bonos, obtuvieron una comisión de poco más de 3 millones de dólares.

Debe quedar claro que esos 200 millones de dólares deberán figurar en el presupuesto de gasto de cada año y por ende deben restarse de cualquier otro destino que imaginemos, la educación, la salud, la seguridad, el empleo, la previsión social, etc. Ganan los acreedores y especuladores y pierde el pueblo argentino.

Entre los argumentos del gobierno estaba pasar de una calificación internacional de país fronterizo a emergente, lo que supone mejores tasas de interés en los préstamos internacionales y un mayor acceso al crédito externo. Sin embargo, las consultoras no favorecieron la calificación esperada, demorando otro año para esa definición y con ello le insisten al gobierno con un mensaje de mayor radicalidad en el ajuste.

Los capitales globales pretenden mejores condiciones para sus inversiones, de riesgo o especulativas y exigen avanzar con un shock de ajuste, acelerando lo que denominan un ajuste gradual. Dicen gradual, pero los despidos de Atucha y muchos otros, dan cuenta de una persistencia en el ajuste como política regular del gobierno Macri.

Del mismo modo ocurre con la negativa de la negociación paritaria a los Judiciales o el retaceo a los docentes de las Universidades Públicas, que avanzan en medidas de fuerza para no iniciar las clases en el segundo cuatrimestre del presente año. El conflicto docente en general, de los judiciales y de los estatales muestran las dificultades para hacer realidad el ajuste, más allá de la gradualidad o del shock. El tema está asociado a las fortalezas de la sindicalización entre esos trabajadores.

El endeudamiento y el crecimiento del conflicto social se presentan en el marco de la dinámica electoral para renovación parlamentaria y lo que se juega en la política tiene dos ámbitos de confrontación.

Uno es de carácter institucional y se mide entre oficialismo y oposición, con dudas de posibilidades de polarización. El gobierno apunta a no perder pese parlamentario y a decidir la oposición para completar el mandato hacia 2019 y si se puede avanzar en el shock de ajuste.

El otro se presenta en la movilización y organización popular más allá de los partidos y la disputa electoral, máxime ante la crisis de alternativa política que deja a un conjunto importante de la sociedad sin representación política elegible.

La crisis es por arriba en tanto se disputa quien puede hacer gobernable al capitalismo en la Argentina. ¿Quién asegura estabilidad política y consenso para el arribo de inversiones externas? Es la discusión entre la ortodoxia discursiva del gobierno y su proclamación contra los derechos sociales y sindicales, y la heterodoxia discursiva del kirchnerismo (especialmente en la Provincia de Buenos Aires) y de la Alianza Massa – Stolbizer.

Pero también es por abajo, donde la disputa del consenso entre el pueblo es entre quienes imaginan que la estrategia popular se agota en lo posible dentro de la hegemonía capitalista y quienes pretenden ir más allá del orden del capital. Este debate se procesó por ejemplo en un encuentro que reunió en Buenos Aires a la Ministra de Trabajo de Alemania con un público diverso y representativo de las distintas centrales de trabajadores e intelectuales y estudiosos de la cuestión laboral en el país.

La reunión se realizó en la Fundación Estrategias y con el auspicio de la Fundación Ebert, donde junto a la ministra germana actuó como comentadora la diputada socialista Alicia Ciciliani. El motivo del cónclave era relativo a la digitalización en la producción y los desafíos para el movimiento obrero. Las posiciones diversas oscilaron entre la demanda de adaptación de los trabajadores a la denuncia del capitalismo y la ofensiva del capital contra el trabajo y la naturaleza.

Quedan claras las opciones. Una fuerte presión del poder local y mundial para restringir derechos sociales y mejorar las opciones de rentabilidad de los inversores, con la deuda como lubricante aun cuando eso demore una reactivación económica. Por otro lado, en lo electoral y social movilizado las expectativas de cambios dentro del sistema y finalmente una lógica de confrontación contra y más allá del sistema capitalista.

Son opciones no necesariamente complementarias y que auguran dificultades económicas, sociales, culturales y políticas en el corto y mediano plazo, con desenlace incierto.

(Por Julio Gambina) El arranque económico de la Argentina en 2017 muestra signos de preocupación en la continuidad del alza de precios y tarifas, junto al mantenimiento de la recesión productiva con impacto en la persistencia del desempleo, suspensiones y afectación del ingreso popular.
La situación exacerba las protestas sociales y el conflicto presente y futuro, con las CTA embarcadas en definir de común acuerdo un conjunto de reivindicaciones como contenido de un plan de unidad de acción a refrendar por más de un millar de delegados de todo el país. En simultáneo, la CGT se bajó del diálogo con el gobierno y empresarios para convocar a una movilización en marzo y próximo paro general.

Precios “transparentes”

En febrero comenzó el operativo “precios transparentes” que suponía una baja de 15 a 20% en los precios de contado, según la expectativa de la Secretaría de Comercio de la Nación. La realidad está siendo muy distinta y como la historia demuestra, los precios en general no tienden a bajar una vez que alcanzan un cierto nivel.
Pocos precios disminuyeron y no en los porcentuales imaginados por los funcionarios del gobierno. La mayoría de los precios se mantuvieron e incluso se incrementaron, y ni hablar de la disparada de los precios financiados en cuotas.
Se pensó en estimular el consumo y con la decisión asumida puede afectarse aún más la retracción en el consumo. El encarecimiento del financiamiento desestimula las compras a plazo, y el mantenimiento o suba de precios al contado coexiste con el menor poder adquisitivo del ingreso popular, de hecho, la mayoría de la población.
Así, la realidad impone la continuidad de una tendencia al bajo consumo que recrea las condiciones de persistencia de la recesión en la coyuntura y afecta la perspectiva de recuperación económica para para el 2017.

Tarifas eléctricas

Se anunciaron aumentos en las tarifas eléctricas en el área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, pero impactará en todo el país por los costos en origen trasladados a la cadena de generación, transporte y distribución.
Sostiene el Ministro Aranguren que aún con estas subas del 61 al 148% entre febrero y abril, no se cubre el costo y por ende, los aumentos volverán sucesivamente hasta que los precios sobrepasen el costo y aseguren niveles de ganancias que justifiquen la inversión privada.
La lógica de mercado se impone por encima de cualquier consideración al “derecho a la energía” que sustentan organizaciones sindicales como la Federación de Trabajadores de la Energía, FeTERA en la CTA Autónoma, y variadas organizaciones que promueven los derechos sociales al abastecimiento energético.
El aumento de tarifas eléctricas es parte de la asociación entre la impunidad empresarial y la lógica política del gobierno Macri.
Las empresas pretenden bajar salarios y aumentar precios y tarifas. Son medidas contra los trabajadores y los usuarios, especialmente los de menores ingresos.
Es una lógica que privilegia la ganancia de las empresas para atraer inversiones al sector energético. Es algo que queda claro en el conflicto entre la multinacional EDEA S.A. y el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata.
La organización de trabajadores objeta el accionar integral de la empresa transnacional a costa de los propios trabajadores y trabajadoras y el conjunto de usuarios del servicio de electricidad.
En rigor, desde las privatizaciones energéticas en los 90´ del siglo pasado existe una concepción de la energía como mercancía, que compran en el mercado los que tienen suficiente dinero. Por ello, hace falta instalar en el sentido común otra concepción que supone la lucha por el derecho a la energía. Resulta una premisa conceptual para impedir la agresión a los derechos laborales de las/os trabajadoras/es de la energía y al “derecho a la energía” del conjunto de la sociedad.

Actualización salarial

Aumentos de precios y tarifas explican el deterioro de la capacidad de ingresos populares y habilita expectativas por las discusiones paritarias entre trabajadores y empresarios.
Es la base para pensar todas las actualizaciones de ingresos de los sectores más empobrecidos, ya que las jubilaciones se ajustan con base a estas actualizaciones negociadas en paritarias, y los planes sociales acompañan limitadamente las actualizaciones salariales.
Como siempre ocurre, los docentes anticipan el debate y está asociado al comienzo o no de las clases, pero también en escena se presenta el conflicto con los bancarios ante el desconocimiento por parte del Ministerio de Trabajo del acuerdo suscripto entre las cámaras empresarias y los sindicatos.
El gobierno nacional pretende desentenderse de las demandas de un piso salarial nacional docente y descarga la negociación sobre las provincias. Estas requieren asistencia financiera nacional ante los límites del déficit fiscal provincial y nacional.
Todo augura conflicto, tal como se expresó en las movilizaciones docentes de este jueves 2 de febrero. En realidad, la protesta no es solo salarial, sino que apunta al derecho a la educación, afectado por el proyecto de reforma educativa de privatización de la educación en el rumbo definido por la lógica mercantilista de carácter neoliberal.
Los bancarios tienen el aval de la justicia y sostienen la reivindicación de los acuerdos suscriptos con protestas ante la restricción del Ministro de Trabajo.
Es la protesta explícita la forma que tienen las/os trabajadoras/es para defenderse de la creciente inflación de precios y tarifas. Con esa base de movilización y sensibilización a la sociedad es que ingresan a la discusión paritaria y anticipa la escalada del conflicto sindical y social.
Desde el gobierno se imaginan un límite de actualización salarial entre el 17 y 18%, cuando el propio BCRA mantiene elevadas tasas de interés (24,75%) en las licitaciones de letras, LEBAC. La entidad monetaria explica que su decisión se sustenta en la continuidad de las expectativas inflacionarias para el 2017. Estas expectativas materializadas afectan especialmente a los sectores de menores ingresos.
La respuesta es la lucha social extendida por la distribución del ingreso, máxime cuando se estima para 2016 una pérdida de los ingresos populares promedio del 10% de la capacidad de compra. Ese es el piso a adicionar a la inflación esperada del 2017, probablemente superior al 20%.
Para imaginar el piso de recomposición salarial deben adicionarse ambos valores, el 10% resignado en 2016 y el valor esperado de aumento de precios para el 2017, no menor al 20%.
De ahí surge un piso del 30% para la actualización de ingresos, que si se pretende mejorar, la demanda estará más cercana al 35% o más, según sea la correlación de fuerzas en la contradicción entre el trabajo y el capital.

Conflicto sindical y social

Claro que resulta impensable que esa lógica argumental sea aceptada por el gobierno o la impunidad empresaria, lo que aventura protestas y conflictividad creciente para intentar afirmar derechos sociales conculcados.
La tradición de movilización sindical en la Argentina con los anuncios de las CTA y ahora de la CGT, puede habilitar un escenario de mayor conflictividad en un año electoral, donde el gobierno disputa consenso a su proyecto, por lo que califica de medidas políticas a esas manifestaciones de protesta.
Es verdad, toda protesta asume carácter político, en tanto es parte de la disputa del ingreso, antesala para discutir la distribución de la riqueza, altamente concentrada en nuestro país y en el mundo.

(Por Julio Gambina) Alfonso Prat Gay dijo en su momento, en una conferencia en EE.UU., que el “trabajo sucio” ya estaba hecho. Se refería a las iniciales medidas económicas del gobierno Macri: la devaluación, el levantamiento a las restricciones cambiarias (CEPO), la eliminación o reducción de retenciones a las exportaciones, el arreglo con los acreedores en conflicto con más deuda y el ajuste de tarifas de servicios públicos.

Cuando se despedía, no dudó en hablar de “éxito” de su gestión, pese a la recesión y la inflación, coronado con un anuncio de 90.000 millones de dólares exteriorizados por el blanqueo, que podría llegar a 120.000 millones de dólares hacia fines de marzo cuando se exterioricen los inmuebles no declarados. Hay que pensar en un 10% de la exteriorización como potencial recaudación por multas.

De su propia boca escuchamos al Ministro saliente aludir al trabajo sucio y al éxito de la gestión, toda una confesión, que explicita beneficiarios y perjudicados.

Entre los primeros los grandes productores y exportadores, la gran banca y los especuladores, entre ellos los acreedores externos y nuevos prestamistas de la Argentina, y en general el gran capital hegemónico, pese a la recesión y la inflación. Claro, en materia de precios, son los sectores más concentrados los que explican la escalada de precios. No cualquiera puede incrementar los precios, y si no, veamos cuanto les cuesta a los trabajadores ajustar sus ingresos, ni hablar de los jubilados y los perceptores de planes sociales.

Los perjudicados son la mayoría de la sociedad, la gran masa de trabajadoras y trabajadores y el grueso de los pequeños y medianos productores y empresarios, en general, todos asociados a la capacidad de compra y venta en el mercado interno. Todos los datos de la economía muestran reducción de ventas y producción, por baja de consumo y capacidad adquisitiva de la mayoría de la población.

Nuevos ministros

Nicolás Dujovne se hará cargo del Ministerio de Hacienda desde 2017. Ya anunció en conferencia de prensa sus objetivos concentrados en: a) bajar el déficit, b) aumentar el gasto en infraestructura, c) reducir impuestos, distorsivos dice, y d) comunicar buenas noticias a la sociedad.

El primer objetivo es contradictorio con el segundo, por lo que se supone el nivel de ajuste del gasto social será importante. Dice que no ajustará pero que estudiará a fondo todos los gastos, siempre para reducirlos, no para aumentarlos.

La línea del ajuste queda clara, mientras que los constructores se preparan para intervenir en las licitaciones de obra pública que estuvo frenada durante el 2016 para intentar frenar el déficit fiscal.

El esfuerzo por incrementar obra pública contrasta con la segura reducción del gasto social. Una muestra es el reciente conflicto en el Conicet o en el Ministerio de Educación.

La reforma tributaria suena a beneficios para los empleadores, una pista que surge del calificativo “distorsivo” para los tributos. Lo que se quiere con ese lenguaje es reducir el costo de contratación a los inversores, para mejorar la perspectiva de rentabilidad al capital.

Ni por asomo se piensa en reducir la alícuota del IVA, principal fuente de recaudación tributaria en la Argentina, un 8% del PBI, contra el 6% del impuesto a las ganancias, de los cuales, más del 2% recae en los pagos de la cuarta categoría que abonan unos 2 millones de trabajadoras/es.

Sobre la comunicación a la sociedad, la especulación se asocia a la trayectoria de comunicador liberal del columnista de La Nación y TN.

Convengamos que una cosa es comunicar como analista, de derecha o de izquierda, y otra muy distinta seguir explicando el ajuste y la regresiva reestructuración de la economía argentina en la gestión Macri.

Otra novedad es que el Ministerio se dividió en Hacienda y en Finanzas. En este último caso se ascendió a Luis Caputo de Secretario a Ministro. ¿El mérito? Haber tenido éxito en endeudar al país y hacerlo regresar al mercado de préstamos mundial, algo que se profundizará desde el mismo enero del 2017.

La nueva deuda estimada entre 2016 y 2017 será de 90.000 millones de dólares, una fuerte hipoteca para el conjunto de la sociedad argentina, la que se comunicará como un éxito, ya que supone que el país vuelve a ser sujeto de préstamos del sistema financiero mundial.

Para fundamentar el cambio de Ministros, Macri y sus funcionarios de la Jefatura de Gabinete apuntaron a mejorar el equipo, nunca a promover cambios en la política económica para beneficio social.

Realizado el trabajo sucio, se busca profundizar el ajuste y la regresiva reestructuración a favor de la ganancia.

Claro que para ello tienen que disciplinar al conflicto social. Para eso tienen al Ministro del Interior y al de Trabajo que “dialogan” y pactan con la burocracia política y la sindical respectivamente.

Saben de la tradición combativa del pueblo argentino y por eso se empeñan en controlar el conflicto y si pueden, contenerlo en la fragmentación que hace visible la protesta en la actualidad.

Nueva situación mundial

El marco internacional continua desfavorable para la aspiración de atraer inversores.

La situación mundial privilegia la orientación de capitales hacia los países capitalistas desarrollados, especialmente EE.UU.

Luego del 20 de enero, con Danald Trump en Washington y su política de recuperación de la economía estadounidense, lo previsible será que la potencia imperialista actúe como una aspiradora de fondos de inversión de todo el mundo.

Sin contar, claro, que el mapa de la geopolítica cambiará en nuevas disputas entre los principales países del sistema mundial. Además de EE.UU., habrá que contar a Europa, China y Rusia que no solo disputan destino de inversores, sino condiciones de beneficio de sus políticas nacionales.

El papel de Argentina es subordinado en esta ecuación global, y a no dudar, el destino seguirá profundizando la dependencia del capitalismo local en el sistema mundial.

(Por Julio Gambina) La información actualizada que ofrece el FMI es un llamado de alerta sobre la evolución de la Economía Mundial. El resultado del plebiscito británico para salir de la Unión Europea, el BREXIT, le agregó “incertidumbre” a la economía mundial, dice el FMI en la revisión a la baja de las proyecciones de evolución económica del sistema mundial.[1]

Destaca el informe que el principal impacto estará en Gran Bretaña y Europa pero también en las principales potencias del capitalismo mundial y como novedad, en los llamados países “emergentes”.

Estos países “emergentes”, durante un buen tiempo luego de estallada la crisis mundial capitalista en 2007/08 fueron receptores de los flujos internacionales de capital y por lo tanto aparecían “por afuera de la crisis”. El espejismo del crecimiento económico en estos países inducía opiniones erróneas sobre la territorialidad de la crisis.

Los nuevos datos derivados de la caída de los precios de las commodities, entre otras cuestiones, morigeran el crecimiento y en algunos casos se procesa la recesión (Brasil caerá 3,3% este año), contribuyendo al deterioro de los indicadores económicos regionales y globales.

Respecto de América Latina se asume una leve mejoría en el marco de una tónica de escepticismo sobre el futuro inmediato, con una opinión satisfactoria sobre el restablecimiento de una lógica pro mercado y liberalización, especialmente derivada de la situación en Argentina.

“En Argentina, la transición a un marco de política macroeconómica más coherente y creíble sigue avanzando, y debería afianzar las perspectivas de crecimiento a mediano plazo, aunque el impacto adverso en la actividad a corto plazo ha sido mayor de lo previsto. El ajuste de los precios relativos en el primer semestre de 2016 —tras la depreciación del tipo de cambio y el alza de las tarifas de los servicios públicos— ha acelerado la inflación y perjudicado el consumo privado. Ahora la actividad económica probablemente empezará a recuperarse hacia finales de 2016, a medida que la inflación se modere gradualmente, que se estimule el gasto y que se reduzcan las tasas de interés. Se prevé que la orientación más acomodaticia de las políticas monetaria y fiscal promueva el crecimiento en 2017, pero que complique el cumplimiento de las metas fiscales y de inflación anunciadas este año”.[2]

La Revista The Economist destaca el programa pro mercado del gobierno Macri, al tiempo que llama la atención sobre la recesión, coincidiendo con la proyección del FMI de una caída del 1,5% del PBI de Argentina para este 2016. El punto de partida de la evaluación ponderada es la modificación cambiaria, la eliminación de las restricciones a la compra venta de divisas, el acuerdo con los acreedores externos y la eliminación o reducción de las retenciones. Son esos los puntos de coincidencia de la Revista británica y el organismo internacional. Ambos llaman la atención sobre la inflación inducida bajo la nueva política económica y especialmente el conflicto social a ello vinculado.

El lenguaje de los analistas remite a formulaciones técnicas, pero la realidad de la protesta interviene en la consideración de la realidad económica y política de la Argentina. La preocupación de las clases dominantes se asienta en el paro nacional de fines de abril y su probable recreación en el corto plazo; más aún con el clima social contra el tarifazo y el ajuste en general, que involucra a sectores medios.

Desde el poder son conscientes que el conflicto ahuyenta inversores externos que buscan “seguridad jurídica” en sus inversiones, con retornos asegurados en tiempos de incertidumbre mundial.

Resuena el interrogante entre empresarios e inversores locales y externos sobre la posibilidad del oficialismo para contener el conflicto y disciplinar a la sociedad. El protocolo de seguridad no funcionó, mucho menos si la protesta es masiva, por lo que se ensayan otras formas para la represión o el control del conflicto, especialmente con el chantaje económico exacerbado ante las restricciones de un ingreso popular disminuido.

El gobierno acelera la reinstalación de la Argentina en la liberalización de la economía mundial, precisamente cuando la globalización capitalista está cuestionada, no solo por el voto británico. El problema político es la acumulación por derecha de esta crítica, expresión manifestada por Donald Trump en EEUU, lo que exige construir una perspectiva crítica desde los pueblos para la emancipación.

Notas:

[1] http://www.imf.org/es/News/Articles… (visto el 22/07/16)

[2] http://blog-dialogoafondo.org/?p=6677 Nota de Alejandro Werner sobre las perspectivas de América Latina, del 20/07/2016. (visto el 22/07/16)

(Por Julio Gambina) El objetivo explícito de Macri y su equipo era bajar la inflación, y para eso, nada mejor que un monetarista ortodoxo al frente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Su lógica, respondiendo a la teoría, era disminuir la cantidad de dinero en circulación. Había que “secar” la plaza, que no hubiera mayor circulación de dinero, con impacto, claro está, en el consumo y en la producción, por eso el “enfriamiento”, pero con el propósito de disminuir la escalada de precios, que anualizada al presente supera el 40%.

Para cumplir con el cometido de sacar dinero de circulación, el BCRA ofreció endeudarse desde diciembre pasado con tasas que llegaron al 38% y estimuló la especulación con el peso, al tiempo que incrementó a niveles muy elevados el endeudamiento del BCRA. Las cabezas financieras dejaron de especular con el dólar, liberado desde diciembre pasado de toda restricción para la compra-venta. El resultado es que ahora la divisa estadounidense perdió atractivo para la inversión con rápida rentabilidad, y en reemplazo, las colocaciones en pesos ganaron atractivo, a costa del fuerte endeudamiento del Banco Central.

Macri y su gente aún hablan de la bomba que dejó el kirchnerismo con las restricciones a la compra y venta de divisas y otros menesteres del gasto público. Ahora, el macrismo genera su propia bomba, con la cotización del dólar a la baja, un nuevo ciclo de endeudamiento público, con mayor gasto en intereses, y con el fantasma de la inflación continua en el presente,

Sube el dólar y suben los precios, pero al bajar la divisa, los precios no lo hacen, y el estímulo especulativo de la política oficial sostiene la recesión y la inflación con un cuadro de recreación de mayorías sociales perjudicadas y muy pocos ganadores.

Baja la cotización del dólar

El asunto es que ingresaron dólares por préstamos (para cancelar deuda pública y arreglar con buitres y otros acreedores) y por liquidación de exportaciones, especialmente soja. Esto último se dio por la eliminación o reducción de retenciones y suba de los precios de exportación. Todas a favor de grandes productores y exportadores agrarios.

Las divisas ingresan por el Banco Central y ya no hay quien demande esos dólares, ya que las colocaciones en peso son más rentables. Si bien ahora el BCRA paga 32,25% por los LEBAC, cuando llegó a pagar 38% anual a 35 días. La tendencia a la baja proviene de presiones del propio gobierno que teme licuar el consenso político por la recesión económica inducida por el costo elevado del dinero. La discusión desde la ortodoxia está tensionada por la rigidez ideológica en el monetarismo o la disputa del consenso electoral hacia las elecciones de medio tiempo en 2017.

Como opción de inversión mejoraron las colocaciones financieras, entre ellos los títulos ofrecidos por el BCRA, también por las letras del Ministerio de Hacienda y los plazos fijos de la banca comercial.

La retracción económica también deprime el precio de la divisa. A la menor reactivación industrial crecerá la demanda de bienes intermedios y presionará la cotización del dólar por importaciones, y con ello el déficit comercial, junto a una demanda de mayores recursos fiscales para atender vencimientos de la deuda pública.

Al mismo tiempo, los exportadores explican que con la inflación acumulada desde diciembre pasado ya se comieron la devaluación del comienzo del gobierno Macri, con lo que no debiéramos sorprendernos con nuevas y renovadas políticas para la devaluación monetaria para seguir favoreciendo a los grandes productores y exportadores.

El problema es que siempre pierden los de abajo, cuando aumenta el precio del dólar, o cuando baja, ya que el movimiento de los precios siempre es ascendente y los ingresos populares se deterioran por ausencia de actualización o disminución del poder de compra.

Precios en alza

El INDEC dio su primera medición tras un largo silencio, que en mayo fue del 4,2% y pronostica una evolución futura a la mitad, haciendo coincidir el pronóstico con el objetivo del 25% anunciado por el Ministro de Hacienda al comienzo del mandato.

Para que ello sea posible, el macrismo deberá alimentar su propia bomba y parece condenado a no poder bajar la tasa de interés por debajo del 30% para sostener su ideología sobre la inflación y claro, eso le provoca contradicciones para sostener el apoyo político de la sociedad.

Esa es la incógnita: ¿cuánto ajuste soporta la sociedad? El conflicto social crece en dinámica y resta la articulación de esa conflictividad en un proyecto social y político que vaya más allá de las reivindicaciones por los ingresos populares.

La realidad es de fragmentación política de un conflicto social ascendente. Por eso se sostiene la unidad de acción, reconociendo proyectos políticos diferenciados. Sin esas diferencias, no se entiende la unidad de proyectos políticos que incluso aparecen antagónicos, por lo menos en sus perspectivas organizacionales, por ejemplo, entre las CGTs y las CTAs.

No cierra a muchos esa “unidad de acción”, sin embargo, es la mínima acción indispensable para la generación de una densidad social que facilite la emergencia de un proyecto emancipador, claro que también habilita a la disputa de proyectos de contención del conflicto, y/o de acumulación de poder para restablecer una perspectiva posibilista de retorno a los años recientes.

Así se dirime la disputa política en el movimiento popular actual, no solo contra el macrismo, sino con variantes favorables a la dinámica del capitalismo. Ese es el territorio concreto de la lucha de clases contemporánea, con presencia de la identidad peronista reivindicada especialmente desde el movimiento sindical; de quienes imaginan una perspectiva nacional popular desde la transversalidad y más allá del peronismo y claro, de quienes aspiramos a constituir nueva identidad popular más allá del capitalismo, el imperialismo, el patriarcalismo, el racismo y la discriminación.

(Por Julio Gambina) Los primeros seis meses del gobierno Macri sirven para preparar las condiciones institucionales de subordinación reclamadas por los grandes capitales.

El programa de máxima de los capitales apunta a bajar el costo del salario en el proceso de producción y circulación, y al mismo tiempo, abaratar las condiciones de explotación de los bienes comunes.

Los afectados son los derechos humanos de la mayoría trabajadora y los derechos ambientales.

El ajuste del primer semestre se consolida con una inflación que favorece a los formadores de precios y afecta a la mayoría empobrecida, al tiempo que desalentó la producción local y estimuló la producción externa, con invasión de importaciones que compiten y desalojan la producción local.

Inflación y recesión fueron dos efectos consecuencia de la política económica del gobierno Macri.

La especulación derivada de altas tasas impulsadas por el BCRA y festival de bonos externos emitidos por el Ministerio de Hacienda, asociado al acuerdo y pago a los acreedores externos hipoteca el presente y el futuro de la economía local a las demandas del capital externo.

Es más, en esta semana se anuncia el ascenso de la calificación del mercado de capitales de la Argentina.

Son tres las categorías de los mercados de capitales: a) la de los países capitalistas desarrollados; b) la de los emergentes (Brasil, India, China, otros); c) la de los fronterizos (sin confianza entre inversores externos).

La nueva calificación apunta a escalar de la categoría c a la b; a mercado emergente, y receptar así el interés de inversores internacionales que buscan mejores opciones de rentabilidad en el marco de la crisis capitalista mundial.

Apertura económica, liberalización e integración subordinada

Argentina ha sido aceptada como “observador” en la Alianza del Pacífico, remedo del ALCA luego de la derrota del 2005 y base de lanzamiento del acuerdo transpacífico, TPP.

Este acuerdo se propone disputar las relaciones internacionales en medio de la crisis capitalista y la emergencia de China como potencia mundial, con peso creciente en la región Nuestramericana de la última década.

La disputa global es por la hegemonía de la apertura y la liberalización de la economía mundial en crisis.

El papel del gobierno argentino es clave para modificar las relaciones de fuerza que se habían construido en el último tiempo y que habilitaban la discusión sobre integración alternativa.

Lo real es que las expectativas se frustraron por límites de los procesos de cambio político y la ofensiva de las clases dominantes.

Con Argentina definida en el campo de la subordinación a la política exterior de EEUU y la posible convergencia con el Brasil luego del “golpe blando neoliberal” se facilita la discusión al interior del Mercosur.

Allí, hace rato que Paraguay empuja la apertura y Uruguay ha dado señales de aperturismo (adhesión al TISA, más allá de su contramarcha). Solo Venezuela mantiene una posición crítica, por lo que resulta fundamental activar el movimiento popular “Nuestramérica mejor sin TLC” cuya versión local se despliega bajo la consigna: “Argentina mejor sin TLC”.

El gobierno Macri estará en la Cumbre de la Alianza del Pacífico en Chile EL 1/7 pregonando las ventajas del aperturismo, base para la atracción de inversiones externas.

Anticipará sus opiniones en el Foro Económico regional que realiza esta semana en Colombia y al igual que en Davos en enero, tratará de mostrar que no solo la Argentina es favorable a la circulación de los capitales globales.

El mensaje apuntará a señalar que la región está en un cambio de orientación hacia políticas de “mercado”, coherentes con lo que señalan los organismos financieros internacionales como “programa deseable” para nuestros países sudamericanos.

Convengamos que las dificultades para atraer inversiones no son solo para la Argentina, sino que la situación brasileña y en particular de Sudamérica en su conjunto, no favorecen la demanda de elevada rentabilidad ofrecida hasta hace poco tiempo.

La conflictividad no controlada por los gobiernos es un dato de la realidad y habilita a pensar en un escenario político abierto para disputar sentido social mayoritario para el proyecto del poder, o nuevas recreaciones de proyectos alternativos al orden capitalista en crisis.

Segundo semestre de ajuste y posposición de la recuperación

Todos los pronósticos auguran caída del PBI de la Argentina para el 2016 y quizá, recuperación para el 2017. Es cierto que alguna vez se rebota desde el piso de la recesión, pero consolidando una pauta de empobrecimiento estructural que supera todo parámetro histórico.

La pobreza crece y no remito a los picos de la pobreza, sino a los pisos que se consolidan en cada ajuste estructural acecido en este tiempo constitucional desde 1983.

En los 90 se consolidó un piso de empobrecimiento que fue extendido y luego reducido, pero aun así, el resultado logró estabilizar un nuevo basamento de la pobreza y la indigencia que modifica sustancialmente la estructura económica y social del país.

La Argentina de las clases dominantes y el gobierno se predispone, desde las nuevas condiciones políticas, a facilitar el funcionamiento del orden capitalista global, asegurando un papel dependiente y subordinado de la economía local al programa liberalizador de las transnacionales que actúan en el país, y de otras que son invitadas para la apropiación del trabajo social local.

¿Aceptará la población este destino de subordinación, o en vísperas del bicentenario de la independencia política se generan condiciones para avanzar en la independencia económica?

En 1910, año del centenario de mayo, el conflicto intentaba ocultarse en pleno despliegue de la inserción subordinada de la Argentina en la división internacional del trabajo liderada por Inglaterra.

Ahora, a 200 años del 9 de julio de 1816, Independencia de la Argentina, el conflicto social, especialmente de trabajadoras y trabajadores, discute el sentido de la inserción internacional del país y abre interrogantes sobre las condiciones de posibilidad para la independencia.

(Por Julio Gambina) ¡Multitudinaria marcha NI UNA MENOS! La violencia contra las mujeres es en todo los terrenos. Hay más mujeres que hombres en la Argentina. Sin embargo, hay menos mujeres registradas en el mercado laboral. Los salarios de las mujeres son menores a los de los varones. La mayoría de las mujeres hacen gratis los trabajos de cuidado. Trabajan gratis en sus casas y en tareas sociales. La desocupación es mayor entre mujeres que entre varones. Las amas de casa no son consideradas mujeres trabajadoras desocupadas y por su tarea no se les paga. La violencia de género ejercida contra las mujeres es cotidiana y más común de lo reconocido. ¡No al femicidio, a la discriminación de género y al patriarcalismo!

Hasta acá el post en mi muro del “face”, que resulta uno de los más compartidos y comentados a pocos minutos de colocado. Varios “me gusta” y “reacciones”, junto a comentarios: “bien dicho” y “basta de capitalismo colonial patriarcal”. Probablemente se incrementen los comentarios y quizá cierta polémica. Son muchas/os las/os que postearon mensajes relativos a la movilización callejera en variadas ciudades de todo el país. Casi nadie estuvo afuera del fenómeno de conciencia sobre la cuestión y familias enteras se movilizan, incluidos algunos que no se mueven por ninguna otra causa. La razón de la movilización es la asunción de un tema generalizado que se hizo evidente con la movilización callejera.

El tema existe y existía, pero adquirió relevancia con la multitudinaria movilización, y no solo del 3/6 del 2015, sino con las marchas de las mujeres y con la militancia consecuente del movimiento de mujeres, que en trabajosa militancia social popular extendida tiene el logro del presente movilizado. La consigna por la reivindicación de género atraviesa a las distintas clases y necesita hacerse más compleja en la consideración de la explotación y discriminación hacia las mujeres en el trabajo. Por eso mi reflexión sobre el “mercado laboral”[1] y el trabajo del “cuidado”. Es parte de lo mismo y además tiene especificidad, que se reproduce cotidianamente en la lógica de acumulación capitalista.

Trabajadoras y trabajadores para construir un paro nacional

Por eso, las mujeres también protagonizaron la movilización del día anterior, el 2/6, convocada contra el Veto a la ley anti despidos y contra los tarifazos. La cita fue promovida por las CTA y nutrida con varios sindicatos de las CGT y organizaciones sociales y políticas, más muchas/os indignadas/os que querían y demandan el paro nacional. Es que si los trabajadores en general están afectados por las políticas de ajuste del gobierno Macri, las mujeres lo sienten en mayor magnitud y no solo por lo señalado al comienzo, sino que también existe discriminación al interior del ámbito de trabajo y en la propia organización social o política, que reproduce las lógicas sistémicas. No podría ser de otro modo, pues la hegemonía cultural atraviesa a todas las organizaciones.

Es curioso como la “dirigencia” se sorprende de la masividad de la protesta y queda atrás del sentimiento popular masivo. El pasado 3/6/15 sorprendió la masividad del “ni una menos”. Igual sorprendió a propios y extraños la masividad de la movilización del 29/4/16 convocada por las CGT y las CTA contra el ajuste, el veto a ley anti despidos y los tarifazos. Igual se sorprenderán ante la construcción de un paro nacional.

La bronca es grande contra los despidos, la inflación y la baja del poder adquisitivo de los ingresos populares, el tarifazo y la impudicia de la fuga de capitales y la lógica de que “pobres hubo y habrá siempre” manifestada en declaraciones de funcionarios de Macri. Son los que señalan: “si el combustible es caro, que no compren”, o “creían que podían tener acceso a una TV u otros consumos”. Son expresiones de los que se consideran la elite privilegiada y con acceso a bienes y servicios negados para los de abajo, la mayoría de la población.

Las centrales sindicales demandaron al Parlamento la emergencia ocupacional y así se elaboró la legislación para suspender los despidos, que muchos suponían de escaso efecto concreto, aun cuando pudo instalar la agenda de la gravedad y extensión de las cesantías. El movimiento obrero organizado pudo instalar agenda de debate político en la sociedad. Claro que no es el único tema y quizá ni siquiera el que involucre a más población, tal como ocurriría si se pudiera instalar la cuestión de la indigencia o la pobreza, la malnutrición o la ausencia de salud y educación, entre muchos temas que incluyen el ingreso y calidad de vida de las/os jubiladas/os. Lo que pretendemos resaltar es que sobre la ofensiva del gobierno Macri por lograr hegemonía política desde su mayoría electoral, el movimiento obrero pudo instalar desde la movilización una agenda política más cercana a sus intereses.

Claro que el poder mueve también sus fichas e intenta desmarcar al movimiento obrero y por eso negocia con el sindicalismo tradicional para desalojar la calle y seguir disputando hegemonía. La lógica discursiva de las CGT es que la “gente no está para protestas”. La realidad lo desmiente y en todo caso, se trata de la disposición a desplegar iniciativas políticas para disputar el poder. Es una cuestión de miles y de millones de personas, por lo que se demanda masividad y ello supone juntar lo diverso, tanto en las movilizaciones obreras como entre las mujeres.

La sociedad movilizada disputa agenda, por derecha y por izquierda. Recordemos las movilizaciones “Blumberg”, o las protestas de la Mesa de Enlace. No todo lo movilizado era por derecha y sin embargo, la agenda era reaccionaria.

Disputa del consenso

Existe en la actualidad razones para la movilización popular. El gobierno disputa hegemonía convocando al consenso pasivo y si puede al activo y lo hace desde la crítica a 12 años de kirchnerismo, algo que ya le dio réditos en el voto, quizá la mitad de lo cosechado en noviembre del 2015.

Ahora pretende que sea consenso activo y por eso publica “El Estado del Estado”[2] para mantener viva la llama de la crítica al gobierno anterior y avivar el rechazo de buena parte de la sociedad, incluso de los de abajo. Allí no se condena el acuerdo del poder, como las concesiones petroleras y mineras, los acuerdos secretos, caso Chevron, o el conjunto de iniciativas estatales que confirman el modelo productivo y de desarrollo de promoción de la dependencia tecnológica y productiva a mano de las transnacionales, en el agro, la industria o los servicios.

También disputa consenso con la articulación legislativa del “pago a jubilados” con el “blanqueo de capitales”. El fondo es limpiar la fuga de capitales, interés de pocos enriquecidos y además, fuente de ingreso de divisas, indispensable para la lógica de la política económica del gobierno Macri. Parece atractivo compensar a los beneficiarios estafados por malas liquidaciones previsionales, aun cuando se ocultan quitas y pagos en cuotas, tanto como desfinanciamiento del Fondo de Garantías y Sustentabilidad (FGS). El FGS está generado con recursos previsionales que pertenecen a las/os trabajadoras/es jubiladas/os, administrado por ANSES, y que se nutre, entre otros, de la renta generada por acciones privadas que pretenden ser liquidadas y retornadas a la propiedad y gestión de particulares.

El movimiento de jubiladas/os también se moviliza, y desde hace mucho tiempo por asegurar fondos previsionales suficientes para satisfacer las necesidades de las personas mayores. Por eso rechazan el proyecto y exigen se compensa a los litigantes con sentencia o no, como a los que reciben liquidaciones por debajo de lo que corresponde; y más aún el 82% móvil con relación a las/os trabajadoras/es en actividad. Se propone que los recursos para tal fin provengan de rentas generales y no desfinancien el FGS. La reforma previsional en curso, contenida en la propuesta legislativa, será resultado de la movilización gestada desde abajo o la que promueva el discurso oficial relativo a lo que se puede o no.

En rigor, la cuestión es si la iniciativa del gobierno y del poder se impone en la disputa del consenso social, o si la movilización popular genera consenso para otro proyecto político, social y cultural de confrontación con la lógica del capital, la de la ganancia, la acumulación y la dominación.

Esta última consideración no está instalada en la mayoría social y muchos creen que es ilusorio convocar a cualquier actividad anti capitalista, bajo el argumento que la sociedad no está para disputas mayores.

Se equivocan, los ilusos son los que creen que todo se resuelve con solo ir por reivindicaciones democráticas (salario, empleo, condiciones de trabajo) hasta que se consolide una potencia para ir por más, contra el régimen del capital.

No tienen razón los líderes sindicales que agotan las iniciativas en que la gente no está para más y que es un tiempo de cerrarse en la defensa corporativa.

Es erróneo. Este es un tiempo para ir por más organización y movilización, en el espíritu originario de la CTA, que sostenía un nuevo modelo de organización de las/os trabajadoras/es, que son la mayoría de la sociedad, estén regularizados o no, tengan salario o no. Es desde ahí que en el 2002 se sostuvo la necesidad de superar la crisis política con la construcción de un movimiento político social y cultural de liberación. La constituyente social fue un intento, que siempre puede ser relanzado más allá de como se la nomine.

Manipulación del poder o masividad movilizada en la disputa

Por eso hay que pensar en la capacidad de movilización manifestadas el 2 y el 3 de junio pasados, aun con diferencias de participantes y motivaciones, ya que ambas ponen en evidencia que los debates en la sociedad se manipulan desde el poder con el peso de los medios privados y monopólicos (cadenas) de información del poder, o se instalan democráticamente desde la masividad de la movilización popular.

Es cierto que no alcanza con movilización, e incluso con organización, ya que se requiere definir el proyecto que indique el rumbo, para mí, anticapitalista, pero este requiere de aquel. No es un detalle menor, que la CTA Autónoma se auto define como una Central clasista, anticapitalista y antiimperialista.

Sin proyecto o rumbo puede ser estéril cualquier iniciativa, pero no hay proyecto posible sin la dinámica social masiva y movilizada. Eso requiere articular lo diverso, y ensayar búsquedas de acciones que promuevan sujetos para el cambio, que construyan programas y rumbos estratégicos, y en ese camino, resuelvan los adecuados instrumentos para la disputa integral del poder.

Foto: Sala de Prensa

(Por Julio Gambina) )No hay duda que el gobierno Macri tiene iniciativa política. En el “peor momento” según reconocen, asume una ofensiva en la disputa del consenso social y la vanguardia de la agenda de discusión política en la Argentina.

En primer lugar, ante los límites para ingresar inversiones genuinas y ante el aún elevado costo de los préstamos internacionales, se la juega por capturar una parte de los capitales fugados desde el país.

El total de la fuga de capitales se estima en 400.000 millones de dólares y el propio Macri acaba de declarar en su patrimonio duplicado en un año, que tiene el equivalente de 18 millones de pesos depositados en el exterior.

La excusa recurrente de los “fugadores” es la falta de seguridad jurídica para los inversores, y no se trata de hacer una crítica moral a la salida de capitales, pero si reconocer que la acumulación capitalista nunca tuvo ni tendrá límites fronterizos. La economía capitalista es mundial y la busca de rentabilidad no reconoce límites nacionales.

Los blanqueos siempre son mal vistos y por eso, en esta oportunidad se lo asocia a la cancelación de deuda con jubilados con sentencia en firme, en proceso de juicio o con potencialidad de litigar contra el Estado. Es algo que suena bien en la lógica de “peor momento del macrismo”, ya que mostraría sensibilidad social, algo así como pagar a empobrecidos jubilados con fondos de la acumulación de los ricos y concentrados capitales.

El costo estimado del pago a jubilados es de 75.000 millones de pesos, algo menos de 5.000 millones de dólares. Ese costo se devengará, como mínimo en un par de años, a medida que se vayan presentando los acuerdos de los acreedores (jubilados), según dice a la prensa el titular de Anses. Se considerarán unos 100.000 casos por mes para un universo de 2,5 a 3 millones de jubilados (Entrevista en Clarín, 29/5/16).

Con el blanqueo, el fisco ingresará con una tasa del 10% para el 2016 y 15% para el 2017 unos 3.500 millones de dólares. De ahí se deduce una expectativa de exteriorizar unos 20.000 millones de dólares, algunos de los cuales podrían ser repatriados y engrosar las reservas internacionales. Por ello, hay una expectativa de ingreso de divisas y mejorar la ecuación fiscal con el costo del blanqueo.

Como los recursos no alcanzarán, se acudirá al Fondo de Garantía de Sustentabilidad que administra la ANSES.

El blanqueo se difunde difundiendo el acuerdo fiscal con 48 países en el 2017 para informar sobre patrimonios de nacionales en esos países. En el 2018 la cifra superará el centenar de países, incluyendo paraísos fiscales.

Habrá que ver la materialidad de esa amenaza para un capitalismo criminal, donde la evasión y elusión es un instrumento privilegiado de los capitales más concentrados, los hegemónicos, especialmente radicados en EEUU, país que no suscribe ningún acuerdo relativo a denunciar evasiones, fugas y paraísos. No en vano, los empresarios de ese país no aparecen en los “Panamá papers”.

La propuesta remitida al Parlamento incluye la universalización de ingresos previsionales para los mayores de 65 años, en el 80% de la mínima, hoy de $3.967, muy lejos de una canasta reclamada por el movimiento de jubilados y que los trabajadores de ATE INDEC estiman cercana a los $17.000 mensuales.

Más allá de cualquier consideración técnica, el anuncio expresa voluntad política de recuperar protagonismo en la arena política. La gran movilización del 29/4 por el movimiento obrero y la difusión del documento sobre la pobreza y la conflictividad de la Iglesia, sumado a la convocatoria en Mar del Plata a todas las centrales por parte de la pastoral social el sábado 21/5/16, había corrido la iniciativa al movimiento obrero y a la Iglesia, con lo que eso significa en la lucha política argentina.

Macri quiere sumar consenso político y ese es su objetivo en este primer semestre de gobierno. Sabe que no le alcanza con el consenso electoral y ya rechazó alianzas con incomodos socios, sea el PJ o los renovadores, salvo para circunstancias precisas en el Congreso. Cree que cuenta con el aval silencioso de una mayoría que le otorgó el voto, críticos a la gestión kirchnerista del último turno.

Lo que relatamos no es más que episodios de manifestación de la lucha de clases, que requiere lecturas adecuadas para profundizar una línea de acumulación entre las/os trabajadoras/es e intentar resolver la crisis de alternativa política. Esta es la base, a mi entender, de algunos debates en el movimiento popular, y la necesidad de la unidad de acción contra el ajuste que implementan las clases dominantes y el gobierno Macri.

(Por Julio Gambina) Ayer, 27 de mayo de 2016 se realizó en 7 lugares (Chubut, La Pampa, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tucumán y en la sede central de la CTA A en Capital) la discusión por el pensamiento crítico, estimulada desde distintas instancias de la conducción de la CTA A y desde hace mucho tiempo. Fue el segundo encuentro federal, luego del realizado el 16/12/2015. Próximo encuentro el 19 de agosto y con la intención de un encuentro presencial el sábado 12 de noviembre.

Los temas abordados, ayer y en diciembre, son parte de la discusión en el movimiento popular actual, desde las características de la etapa económica, política, social, cultural en nuestro país, la región y el mundo, hasta la estrategia de acumulación de poder popular.

En ese contexto, las intervenciones transitaron por distintas miradas sobre las iniciativas políticas y la estrategia de las clases dominantes y de los sectores populares, una clave para entender la lógica contemporánea de la lucha de clases en nuestro tiempo. Una lucha que se procesa en las calles, en las formas de la organización del movimiento de trabajadoras y trabajadores, como en el conjunto del pueblo, pero también en el plano de las ideas. La lucha de clases supone un debate político, ideológico, cultural, teórico. Tiene que ver con el movimiento obrero y los distintos proyectos políticos que disputan la hegemonía del movimiento popular, incluido los procesos electorales.

Se trató de una convocatoria amplia con difusión a toda la Central, y estando satisfecho con la respuesta de grupos organizados que trascienden a la militancia de la CTA A, vale mencionar que algunas/os no pudieron y otras/os no quisieron protagonizar el debate, en un momento donde lo que se requiere es precisamente la discusión, y desde allí, la articulación de síntesis teóricas y políticas superadoras de la fragmentación que acusa el movimiento popular. El desafío intelectual crítico pasa por sistematizar la experiencia crítica de la construcción integral que protagoniza nuestro pueblo.

Lo de discutir política, ideas, opiniones, teoría, concepciones es estratégico y así lo definimos cuando asumimos la dirección del IEF-CTA A en 2010, coherente con la trayectoria previa en los encuentros de nuevo pensamiento y el IEF desde sus inicios. La pluralidad de la CTA estaba contenida en los esfuerzos del IEF desde sus inicios y por eso la amplia convocatoria para renovar la pluralidad necesaria en la CTA. Hay acuerdo que el movimiento popular requiere actualizar su diagnóstico sobre el momento actual del capitalismo y las formas más adecuadas para confrontarlo. No alcanza con viejas recetas, ya que las clases dominantes actualizan las formas de su accionar para la explotación y la dominación.

Por eso, hace pocos días, el 20 de mayo promovimos desde el IEF-CTA A, un debate sobre el “imperialismo hoy”, a 100 años del texto que escribiera Lenin[1], el dirigente comunista ruso, líder de la revolución centenaria (el próximo año) y que hizo realidad la posibilidad de construir una sociedad socialista, por ende anti capitalista.

Qué hoy sepamos que la revolución rusa no pervivió en la experiencia de la Unión Soviética, no elimina el objetivo por el que lucharon los comunistas y el pueblo de Rusia y las repúblicas soviéticas, que con los soviets (consejos populares) ofrecieron una nueva forma de organizar el poder del pueblo contra el régimen del capital. Ese imaginario hizo posible el orden bipolar entre 1945 y 1989/91, e incluso hizo viable cualquier “tercera posición”, con capacidad de articular con uno u otro de los polos de la contradicción entre el capitalismo y el socialismo. De ahí la existencia del “tercer mundo”, una categoría del pasado ante la unicidad y universalidad del régimen del capital que hoy estamos convocados a discutir.

Ese debate es parte de la discusión de la Central, con definiciones que deben ser sustentadas desde la actualización teórica y política, para avanzar en consensos masivos para constituirnos como una Central clasista, anticapitalista y antiimperialista. Ni hablar si lo que propusiéramos es construir una sociedad socialista, por la que algunos bregamos desde hace años y que tanto molesta a compañeras/os formados en el anticomunismo.

Por los debates existentes en la Central, sobre su presente y futuro, algunas/os se perdieron de aportar a tan trascendente debate, e incluso extender la convocatoria para un debate en profundidad y que nos enriquezca a todas/os.

Se trata de discutir el capitalismo de época y las formas de confrontarlo, con qué horizonte civilizatorio, con qué rumbo y desde que tradiciones del movimiento popular.

La pluralidad de esas tradiciones hace a la riqueza de la construcción de la Central. No es un tema de filosofía, sociología o teoría política, sino de tradiciones políticas en el país, que atraviesan la historia de nosotros, militantes desde hace años por y desde el comunismo, el socialismo, el peronismo, el radicalismo, el cristianismo y variadas formas de la experiencia política en la Argentina. Es más, hoy participan de la Central varios proyectos partidarios, y algunos articulan frentes electorales, otros no. No es cuestión de tal o cual partido político, sino de las influencias y enseñanzas desde toda militancia para configurar el pensamiento contemporáneo, para ser efectivo en la lucha de clases a favor de los de abajo. Con Gramsci recordamos que el éxito de una estrategia política se mide por su capacidad de modificar el escenario de la lucha de clases.

Nuestros debates deben procesarse a la luz de esta máxima, en la capacidad que tengamos para entender el presente de la explotación capitalista y transformar la realidad, con pluralismo, sin sectarismo. No niego la importancia de las formas para la discusión, pero lo esencial es dar el debate político y teórico y actuar sobre la base de acciones e iniciativas populares que transformen la realidad. Solo a modo de ejemplo señalo que la Comisión Ejecutiva Nacional de la CTA A de comienzos de abril, no pudo resolver la propuesta presentada al inicio del cónclave, para organizar en unidad de acción la jornada de protesta propuesta por las CGT para el 29/4. Sin embargo, la CTA A impulsó la iniciativa y fue parte de la organización, a contrapelo de otras opiniones que subestimaban la importancia del evento, incluso hasta pocos días previos a su realización y que motivó una convocatoria paralela.

Ya con el balance de la acción realizada, nos animamos a formular que el acontecimiento marcó un cambio sustancial en la lucha de clases en el país, porque no solo estaba presente el accionar y la iniciativa política de las clases dominantes y el gobierno Macri, muy fuerte desde noviembre del 2015, sino que apareció nada menos que el sujeto movimiento obrero organizado con medio millón de manifestantes en varias ciudades de la Argentina. Ni los medios pudieron obviar la valoración de la iniciativa, donde la CTA A no solo intervino sino que contribuyó a definir en unidad de acción algunas de las orientaciones principales del acontecimiento.

Vale el comentario aun cuando las CGTs se bajan ahora del compromiso para construir un paro nacional si ocurría el veto presidencial a la ley anti despido. Vale también comentar, que la intervención de Micheli en el Parlamento, cuando el propósito era discutir el impuesto a las ganancias, incorrectamente aplicado sobre salarios (no es ganancia), desde la sugerencia de la CTA A se propuso poner el centro en la emergencia ocupacional. Desde allí surgieron las iniciativas por una legislación que suspenda transitoriamente la posibilidad de cesantías. No es el programa que sustenta la CTA A, pero es parte de una estrategia de acumulación para hacer realidad los propósitos de última instancia de la CTA A, contra el capitalismo y el imperialismo.

Algunas/os compañeras/os argumentaron que el debate estaba en la calle, afuera del Parlamento, con importantes discursos contra el papel antipopular del parlamento del régimen burgués. Sin embargo, se subestimó la capacidad de la iniciativa política para modificar el escenario de la lucha de clases. El debate de ideas en un tiempo prolongado estuvo en si debían promoverse o no la legislación anti despidos. Un logro para hacer evidente el problema del empleo y el desempleo, la precariedad y un conjunto de problemas que asume la explotación de la fuerza de trabajo en las condiciones de la Argentina actual. Otra vez, sin fuerza propia en el Parlamente pudimos ser efectivos a la hora de intervenir y modificar la situación política en el país. No se trata de balancear que con una sola acción se modifica la correlación de fuerzas, pero la realidad es que hicimos visible la discusión contra los despidos y facilitar la emergencia de una subjetividad diferenciada a los propósitos de las clases dominantes y el gobierno Macri.

Esa visibilidad en el debate sobre el empleo motivó la iniciativa fracasada de Macri para lograr un acuerdo patronal sindical para suspender por 90 días los despidos. Apenas logró que un centenar de jefes de la élite empresaria suscribiera un pacto incumplido al día siguiente, tal como se manifestó con las cesantías de la Fiat, dispuesta por Ratazzi, el fiscal del PRO. Pero también se convocó al Consejo del Salario Mínimo y más allá del acuerdo impúdico entre gobiernos, empresarios y burócratas, la CTA A pudo manifestar su opinión de rechazo y denuncia del ajuste y las reaccionarias políticas del gobierno Macri. Esa opinión sustentada en el Consejo del Salario fue discutida en un Consejo Federal de la CTA A, con secretarios de municipios y provinciales de 20 provincias participantes y dirigentes de organizaciones nacionales adheridas a la Central.

Algunas/os compañeras/os tampoco quisieron dar ese debate esgrimiendo ilegitimidad en la convocatoria. Los estatutos avalan el cónclave del 18/5, convocado para discutir la coyuntura, la política de alianzas y el plan de acción futuro, incluyendo el posicionamiento para el Consejo del Salario convocado para el día siguiente. El debate político se sostuvo con intervenciones de secretarios de la CTA A de municipios, provincias y organizaciones nacionales. Los argumentos fueron diversos, pero unificados en sustentar a la estrategia de acumulación que define el accionar público de la CTA A, un logro de la militancia, más allá de las caras visibles que asumen la responsabilidad de defender mediáticamente el proyecto de la Central.

Algunas/os piensan que el debate se sustenta en las redes sociales, que sirve para extender las opiniones en discusión, pero es la “asamblea”, la “reunión”, el momento de debatir ideas. Ese fue el propósito de un Consejo Federal que se circuló a todas las instancias de la Central. Algunos/as decidieron no participar del Confederal en una reunión a la que solo se invitó a una parcialidad de la conducción, ya que los demás fuimos excluidos de esa convocatoria. Quienes no participaron del Confederal es porque no quisieron, incluso algunos que decidieron no participar, protagonizan otras acciones definidas por los organismos de conducción de la CTA A, tal el caso de las iniciativas de formación y discusión del IEF-CTA A, que se sostiene y difunden a toda la Central, sin preguntar previamente por el grado de consenso en tal o cual posición de algún/a dirigente/a. Agreguemos que el desfinanciamiento definido para la Central afecta el plan de trabajo del IEF, pero no lo impide, y se suple con mayor militancia.

No sirven las descalificaciones personales, ni sectoriales, ni a las trayectorias de compañeras/os que hemos decidido sostener los principios y valores de la CTA A desde el 2010 para sustentar el proyecto originario de hace 25 años.

La CTA es un proyecto inconcluso, imaginado hace 25 años y en construcción. No es una Central de sindicatos, es una Central de trabajadoras y trabajadores, con votación directa y que debemos respetar.

No es una confederación que asume mandatos de sus organizaciones, sino una organización con afiliación y votación directa, de múltiples voluntades para hacer realidad un nuevo modelo sindical de democracia y libertad que dispute con el viejo modelo de la burocracia sindical asociada a las patronales. En ese camino sostennos acuerdos y diferencias.

En ese sentido, integro junto a otras/os compañeras/os una corriente de izquierda que hizo parte de la corriente Germán Abdala, hegemónica en el proceso histórico de construcción de la Central y que más allá de matices asume las decisiones colectivamente asumidas.

Es oportuno recordar que la Corriente de Izquierda en al CTA A surgió a instancia del debate en la CTA del 2006 para incorporar a la Central a la CSI y la CSA. Muchos nos opusimos porque sosteníamos el carácter autónomo de la Central. Pese a perder nuestra posición mantuvimos la pertenencia y la institucionalidad, aceptando la voluntad democrática de la mayoría. Desde esa oposición articulamos posiciones locales y regionales, especialmente en la construcción del Encuentro Sindical Nuestra América, el ESNA, que actúa desde 2008 en unidad de acción con centrales adheridas a la FSM, a la CSA y a quienes no tienen adhesión a ninguna central mundial. Vale mencionar que la CTA A creció en la participación y construcción del ESNA, creciendo su papel en la coordinación continental. Haberse adherido la CTA a la CSA-CSI no impidió que continuáramos en la CTA y su nueva adscripción internacional, que a algunos enorgullece y otras/os seguimos discutiendo, por lo que no aceptamos que se mencione despectivamente la articulación de compañeras/os y de la propia CTA en el ESNA u otros ámbitos de articulación mundial, especialmente la Federación Sindical Mundial, la FSM.

La ofensiva del capital se desató con violencia en las dictaduras militares del cono sur y por más de 40 años, el poder económico mundial incrementa la explotación de la fuerza de trabajo; saquea nuestros bienes comunes y subordina a una lógica consumista a la sociedad para asegurar las ganancias de los monopolios transnacionales de la producción. Nuestro objetivo es frenar esa iniciativa política y si podemos, intervenir en la generación de un nuevo sentido común desde el clasismo, por el anticapitalismo y el antiimperialismo. Se trata de construir un bloque popular desde la centralidad de las/os trabajadoras/es y por eso nuestra apuesta irresuelta por un movimiento político social y cultural de liberación y las mediaciones del intento por construir un movimiento por una constituyente social.

Es un objetivo que nos permite recuperar las luchas de los 60 y 70 del siglo pasado, emblemáticamente expresado en el Cordobazo, aquel 29/5/1969, parte de una gigantesca acumulación de poder popular mundial a fines de los 60 y comienzos de los 70, con los comunistas y el pueblo de Vietnam y la solidaridad de los pueblos del mundo triunfando sobre el imperialismo yanqui entre 1973/75.

Fue esa gigantesca movilización y organización popular mundial lo que motivo el terrorismo de Estado en el Cono Sur, con el Plan Cóndor, que ayer recibió las primeras condenas a parte de los responsables del genocidio transnacional que imaginaron las clases dominantes con el poder de los Estados bajo dictaduras. Esa gigantesca ofensiva del capital tuvo freno en los procesos gestados desde la lucha popular y que incluso fueron gobierno en este comienzo de Siglo XXI en Sudamérica. Un proceso que aún requiere ser discutido para aprender sus lecciones y animarse a ir por más, a no quedarse en el posibilismo de las reformas y ser consecuente con la “revolución”, expresión que tomo de Víctor de Genaro en el cierre de la constituyente social en 2008 en Jujuy.

Estas notas están escritas para la discusión fraterna con compañeras/os que hace años compartimos organizaciones y movilizaciones, para intentar superar divisiones que agiganten la fragmentación popular y podamos hacer realidad la CTA A de masas y efectiva en la disputa y desafíos que nos propone en nuestro tiempo la lucha de clases.

(Por Julio Gambina) Los datos de la economía argentina son preocupantes y combinan el estancamiento con la elevación de los precios, un combo destructivo para la mayoría de la población con ingresos fijos y bajos.

Con el estancamiento derivado del enfriamiento deliberado de la actividad económica, producido por el Gobierno Macri, la consecuencia directa es pérdida de empleos, y por ende suspensiones y despidos, o chantaje empresario para bajar sueldos a cambios de empleo.

La respuesta empresaria, de los que pueden establecer precios, apunta a cambiar volumen de ventas por precios, asegurando rentabilidad. No importa que el gobierno les solicite mesura, y mientras pueden, aumentan precios en resguardo de su tasa de ganancia.

Queda claro que los perjudicados son la mayoría de la población argentina, con bajos ingresos y evolucionando por debajo de la inflación. En una estimación reciente realizada con informes del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, la inflación del último año transcurrido, a abril del 2016, supera el 40%. Las proyecciones para todo el 2016 apuntan en ese sentido.

La política económica de Macri empuja el enfriamiento económico para bajar la tendencia inflacionaria. Es lo que sugiere en Ministro de Energía cuando dice que si el combustible es caro, los consumidores deben abstenerse de comprar. Pura lógica ortodoxa del monetarismo tradicional, que acompaña el Presidente del Banco Central con su aspiradora de fondos y tasas del 37,5% para captar inversiones de compañías de seguro, Fondos de Inversiones, Bancos y especuladores de todo tipo.

Aranguren y Sturzenegger son las caras visibles de la ortodoxia monetarista que impera en el gobierno Macri. No les importan las consecuencias sociales si al final logran bajar a cualquier costo la inflación. Sin éxito por ahora, aunque auguran una merma inflacionario desde Julio, a costa, claro está, del nivel de consumo.

Unidad de acción contra la lógica de la ganancia

Las respuestas no se hacen esperar y con la movilización masiva del 29/4, de la unidad de acción, se hacen visibles y estimulan muchas otras protestas, ocultadas por la prensa en general. No solo contra los despidos y la carestía, sino contra la impunidad de los re-marcadores de precios, tal como se sustenta en la campaña “super vacíos”, en la segunda versión del 10/5.

Es interesante la multiplicación de protestas en unidad de acción, algo que no muchos entienden, pero que la realidad impone. Resulta interesante como se buscan lógicas para la protesta, cuando estas se imponen por la fuerza de la movilización y la organización popular.

Algunos sostienen que la ley anti despidos es ineficaz para asegurar el fin de los despidos. Quizá tengan razón, pero en la agenda de discusión política se impuso un consenso contrario a los despidos y eso es lo que importa.

Vale recordar que las centrales sindicales fueron convocadas al Parlamento a discutir por el impuesto a las ganancias y desde la CTA Autónoma se orientó el debate y la demanda hacia la “emergencia ocupacional”.

La primera batalla es por las ideas, más allá del éxito de una legislación, que igual no quieren los empresarios y el gobierno. Por algo será, aunque la impunidad les permita desoír el mandato legal, la sola existencia del instrumento y el consenso social y político a no despedir los desarma en la disputa de consenso para el poder.

También es cierto que algunos critican las visitas a un Parlamento poco amigable con las organizaciones populares, y otros agregan el carácter de impresentables de los dirigentes de algunas de las centrales sindicales. Todo eso es verdad, sin embargo, el accionar conjunto de las centrales y la presencia en el Parlamento expandió la vos de los afectados por los despidos, sean los que sean según las distintas fuentes de información.

El enunciado de razones de principios que sustentan algunos, en el marco de la crisis política vigente afecta la capacidad de movilización y organización popular, por lo que el desafío pasa por más iniciativa política popular para disputar el consenso masivo para construir una subjetividad consciente para un orden que afecte la lógica capitalista de ordenamiento social.

La lógica capitalista es por la maximización de la ganancia. La lógica de política económica es por bajar la inflación a costa de la mayoría de la sociedad. La realidad es que el capitalismo para funcionar necesita de la inversión, esquiva en estos momentos de crisis mundial del capitalismo.

El anticapitalismo como respuesta

En todo caso, el gobierno, mientras espera el ilusorio arribo de inversores o prestamistas externos, apurará la inversión pública a costa de contradecirse y emitir moneda, toda una sinrazón que agrava las respuestas contractivas del Banco Central con tasas de estímulo a la especulación financiera y negadora de cualquier reactivación del crédito productivo.

Seamos claros, el inversor capitalista busca la valorización de su inversión, es decir, no se invierte si no es atractivo para asegurar la ganancia. Por ello, el problema no es la falta de inversión, sino el capitalismo. No es sencillo confrontar al capitalismo y menos transformarlo, pero es ilusorio imaginar respuestas favorables a los pueblos diagnosticando la falta de inversión. Incluso, pensando en el inversor público, vale mencionar que se trata del Estado capitalista y por ende, actúa en beneficio de recuperar la lógica capitalista.

Lo dicho no quiere decir que nada puede hacerse hasta no terminar con el orden capitalista, claro, pero al mismo tiempo resulta imprescindible la crítica y la denuncia al capitalismo real para no abrigar expectativas en apuestas al capitalismo nacional, serio o norma, o a una burguesía nacional, incluida la sustitución con el papel del Estado.

Con estas lógicas neo-desarrollistas o neo-keynesianas se alimentan ilusiones de soluciones en el marco del capitalismo, con reformas paliativas que auguran posibilidades de cambios profundos más adelante. La realidad en América Latina en estas horas es que la demora en mutaciones económicas profundas, que desarmen la lógica capitalista, aborta experiencias de cambios políticos y abren las puertas a respuestas más acordes con las corrientes principales, hegemónicas del orden capitalista mundial.

La realidad exige aumentar la iniciativa política en unidad de acción para confrontar con políticas antipopulares sustentadas por el gobierno Macri y construir amplia subjetividad consciente por una sociedad no capitalista, que construya en simultáneo a la protesta un programa alternativo de otro modelo productivo sustentado en la soberanía alimentaria, energética, financiera, popular, en articulación con procesos similares en la región y en el mundo.

(Por Julio Gambina) El Parlamento de la Argentina autorizó al gobierno de Mauricio Macri a tomar deuda pública por 12.500 millones de dólares para el pago a los inversores holdouts, entre los que destacan los fondos buitre. Sin embargo, el Ministro de Economía, Alfonso Prat Gay salió a colocar bonos de la deuda por la suma de 15.000 millones de dólares.

En rigor, los acuerdos negociados a cancelar en las próximas horas podrían alcanzar entre los 8.000 y los 10.500 millones de dólares. Todavía resta para cancelar toda la deuda en cesación de pagos. Aun así, el poder ejecutivo demanda deuda por la totalidad de lo autorizado, resultado de un acuerdo entre parlamentarios del oficialismo y de la oposición, incluidos legisladores del espacio kirchnerista.

Queda claro que ese amplio espectro político se niega a la auditoria de la deuda. Se perdió la ocasión de hacerlo con la bicameral dispuesta por la ley de pago soberano entre 2014 y 2015 y no se asumen las investigaciones judiciales, especialmente la sentencia de junio del 2002, derivada de la causa impulsada por Alejandro Olmos sobre la deuda en tiempos de la dictadura. En esa tendencia se prueba el carácter fraudulento de la deuda.

La diferencia entre lo que se abonará y el máximo autorizado engordará por un tiempo las reservas internacionales, con un oneroso costo financiero, hasta tanto se negocie con el conjunto de acreedores que explican la continuidad del default iniciado en 2001. Claro que también podrá crecer litigios de quienes ingresaron a los canjes del 2005 y 2010 y se ven perjudicados por las nuevas ofertas de pago a especuladores y buitres,

Igual, los 2.500 millones de dólares más allá de la autorización por 12.500 millones de dólares del “partido de la deuda” serán aplicados a financiar el enorme déficit fiscal, problema que comparten las provincias y la Nación.

Vale mencionar sobre el partido de la deuda, un bloque político, que siendo opositores u oficialistas siempre acuerdan privilegiar a los acreedores externos por sobre la deuda social con millones de argentinos. Pueden discutir sobre diferentes aspectos, pero en lo esencial cumplen con su papel funcional a los objetivos de las clases dominantes.

En rigor, el camino del endeudamiento público asumido hipoteca al pueblo argentino y aleja posibilidades de satisfacer necesidades con recursos fiscales, los que se orientarán a satisfacer la cancelación de intereses. Es una situación que se acompañará de renovaciones recurrentes de los vencimientos de capital para reincidir en el cuento de nunca acabar con una deuda vieja que se recompone con nuevo endeudamiento. La deuda pública obliga a pagos futuros, imposibilitando demandas de millones de argentinos, por salud, educación, empleo, salarios, jubilaciones, y otros derechos.

Nuevo negociado por deuda

Casi 27 millones de dólares se pagarán en comisión para 7 bancos transnacionales: J P Morgan, HSBC, Deustche Bank, Santander, Citigroup, BBVA y UBS que colocan los 15.000 millones de dólares desde la próxima semana. Los primeros cuatro actúan en el armado del negociado, definiendo las características de los bonos. Los otros tres se suman como colocadores en el ámbito mundial.

Casi siempre se menciona a los fondos buitre como los grandes beneficiarios del negociado en cuestión, sin embargo, sin la banca sería imposible la circulación de papeles de la deuda de los diferentes países. El Sistema financiero mundial festeja la orientación de los recursos públicos de la Argentina hacia acreedores en default, pero también por una nueva oportunidad de rentabilidad bancaria en tiempos de crisis capitalista.

El FMI, cabeza del sistema financiero mundial, celebra los acontecimientos y se apresta a desembarcar en el país para auditar las cuentas nacionales e intervenir sin mediaciones en la formulación de políticas de Estado.

La tasa de interés que alegra al equipo económico, a los profesionales de la deuda y a la prensa afín es usuraria, entre el 7 y algo más del 8%, cuando otros países de la región se endeudan a tasas entre el 4 y 5%. Festejan la reducción de tasas superiores a dos dígitos, obviando que siendo Argentina un recurrente pagador de deuda, el riesgo país se mantiene elevado.

El paquete de bonos a ofrecer en estos días para pagar vieja deuda nos hipoteca con títulos a 5, 10 y 15 años, lo que supone el compromiso de destinar parte importante del trabajo social local al pago de intereses y la recurrente renovación del capital.

Violencia de la deuda

Se trata de una gigantesca bola de nieve que se acumula en un ciclo de deuda pública iniciado con el terrorismo de Estado hace cuatro décadas y que se proyecta por años.

La deuda tiene que ser investigada, y mientras suspender los pagos. Hay que seguir argumentando a favor de la investigación de la deuda pública y la suspensión de los pagos. Algunos preguntan si eso es posible y nosotros decimos que sí, que se puede y se debe, ya que el pueblo no es deudor, sino acreedor de una deuda varias veces cancelada.

Fue la deuda uno de los mecanismos para favorecer la libre circulación de capitales, que junto al libre comercio, constituyen hoy la esencia del programa de los capitales más concentrados.

En el origen está la violencia de la deuda en tiempos de dictadura cívico militar y la afectación de los derechos humanos, y hoy como ayer continúan violentados los derechos de la mayoría de la población.

(Por Julio Gambina) El 3 de abril se difundió el informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por su sigla en Inglés) sobre empresas offshore y fuga de capitales[1]. Allí aluden a información sobre más de 11,5 millones de registros financieros y legales, que expone un sistema de “delincuencia, corrupción y maldad, oculto por las empresas offshore secretas.”

Tal es el escándalo por la difusión de esa información renunció Sigmundur David Gunnlaugsson, presidente de Islandia tras las protestas masivas por revelaciones de que había sido propietario de una empresa offshore con su esposa.[2] La filtración de la información causó también conmoción en Nuestramérica, especialmente en la Argentina ante la presencia del Presidente Mauricio Macri entre los involucrados con empresas offshore en las Bahamas, conocido paraíso fiscal.[3]

Más allá de la filtración y las sospechas que genera la información[4], lo cierto es que evidencia la práctica generalizada de la Fuga de Capitales sostenida desde la facilitación de la circulación mundial del dinero. En un estudio sobre los tratados de libre comercio, presentado en el VII° ESNA[5] realizado en Montevideo entre el 31 de marzo y el 2 de abril, se informa que éstos no son “acuerdos comerciales”, sino “instrumentos de protección de las inversiones extranjeras”[6]. En la presentación se informa sobre los paraísos fiscales, que son resultado del proceso de liberalización que empujan los tratados de libre comercio y los tratados bilaterales de inversión.

Sobre los paraísos fiscales se informa de la difusión de los mismos en todos los continentes, destacando el caso del Estado de Delaware, en EEUU, en donde  aparecen “registradas 6.500 empresas. Dos tercios de las empresas del listado Forbes 500 tienen domiciliada alguna empresa en este domicilio, entre ellas Ford, American Airlines, General Motors, Coca-Cola y Kentucky Fried Chicken.” Informa sobre 830.000 compañías registradas en las islas Vírgenes Británicas, donde la población apenas llega a los 19.000 habitantes. Estiman en 2 billones de dólares “el stock de flujos que salieron hacia paraísos fiscales entre 1970 y 2011”, y se destaca Brasil con 520.000 millones de dólares, un 160% de su deuda externa; México con 417.000 millones de dólares, un 224% de sus pasivos externos; Venezuela con 406.000 millones de dólares, 728% de su deuda externa y Argentina con 399.000 millones de dólares, dos veces su deuda externa.

Convengamos que una empresa offshore es parte de la trama de la fuga de capitales y que la fuga de capitales no puede entenderse sin la complicidad del sistema financiero. No hay paraísos fiscales sin transnacionalización de la especulación y del sistema financiero, que tiene en su cúpula el FMI y al Banco Mundial. Una empresa offshore supone el registro en el exterior de una empresa, pero nadie organiza una empresa offshore en paraíso fiscal si no es para evitar pago de impuestos en el país propio o de la inversión. La filtración, más allá de las consecuencias políticas que supone, habilita a discutir la cuestión de fondo, que debiera reactualizar el fin de los paraísos fiscales, un tema que estuvo en la agenda del G20 desde que se auto consideró “ámbito de discusión de la crisis” a partir de sus inicios en noviembre del 2008.

En rigor, la cuestión de fondo es el capitalismo, ya  que el capitalismo de época es el delito, el contrabando, la trata de personas, el narcotráfico, la venta de armas. Son los asuntos, entre otros, que motivan el lavado de dinero y la fuga de capitales. Se trata de esconder las grandes acumulaciones que generan socialmente una tremenda brecha entre muy pocos ricos y muchos sectores empobrecidos. No debe sorprender la existencia de empresas y cuentas offshore de gobernantes y famosos, ya que se trata de una práctica usual de las clases dominantes en el capitalismo contemporáneo. Es la forma cotidiana de expresión del capitalismo especulativo y normal. Para terminar con el negocio offshore hay que terminar con la especulación y la economía del delito, es decir, con el capitalismo.

(Por Julio Gambina) Cuando me preguntan sobre el orden económico social del presente no hay más remedio que hacer historia, especialmente desde el Golpe de Estado de 1976.

El fenómeno visible tiene que ver con las torturas, los asesinatos, las desapariciones, las detenciones, los exilios. Todo ello remite al dolor, físico y mental, de afectados directos, familiares, amigos, compañeros de militancia y destino en la vida. Un poco menos se visibiliza la desorganización social y política buscada por los ejecutores materiales e ideológicos del golpe, lo que supone indagar en las motivaciones del ejercicio del terrorismo de Estado.

Lo esencial de la iniciativa política de las clases dominantes hacia 1976 apuntaba a reestructurar el orden económico, social y político de funcionamiento del capitalismo en Argentina, como parte de un proceso similar en la región. En 1973 en Chile y en Uruguay, luego en 1976 en Argentina y otros procesos similares en la región darán inicio al ensayo de restauración liberal del orden social en el ámbito mundial, más conocido como neoliberalismo. Un ensayo que buscará generalizarse luego con la restauración conservadora liderada por Thatcher y Reagan en los 90´ y que se extenderá con renovada fuerza a la ruptura de la bipolaridad entre 1989 y 1991.

De la defensiva capitalista a la ofensiva

El diagnóstico apuntaba a cerrar el ciclo defensivo de las políticas keynesianas instrumentadas en el capitalismo a la salida de la crisis del 30 del siglo pasado y generalizadas, más allá de matices, luego de la segunda guerra mundial. El carácter defensivo devenía de la fuerte iniciativa y organización de sectores subalternos que en Europa podían imitar el ejemplo soviético de construir el socialismo. En EEUU se necesitaba superar la crisis del 30, surgida desde Wall Street, por lo que el “new deal” (nuevo acuerdo), con su planificación y diferente papel del Estado favoreció la construcción de la nueva hegemonía estadounidense en el sistema mundial, creando las condiciones de la bipolaridad.

La crisis de los 70´ había dado la vos de alarma de los límites del desarrollo capitalista bajo la orientación kerynesiana y el gasto estatal pasó a ser el objeto de la crítica de las clases dominantes. Había que abandonar las políticas defensivas, porque ya afectaba a la rentabilidad de las empresas dominantes. Bajo esas condiciones se hace fuerte la restauración del liberalismo, bajo la denominación “neoliberalismo”, y las matizadas interpretaciones de cómo salir de la crisis de los 70. Es en esas condiciones que la corriente neoliberal de pensamiento acude como sostén teórico y formuladores y ejecutores de la política económica de los regímenes terroristas en el cono sur. Con matices, la escuela de Chicago difunde sus pensamientos para una política de transformación reaccionaria del orden capitalista.

En las condiciones de la Argentina y otros países de la región, se impuso el proceso de desarme del orden capitalista bajo el formato anterior. Si las décadas previas fueron las de la industrialización sustitutiva de importaciones, con aliento al mercado interno y la construcción de un amplio proletariado, especialmente industrial y por ende una burguesía también extendida en la producción agraria, industrial y de servicios, la reversión económica suponía la desarticulación social y política de ese entramado social. Por eso el golpe, las prohibiciones, el amedrentamiento y la manipulación de la opinión pública y el sentido común instalado.

La política neoliberal anticipada en el último tramo del gobierno constitucional (por ejemplo: el “rodrigazo” en julio de 1975) se consolidó en 1976 con el Plan Martínez de Hoz, expresión del sector más concentrado de la economía local, cuyos efectos se sienten aún con los cambios institucionales, estructurales, acecidos desde entonces y muy especialmente en los años 90´ del siglo pasado. Es la base material para pensar la liberalización en curso y la inserción subordinada en nuevos tratados de libre comercio que sellan la presencia de Barack Obama en esta Argentina gobernada por Macri.

¿Qué cambió desde 1975/76?

Las relaciones laborales mutaron sustancialmente, con flexibilización, precariedad, tercerización, subempleo, desempleo y su correlato en desorganización y de-sindicalización. En materia de Estado se promovió un fuerte cambio de función, con privatizaciones, desregulaciones y aliento a la mercantilización de derechos sociales, tales como la educación y la salud, entre otros. La inserción internacional subordinada fue la forma de relacionar a la Argentina con el mundo, con tratados de libre comercio y la extensión de tratados bilaterales en defensa de las inversiones, tanto como la generalización de la prórroga de jurisdicción soberana, que hoy se sufre con la sentencia Griesa.

Instrumentos económicos privilegiados que llegan hasta nuestros días fueron la ley de entidades financieras y una política monetaria y financiera de subordinación a la lógica del sistema mundial liderado por los organismos internacionales. También el régimen de inversiones externas que nos somete a la decisión transnacional sobre el modelo productivo y de desarrollo, con soja y transnacionales de la alimentación y la biotecnología; con inversiones mineras para mega minería a cielo abierto con explotación de bienes comunes y contaminación. Es la industria de armaduría para la exportación y los servicios privatizados y altamente concentrados. Es el mecanismo del endeudamiento externo en ciclos sucesivos adoptados por los gobiernos constitucionales en una continuidad con el pecado original de la dictadura genocida.

Las clases dominantes en la Argentina reorganizaron la cotidianeidad del desarrollo capitalista desde el terrorismo de Estado y ya bajo formas constitucionales de gobierno se someten y profundizan la institucionalidad heredada. Por eso continúa la prórroga de jurisdicción soberana, en los acuerdos por nueva deuda, en los contratos con China y con Chevron. Por lo mismo se afianzan las tendencias aperturistas y condicionadas de los instrumentos del libre comercio y la subordinación a los organismos multilaterales. Ese es el sentido de las relaciones internacionales que se fomentan en el presente, con reuniones y presencias de jefes de Estado de Italia, Francia, Inglaterra, la Unión Europea, el Foro Económico Mundial, y claro, con EEUU.

No alcanza con la crítica o la prédica de un relato que evidencia las motivaciones del golpe genocida del 76, si en simultáneo no se construyen las bases materiales y subjetivas para una lucha anti capitalista.

(Por Julio Gambina) El partido de la deuda avanza en el Parlamento para convalidar la estafa de los holdouts o fondos buitre, empujados por la justicia de EEUU, cuando los fallos o investigaciones judiciales locales vegetan entre la maraña de archivos que escamotea la burocracia legislativa y judicial.

La dependencia económica y política es evidente en la iniciativa, una más, para privilegiar usos de recursos públicos destinados a cancelar deuda ilegal, ilegitima y odiosa, por lo menos hasta que se demuestre lo contrario, lo que requiere de una profunda auditoria con participación popular. Esa investigación, luego de conocidos sus resultados, habilitaría a la convocatoria a una consulta popular para definir el pago o la anulación total o parcial de la deuda.

Claro que esa no es la idea de un gobierno y sus aliados parlamentarios que responden a una estrategia de inserción internacional de la Argentina diseñada desde Wall Street.

Fue curioso escuchar en la ronda de expertos sobre el acuerdo en marcha del lunes 7/3 pasado, como los apologistas del mercado, la negociación y el endeudamiento exponían sus hipótesis de bajas de tasas a futuro y la buena noticia que suponía el arribo de inversores y prestamistas externos. No se trataba de lobistas, sino de los representantes de la Bolsa y el Mercado de Valores, de las entidades bancarias y de los profesionales de la economía, habituales consultores en estos ámbitos en que se define la especulación local.

Esta semana, la Provincia de Buenos Aires tomó 1.200 millones de dólares al 9,37% y por 8 años. Una tasa usuraria si se la compara con el costo del financiamiento de otros países de la región, que logran tasas del 50% de lo que pagará el Estado bonaerense. No se entiende la urgencia en la toma de préstamos externos a ese precio, si la hipótesis es la baja del costo del dinero como resultado del acuerdo parlamentario. Lo real es que aun con acuerdo, hay probabilidad de continuidad de la litigiosidad contra la Argentina, lo que supone elevadas tasas de interés, más allá de los dichos por el gobierno y sus aliados del partido de la deuda.

Resulta evidente que solo son hipótesis infundadas sobre crédito barato y que en ese imaginario no se piensa seriamente en conseguir recursos externos para la promoción del empleo, ya que los préstamos, hasta ahora son para tapar huecos derivados de la crisis fiscal y resolver vía endeudamiento la disputa de consenso ante un ajuste que resulta cada vez más evidente. Es lo que quedó claro en la reunión del presidente con los gobernadores, que a cambio de anticipar fondos mayores de coparticipación, instruirán a sus diputados y senadores para acompañar una votación favorable en el Congreso para derogar las leyes cerrojo y de pago soberano e instrumentar el mecanismo de endeudamiento para cancelar a los especuladores buitre y otros no ingresados a los canjes del 2005 y 2010.

Deuda, ajuste y liberalización

No es deuda o ajuste como sugieren desde el Ministerio de Economía, es deuda y ajuste, que se descarga sobre la mayoría empobrecida del país.

La convergencia de ambas cuestiones, se manifiesta en la continuidad de los despidos estatales y del sector privado, exacerbados con una política monetaria restrictiva que enfría la economía y agrava todo pronóstico recesivo para el 2016. La estanflación en curso es la razón por lo que avanza la convergencia de las diferentes centrales sindicales en una protesta a corto plazo, que no solo involucra al salario y las negociaciones colectivas, sino también a la demanda contra el impuesto a las ganancias y los ingresos derivados de la política social.

El problema es la dispar evolución de los precios y los salarios. Mientras los ingresos salariales están en proceso de actualización en negociaciones paritarias, los precios aumentaron 8,3% entre enero y marzo. Si se cuenta desde diciembre pasado el incremento asciende a 12,5%. La proyección anual dispara un 32,9%. Todo en un marco donde la evolución del tipo de cambio entre el peso y el dólar promueve una política de elevación de tasas de interés de parte del Banco Central que obstaculiza cualquier opción de crédito para la producción. La realidad es el estancamiento y la inflación, un cuadro desfavorable para la mayoría de la población.

Vale mencionar que la dupla ajuste y mayor endeudamiento previsto con el acuerdo sobre los fondos buitre, es una condición para incorporar al país a las negociaciones de los tratados internacionales de libre comercio, especialmente el Acuerdo del Pacífico, instrumento de reinstalación de la lógica aperturista del ALCA, que fuera rechazado por el Mercosur desde Argentina en 2005.

La inserción en esa lógica de libre cambio y apertura económica requiere de bajas de salarios para mejorar la competitividad local y la promoción de inversiones externas en condiciones muy favorables para la rentabilidad deseada por los inversores externos. Es el caso de Chevron e YPF, que por ahora motoriza la renuncia del titular de YPF y de la jueza interviniente en develar el contrato secreto (exigido por la Corte Suprema de Justicia) y con el escándalo que supone la voltereta del PRO, ayer críticos de la cláusula secreta y hoy a favor. Todo sea por los negocios.

Contrario a lo que algunos pueden pensar, no hay improvisación en el rumbo económico del gobierno Macri, sino decisión de avanzar en el programa de máxima del gran capital por la liberalización económica de la Argentina. El sendero que lleva a ese destino es el ajuste en curso financiado por nuevo y mayor endeudamiento externo, y ante e conflicto, represión y protocolo de seguridad.

(Por Jorge Cardelli y Julio C. Gambina)

I

El ataque a los derechos de los/as trabajadores/as es una política explícita y deliberada del gobierno Macri, en los marcos de la profundización de la dependencia, por lo que es necesario discutir qué tipo de Central necesitamos.

A más de dos meses, las medidas anunciadas son claramente a favor de las empresas más concentradas y monopólicos: devaluación que no cesa y por ahora en torno a los 16 pesos por dólar (70% desde los 9 pesos por dólar); quita de retenciones que favorece a los exportadores y agrava el déficit fiscal; acuerdo con los fondos buitres en camino y con incremento de la deuda pública por lo menos en 15.000 millones de dólares; sumados a otros préstamos por 5.000 millones de dólares.

Parte de las medidas son los despidos de estatales y la habilitación a cesantías y suspensiones en el sector privado; la burla de actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y tirar las reformas impositivas hacia adelante; desfinanciamiento del Estado para agravar la crisis fiscal y así fundamentar el ajuste. Situación agravada con la presentación y aplicación del protocolo de represión en el marco de la vigencia de la ley antiterrorista y la criminalización de la protesta.

La inflación en curso es expresión de la impunidad de los fijadores de precios y la respuesta del gobierno se concentra en política monetaria restrictiva ejercida desde el BCRA y búsqueda de deuda pública por el Ministro de Economía. Mientras tanto, la carestía la sufren los de abajo, los sectores de menores ingresos que somos la mayoría de la sociedad. El tarifazo energético es expresión del traslado de la crisis inflacionaria sobre el pueblo.

Para nosotros, compañeros afiliados a la CTA Autónoma, es un momento para profundizar nuestro carácter de Central clasista, anticapitalista y antiimperialista.

Es un momento para más unidad y más  debate fraterno sobre el momento y los desafíos políticos. El mayor desafío que tenemos es promover la unidad del Movimiento popular. Para esto es clave la unidad de nuestra Central. Por eso sostuvimos el paro de ATE y otras organizaciones sindicales del 24/2 y promovimos la máxima unidad de acción posible para enfrentar el ajuste en la nueva situación generada desde el gobierno Macri.

Las/os trabajadoras/es somos los creadores de la riqueza social que es apropiada fundamentalmente por los sectores más concentrados del capital local y por el capital imperialista. Por lo que no solo se trata de disputar las orientaciones políticas al gobierno Macri, sino al poder económico, político y social de las estructuras del capitalismo mundializado de los monopolios.

II

Resulta imprescindible discutir el modelo de organización de las/os trabajadoras/es. El régimen capitalista se ha modificado sustancialmente en el último tiempo, desde la ofensiva neoliberal de los centros imperialistas del capitalismo a partir de la crisis mundial de los 70´. En nuestro país promovió la Dictadura Genocida del 76 cuyas consecuencias se proyectan hasta nuestros días, por lo que ante este 40° aniversario del golpe promovemos la organización de iniciativas de movilización unitarias que articulen al movimiento popular.

El principal motivo del terrorismo de Estado apuntó a debilitar al movimiento obrero, su lucha y su organización. La propuesta era desorganizar y desarticular al movimiento gestando salidas individualistas, acompañadas de flexibilización laboral, salarial, precariedad y variados procesos de tercerización y fragmentación de la condición laboral.

Este proyecto continuó con el menemismo en los 90 y contó con la complicidad de muchos dirigentes sindicales. Ante eso nos propusimos responder en 1990 con un nuevo modelo sindical y no dudamos en confrontar con el unicato hegemónico de la CGT. Fuimos por la organización de una nueva Central, que además de desafiar los límites del posibilismo y el sindicalismo de negociación, tuviera como horizonte la autonomía y la libertad y democracia sindical.

El posibilismo fracasó en todo el mundo y destruyó la rica tradición combativa del movimiento obrero, subordinando la estrategia de la clase obrera a la ofensiva capitalista.

Más que nunca debemos orientar nuestro accionar desde los intereses y las necesidades de las/os trabajadoras/es, rompiendo las fronteras de lo posible e imaginando las condiciones de unir al conjunto de la clase, gran parte de la cual está fuera de los sindicatos.

Nuestra respuesta fue y es hacia el conjunto de las/os trabajadoras/es y por eso no somos Central sindical y si una Central de trabajadoras y trabajadores.

III

Necesitamos discutir porqué ganó Macri y su coalición para entender la etapa que nos toca enfrentar.

El gobierno obtuvo votos sustentados en el deterioro del consenso electoral al kirchnerismo, y que este espacio político no reconoce ni errores ni limitaciones de su proyecto que abrió las puertas al gobierno Macri.

Más aún, algunos buscan chivos expiatorios en quienes fuimos críticos en estos 12 años previos, desde la lucha por la democracia y la libertad sindical, en la búsqueda de la construcción de un nuevo modelo sindical que imaginamos con la CTA en su fundación.

Por eso es que el momento actual acrecienta nuestra definición por un nuevo modelo sindical, sustentado en la libertad y la democracia en nuestras organizaciones, que tienen que abrir las puertas a todas y todos las trabajadoras y trabajadores, inclusive a los movimientos sociales, a Pueblos originarios y organizaciones de defensa de derechos ambientales, civiles, de consumidores, etc.,  y no cerrarse corporativamente como reclama el viejo sindicalismo.

Pensamos que es momento de fortalecer al sindicalismo y especialmente a la Central en el carácter de expresión necesaria de la convocatoria a las/os trabajadoras/es en momentos de extensión de la informalidad y la súper explotación de la fuerza de trabajo.

En ese marco, sostenemos que la unidad de acción no es nueva, ni de la última etapa, sino histórica en el movimiento obrero local y mundial. Ahora debe privilegiar articulaciones de nuestra Central con otras organizaciones sindicales y con los movimientos populares. La unidad propuesta con la CTA de los trabajadores es en la lucha y no supone planteos de unidad orgánica.

La unidad de acción tiene años de existencia y no se la puede apropiar nadie y menos expropiando el contenido decidiendo arbitrariamente a quienes se excluye y a quienes no de la actividad unitaria.

Nuestros debates en la CTA están asociados a la caracterización del presente, pero también a un balance de estos 12 años, de la crisis del 2001 y en definitiva de la ofensiva de los centros imperialistas del capitalismo en 40 años desde el golpe de la dictadura genocida. En año del bicentenario de la independencia recuperamos la lucha de los pueblos originarios y de todas las generaciones que propusieron alternativas soberanas contra toda forma de dominación.

Somos conscientes que los motivos que nos convocaron a conformar la CTA siguen vigentes y que no es tiempo de refugiarse en las organizaciones sindicales, por muy grandes que ellas sean o crean ser. Lo estratégico es la CTA, su nuevo modelo sindical y la pretensión de articular un bloque popular amplio en la perspectiva histórica de la lucha por la emancipación social.

IV

El gobierno Macri promueve la función esencial del Estado capitalista por las ganancias, la acumulación y la dominación en condiciones de crisis mundial del capitalismo, que integra las diferentes dimensiones: alimentaria, energética, medio ambiental, económica, financiera, civilizatoria.

Por eso el gobierno Macri se muestra amigable con el imperialismo y los principales jefes de Estado del capitalismo mundial, tanto como con los principales dueños y ejecutivos de las transnacionales de la producción y los servicios, especialmente la banca, a quien se le apunta como muleta para sustentar este momento crítico del capitalismo local y global.

Su propuesta se asienta en los cambios regresivos construidos desde hace 40 años y no modificados esencialmente en tiempos constitucionales, aún con el discurso crítico al neoliberalismo de estos últimos años. Por eso alentamos una gran movilización unitaria para este próxima 24/3 en repudio al golpe genocida y sus consecuencias sobre nuestro pueblo, y muy especialmente contra la ley antiterrorista y el protocolo de la represión.

Desde la concentración y extranjerización construida en estos años y profundizada en la actualidad, pretenden ir por más en la consolidación del modelo productivo, de desarrollo y consumo, basado en el agro-negocio, saqueo de nuestros recursos naturales y súper-explotación de los trabajadores. Ello nos convoca a discutir y disputar consenso sobre otro modelo productivo y de desarrollo, para lo que es imprescindible la fuerza de los trabajadores y en consecuencia alentar el nuevo modelo sindical propuesto de nuestra CTA. Nuestro programa es el de la soberanía popular y ante la crisis alimentaria y energética sostenemos la propuesta de la soberanía alimentaria y energética, por los derechos a la alimentación y la energía.

La cuestión no es macrismo vs. kirchnerismo como estas fuerzas pretenden instalar. El Kirchnerismo se asume como el límite de lo posible y el macrismo como el “gran cambio”. Así se constituyen como par binario que disputa todo el espacio político. Nosotros pretendemos ir más allá, construir una verdadera propuesta política alternativa e irrumpir con decisión y voluntad en la disputa del espacio político.

Nuestro desafío es la autonomía del movimiento obrero, por eso la unidad de acción contra el ajuste y la promoción de la lucha anticapitalista. La autonomía es uno de los pilares en materia de principios desde la fundación de la CTA. Es autonomía de los gobiernos, de las empresas y de los partidos políticos.

Estamos desafiados a romper ese carácter binario de la política institucional expresado en las elecciones de noviembre del 2015. El proyecto alternativo emerge más allá de la polaridad macrismo y kirchnerismo.

Pretendemos partir de lo reivindicativo concreto para disputar consenso social para otra sociedad contra y más allá del capitalismo y sus estructuras de dominación imperialista.

Nos proponemos la participación activa de la Central y el movimiento popular en la toma de decisiones, en el Consejo del salario, el empleo y la productividad, que sigue siendo un objetivo fundamental de nuestra CTA Autónoma la lucha por un Pueblo sin Hambre y sin Pobreza; la recuperación de las instituciones de la seguridad social y previsional, así como el protagonismo en todos los espacios que están asociados a la vida de las/os trabajadoras/es y de los pueblos originarios.

Aspiramos a una sociedad que privilegie el interés de la mayoría contra todo intento de reposicionar el libre comercio, aspiración sostenida desde el derrotado ALCA y que ahora se manifiestan en los acuerdos del Mercosur con Europa o la Alianza del Pacífico. Son todas formas de privilegiar el interés de los grandes capitales hegemónicos del sistema mundial.

Nosotros estamos por instalar la consigna de que otro mundo es posible, y por eso luchamos y nos organizamos por la reforma agraria, la defensa y promoción del hábitat asociado a la autogestión, como a todas las demandas sustentadas desde el movimiento popular.

Sustentamos la iniciativa de luchar por construirnos como sujetos para el cambio y al mismo tiempo construir el programa articulador de todas las proposiciones que constituyen al movimiento popular. Será esa nuestra contribución a la construcción de alternativa.

Desde la reivindicación por la participación en la toma de decisiones y nuestra convicción por discutir el modelo productivo de consumo y de desarrollo, es que nos proponemos ir más allá en la disputa del poder.

V

Convocamos a recuperar los sueños y la imaginación creativa de los 90´, que nos otorgó en la CTA la mística de la disputa del poder y nos presentó en sociedad como expresión de una nueva institucionalidad popular.

Debemos analizar críticamente lo que hace dos décadas nos permitió romper con el unicato sindical y luego, con la iniciativa del poder se promovió la división política y orgánica de la Central.

Hoy estamos desafiados, como en los inicios de los 90´ para pensarnos críticamente y definir una amplia política de alianza en la lucha contra el Estado capitalista y el poder empresario del capitalismo, siempre desde la autonomía de gobiernos, patrones y partidos.

No se trata solo de un análisis nacional o local, sino que es un desafío mundial y que también discute el movimiento obrero. Están los que defienden el viejo modelo sindical desde la lucha por lo posible y los que se definen en una amplia unidad de acción para intentar lo imposible en la lucha de la clase obrera contra el capitalismo y el imperialismo.

Debemos continuar y profundizar nuestra política de unidad y lucha con diferentes organizaciones y movimiento sociales en un sentido multisectorial. Y en este plano ratificar la vigencia del programa de los 33 puntos elaborados  por la Multisectorial que integra nuestra Central.

Por eso debemos retomar el espíritu originario de la Central, relativo a la autonomía de todas las centrales internacionales del movimiento obrero y promover sólidos vínculos con todas las centrales y sin la asociación a una en especial, lo que se manifiesta en el espíritu que compartimos en el Encuentro Sindical Nuestra América, ESNA.

La agresión del gobierno Macrí es fuerte. Es tiempo de respuesta en unidad de un amplio movimiento popular que fortalezca a la CTA como núcleo organizador de la ofensiva que necesitamos para superar el momento y construir el poder del pueblo.

Con el acuerdo arribado para cancelar la sentencia de la Justicia estadounidense con los “fondos buitres”, se consuma un nuevo fraude a la sociedad argentina.

Esta vez por 15.000 millones de dólares, que es el monto a pagar en efectivo a los acreedores, y que se obtendrán de una nueva colocación de títulos de la deuda pública, que alcanzaría un stock de deuda por 300.000 millones de dólares, y habilita a nuevas rondas de préstamos que agravará la hipoteca de nuestro pueblo.

Los especuladores financieros (buitres) compraron bonos depreciados en plena cesación de pagos de la Argentina, y ahora cobrarán con una renta increíble que oscila, según sea cada título, entre 400 a 1.000%. Más que un gran negocio, se trata de una estafa gigantesca.

Una estafa convalidada bajo un gobierno constitucional, ratificando la reiterada lógica de todos los turnos gubernamentales desde 1983, quienes renegociaron la deuda pública surgida de manera ilegal, ilegitima y odiosa en tiempos de la dictadura genocida.

En rigor, se viene escamoteando la investigación sobre la deuda, un tema que logró incluirse en la ley de pago soberano que ahora pretenden derogar para habilitar el acuerdo con los buitres y la justicia de Nueva York. La comisión bicameral incumplió con la presentación de un informe a fines del 2015.

Nuestro país legaliza en cada turno de gobierno el endeudamiento espurio y se niega a auditar las deudas, desconociendo, incluso, fallos de la justicia local (sentencia de Ballesteros, del año 2000) y otros procesos judiciales en curso.

Ahora se celebra el fin del default asumiendo más deuda, con la convicción de que será punta de partida de un crecimiento que reproduce la lógica de producción, distribución, intercambio y consumo para beneficio de la élite empresarial que usufructúa el trabajo social.

Es curioso como ayer se celebraba el desendeudamiento y ahora se continúa con pagos y nuevas rondas de deuda. Son relatos de la alegría para profundizar la pérdida de soberanía a 200 años de la independencia.

Además, las deudas de hoy se exigirán pronto y restarán recursos fiscales para satisfacer derechos sociales de alimentación, salud, educación, energía, entre muchas necesidades insatisfechas. La nueva deuda es una de las caras del ajuste, aunque el tema se presente como única salida que convoca al consenso de toda la población.

Ganar en conciencia social movilizada para suspender los pagos, mientras se audita la deuda, sería un camino alternativo.