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Con el acuerdo arribado para cancelar la sentencia de la Justicia estadounidense con los “fondos buitres”, se consuma un nuevo fraude a la sociedad argentina.

Esta vez por 15.000 millones de dólares, que es el monto a pagar en efectivo a los acreedores, y que se obtendrán de una nueva colocación de títulos de la deuda pública, que alcanzaría un stock de deuda por 300.000 millones de dólares, y habilita a nuevas rondas de préstamos que agravará la hipoteca de nuestro pueblo.

Los especuladores financieros (buitres) compraron bonos depreciados en plena cesación de pagos de la Argentina, y ahora cobrarán con una renta increíble que oscila, según sea cada título, entre 400 a 1.000%. Más que un gran negocio, se trata de una estafa gigantesca.

Una estafa convalidada bajo un gobierno constitucional, ratificando la reiterada lógica de todos los turnos gubernamentales desde 1983, quienes renegociaron la deuda pública surgida de manera ilegal, ilegitima y odiosa en tiempos de la dictadura genocida.

En rigor, se viene escamoteando la investigación sobre la deuda, un tema que logró incluirse en la ley de pago soberano que ahora pretenden derogar para habilitar el acuerdo con los buitres y la justicia de Nueva York. La comisión bicameral incumplió con la presentación de un informe a fines del 2015.

Nuestro país legaliza en cada turno de gobierno el endeudamiento espurio y se niega a auditar las deudas, desconociendo, incluso, fallos de la justicia local (sentencia de Ballesteros, del año 2000) y otros procesos judiciales en curso.

Ahora se celebra el fin del default asumiendo más deuda, con la convicción de que será punta de partida de un crecimiento que reproduce la lógica de producción, distribución, intercambio y consumo para beneficio de la élite empresarial que usufructúa el trabajo social.

Es curioso como ayer se celebraba el desendeudamiento y ahora se continúa con pagos y nuevas rondas de deuda. Son relatos de la alegría para profundizar la pérdida de soberanía a 200 años de la independencia.

Además, las deudas de hoy se exigirán pronto y restarán recursos fiscales para satisfacer derechos sociales de alimentación, salud, educación, energía, entre muchas necesidades insatisfechas. La nueva deuda es una de las caras del ajuste, aunque el tema se presente como única salida que convoca al consenso de toda la población.

Ganar en conciencia social movilizada para suspender los pagos, mientras se audita la deuda, sería un camino alternativo.

(Por Julio Gambina) La creciente insatisfacción social ante múltiples medidas de ajuste contra los trabajadores y la mayoría de la población, apuró anuncios del gobierno Macri sobre modificaciones al mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.

Una reivindicación de larga data en el país y que motivó importantes movilizaciones en los últimos años, incluidos varios paros nacionales, arrancando compromisos de campaña de todos los candidatos con posibilidades de gobernar.

La insatisfacción se asocia a las restricciones en los ingresos populares por encarecimiento de precios, y eso que aún no impacta el aumento de las tarifas eléctricas.

Pero la desconformidad proviene también de la gigantesca transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía, derivados de la devaluación continua, con un dólar a más de 15 pesos y sin techo previsible, aun cuando el BCRA tuvo que vender 40 millones de dólares para evitar un alza mayor.

La gota que rebalsó la copa fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones mineras, beneficiando a las grandes empresas transnacionales asociadas al saqueo y la depredación de los bienes comunes. Agravado con la difusión de la medida en San Juan, cuando aún está latente en la memoria social el derrame tóxico de septiembre pasado sobre las aguas del río de una provincia que sufre por escases de agua.

Hasta sectores asociados al gobierno señalaron la incongruencia entre este beneficio a las mineras y la postergación de medidas contra la inequidad por el mantenimiento del impuesto a las ganancias sobre los trabajadores.

El gobierno pretendía discutir desde marzo en el Parlamento el tema del impuesto a las ganancias y el impacto sobre los asalariados. Era una cuestión de mediano plazo, pero el clima de inconformidad en el marco del inicio de las negociaciones colectivas por el salario, aceleró los tiempos de la actualización del mínimo no imponible.

Anuncios en la disputa del consenso

La iniciativa política en la disputa del consenso social mueve al gobierno, no hay duda, y por eso separa del INDEC a una funcionaria que pretendía organizar un trabajo profesional, haciendo evidente que la “política” (autoritaria) se impone también en esta etapa sobre la seriedad y la profesionalización de la información estadística.

Necesitan un dato ahora, sin importar el grado de rigurosidad del mismo, sin gran diferencia que lo argumentado hacia el 2006/7 y el desarme del sistema estadístico de la Argentina hasta el presente.

Por eso se imponen ahora los cambios anunciados en el impuesto a las ganancias, y es parte de lo que demandan los dirigentes sindicales más cercanos al gobierno y que son privilegiados a la hora del dialogo con las autoridades. Estos sindicalistas son expresión de organizaciones que nuclean a parte importante de los trabajadores de mayores ingresos, y por ende sujetos del impuesto a las ganancias.

El Presidente dice que el anuncio es solo “un primer paso” para contentar a quienes demandan actualizaciones de las exenciones y al reducir la imposición sobre los asalariados, se puede mejorar la capacidad de compra de ellos y sus familias.

La realidad es que la actualización está muy lejos de lo que se había sugerido, pues los 30.000 pesos mensuales de mínimo no imponible son relativos al ingreso bruto de los trabajadores. Por lo que los ingresos netos eximidos de pago al impuesto son por 25.000 pesos mensuales al trabajador con cargas de familia y 18.880 para el soltero sin hijos.

Son cifras importantes en una franja minoritaria para un promedio salarial que ronda poco más de 7.000 pesos al mes, pero menos de lo reclamado.

Al ser un impuesto que actúa sobre ingresos anuales, la medida es retroactiva a enero 2016 y se eliminan todas las disposiciones que habían servido de parche desde el 2013, por lo que algunos pagarán menos impuesto, y otros, que antes no tributaban, ahora podrán ser sujetos del tributo.

En el imaginario de la discusión previa se aludía a una eximición desde los 30.000 pesos mensuales netos.

No se modifican las escalas ni está prevista una actualización regular de estos nuevos valores del mínimo no imponible, con el argumento que eso requiere ser modificado por ley y que se llevará al Parlamento para su discusión.

Claro que ni hablar de la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores, argumento sustentado de que los salarios no son ganancia, sino el pago a la venta de la fuerza de trabajo.

Mucho menos en tiempos de déficit fiscal y que la medida anunciada supone una merma de recaudación. Disminución que parcialmente será compensada por el mayor consumo que genere entre los que se beneficien con estos nuevos mínimos.

Claro que no todo irá al consumo y una parte puede derivarse hacia la especulación, inducida por altas tasas de interés y la regular variación al alza de la divisa estadounidense.

Compensaciones insuficientes

Los grandes beneficios de la política económica de Macri apuntan a satisfacer el programa del capital más concentrado y en ese marco, se ofrecen solo compensaciones parciales e insuficientes a los sectores de ingresos fijos.

Vale adicionar que los anuncios se quedan cortos por no incluir a los trabajadores por cuenta propia, que son parte de la informalización del empleo en los últimos años.

Lo que sí se incluye es la actualización de las asignaciones familiares para compensar a sectores de menores ingresos y que no son sujetos del impuesto a las ganancias.

Estos anuncios intervienen para facilitar a la baja la negociación de las paritarias por actualización de salarios, que una vez producida dejarán desactualizadas las correcciones ahora informadas por la AFIP y el gobierno.

El reclamo de fondo por la eliminación del impuesto al salario, equiparado a las ganancias, es un tema actual y constituye parte esencial del programa de reivindicaciones democráticas del movimiento sindical.

Claro que el propósito de Macri es contener la conflictividad y ganar consenso para su política, aun cuando el privilegio sea servir al objetivo central del programa de los capitales más concentrados.

Por eso las compensaciones, aun limitadas y parciales, suponen algunos ingresos mayores para una franja de trabajadores.

Pero junto a la disputa del consenso, se promueve el protocolo de la represión a la movilización popular, dispositivo que goza de apoyo de la sociedad, en parte motorizado ideológicamente desde los medios de información y comunicación. El consenso se disputa y manipula.

El mensaje gubernamental es claro: se asegura un determinado sentido de la política, para la concentración y la dominación del gran capital, con compensaciones limitadas; y ante la conflictividad, se ejerce la represión y la criminalización de la protesta.

En rigor, no solo interviene la iniciativa del gobierno o la del poder económico, sino también la que se ejerce desde otros sectores sociales y políticos, con otros sentidos y para otros objetivos.

Como siempre, lo que interesa discernir es quien terminará definiendo el sentido común.

(Por Julio Gambina) El gobierno de Macri busca disciplinar al movimiento sindical y por eso junto a las cesantías en el Estado, la represión y criminalización de la protesta social, se pretende asociar a los objetivos de la gestión a parte de la dirigencia gremial. Por eso la reunión del gobierno se limitó a recibir a la dirigencia de las distintas versiones del sindicalismo tradicional agrupado en las CGT.

Afuera del diálogo quedaron las CTA, que nuclean a gremios y movimientos sociales que expresan muy fuerte la conflictividad en estas horas. No importó la legalidad de ambas centrales, sino que primó en el gobierno el objetivo de contención y aislamiento del conflicto social. Es una estrategia acompañada de represión y criminalización de la protesta social.

ATE convocó a un paro nacional para el 24 de febrero y crecen las adhesiones y simpatías de una medida que trasciende los propósitos concretos de la medida, contra las cesantías y en defensa del empleo público. Los trabajadores estatales denuncian cerca de 20.000 cesantías en los tres ámbitos del Estado: municipios, provincias y nación, muy por encima del difundido por las autoridades, que solo informan sobre lo que ocurre en el Estado Nacional, desentendiéndose de procesos similares de varias provincias, incluso las gobernadas por el kirchnerismo.

La situación de los gremios docentes está en tensión y son parte de la conflictividad expresada por estas horas. Los docentes bonaerenses acaban de desestimar una nueva oferta del gobierno provincial por actualización salarial del 24,1%, con una demanda del 35% de ajuste, en lo que pretende ser la primera pulseada de un debate nacional reiterado a comienzo del ciclo escolar.

Diversas son las expresiones en solidaridad con la libertad de Milagro Sala y la criminalización de la protesta social, en un momento en que se intenta deslegitimar la experiencia de autogestión desarrollada especialmente ante la crisis del 2001. La “normalización” del orden capitalista local tiene en paralelo la continuidad y extensión de experiencias de organizar la vida cotidiana con y más allá del Estado, lo que supone la disputa de fondos públicos por parte del movimiento social.

En rigor, el problema no es solo de los estatales, ya que las cesantías y suspensiones se extienden también en el sector privado. La Volkswagen y la FIAT anuncian masivas suspensiones ante la reducción de la demanda brasileña. La crisis mundial y su impacto recesivo en Brasil golpea en forma directa sobre la Argentina y desmitifica el imaginario gubernamental de lluvia de inversiones externas hacia el país.

Disciplinar el conflicto social es un objetivo central, ya que en el marco de la crisis mundial de la economía, el imaginario de receptar cuantiosas inversiones externas o préstamos se ralentiza y es creciente el rumbo recesivo de la economía local.

Como hemos sostenido en otras ocasiones, salvo por créditos externos, las reservas internacionales siguen a la baja y no alcanza con las apelaciones a la responsabilidad empresarial para reducir precios. En enero, según la medición en la Ciudad de Buenos Aires, los precios escalaron 4,1%, con alimentos por encima de este promedio, con un registro proyectado para el año del 33%.

La burguesía mundial o local privilegia su propia rentabilidad a los objetivos de “buen gobierno” y “amigable” con el mercado y las empresas sugerido por la burocracia macrista en la gestión estatal.

Precios y salarios

Se puede afirmar que al no poder frenar o morigerar la inflación, con apelaciones morales a la responsabilidad y sin capacidad para disciplinar a los empresarios fijadores de precios, acuden a la reducción de los salarios e ingresos populares.

Un claro ejemplo son los jubilados y otras prestaciones sociales de la seguridad social.

Acaban de difundir la actualización establecida por ley de los haberes jubilatorios, la asignación universal por hijos y las asignaciones familiares, con valores a cobrar a partir de marzo.

La mínima de los jubilados pasará de 4.299 a 4.943 pesos mensuales. Son 644 pesos de actualización, o sea, menos de 22 pesos diarios, lo que supone apenas un poco más de pan en el consumo cotidiano. Un poco más de 4 millones de jubilados se ubican en este rango

El ajuste es de un 15%, cuando la inflación de octubre 2015 (última actualización) a marzo 2016, fecha de efectivización del ingreso, puede ser superior a ese guarismo.

Para las pensiones no contributivas se pasa de 3.009 pesos a 3.460 pesos, unos 451 pesos más, algo así como 15 pesos diarios. Más de 1,5 millones de beneficiarios.

Esa actualización también se aplica a la AUH, con cerca de 3,6 millones de beneficiaros, que pasa de 837 a 962 pesos, una actualización de 125 pesos mensuales, o un poco más de 4 pesos diarios. Se actualizaron también las asignaciones familiares de los trabajadores en relación de dependencia.

Son ajustes mínimos que involucran a más de 10 millones de personas, un 25% de la población, evidenciando la situación de empobrecimiento ante la evidencia de un consumo suntuario y beneficios concentrados en una minoría de la población.

El tema de fondo es que el mínimo para una familia tipo, según los trabajadores del INDEC es superior a los 15.700 pesos, con valores a diciembre del 2015. Los trabajadores aceiteros, insisten que más que porcentaje el salario mínimo que requiere un trabajador del sector es de 20.000 pesos mensuales.

La realidad es que la intencionalidad patronal y gubernamental no apunta a resolver la ecuación de satisfacción de necesidades de ingresos de trabajadores y otros sectores populares, de hecho, la mayoría de la sociedad argentina. La orientación de la política económica es pro empresas y su rentabilidad.

Por eso, el BCRA deja que suba la cotización de la divisa estadounidense y ya se acerca a los 15 pesos por dólar, lo que facilita la liquidación de la cosecha de soja almacenada en silos, una aspiración sostenida desde el primer día del gobierno Macri. Además, estimula la tendencia a la especulación contra la moneda local y aspira dinero de la circulación para inducir vía política monetaria restrictiva bajar la inflación. Se trata del retorno de las viejas políticas monetaristas propias de las “metas de inflación” y la ortodoxia en la gestión del Banco Central.

Límites a la política gubernamental y posibilidades para alternativas

Como las inversiones no llegan y eso demora la apertura de crédito a menores tasas de interés, el esfuerzo del Ministro de Economía se concentra en las oportunidades otorgadas a los fondos buitres (holdouts) y observa con satisfacción cierto guiño de simpatía expresado por el negociador de la Justicia de EEUU y el propio juez a cargo de la causa, claro que el acuerdo supondrá cuantiosos costos para el conjunto de la sociedad argentina.

La expectativa del gobierno se concentra en obtener crédito externo y si puede, alguna radicación de inversión extranjera, por eso recibe con expectativa esperanzada las visitas de los gobernantes de Francia e Italia, y mientras tanto cubre con iniciativa política la búsqueda de consenso político a su gestión. Es una estrategia orientada hacia la burocracia política y sindical, develando acciones en operaciones de manipulación ideológica detrás del republicanismo y el amplio diálogo político pregonado.

No hay dudas que el gobierno actúa con gran iniciativa política y aprovecha el desconcierto político generado en ciertos sectores ante la nueva realidad de un gobierno PRO en la Nación, Capital y Buenos Aires y que sin mayoría parlamentaria demostró capacidad para intervenir en captar voluntades de la oposición sistémica.

Ese accionar motiva a pensar en la necesaria estimulación de iniciativa y acción política organizada del amplio movimiento social y político con voluntad de intervenir en la construcción de alternativa.

La discusión es siempre si se puede proponer algo distinto a la lógica discursiva del poder y no caer en la inevitabilidad del ajuste social para combatir la inflación.

El costo puede trasladarse hacia los sectores de mayores ingresos, lo que supone luchar por reformas progresivas del régimen tributario y claro, discutir el modelo productivo y de desarrollo, sus beneficiarios y el tipo de inserción internacional que privilegie la satisfacción de necesidades sociales por encima de las ganancias.

Foto: Uniónentreríos

(Por Julio Gambina) Las reservas internacionales del BCRA crecieron en 5.000 millones de dólares el último día de enero del 2016, derivados de un crédito de la banca externa.

Transitoriamente, solo un día, las reservas estuvieron por encima de los 30.000 millones de dólares (30.074), ya que el 1 de febrero ya estaban en 29.985 millones y el último registro baja a 29.892 para el miércoles 3 de febrero.[1]

Al asumir el gobierno de Mauricio Macri, las reservas en la contabilidad del Banco Central acusaban 24.862 millones de dólares (10/12/2015). El incremento se explica principalmente por esta expansión del endeudamiento externo, y solo marginalmente por otras razones, caso de las liquidaciones de divisas de los exportadores.

Las reservas pueden crecer por saldo comercial favorable; ingresos por inversiones externas o préstamos internacionales y disminuyen por cancelaciones de la deuda, salidas de divisas y remesas de utilidades al exterior.

Vale mencionar que el record de reservas se logró el 22 de junio del 2011, con 52.259 millones de dólares[2], habiendo perdido reservas desde entonces y hasta el cambio de gobierno por 27.397 millones de dólares.

Bien valdría investigar las motivaciones de esas salidas de divisas, especialmente cuando existen procesos judiciales que pretenden indagar sobre delitos por usos de fondos públicos.

La muleta del ingreso de capitales externos

Un gran objetivo que se sustenta desde el gobierno y los sectores más concentrados de la economía local pasan por superar los límites al ingreso de capitales, especialmente del mercado de crédito internacional.

Era un propósito explícito de los principales candidatos en las elecciones presidenciales de octubre del 2015, especialmente Macri, Scioli y Massa, y uno de los motivos del primero y el tercero que llevaron a la Cumbre empresarial de Davos.

La exclusión argentina del mercado mundial de créditos se deriva de la continuidad del país en la situación de cesación de pagos y juicio con sentencia en firme en Nueva York.

Por eso se retomaron las negociaciones en EEUU para cancelar la demanda de los fondos buitres y al mismo tiempo suscribir un preacuerdo con bonistas italianos que habían demandado a la Argentina ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones, ámbito vinculado al Banco Mundial) luego de la salida de la convertibilidad a comienzos del 2002[3].

En el cierre de la primera semana de febrero se hizo la oferta concreta de cancelación a todos los acreedores del default argentino.

El monto de la acreencia es por 9.000 millones de dólares y se hace una oferta base a quienes no tienen sentencia judicial hasta el 1/2/2016 por el capital original más un 50%.

A los buitres y los “me too” se les ofrece el 100% con una quita del 30% o del 27,5% si aceptan antes del 19/2. Se pagará algo en efectivo y con bonos por un monto equivalente a 6.500 millones de dólares estiman en el Ministerio de Economía de la Argentina.[4]

La negociación con los buitres y el acuerdo con los acreedores europeos suponen mayores compromisos de deuda, es decir, acrecentamiento del stock de deuda y mayores intereses a cancelar a futuro.

El resultado de estas propuestas actúa como una garantía de la voluntad de pago, del mismo modo que durante el gobierno anterior se acordó renegociar con el Club de París, o con Repsol por la expropiación parcial de YPF.

Es en este marco, que el gobierno de Macri logró vencer el obstáculo y cerró un acuerdo crediticio con un conjunto de bancos transnacionales: HSBC, JPMorgan, Santander, cada uno con 1.000 millones de dólares; el Deustche bank, Citibank, BBVA y UBS por 500 millones de dólares cada uno. Son en total 5.000 millones de dólares.

La tasa de interés ronda el 7%, muy por encima de lo que logran otros países en la región. Igual, el tema fue celebrado porque abrieron el canal de ingresos de fondos externos para auxiliar la política económica. Se otorgaron en garantía bonos del tesoro y se mantuvo la cesión de soberanía jurídica ante algún incumplimiento del Estado Nacional.

No solo mejora las reservas para sostener las cuentas nacionales de la economía  argentina, sino que le permite al gobierno ejercer presión sobre los acreedores para un acuerdo de pagos más rápido, según la oferta presentada en Nueva York.

Sin ingreso de capitales, de riesgo o de préstamos, no es sostenible el funcionamiento de la economía local, con un horizonte de estancamiento, desaceleración o directamente recesión para el 2016 (ver previsiones del FMI)[5].

Necesitan la muleta del ingreso de capitales externos porque no existe posibilidad de un crecimiento auto sustentado del capitalismo local.

Es resultado de la ausencia de estímulo al gasto privado o público, por baja de poder adquisitivo de ingresos populares, principalmente salarios, lo que impacta en la facturación de las empresas. Además, las condiciones internacionales no favorecen la demanda externa, especialmente de Brasil.

Tampoco favorece la demanda pública, por el ajuste fiscal vía cesantías o reducción del gasto (eliminación de subsidios que se transfieren a precios de facturación).

Pero tampoco hay un horizonte de crecimiento de la inversión privada o pública, especialmente cuando la preocupación de la política monetaria apunta a sacar dinero de la circulación (39.541 millones de pesos menos de Base Monetaria entre el 10/12/15 al 3/2/16)[6].

Esta absorción de dinero realizada por el BCRA es además onerosa, vía letras de endeudamiento, con tasas del orden del 30% que restringen aún más la posibilidad de destinar recursos con destino al gasto social. Es coherente con una política monetaria de “metas de inflación” orientada a restringir la circulación de dinero para frenar la escalada de precios.

El horizonte es de más deuda pública y externa

Si las perspectivas de evolución de la economía no provienen ni del consumo, ni de la inversión, lo único que resta es el endeudamiento público, con la intencionalidad de habilitar nuevas rondas de deuda externa para el sector público y el privado.

La Argentina reitera así el camino del recurrente endeudamiento externo y sin cerrar antiguas historias de investigación de la eterna deuda.

El Parlamento organizó una Comisión para la investigación de la Deuda, que no emitió su informe final[7] y que nunca tuvo voluntad de auditar seriamente la situación del endeudamiento desde 1976, tal como convocaba la llamada ley de pago soberano que en septiembre del 2014 formuló la propuesta de una Comisión para la investigación.

El gran endeudamiento se inició hace 40 años bajo la gestión de la dictadura genocida, creció en tiempos constitucionales, especialmente en la última década del siglo pasado.

La experiencia histórica nos dice que el endeudamiento externo es un mecanismo de potenciación de la dependencia y que hipoteca la economía local, convocando reiteradamente a procesos de cancelación indefinida de pagos, postergando insatisfechas necesidades sociales y alentando nuevas rondas de sometimiento a los acreedores internacionales.

Existe una demanda social para la investigación de la deuda pública y mientras tanto proceder a la suspensión de los pagos que ya es un derecho, y sigue siendo una consigna y motivo de lucha social junto a otras agresiones económicas derivadas de la política del gobierno Macri.

(Por Julio Gambina*) El gobierno anunció el incremento de tarifas de electricidad, con impacto muy destacado en la zona metropolitana. Se presenta como una medida para la igualación del precio en el ámbito nacional, para resolver el problema de rentabilidad de las empresas y al mismo tiempo reducir el déficit fiscal que generan los subsidios.

Junto al aumento de tarifas comunican una tarifa social para el sector de menores ingresos, a costa del Estado, cuando debiera ser a costo de las empresas.

Es claro que ello supone una importante discusión sobre el modelo energético construido en la Argentina luego de las privatizaciones de los noventa.

No haber modificado la política energética tiene los costos actuales en materia de tarifazos.

Menor consumo y mayor inflación

La medida tiene doble impacto en la mayoría de la población.

Por un lado disminuye la capacidad de gasto hacia otros destinos, ya que habrá que cancelar las facturas actualizadas a valores siderales, del orden del 500%, o más.

Por otro lado, quienes puedan trasladar a precios ese mayor costo de la electricidad, lo harán, encareciendo los precios en un momento de aceleración inflacionaria, restringiendo aún más la capacidad de consumo de la mayoría de la población de menores ingresos.

Es un tema delicado y largamente anunciado. Fue tema de la campaña electoral y por eso no debe sorprender.

Las empresas del sector eléctrico venían reclamando la actualización tarifaria y coincidían con los gobernantes actuales en cambiar subsidios por precio a absorber directamente por los usuarios.

El programa del poder

Una vez más las reivindicaciones empresarias son resueltas por el Gobierno Macri.

Se demandó devaluación; eliminación de las restricciones para operar en el mercado de cambios (cepo); quita y/o baja de retenciones; ajuste fiscal afectando el gasto social y en personal; tarifazo; y el gobierno cumplió.

Todo lo solicitado va siendo acordado. El poder satisfecho.

Así lo hizo saber esta semana la cúpula de los empresarios más concentrados de la Argentina, de visita en la Casa Rosada, la Asociación Empresaria Argentina.

La AEA reúne a los principales dueños y ejecutivos de las más grandes empresas que actúan en el mercado local: Techint, Arcor, Fiat, Bagó, Roggio, Irsa, Aceitera Deheza, Cartellone, los Grobo, el Santander, Clarín, La Nación, entre muchos otros. Algo así como la crema de las clases dominantes.

En la próxima semana comenzaran las negociaciones con los hold-outs o “fondos buitres” para negociar “en serio” el pago de la deuda reclamada en la sentencia del Juez estadounidense.

Al mismo tiempo, podrá materializarse el préstamo colectivo por 6.000 millones de dólares de un pool de bancos transnacionales, que al tiempo que acrecienta las reservas internacionales, ofrece una señal de seguridad en el cumplimiento de las acreencias externas. Es la seguridad para el poder económico de adentro y de afuera.

El ajuste en acción

Mientras tanto continúan las cesantías en el Estado y en el sector privado, con réplicas muy importantes del movimiento de trabajadores, que marcan los límites a la ofensiva contra el empleo y el salario.

No resulta sencillo para el gobierno pasar por encima de derechos laborales conquistados.

Los estudios sobre precios y salarios circulan entre las direcciones sindicales preparándose para las negociaciones colectivas, donde la discusión docente aparece en primer lugar.

Si el gobierno pretende colocar su objetivo inflacionario del 20 a 25%, se encuentra con un INDEC que oficializa la evolución de precios según marca los institutos de la Ciudad de Buenos Aires o la Provincia de San Luis.

En ningún caso las proyecciones de demanda salarial bajan de 30 a 40%, incluso 45%, sin hablar del impacto del aumento tarifario.

Para colmo, los trabajadores de ATE del INDEC presentaron una actualización del informe de febrero del 2015 sobre ¿CUANTO DEBIERA SER NUESTRO SALARIO COMO MÍNIMO?

La propuesta es a diciembre del 2015 y señalan que “para un Hogar constituido por una pareja con dos hijos menores es de $15.677,40”.

Adicionemos a eso la inflación de enero, el tarifazo sobre electricidad y la continuidad del traslado a precios de la devaluación, con lo cual, la disputa por la distribución del ingreso augura un tiempo de conflictividad social creciente.

*Desde Asunción, Paraguay

(Por Julio Gambina) Macri busca normalizar las relaciones políticas y económicas de la Argentina con el poder económico mundial y por eso concurrió al Foro Económico Mundial en Davos, con señales hacia los principales protagonistas del sistema capitalista: el gobierno de EEUU, el inglés, el FMI y ejecutivos de las transnacionales ávidas de negocios con segura rentabilidad. La movida argentina fue presentada como sistémica con la compañía de buena parte del Poder Ejecutivo y Sergio Massa como líder de la oposición peronista. Oficialismo y oposición juntos para una opción de política de Estado amigable con la liberalización.

Llevaba Macri en su haber el cumplimiento de la demanda de la cúpula concentrada de las empresas que actúan en el país: la devaluación de la moneda, la eliminación y reducción de las retenciones y una mayor liberalización de la economía, acompañada de una brutal modificación regresiva de los precios relativos contra los ingresos populares y favorables a las ganancias. La inflación que miden las provincias de San Luis y la Ciudad de Buenos Aires, referentes del INDEC ante la ausencia de indicadores propios, señalan una variación promedio del 6% para diciembre pasado y similar para enero 2016, consolidando la transferencia de ingresos de los de abajo a los sectores más concentrados en disposición de aumentar precios.

Además, se hace propaganda del compromiso de terminar con la cesación de pagos declarada en 2001, por lo que se propone arreglar con los holdouts, los “fondos buitres” que tienen sentencia de cobro por parte de la justicia estadounidense. En ese marco se habilitó al FMI que vuelva a auditar las cuentas de la Argentina según establece el estatuto del Fondo, t así, las restricciones externas para préstamos al país empezaron a flexibilizarse con el rumbo económico del gobierno Macri, aunque las divisas no terminan de ingresar.

De hecho, la colocación del Bonar 2020 en estos días y el canje de Bonos con vencimiento en 2017 tuvieron escaso impacto y pone en evidencia, que no alcanza con buena voluntad y profesión de fe por la iniciativa privada para que se concreten operaciones de ingresos de dólares a la Argentina, ya que la situación de la economía mundial no acompaña las expectativas de los empresarios gobernantes del país.

Lo concreto logrado es el ajuste interno

El FMI corrigió a la baja las estimaciones de evolución de la economía mundial, que en la coyuntura no solo incluye a los países capitalistas desarrollados como hasta hace poco, sino también a los llamados emergentes, especialmente a Brasil en franca caída y a China con desaceleración confirmada con un crecimiento del 6,9% para el 2015, menos de lo esperado y claro, mucho más que el pobre promedio de la economía mundial. Para la Argentina, la previsión es recesiva, con caída de su capacidad de producción.

El dato real es que los capitales globales, salvo ofertas excepcionales de rápida rentabilidad, prefieren la seguridad de los mercados tradicionales, especialmente EEUU con sus expectativas de subas de la tasa de interés, y por eso hay disputas inter-capitalistas que se manifiestan como “guerra de monedas” en un ciclo donde la mayor valorización de la moneda estadounidense induce la baja de los precios de las commodities, entre ellos el petróleo, el gas y de interés para la Argentina, los alimentos y muy especialmente la soja. Parte de ese fenómeno se manifiesta como crisis de las bolsas en todo el mundo, y la de la Argentina es una de las más perjudicadas en este comienzo del 2016.

La realidad es que la disputa por el ingreso y la riqueza se concentra en la redistribución regresiva hacia el interior de la Argentina. Por eso se cuentan por miles los desempleados del Estado y el sector privado, la cara visible del ajuste prometido y ejecutado. Se aprovecha el consenso electoral en el primer tramo de ejercicio de un gobierno que funciona a base de Decretos e iniciativa política e ideológica mediática para construir aceptación social más allá de lo obtenido en las urnas. Es curioso, pero el autoritarismo está asociado a la búsqueda de mayor consenso. Se presenta como señal de autoridad, de eficacia de gestión. Se trata de lógica política de empresarios por la eficiencia en la gestión.

El capitalismo mundial en crisis necesita de más liberalización de la economía y el gobierno Macri es funcional a ese programa. Los capitales transnacionales aguardan conocer cómo se procesa el conflicto social, con represiones diversas y confrontaciones en un tiempo de receso por vacaciones, con negociaciones paritarias que empiezan a intervenir en el debate económico y político, caso de los docentes, los bancarios o los petroleros. Todo agudizado con la incertidumbre derivada de la ausencia de cifras oficiales que midan la evolución de precios y salarios.

Los propósitos del Foro Económico Mundial

Davos reúne al poder económico mundial desde hace 45 años, cuando se convocó al primer Foro Económico Mundial en 1971, con la crisis capitalista de entonces asociada a la disminución de las ganancias gestada desde la mayor acumulación de poder popular en la historia.

Entonces parecía imparable el socialismo en el mundo, con EEUU enterrado en el fango de Viet Nam, que irremediablemente perdería poco tiempo después. En ese marco, el poder sindical había arrebatado históricas conquistas al poder concentrado. El Sur del mundo ejercía su capacidad de demanda asociada al sistema socialista para discutir un Nuevo Orden Económico Mundial, como Carta de los Deberes y Derechos de los Países en debate de la ONU en 1974, solo con 12 votos en contra.

A comienzos de los años 70´, el imperativo era frenar la acumulación de poder popular y se desató una gigantesca ofensiva del capital sobre el trabajo. Una ofensiva de contrapoder para restaurar la capacidad de mando y dominación del capital en la civilización contemporánea. Davos renueva en esta versión del 2016 sus propósitos, aunque sobre el mar de una crisis capitalista que empezó a visibilizarse desde el 2007/8.

La esperanza por una alternativa se procesó con el cambio político en Nuestramérica, justamente en el momento de eclosión de la nueva crisis mundial en 2007. Macri en Davos llevó tranquilidad al poder económico por su disposición a retomar el programa de máxima del gran capital e intervenir en la región para orientar su rumbo hacia la liberalización. Su política internacional inducirá las ansias liberalizadoras de corrientes afines en los gobiernos de Uruguay y Paraguay para contrarrestar el peso de Venezuela o Bolivia en el Mercosur, con un Brasil abocado a resolver su propia crisis interna y lejos de toda pretensión hegemónica regional.

Lo alternativo como asignatura pendiente

Por eso, la pregunta que se impone, para la Argentina y la región es relativa a los límites del proyecto de cambio político, especialmente en las modificaciones estructurales de orden económico. No haber avanzado en ese camino generó las condiciones de retorno al proyecto hegemónico de las transnacionales, los organismos internacionales y los países más desarrollados del capitalismo y el imperialismo.

El proyecto alternativo sigue siendo la asignatura pendiente. Es necesario instalar esa conclusión en la sociedad, ya que no alcanza con propugnar un sentido común de retorno a procesos que mostraron sus límites e incapacidades para transformar profundamente la realidad. La foto del balotaje con dos opciones constituye un problema para construir ese proyecto alternativo. La opción binaria del balotaje no sirvió para identificar rumbo alternativo al orden capitalista y su cristalización en el debate político cotidiano es un límite a superar.

La iniciativa política del gobierno Macri unifica acciones y movilizaciones para la defensa de reivindicaciones económicas y sociales. El problema es que no se requiere solo la unidad de acción, incluso de unidades orgánicas, tal como se sugiere con las CGT o las CTA. La cuestión de fondo es sobre la hegemonía de ese accionar en unidad, si para retomar procesos que demuestran sus límites para avanzar en proyectos de emancipación social, o si se define una propuesta con suficiente densidad social y política para desafiar al orden de Davos.

(Por Julio Gambina) El pasado miércoles 13 de enero habló, a un mes de asumido el gobierno de Macri, el ministro de Economía.

La primera curiosidad es que su crítica al gobierno anterior remite al periodo 2007-2015. Tiene lógica, ya que englobar a todo el ciclo entre 2003 y 2015, lo involucraba a él mismo al frente del Banco Central entre diciembre del 2002 a septiembre del 2004, entre los gobiernos de Duhalde y Kirchner.

Es más, hizo el autoelogio de haber contribuido con la política monetaria del BCRA a disminuir la inflación del 40% al 5%, y aun reconociendo circunstancias distintas, oculta que la baja de la inflación estuvo asociada a la recuperación económica luego de años de recesión entre 1998 y 2002, una reactivación sustentada con la devaluación y la cesación de pagos.

Ambas medidas (devaluación y default) favorecieron, brutales transferencias regresivas de ingresos mediante, la instrumentación de políticas económicas activas y políticas sociales masivas (Plan Jefas y Jefes de hogar) al evitar pagos a los acreedores no privilegiados (recordemos que a los organismos internacionales, siempre se les canceló los vencimientos).

En la actualidad, si bien venimos de un periodo de desaceleración económica y recesión industrial, sin la profundidad del ocaso menemista, los pagos de deuda vienen siendo crecientes y lo serán mucho más a partir de la negociación anunciada con los buitres (hold-outs) y la justicia estadounidense.

Los crecientes pagos de deuda, el llamado desendeudamiento, significaron cuantiosos pagos de viejas deudas, al tiempo que se asumía nuevos endeudamientos, especialmente con organismos nacionales, del tipo del BCRA o la ANSES. Esos bonos con los organismos nacionales son los que ahora se utilizan como garantía para nueva deuda externa.

Recordemos que a la salida de la crisis del 2001, la devaluación orientada a reactivar la “producción y la competitividad local”, estuvo acompañada de la cesación parcial de pagos, liberando fondos públicos para la política económica y social desde el 2002, lubricando un consenso que sustenta el ascenso electoral del ciclo kirchnerista entre 2003 y 2011.

La devaluación actual, más que activar la competitividad o la productividad de la producción local, actúa directamente como un mecanismo de mejora de la rentabilidad de la cúpula empresarial, especialmente de los sectores hegemónicos de la producción agraria e industrial asociada a la exportación, y claro, como siempre, la banca y los capitales concentrados en el ámbito de la especulación.

Alfonso Prat-Gay quiere mostrar los logros macroeconómicos a la salida de la recesión 1998-2002, asumiéndose protagonista de esa historia y se pone nuevamente en ese lugar, ahora como Ministro de Economía, pretendiendo asimilar la herencia actual a la debacle del 2001.

En su mensaje habla de la herencia negativa, especialmente la continuidad del default, que habría que superar para volver al mercado financiero mundial. Ahora, la continuidad de la cesación de pagos sería una situación negativa en su lógica analítica del presente, cuando en realidad, fue una condición de posibilidad indispensable para la recuperación macroeconómica desde el 2002.

Por eso sugiere negociar “en serio” en EEUU, situación que ya está en marcha, incluso la licitación de una nueva representación de abogados ante la justicia estadounidense.

Claro que señala el despropósito de la justicia estadounidense que multiplicó por diez, vía intereses punitorios, una deuda de capital que en origen era menor a 500 millones de dólares (demanda de los buitres).

Ese monto más punitorios y otros acreedores no partícipes de los canjes de deuda del 2005 y 2010 acrecen la demanda a casi 3.000 millones de dólares; base de la discusión en estos días para terminar con el default y volver al mercado de créditos mundial en condiciones similares a la de otros países de la región (tasas del 4 al 6%).

La deuda constituye un capítulo esencial de la política económica actual y condiciona al conjunto de decisiones que asume el gobierno, privilegiando a los acreedores del Estado por encima de cualquier propósito, aun cuando se formula el objetivo de pobreza cero.

Inflación, precios, salarios y el papel del Estado

El ministro insiste en un diagnóstico ortodoxo sobre la inflación, el que podría resolverse con restricciones en la política monetaria, fiscal y de ingresos, o sea con ajuste.

El Estado “bobo” sería el responsable de la inflación. Dice Prat Gay que el Estado gasta más de lo que recauda y denuncia un déficit fiscal primario (antes de pagar deuda) para el 2015 de 5,8% del PBI, contra el 2,3% informado por la gestión anterior.

El dato acrecido surge de incluir gastos no registrados en las cuentas oficiales (deudas a proveedores, p.e.) e ingresos incorrectamente incluidos, caso de los aportes del BCRA o de la ANSES, aunque admite que es una tesis discutible.

Si se suma el pago de intereses, el ministro de economía denuncia un déficit fiscal total del 7%.

Vale discutir lo del Estado bobo, calificativo que escamotea el carácter capitalista del Estado en la Argentina, desde que este se considera país independiente.

Por lo tanto, el Estado, más que bobo, siempre estuvo al servicio de algún sector de la clase dominante, claro que con los matices que pueden diferenciar los regímenes militares a través de la historia, especialmente entre 1930 y 1983 respecto de los gobiernos constitucionales en ese periodo y los previos; incluso los matices y especificidades de las lógicas de dominación capitalista en el ciclo 1983 y el presente.

No hay Estado ausente, sino un Estado que define esencialmente el orden económico, social y cultural. Eso remite a una construcción histórica del modelo productivo sojero, mediado con los cambios institucionales y operativos de la producción ocurridos en los 90; pero también el despliegue de la mega minería a cielo abierto, consolidado con las modificaciones de la última década del siglo pasado; o la extensión de la industrialización dependiente de insumos y partes del exterior (desde siempre); junto al condicionante del endeudamiento y la lógica especulativa del sistema financiero, asociada a la dinámica delictiva del narco tráfico, la trata de personas o la venta de armas.

Remito a una realidad construida desde el Estado, con matices, en los 40 años a cumplirse el próximo mes de marzo. La soja emerge en los 70 y se consolida como cultivo hegemónico en los 90. El cambio del código minero y la legislación específica del sector hizo atractiva a la cordillera para las grandes mineras transnacionales, del mismo modo que el extractivismo petrolero busca rentabilidad explotando los hidrocarburos no convencionales. La ley de entidades financieras y la de inversiones externas datan de los años de la dictadura genocida.

Cada gobierna milita “su” Estado y le adiciona capas de personal necesaria para cada proyecto político. El Ministro es un militante del proyecto Macri y las aspiraciones de las clases dominantes asociadas por primera vez a una gestión gubernamental sustentada en el voto mayoritario de la sociedad.

El ministro quiere quitar lastre del gasto público y por eso alude a la “grasa militante”. No se lo ocurre disminuir gasto vía la suspensión de pagos de la deuda, y ojo que a la Argentina no le fue tan mal entre 2002 y 2007, con cesación de pagos y aislamiento de la lógica financiera mundial que castigaba al país por el default.

Lo concreto sugerido explícitamente es el ajuste del salario y del empleo, especialmente en el estado. Ni siquiera es sutil cuando sugiere paritarias por debajo de su objetivo de inflación: entre el 20 y 25%. Incluso amenaza con quedar descolocado al que negocie por encima de esa “meta de inflación”.

Se trata de un mensaje ortodoxo, de alguien que se presenta como neo-keynesiano. En rigor, es un pragmático que piensa en la mejor manera de hacer funcionar, según sus intereses, al capitalismo local.

La herencia y las propuestas

El ministro carga la responsabilidad sobre el déficit fiscal al derroche de los gobiernos de Cristina Fernández, más que al de Néstor Kirchner, y no realiza ningún análisis sobre el modelo productivo y de desarrollo construido por décadas, más allá del ciclo kirchnerista.

El kirchnerismo en la oposición no acepta ningún diagnóstico crítico sobre ese modelo productivo consolidado en tres turnos y su correspondiente modelo de desarrollo sustentado en el consumismo y la extranjerización de la economía.

Es más, el comentario entre los seguidores del kirchnerismo alude al límite de haber realizado lo que se pudo, sin imaginar nada más allá de lo intentado o ejecutado, ya que la sociedad no hubiera acompañado.

Nuestra tesis es que la sociedad nunca fue convocada a discutir el modelo productivo y de desarrollo construido entre 1976 y 2001, y que la respuesta electoral remitió a otro debate, quizá más asentado en las formas del ejercicio de la política. Se trata de un problema, ya que el discurso oficial se apoya en el convergente consenso electoral al respecto.

La mayoría de la sociedad expresó en el voto la insatisfacción del proceso previo, por lo menos en su tramo final, entre 2013 y 2015, y se expresó entre otras formas en paros generales y extensión de la protesta social, los que no pudieron materializarse en propuesta política para la disputa del gobierno, por lo que el resultado del castigo emerge en un gobierno alineado a la derecha política y por la liberalización de la economía.

El discurso kirchnerista se asume como el límite de lo posible y se atrinchera en su propio relato, sin imaginar la radicalización programática y menos la constitución de una subjetividad popular para encarar transformaciones sociales. No es solo un problema de Argentina y puede identificarse como dificultad central para los procesos de cambio en Nuestramérica en este Siglo XXI.

Existe la necesidad de construir relatos alternativos al macrismo y al kirchnerismo, para encarar el proceso emancipador. Mariategui aludía al mito de la revolución socialista hace un siglo, como tarea de los pueblos en Nuestramérica.

Puede ser que atrase un proyecto que sustente nuevamente el mito del socialismo, como muchos me dicen, pero más atrasa la propuesta liberalizadora, base de las consignas de los iniciáticos liberales del dejar hacer.

¿Qué es más antiguo, el liberalismo o el marxismo, el capitalismo o el socialismo?

En rigor, ni más antiguo ni más moderno, solo un interés de clase, de los que dominan o los dominados que luchan por su emancipación.

Foto: Hoja de noticias

(Por Julio Gambina) La inflación está en el centro de la evolución económica de estas horas, con una aceleración que se inició antes de asumir el nuevo gobierno de Macri y que no para en el verano, con una proyección preocupante para todo el 2016, con valores que se acercan al 40% y sin el INDEC normalizado.

No se trata de adivinar a cuanto escalará la suba de precios, pero el tema es clave a la hora de discutir, próximamente, las paritarias. La regresiva distribución del ingreso actúa ya, bajo la lógica del mercado, en la oferta y la demanda, de precios en alza e ingresos populares congelados.

El aumento de los combustibles de 6% en esta semana, que se replicará en marzo próximo resulta emblemático, por su impacto en toda la cadena de valor. Alimentos y medicamentos están a la cabeza del aumento de precios, y son precisamente importantes al medir la capacidad de compra de la mayoría de la población.

Los aumentos de precios posibilitan recomponer las ganancias de las empresas con capacidad de fijar precios, en un ciclo de desaceleración económica y recesión productiva, al mismo tiempo que deprimen la capacidad de compra de los ingresos fijos, imposibilitados de actualizar sus precios, el de la fuerza de trabajo. Por eso, a comienzo de año, se sigue demandando un bono compensatorio de fin de año.

Empleo o salarios

Resulta interesante considerar el chantaje del Ministro de Economía, quien sugiere optar entre empleo y actualización salarial. Se trata de una opción que se presenta en el marco de despidos que ocurren tanto en el sector estatal como en el privado.

En el Estado el tema se enrarece con la discusión de los “ñoquis” o designados políticamente, escamoteando el tema de fondo de la precariedad laboral de contratados por más de una década. En el sector privado, la realidad de los despidos transita por la lógica de la impunidad derivada de la ausencia de delegados de las/os trabajadoras/es.

La discusión sobre “ñoquis” oculta el debate sobre bajos salarios y precariedad, especialmente en los Estados municipales, con ingresos de trabajadores menores a los de los Estados provinciales y de estos respecto de la Nación. Sin hablar de la inseguridad de esos contratos, explicitados con la masiva rescisión ocurrida en estas horas, acompañada de represión ante la lucha de esas cesantías.

Queda claro que la variable de ajuste son las/os trabajadoras/es, contra la impunidad empresaria y una política económica de ajuste fiscal regresiva y estimulo inflacionario que consolida la brutal transferencias de ingresos desde la mayoría de la sociedad a la minoría más concentrada del poder económico.

El Estado en debate

Incluso, lo que no se discute es ¿qué Estado es necesario?, ¿con cuántos trabajadores y para qué funciones? Ello nos lleva a una discusión sobre los ingresos y los egresos del Estado, o sobre quienes sostienen financieramente al Estado y en que se gasta. El Estado siempre actúa, lo que necesitamos esclarecer es para quién actúa, quién se beneficia y quién se perjudica.

La historia reciente del debate presupuestario, por ejemplo, se agota en la iniciativa del Poder Ejecutivo y su hegemonía en el Parlamento o su capacidad negociadora con legisladores opositores, tal como ocurre en estas horas en la Provincia de Buenos Aires con oficialismo sin mayoría en el Congreso provincial.

Es cierto que lo formal deriva en una democracia “delegativa, representativa”, sin lugar a la participación social. No existe participación de la sociedad en el debate, salvo la delegada a los poderes legislativos y ejecutivos.

Algunas veces se nos consulta sobre qué medidas alternativas podrían sustentarse. Bueno, el presupuesto participativo, con asambleas territoriales o sectoriales serviría para considerar la orientación de los recursos públicos en diferentes niveles del Estado, municipal, provincial o nacional.

Es una utopía esperar una respuesta en ese sentido desde un gobierno que se orienta a profundizar la iniciativa privada, pero constituye un programa a sustentar desde el movimiento popular.

Discutir el régimen tributario es una gran asignatura pendiente, mediada por límites del régimen federal actual y sus formas de funcionamiento, en donde opera el condicionante financiero de la Nación sobre las provincias y de éstas sobre las Municipalidades.

Cuestión de poder

Tanto la inflación como el Estado remiten a una cuestión de poder. Por eso se propone desde el gobierno Macri un Pacto Social tripartito, entre el sector empresario, el sindicalismo y el Estado, que ahora parece demorarse hasta que se pueda deteriorar la capacidad negociadora de trabajadoras y trabajadores. Los empresarios están más que dispuestos para una negociación condicionada, en la perspectiva de contener el costo salarial e inducir una escalada de facturación y ganancias.

El conflicto social existente demora los objetivos del gobierno por el pacto que ajuste salarios, por lo que dejan operar las leyes del mercado, con la escalada de precios y un restringido accionar del Estado para morigerar el impacto social, con el bono mísero de $400 para jubilados de la mínima y planes sociales; la continuidad de los “precios cuidados”, claro que con precios actualizados, y alguna mediación en conflictos visibilizados por la prensa, caso de Cresta Roja.

Desde el gobierno Macri se imaginaba que su política de shock iba a ser acompañada, desde el consenso electoral, por la docilidad de la organización social y sindical de los trabajadores, pero también por la solidaridad y disposición de los mercados mundiales.

Ninguna de ambas premisas se materializa. No hay disposición social a resignar derechos adquiridos, y la crisis mundial tiene dinámica propia más allá de la profesión de fe ideológica en la lógica mercantil.

La sorpresa de estas horas es China, con nuevas devaluaciones e impacto en los precios relativos a escala global, con baja de los precios de las commodities, especialmente el petróleo y los alimentos, y fortalecimiento del dólar contra otras monedas mundiales. La guerra monetaria continúa y es forma de expresión de la disputa entre los Estados nacionales por atraer capitales excedentes del sistema mundial.

¿Qué tiene que ver todo esto con la Argentina? Que los sojeros quieren un mejor tipo de cambio ante la baja del precio de la soja. El dólar volvió a subir esta semana, con mayor demanda de importadores. Eso alimenta la expectativa especuladora de productores para la exportación, que retienen producción en espera de mejor cotización de la divisa. Además, los capitales que se buscan en el exterior, inversiones o préstamos, para sustentar la política económica de Macri demandan enormes concesiones para decidir su rumbo inversor o de préstamo en el país, tentado por las ofertas sugeridas en otros territorios, especialmente, por la expectativa de continuidad en la suba de las tasas de intereses en EEUU.

No es tan sencillo para el gobierno Macri construir el consenso político hacia un programa reaccionario, y no alcanza con lo logrado en el proceso electoral, ya que a la hora de gobernar, las contradicciones locales y globales actúan. Es la lucha de clases que se abre camino más allá de la voluntad gubernamental.

Es poco lo cambiado esencialmente en Argentina, ya que el modelo productivo y de desarrollo se sostiene, con modificaciones en la explicitación del interés por las ganancias de las empresas, enfatizado por un gobierno sin mediación política, con empresarios definiendo las políticas de Estado. Por ello es que se impone el debate de la cuestión del poder, en el orden local y mundial.

(Por Julio Gambina)Esta semana se hicieron actividades conmemorativas del rechazo al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en varios países de la región, y por supuesto también en la Argentina.

Resulta interesante recuperar la memoria de una de las gestas más importantes protagonizadas contra un proyecto estratégico de las clases dominantes en la región. La liberalización impulsada por EEUU en las negociaciones por el ALCA contaba con el consenso de todos los gobiernos de la región, excepto Cuba, excluida de los cónclaves de Presidentes de las Américas.

Todo era producto de la lógica neoliberal que imperaba en los años 90, los del Consenso de Washington, a favor de la iniciativa privada y la liberalización de la economía.

La combinación de la campaña continental contra el ALCA y el acceso al gobierno de Hugo Chávez en 1999 significó el primer escollo al avanzado proyecto por el ALCA que se negociaba en secreto. En efecto, en la III° Cumbre de Presidentes de las Américas del 2001 en Quebec, apareció la primera fisura en la reunión de los jefes de Estado, con una gigantesca movilización continental de la II° Cumbre de los Pueblos en las calles de la ciudad canadiense.

Allí empezó una nueva etapa, con el fin del secreto en las negociaciones de los Jefes de Estado. Fue el comienzo del fin de un tratado que definía en el corto plazo la integración subordinada de nuestros países a la lógica de liberalización del capital transnacional y los intereses de la política exterior estadounidense. La libre circulación de mercancías, servicios y capitales constituía el sentido de la política aperturista del ALCA.

Ese estado de situación del No al ALCA se potenció en los años siguientes y en noviembre del 2005 en la IV° Cumbre de Presidentes de las Américas en Mar del Plata, George Bush y los gobiernos aliados intentaron reinstalar la agenda por el ALCA. No pudieron, ya que fueron frenados por la movilización social reunida en la III° Cumbre de los Pueblos, junto a una nueva correlación de fuerza política en los gobiernos de Sudamérica, especialmente Venezuela y los 4 del Mercosur. La articulación con estos gobiernos impidió la institucionalización del ALCA.

Integración alternativa

Fue un gran triunfo que habilitó una discusión sobre la integración alternativa, con nuevas consignas, como la soberanía alimentaria, energética o financiera.

Ese es el marco para el debate procesado entre 2005 y 2010 para pregonar la necesidad de una nueva arquitectura financiera en la región. Incluso antes, en diciembre del 2007 se suscribió un acuerdo para instalar rápidamente un Banco del Sur, como parte de una estrategia de integración financiera con perspectiva alternativa.

La crisis mundial, actualmente en curso, aparecía con fuerza en el sector financiero hacia 2007, y alentaba en Nuestramérica una búsqueda para transitar senderos alternativos. Grandes cantidades de reservas internacionales se acumulaban en nuestros países y se discutía el uso orientado hacia otro modelo de producción.

Esas expectativas no se concretaron, aun cuando subsistió el objetivo y el discurso por una integración alternativa. Es más, algunas iniciativas avanzaron, caso de la Alianza Bolivariana de los Pueblos (ALBA) por acuerdos entre Cuba y Venezuela hacia fines del 2004, que con la incorporación de Bolivia en el 2006 se transformó en ALBA-TCP (Tratados Comerciales de los Pueblos), para continuar creciendo en adhesiones.

Con el ALBA-TCP se avanzó en el intento de la nueva arquitectura financiera, con un banco y una moneda para el intercambio comercial, el SUCRE; pero con los límites que impone la no integración a esos procesos de los países de mayor desarrollo relativo, especialmente Brasil y Argentina. Si se constituyeron ámbitos de articulación, más políticos que económicos, caso de Unasur y la Celac.

Aquel clima de época y de esperanzadas  expectativas, del lustro siguiente al 2005, no prosperó en su orientación principal, mientras seguían no tan subrepticiamente los estatutos de la liberalización.

Así, el mantenimiento en varios de los países de los tratados bilaterales de inversión y la negociación de tratados de libre comercio, del Mercosur con Israel, por ejemplo; incluso las conversaciones para retomar las negociaciones con Europa desde el 2010, dan cuenta de una agenda liberalizadora que reapareció en la región.

La Argentina no siguió el camino de Bolivia, Ecuador y Venezuela, que denunciaron la participación ante el CIADI. Vale recordar que Brasil jamás aceptó integrarse a la lógica del tribunal impulsado por el Banco Mundial.

Se puede coincidir que la integración alternativa sigue siendo una asignatura pendiente, pero que las demoras en ese proceso favorecieron remedos del ALCA como la Alianza del Pacífico, al que son tentados para ingresar los países que resistieron hace una década al ALCA.

Nuevos protagonistas para la inserción mundial

Otros actores globales intervinieron para definir la inserción de Nuestramérica en el sistema mundial, especialmente China. Se trata de un vínculo de complementariedad sin modificar el modelo productivo.

La presencia china fue creciendo desde las relaciones comerciales, a las inversiones y los préstamos, constituyéndose en varios de nuestros países en primero o segundo país en vínculos económicos internacionales.

Esas relaciones y las condiciones globales de la situación mundial estimularon el alza de los precios de los productos primarios de exportación, algo que ya no ocurre, consolidando la primarización de las exportaciones de Nuestramérica. El resultado directo fue la confirmación de un modelo productivo subordinado a la lógica de acumulación de las transnacionales.

El papel de China avanza en múltiples direcciones y articulaciones globales más allá de Nuestramérica. Pretende su lugar en la disputa de la hegemonía del sistema mundial. Destacan en ese sentido las crecientes relaciones políticas y económicas con Rusia y el liderazgo en la construcción del bloque BRICS, algo que genera expectativas, aun cuando no está propuesta la superación del orden capitalista.

La discusión habilitada para nosotros es sobre el modelo productivo y de desarrollo. Si el problema es la subordinación a un bloque de países u otros sin superar la hegemonía del régimen del capital, o si, de lo que se trata, es de superar la inserción dependiente de Nuestramérica en el orden capitalista.

Subordinación o autonomía para un nuevo modelo productivo

A 10 años del No al ALCA sigue vigente la discusión sobre la inserción internacional de Nuestramérica y el carácter subordinado o autónomo de la integración regional.

No es un tema menor en la Argentina, en momentos en que se define un nuevo turno presidencial. No haber avanzado en la agenda por la integración alternativa en estos años facilita la presión del poder económico por la apertura, la liberalización y la subordinación al programa de máxima del capital transnacional.

Hace muy poco y en Uruguay, la movilización popular denunció el secreto del gobierno uruguayo para integrarse en el TISA y frustró el proyecto, que es una de las tantas formas de institucionalizar la liberalización. El triunfo de la movilización y organización popular muestra el camino a seguir.

Por eso vale la pena recuperar la memoria por el triunfo de hace una década y continuar en la brega por reinstalar una agenda para la integración no subordinada.

No está cerrada la discusión y el momento de mayor expectativa en la construcción de proyecto alternativo estuvo determinado por la dinámica de movilización popular e iniciativa política de transformación. Ese es el desafío en la coyuntura para recrear condiciones de posibilidad para la lucha por la emancipación en la región Nuestramericana.

(Por Julio Gambina) Las elecciones presidenciales de la Argentina (25/10/2015) vinieron con sorpresa, aun cuando y como se esperaba ganó el oficialismo por escaso margen (36,86% a 34,33%), algo así como 9 millones de votos para el Frente para la Victoria y aliados, mientras que la coalición Cambiemos colectó 8.400.000 votantes. Es la primera vez en la historia política argentina, que una opción electoral alineada a la derecha protagoniza una acción de masas de esta magnitud, con el antecedente de 8 años en el gobierno de la ciudad capital, y que ya renovó para otro periodo. Vale recordar que la división de las opciones kirchneristas en 2007 le abrieron las puertas al gobierno de Mauricio Macri.

A una semana del acto eleccionario existe incertidumbre sobre el resultado de la segunda vuelta para el 22/11. Curiosamente, el protagonismo principal en la disputa del voto proviene de la primera mayoría, donde preocupa el ascenso impensado de la opción opositora, que aprovecha el impulso de una votación quizá impensada. A partir de esa realidad es que se mantienen las incógnitas sobre el futuro de la política económica. ¿Qué propuesta se impondrá para atender el problema de la inflación? Es decir, cuál será el horizonte en materia de precios, especialmente de las divisas, y con ello la distribución del ingreso y de la riqueza. La tendencia actual es preocupante, especialmente para los sectores de ingresos fijos.

El dato más novedoso fue el triunfo de la oposición de derecha en la provincia de Buenos Aires, la más grande de la Argentina, casi el 40% de la expresión electoral nacional. Como dato no menor y en simultáneo, gane quien gane la segunda vuelta del 22 de noviembre próximo, los distritos con más población y de mayor peso económico estarán gobernados por la actual oposición. Además de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires gobernada por el PRO, debe incluirse en esa situación, aun con matices de sus gobiernos, a los socialistas en Santa Fe; justicialistas disidentes en Córdoba y los radicales en Mendoza y Jujuy; casi en todos los casos producto de coaliciones opositoras al kirchnerismo, gobernante por 12 años en la Argentina. Sin duda, una nueva historia para la política y la economía en la Argentina.

Celebración del poder y defensiva gubernamental

Entre los sectores hegemónicos del poder económico hubo celebración por los resultados, aun cuando anticipadamente otorgaban crédito a cualquiera de los principales candidatos en la disputa por el gobierno. Ambos son amigables con el poder económico y mediático.

La celebración fue puesta de manifiesto en los negocios procesados en la bolsa de valores y las acciones e iniciativas especulativas. La agenda del poder en política económica fue ratificada en la perspectiva del ajuste y la devaluación, con costo, claro está, para la mayoría de la población, los que viven de ingresos fijos, sean trabajadores activos, jubilados o beneficiarios de planes sociales, incluso, empresarios cuyo destino es la actividad económica en el mercado interno.

En el marco de esa agenda, la preocupación gubernamental apunta a frenar operaciones que disparen anticipadamente la elevación de la cotización de las divisas. Para ello, el BCRA aumentó las tasas de interés sobre los plazos fijos para estimular inversiones en pesos por sobre la demanda de dólares; al tiempo que agudizó las restricciones a la compra de divisas en el mercado local y acelerar la liquidación de activos en divisas de las compañías de seguro. Al mismo tiempo estimula el mercado a futuro para marzo del 2016 con una cotización de 10,80 pesos por dólar. Un gran negocio para especuladores con capacidad de inversión en el corto plazo y que desde ahora descuentan una segura devaluación con el cambio de gobierno. Son medidas que encarecen el crédito y fortalecen las inversiones especulativas de corto plazo, con impacto directo en los precios, que no crecen más por las condiciones de estancamiento presentes desde hace tiempo.

El discurso electoral es convergente hacia el centro, intentando ampliar los núcleos duros de consenso. Por eso desde el opositor Macri se apunta a cambios en las formas de la política más que en nuevos rumbos de la orientación económica, aunque es previsible una mayor relación con el bloque que en la región estimula la liberalización de la economía. El desemboque de ese rumbo es más amigable con la Alianza del Pacifico, que empuja EEUU con sus aliados regionales en México, Colombia, Chile y Perú.

Queda muy lejos un balance crítico a la subordinación liberalizadora que hace una década se sostenía contra el ALCA, que ahora resurge bajo nuevas formas de integración subordinada. El intento de Scioli aparece complicado, con historia y perfil a la derecha del gobierno, lo que provoca discusión al interior del consenso oficial. En esas condiciones realiza esfuerzos por asimilarse lo más posible al imaginario del votante oficialista y enunciar nuevas propuestas. En ese sentido intentó difundir un compromiso con la demanda del 82% móvil del salario mínimo, intentando asociar la propuesta a la que sostiene el movimiento de jubilados y fue descalificado inmediatamente por la opinión presidencial, quién recordó que oportunamente había vetado esa iniciativa. Las propuestas relativas a las actualizaciones impositivas para la cuarta categoría también parecen llegar a destiempo.

Ambos candidatos disputan el consenso mostrando confiabilidad en la atracción de inversiones externas y capacidad para intervenir en la reinserción de la Argentina en el mercado financiero, lo que supone negociar con los inversores no ingresados a los canjes de deuda del 2005 y 2010, incluidos los fondos buitres que cuentan con la sentencia del Juez Griesa ratificada en instancias superiores. Un tema agravado con la asimilación dispuesta en estas horas a los llamados “me too”, otros inversores que demandan igual beneficio que el logrado por los buitres en la justicia de EEUU.

El debate político en estas horas es intenso, con el objeto de mostrar diferencias de orientación en uno u otro de los candidatos y claro, existen matices entre ellos, especialmente sobre la base social de sustento de cada uno y de la posibilidad para desandar cierto consenso social construido desde la crisis del 2001, que incluye, obvio, la resistencia a las políticas de reestructuración reaccionaria generalizadas en los 90. En esa consideración es que más allá del resultado electoral y la gestión presidencial emergente, el movimiento popular organizado en diversas experiencias con pretensión alternativa, incluso a la dominación capitalista, interpondrá límites a cualquier objetivo de restauración conservadora. No se trata de una expectativa esperanzada, sino del desafío que supone la coyuntura para construir y avanzar en un camino por la emancipación.

(Por Julio Gambina) En vísperas de las elecciones de renovación presidencial, se procesan problemas económicos que atraviesan fenómenos coyunturales y otros estructurales. Algunos se asumen en la discusión electoral, especialmente en la lógica de retomar la senda del crecimiento; y otros, especialmente los estructurales aparecen ocultos o escasamente tratados, aun cuando la sociedad demanda su atención.

Se destacan entre estos últimos los relativos al modelo productivo, con escasa visibilidad en el debate electoral, aun cuando tienen fuerte presencia en el conflicto social y en la discusión por otra sociedad.

Entre ellos, sobresale el episodio promovido por la Barrick Gold y el derrame de solución con cianuro en San Juan, que movilizó a buena parte de la población, especialmente en la ciudad de Jáchal, la zona directamente afectada. La novedad es la represión y detención a los protagonistas del bloqueo para el ingreso a la mina Veladero, la más importante en la producción de oro en la Argentina. Es un episodio que genera múltiples debates entre el activismo crítico a la mega-minería y la sociedad que asiste con asombro al cambio de clima respecto al consenso previo a la gestión política de estas inversiones externas y su efecto de saqueo. Aún está pendiente la opinión judicial y los estudios técnicos sobre el asunto y se habilitó un debate escamoteado hasta el momento, con escasa intervención y opinión de los principales aspirantes a ocupar la presidencia en el próximo periodo gubernamental, entre 2015 y 2019.

Algo similar remite al bloqueo, que ya acumula más de dos años, a la planta que Monsanto pretendió instalar en Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba. Los tres candidatos presidenciales al frente de las encuestas sostienen el modelo agrario de industrialización para la exportación fundado en el paquete tecnológico abastecido por transnacionales de la alimentación  y la biotecnología. Las opiniones críticas se sostienen desde el activismo social y político con relativo éxito en la discusión pública, aun cuando existen extendidas voces entre pobladores, campesinos, productores, comunidades, técnicos, profesionales y ámbitos académicos en la discusión sobre la soberanía alimentaria, más allá de la difundida seguridad alimentaria, que a diferencia de la anterior, no discute el modelo agrario.

Tanto la mega-minería como el modelo sojero y agrario, son aspectos trascendentes del modelo productivo y de desarrollo en la Argentina, ampliamente elogiados por sus mentores, los inversores externos y sus socios locales, como estratégicos para el crecimiento y el desarrollo de la economía. En rigor, para sus ganancias y lógica de acumulación de poder económico y político. Algo similar ocurre con la explotación de los hidrocarburos no convencionales, ámbito en el que se esperan ingresos de capitales externos para la explotación y superación de la crisis derivada del déficit energético de la Argentina. Adicionemos que se trata de un sector que acaba de recibir beneficios sustanciales en el precio de sus productos, muy por encima del precio internacional de los hidrocarburos, aun cuando lleva meses la caída del precio en el ámbito mundial.

Durante años se sostuvo la importancia del fuerte ingreso de las inversiones para la realización de la mega minería a cielo abierto y solo ahora aparecen más visibles los efectos regresivos sobre la sociedad y la naturaleza. Es cierto que el asunto estuvo anticipado en Esquel en 2003, contra el intento de radicar una inversión cercana en la ciudad, y más recientemente en las denuncias contra la explotación del cerro Famatina en La Rioja, o las denuncias y resistencias por La Alumbrera en Catamarca. Pero el derrame en San Juan evidenció al país el riesgo del modelo productivo de saqueo sobre nuestros bienes comunes.

En el mismo sentido debe considerarse el cambio productivo en el agro, consolidado con la autorización al uso de transgénicos en la década del noventa, que permitió la expansión de la frontera agrícola sojera para la exportación. Ese fenómeno motivó la salutación a las autoridades argentinas de los directivos de Monsanto, principal proveedor del paquete tecnológico para el funcionamiento del modelo agrario en el complejo de la soja. Hoy es cuestionado por un amplio movimiento social que incluye a los pueblos fumigados y al sector productivo asociado a la agricultura familiar y comunitaria, y no solo por razones económicos, sino también sociales y culturales asociados al modo de desarrollo.

Con matices se afronta la cuestión industrial, ya que todo parece reducirse en el debate electoral a la necesidad del ingreso de capitales externos para la inversión, con escasa discusión del carácter dependiente de insumos estratégicos que supone el sector integrado en la economía mundial, el que definen las transnacionales y sus socios locales. Lo que no aparece es la necesidad de discutir un modelo industrial que resuelva insuficiencias históricas que promueven la dependencia y el atraso, asociado a lo cual se inserta el debate sobre los sujetos de la industrialización, algo en lo que pueden intervenir los protagonistas de las fábricas recuperadas, las cooperativas de producción y los emprendimientos autogestionarios. A ellos se puede sumar a un amplio abanico de pequeños empresarios subordinados productivamente a la lógica hegemónica del gran capital fabril, local y extranjero.

En el modelo productivo y de desarrollo está el corazón de los que se necesita discutir. Sin embargo, son aspectos alejados del debate electoral, que solo se concentra en la lógica de lo visible en materia de política económica: evolución de los precios, especialmente de las divisas; la confianza en las inversiones externas y la reinserción en el sistema financiero, con más deuda pública, todo para superar la desaceleración económica y la caída de la producción manufacturera.

No es menor discutir sobre la inflación, sus impactos y medidas correctivas sobre impuestos, especialmente de la 4ta categoría en ganancias, o el sentido y destino del gasto público; pero son todas medidas derivadas de las cuestiones estructurales, en general ausente en el debate electoral y presentes en la demanda de la sociedad que aspira a la organización de otro modelo de producción y de desarrollo. Será algo a definir en el proceso de la lucha y la disputa cotidiana por otra sociedad, una cuestión que trasciende la contienda electoral.

(Por Julio Gambina) Mientras sucede la reunión conjunta del FMI y el Banco Mundial en Lima Perú, con presencia de funcionarios gubernamentales de todo el mundo, varios aspirantes al Ministerio de Economía de la Argentina participan haciendo lobby de cara a la nueva etapa que empezará en diciembre próximo.

Uno de los temas claves es el financiamiento para la Argentina, que continúa en default para el sistema financiero mundial mientras subsista el conflicto en EEUU con los hold-outs o fondos buitres.

El endeudamiento externo es clave como mecanismo que puede evitar o postergar la exacerbación del ajuste reaccionario de la economía.

Con ese marco es que esta semana se canceló el BODEN 2015, un título público emitido hace una década. Se pagaron 5.900 millones de dólares, unos 55.755 millones de pesos al tipo de cambio oficial actual (9,45 pesos por cada dólar).

Los fondos fueron aportados por las reservas internacionales que administra el BCRA, las que cayeron a poco más de 27.000 millones de dólares. Muy lejos de los 52.000 millones que se lograron hacia el 2011, dando cuenta de la fuga de divisas en el último turno presidencial (2011-2015).

Si tomáramos el tipo de cambio implícito en los datos del presupuesto 2016, con media sanción en diputados, la cifra (5.900 millones de dólares) alcanzaría a  62.540 millones de pesos (tipo de cambio = 10,60 pesos por dólar).

Consideremos algunos rubros del presupuesto 2016 para mensurar lo que esta cifra representa.

Observemos:

  • en materia de Educación, Ciencia y Tecnología se estima gastar en 2016 un total de 82.900 millones de pesos; o sea que lo abonado para cancelar el BODEN 2015 representa 75% de todo el presupuesto en este rubro para el próximo año.
  • en Seguridad está prevista una asignación de 74.400 millones de pesos; y lo abonado esta semana en un título, supone el 84% de los recursos afectados para seguridad en 2016.
  • en Defensa se estipula una aplicación de 67.800 millones de pesos en 2016; y el pago del BODEN 2015 es un 92% de ese valor.

La cifra de cancelación de deuda es gigantesca, más aún si se la compara con otras necesidades de gasto o inversión social.

Al mismo tiempo que se anunciaba la cancelación de ese título público, la Presidenta de la Nación comentó que desde los gobiernos iniciados en 2003 se cancelaron 145.000 millones de dólares.

Es verdad que en ocasiones anteriores se difundieron otros valores, 173.000 millones de dólares en un caso; y 192.000 millones de dólares en otro caso.

Cualquiera de los tres valores, 145.000; 173.000; o 192.000 millones de dólares, es una inmensidad, y ponen de manifiesto el privilegio a la cancelación de deuda pública asumida en estos años, lo que se define como desendeudamiento.

Nuevo endeudamiento

Al mismo tiempo, esta misma semana se asumió nueva deuda, con títulos en pesos y en dólares, algo que viene ocurriendo en los últimos dos años y que nos hace pensar que el ciclo de desendeudamiento, medido como proporción de la deuda dolarizada con respecto al PBI, se terminó, y que hemos iniciado un nuevo tiempo de crecimiento de la deuda.

Es más, la sospecha es que, asuma quien asuma el nuevo gobierno, una forma de morigerar las políticas de ajuste que se anuncian, sean graduales o con política de shock, devienen de la capacidad de obtener crédito externo, similar a lo acontecido en los años 90.

Por otra parte, vale mencionar que la baja de deuda con acreedores externos tiene su correlato un endeudamiento con entes nacionales, caso de la ANSES, el BCRA o el Banco de la Nación.

Un 60% de la deuda pública actual es con organismos nacionales. Es real que tienen menor nivel de exigencia que cualquier acreedor externo, pero debe asumirse que el Estado nacional tiene deuda con el Fondo previsional, que no son fondos públicos, sino aportes y afectaciones para la seguridad social.

El imaginario reinante en la gestión pública supone que esos financiamientos serán renovados sin límite, pero mientras, condicionan la capacidad de esos propios ámbitos. No se trata de una cuestión neutra.

Preocupan la evolución de los pagos y la nueva deuda

En términos muy generales podemos decir que si hacia el 2001 la deuda pública alcanzaba los 144.000 millones de dólares y desde el 2003 se cancelaron 145.000 millones de dólares, la deuda ya no debería ser un problema.

Sin embargo, el stock de deuda pública reconocido a diciembre del 2014 es de 228.700 millones de dólares, sin contar la nueva deuda asumida en el 2015, ni el eventual pago a los acreedores de la sentencia arrancada por los fondos buitres en Nueva York.

Por lo cual, el stock de deuda pública se elevaría a unos 270.000 millones de dólares.

Se trata de una enorme hipoteca que condicionó y condicionará la política económica de la Argentina en el futuro. Es un tema esencial que requiere de un profundo debate del conjunto de la sociedad para definir los privilegios que deben asumirse desde la política económica.

El reclamo de la Asamblea por la Auditoria y la suspensión de los pagos apunta en otra dirección y exige a la Comisión Investigadora en el Parlamento que asuma el papel acordado por la propia Constitución Nacional para “arreglar” los asuntos de la deuda y disponga la suspensión mientras se investiga la deuda desde 1976.

La realidad es que la Comisión Bicameral de Investigación de la deuda reproduce la hegemonía política parlamentaria y la que se deriva de la situación electoral, donde la mayoría de las propuestas políticas sostienen el argumento de la necesidad del endeudamiento para favorecer la superación de las dificultades del capitalismo local en la coyuntura.

Enfrentar esas concepciones constituye una asignatura pendiente de la lucha y organización popular por construir una propuesta política que desde la suspensión de los pagos aspire a un nuevo imaginario social y económico contra y más allá del capitalismo.

(Por Julio Gambina) Allá por el año 1997 desde la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA se convocó a discusiones por un Nuevo Pensamiento, generando debates en todo el territorio nacional durante tres años.

La convocatoria confrontaba con el hegemónico pensamiento único que sostenía en los 90 la política neoliberal, de apertura económica, flexibilización laboral y privatizaciones. Las desregulaciones y el aliento a la iniciativa privada, especialmente extranjera era la lógica imperante en los gobiernos previos al estallido del 2001.

No solo el poder ejecutivo impulsaba esas políticas, sino que la burocracia política, sindical, empresaria y mediática estimulaban con argumentación apologética para diseminar un consenso mayoritario en la sociedad.

La hegemonía neoliberal era contundente y explicaba el triunfo del menemismo en el segundo turno desde 1995 sin escamotear argumentos favorables al falso libre comercio, en rigor dominado por monopolios transnacionales. Pero también explicó el triunfo de la Alianza en 1999 privilegiando la estabilidad del tipo de cambio contra la masividad de la miseria extendida, el desempleo y la caída del nivel de vida de la mayoría empobrecida de la población.

En aquella convocatoria de la CTA coincidían los argumentos anti neoliberales y otros anticapitalistas. El mensaje que unificaba apuntaba a derrotar al pensamiento neoliberal, hegemónico y responsable de la situación social de empobrecimiento y un desenlace recesivo desplegado entre 1998 y 2002. Las diferencias se dejaban para otro tiempo.

¿Por qué la evocación?

Porque el Ministro de Economía acaba de sostener en un encuentro de economistas heterodoxos[1] la necesidad de un pensamiento económico nuevo latinoamericano, sobre la base de las experiencias desarrolladas en estos años en buena parte de la región y que tienen en común la crítica al proceso neoliberal de los 90. Señaló Kicillof la necesidad de dar “cuerpo a una teoría económica que corone este proceso de crecimiento que experimentó América Latina”.

Más allá del balance de política económica y la discusión sobre los aspectos estructurales del orden contemporáneo, el debate sigue sustentado en lo discursivo en la crítica al neoliberalismo, sin cuestionar al régimen del capital.

Por definición, la heterodoxia contiene en su seno a diversas corrientes que discuten con la hegemonía neoclásica en sus distintas versiones, monetaristas, ortodoxos, los que imponen más énfasis teórico en el imaginario del libre cambio (como si existiera).

En la heterodoxia confluyen keynesianos, neo-keynesianos, pos-keynesianos y una diversidad de corrientes que disputan la orientación del orden capitalista, pero sin salirse del marco capitalista. Ese colectivo de pensamiento confluye y debate con otras varias corrientes del pensamiento crítico, algunos de los cuales se reconocen en la tradición de Carlos Marx y que asumen como sentido principal de sus enfoques la crítica al capitalismo.

Hace dos décadas, en los encuentros por un Nuevo Pensamiento, se discutía contra el neoliberalismo, hegemónico y en el gobierno. Hoy se vuelve a esgrimir la misma necesidad en un contexto de cambio político en la región, con fuerte crítica discursiva al neoliberalismo pero escasa transformación estructural de la economía, por lo que se asume la reiterada convocatoria a unir fuerzas contra la hegemonía global neoliberal, que subsiste en la orientación principal del orden mundial, aun con el capitalismo en crisis.

Ir más allá de la crítica neoliberal

Por eso, nuestro interrogante apunta a pensar que es lo que ocurre en nuestra región, que pese al cambio político desde el comienzo del Siglo XXI, el cambio económico continúa siendo una asignatura pendiente.

El modelo productivo y de desarrollo, es decir, la extranjerización y transnacionalización de nuestras economías no se han modificado y la característica de la dependencia se profundiza. Claro que hay matices entre los distintos procesos en la región, pero el núcleo de la dominación transnacional mantiene su capacidad de orientar el rumbo.

En un análisis sobre Bolivia se sostiene que “También la economía fue transformada por el proceso de nacionalización de varios sectores estratégicos. La nacionalización de los hidrocarburos del año 2006 generó un enorme flujo de ingresos para el país, resultado de la retención del excedente económico originado en este sector. El Estado, por la vía de nacionalizaciones del capital transnacional, estatizaciones del capital privado nacional y la apertura de nuevas empresas públicas productivas, se ha fortalecido y hoy controla el 35% del producto interno bruto del país. Así hemos dejado atrás el modelo neoliberal en el que, como sabemos, cuanto menos Estado mejor para los capitalistas; hemos pasado a un modelo con decisiva presencia reguladora y redistributiva estatal, aunque todavía dentro del sistema capitalista.” El texto continúa señalando: “Creo que aquí radican las tareas, en lo económico, que deben llevarnos a la profundización de este proceso: seguir fortaleciendo al Estado con nuevas nacionalizaciones, al mismo tiempo que potenciamos al sector social y comunitario de la economía transfiriendo hacia él una parte del excedente recuperado. Ésta será la vía para salir del capitalismo y comenzar la construcción de un nuevo socialismo comunitario y el Vivir Bien.”[2]

Es interesante asumir la hegemonía capitalista, como el rumbo anticapitalista y afirmar que las acciones anti-neoliberales tienen rumbo en el socialismo comunitario y el Vivir Bien; algo distinto a la prédica anti-neoliberal para un capitalismo nacional, serio o normal.

Homenaje a Theotonio dos Santos

Es curioso como el homenajeado en el encuentro de los economistas heterodoxos ha sido Theotonio dos Santos, uno de los iniciadores de la Teoría de la Dependencia en los 60. Una concepción teórica que suponía mirar a la economía mundial desde Latinoamérica y por ende, se intentaba completar a Lenin que había promovido la teoría del imperialismo desde el estudio de los fenómenos expresados en el capitalismo desarrollado.

Cien años se cumplirán el próximo 2016 de la publicación del famoso texto del revolucionario ruso, donde se ejemplificaba con la Argentina al típico proceso de independencia política y dependencia económica. Allí sugería que la tarea de la independencia política requería para completarse de la independencia económica, y con él, nosotros insistimos en superar el cambio político regional con el cambio económico.

Los teóricos de la dependencia en los 60 discutían la posibilidad del desarrollo bajo el signo de la dependencia. Fernando Henrique Cardozo, luego presidente de Brasil con ejercicio de política económica neoliberal, sostenía que si se podía impulsar el desarrollo aún en dependencia. Theotonio dos Santos lo confrontaba y sostenía una posición crítica al orden capitalista y a la dependencia. Otros heterodoxos de la época, como Celso Furtado, también criticarían al desarrollismo, que alentaba expectativas en el progreso basado en las inversiones externas y la industrialización e inserción en el capitalismo de entonces. Eran tiempos de bipolaridad y la discusión incluía a pensadores de fuerte tradición en Marx como Rui Mauro Marini en Brasil, o Agustín Cueva en Ecuador, los que fundamentaban el horizonte socialista como solución para nuestros países.

En nuevas condiciones, el debate ahora vuelve a presentarse, y se convoca a debatir por un nuevo pensamiento económico. Bien vale interrogarse si se trata de una crítica al capitalismo en crisis, o si solamente se trata de recrear la crítica al orden neoliberal y a la ofensiva más descarada del gran capital por la liberalización de la economía. No es que sea poca cosa la crítica a la hegemonía, pero la situación demanda marcar el rumbo más allá del capitalismo.

Sin perjuicio de la articulación diversa de concepciones críticas al neoliberalismo, el problema radica en los instrumentos que se utilizan para resolver los problemas del presente. No se trata solo de enfoques teóricos, sino que desde esos diagnósticos emergen las políticas económicas concretas para materializar objetivos solo anti neoliberales o en la perspectiva socialista.

El comentario apunta a la confianza en la radicación de inversiones sustentadas desde los críticos al neoliberalismo, para impulsar la industrialización y el modelo productivo en nuestro tiempo y por otro lado, el pensamiento crítico alentando las transformaciones de las relaciones de producción en la búsqueda de una lógica económica, social y cultural contra y más allá del capital.

Queda claro que siempre se trata de una cuestión política, de correlaciones de fuerza, pero resulta imprescindible asumir la batalla de ideas por la hegemonía de la heterodoxia. De lo contrario se puede caer en el posibilismo. La lucha cotidiana de trabajadoras/es y sectores empobrecidos demandan enfoques teóricos que potencien la crítica al capitalismo y aporten sustento para hacer realidad la transformación y emancipación social.

(Por Julio Gambina) Las expectativas están puestas en la visita papal a Cuba, recordando que viene de declaraciones públicas realizadas en territorio nuestro americano muy críticas al orden capitalista, y precisamente cuando en San Juan se produjo en estos días un derrame de cianuro que levantó y movilizó al pueblo de esa provincia.

Vale memorar que San Juan es un territorio donde la protesta contra la mega minería a cielo abierto estaba oculta detrás del fuerte consenso electoral que venía logrando el gobierno de José Luis Gioja, cuya familia está directamente involucrada en el negocio minero y en la gestión pública nacional del sector minero.

El tema de fondo es el agua y la contaminación, una cuestión que lamentablemente solo aparece cuando el daño es evidente, ya que la campaña previa se asienta en el efecto riqueza que generan las inversiones y la difusión de un empleo directo e indirecto que “resuelve” en el corto plazo las necesidades de ingreso para satisfacer un determinado patrón de consumo.

Así, el circulo parece virtuoso entre inversiones externas y crecimiento de la economía y el consumo, desinteresando a la sociedad sobre el nocivo efecto de un modelo productivo depredador.

Pero no es solo el derrame provocado por la Barrick Gold en Veladero, sino que también en estos días se cumplen tres años de la campaña No a la Planta de Monsanto en Malvinas Argentinas, Provincia de Córdoba, y dos años del bloqueo.

La movilización popular impide el intento de construir un planta de producción para abastecer el paquete tecnológico del modelo productivo en el campo. Esa iniciativa empresarial era celebrada por los gobiernos locales, el provincial y el nacional, no necesariamente convergentes en el proceso electoral en curso.

Tanto los episodios de San Juan, como el pronunciamiento del acampe en Córdoba, son señales de una opinión en la sociedad que es crítica al modelo productivo que afecta a nuestros bienes comunes y se agiganta con las declaraciones sostenidas desde el Jefe del Vaticano, tanto su encíclica Laudato Sí, como en sus mensajes a los pueblos.

Más allá de las intencionalidades de las protestas y los mensajes del Papa Francisco, lo que aparece como novedad en el debate político y económico, incluso cultural, es la crítica al capitalismo.

Nada relativo a esta preocupación aparece en el proyecto de Presupuesto 2016 presentado al debate parlamentario.

El presupuesto es un instrumento que debiera recoger el sentido de la demanda social en defensa de los bienes comunes y sin embargo persiste en sostener la promoción de la sojización, la mega minería a cielo abierto, las expectativas en los hidrocarburos no convencionales y el sistema de armaduría en la industria.

La lógica del proyecto presupuestario reproduce el sentido del orden económico social que según los propios datos del INDEC, en su Encuesta de Grandes Empresas, se reconoce la tendencia a la confirmación de una lógica de dominación de corporaciones transnacionales que privilegian el objetivo de la ganancia, y en la medida que pueden remiten sus utilidades al exterior, o alientan los mecanismos de fuga de capitales que sostienen la demanda especulativa por las divisas.

Se disputa el liderazgo y el modelo de desarrollo

El tema que pretendemos suscitar remite a las protestas masivas contra el orden neoliberal de las dos últimas décadas del Siglo XX y que motorizaron el fenómeno del cambio político en la región, incluso con gobiernos que asumieron el discurso crítico a las políticas neoliberales y en algunos casos incluso al orden capitalista.

A la cabeza de ese debate estuvo el liderazgo regional del proceso venezolano y Hugo Chávez innovando con la propuesta por un Socialismo del Siglo XXI, que luego estimuló desde Bolivia la propuesta por un Socialismo comunitario. Con Cuba y su experiencia socialista se reinstalaba el debate y la propuesta contra el capitalismo.

Pero más allá de discursos y con el peso de Brasil y la expectativa del nuevo proceso conducido por Lula se habilitó una dinámica de discusión sobre una integración alternativa, con realizaciones que todavía no terminan de materializarse y asociadas a los proyectos de articulación productiva para afirmar la soberanía alimentaria, energética o financiera.

La novedad propositiva y discursiva del Papa Francisco interviene en ese debate sobre el rumbo económico social y cultural de nuestro tiempo, reivindicando las demandas por trabajo, tierra y techo que no figuran en los proyectos del capital transnacional. Este, desde sus inversiones busca fuerza de trabajo barata y opción de saqueo sobre los bienes comunes, lo que define a los países emergentes.

Tenga quien tenga el liderazgo político en la región, lo que se hace evidente es la discusión del modelo productivo y de desarrollo, es decir, el tipo de sociedad que se pretende y quien define la situación es la dinámica social en conflicto por un nuevo orden social.

Pensemos que el neoliberalismo se ensayó en territorio sudamericano y que desde aquí emergieron las realidades del cambio político sustentadas de la lucha popular, que para afirmarse requieren de avances en el cambio económico, una asignatura aún pendiente.

Lo interesante a remarcar, más allá de quien lidere este proceso en la región y en el mundo, es que así como los cambios devinieron de la movilización social en los 80 y 90 del siglo pasado, la emergencia de protestas en defensa del agua, de la tierra, de los bienes comunes, por la soberanía del pueblo, es lo que puede aportar de nuevo a una dinámica de lucha social y si se quiere, de clases, para definir un rumbo contra la lógica del capital y su accionar contra el metabolismo social natural.

(Por Julio Gambina) Con la celebración del día de la industria resurgieron debates sobre el modelo productivo y de desarrollo en la Argentina.

Por un lado, la vos oficial estuvo a cargo de la Presidenta de la Nación en la celebración realizada en Tecnópolis el 2/9/15. Por otro lado se pronunciaron los agrupamientos patronales.

Más allá de los discursos y opiniones del gobierno y las cámaras empresarias, emerge la compleja realidad del sector industrial, que arrastra casi dos años de caída de la producción.

Es algo que ocurre en el marco de la crisis mundial, que afecta a la demanda de la producción fabril local. Se trata principalmente de la caída económica del Brasil, principal comprador de bienes industriales locales y que parece no resolverse en el corto plazo.

Desde el discurso oficial se sostiene la necesidad de sustituir importaciones y exportaciones.

Sustituir importaciones

Reemplazar importaciones por producción local es una antigua aspiración del sector industrial local, materializada en general en tiempos de cierre de la economía mundial, especialmente propiciada por las condiciones de guerra. La falta de provisión externa motivó el impulso a la producción local, sustituyendo importaciones.

Por eso, la industrialización local estuvo impulsada de manera acelerada entre los años 20 y 50 del Siglo XX, con presencia de capital local y extranjero. La estructura social con mayoría de trabajadores asalariados y extensión de una burguesía local tiene esos antecedentes.

Es cierto que preferentemente se impulsó la industria liviana, productora de bienes de consumo. El motivo remite a la menor inversión de capital original para encarar esos procesos productivos, facilitando la emergencia de una nutrida capa de empresarios pequeños y medianos de capital local en capacidad de producir para abastecer el mercado interno.

Fueron tiempos de expansión del proletariado y florecimiento de una burguesía local, que animaron procesos políticos como el del peronismo, que proyectan su presencia hasta nuestros días. Una lógica destacada de ese fenómeno alude al pacto social implícito y explícito entre el capital y el trabajo, algo que Cristina Fernández enfatizó para este tiempo de crisis.

También hubo desarrollos de la industria pesada, relativa a la producción de medios de producción. Allí, el principal papel se concentró en el capital estatal y el extranjero. Ese proceso tiene distintos momentos para su expansión y con gran visibilidad hacia fines de los años 50 y hasta mediados de los setenta, en el esplendor de las políticas desarrollistas.

Con la dictadura genocida se inicia un paulatino desarme des-industrializador, con impacto directo en el desempleo, la precariedad laboral, la extranjerización y el aliento a la introducción de la producción externa en el mercado local.

Papel del Estado

El sujeto de la industrialización ha sido el Estado, impulsando sucesivamente el despliegue de la industria local, la radicación de capitales externos en el sector fabril, y claro, también se favoreció el sector público industrial y su posterior desarme y desarticulación.

El Estado activó y desactivó la producción local o externa con el fin de abastecer el mercado interno y/o el mercado externo.

Por eso, del mismo modo que el Estado favoreció políticas industriales orientadas a promover el mercado interno, también modificó la orientación para abastecer al mercado mundial, especialmente en tiempos de transnacionalización.

En el mensaje presidencial del 2 de septiembre[1] se alude a una mayor apertura económica de la Argentina construida en los últimos años, con la suma de importaciones y exportaciones del 25,3% del PBI para el 2014, contra un 17,2% en los años noventa. Se pretende demostrar que el país no solo no está aislado, sino que la creciente apertura de la economía es un dato de la realidad y en rigor, es expresión del proceso mundial de transnacionalización.

Es verdad que no solo la Argentina alienta el fenómeno de ensamble o armaduría y que transnacionalización mediante estos mecanismos se expanden por todo el mundo. Claro que se discute la proporción de fabricación local en el armado final, y por eso se insiste en sustituir importaciones.

Lo real es que resulta cada vez más difícil esa sustitución ante la creciente apertura económica y la dominación de las transnacionales en el sistema mundial y con expresión en nuestro país.

En la Encuesta Nacional de Grandes Empresas, ENGE[2], que difunde el INDEC, con datos al 2012, se muestra la dominación del capital extranjero sobre las 500 más grandes empresas de la Argentina. Son datos que excluyen al sector agrario y financiero, por lo que resalta la dominación fabril de la concentración y centralización de los capitales externos en todas las ramas de la producción fabril.

Sustitución de exportaciones

La gran novedad en el discurso presidencial proviene del enunciado de sustituir exportaciones ante el límite de la capacidad de compra del exterior, algo que tiene que asociarse a a su contrario, es decir, a la capacidad adquisitiva del mercado interno.

¿Podrá el mercado interno sustituir las compras externas? Es difícil pensar en el consumo local de la producción primaria, aun cuando operaron restricciones hacia algunas importaciones y que no resultaron en ampliación del consumo local. Pero, el interrogante apunta también a la producción fabril, especialmente asociada al nivel de ingresos de la población y las opciones, según estratos sociales de ingresos, de consumo. ¿Existe capacidad local de consumo del 50% de la producción automotriz destinada a Brasil?

Los estímulos al crédito para el consumo favorecen compras en el mercado interno, a costa de un mayor endeudamiento de las familias, con el límite de los ingresos de la mayoría de la población, entre ellos los asalariados, jubilados, y/o perceptores de planes. Incluso, los sectores de elevados o de medianos ingresos  se asocian a la presión por una devaluación orientando sus excedentes en la compra de divisas, restringidas en el mercado oficial y por ende estimulando el ilegal y con ello la especulación con las monedas extranjeras.

Resulta contradictorio el mensaje favorable a la mayor apertura de la economía con el aliento a una política de sustitución de importaciones y exportaciones.

Lo que no se considera es el carácter mundial de la economía capitalista en crisis, la inserción subordinada de la Argentina en la misma y por ende la necesidad de discutir el propio capitalismo si se pretende un rumbo independiente. Rumbo que requiere discutir no solo la producción local, sino la articulación e integración regional y mundial para un proceso de industrialización no dependiente.

Ello supone una mirada crítica al orden económico social vigente y una mayoría social dispuesta a la confrontación con el poder transnacional y sus socios locales,

No solo se trata de la crítica teórica o discursiva, sino de construir una densidad social y política en condiciones de construir otra realidad sustentada en otro modelo productivo y de desarrollo para beneficio de la mayoría desfavorecida en nuestro tiempo.

(Por Julio Gambina) Con preocupación se conoció en estas horas la suspensión de la producción de General Motors para el 28 y 31 de agosto, y 4 días en septiembre. La explicación se concentra en la menor demanda brasileña, agravado con que el 70% del armado local tiene destino en la exportación. Imposible cubrir en el mercado interno esa producción orientada al mercado externo, por límites en la capacidad de consumo local.

Al mismo tiempo, empezaron a llegar los telegramas de preaviso a los trabajadores de Paraná Metal, también asociado a la crisis automotriz. El comunicado oficial de la empresa señala que “teniendo en cuenta los cambios en el sector automotriz a nivel mundial, y en particular del Mercosur, la empresa toma el desafío de redefinir su plan estratégico al nuevo contexto. Paraná Metal trabaja en el sector de autopartes desde hace muchos años y buscará adaptarse a los cambios que el mundo y el mercado le van proponiendo. Se tomará el lapso de 60 días para evaluar el futuro de la compañía. Durante este plazo, se preavisará a los empleados de la posible finalización del vínculo laboral entre las partes”.

Los preocupados directos con la situación son 205 trabajadores y sus familias, especialmente los operarios, unos 150. La posibilidad del cierre está sugerida por la comunicación de la patronal para fines de octubre.

Son informaciones, ambas, en el mismo momento que las estadísticas oficiales sugieren datos de recuperación de la actividad industrial, que evidentemente no alcanza para estos casos. Hace casi dos años que se procesa una baja de la producción industrial, especialmente en el sector automotriz. La incidencia en la economía fue morigerada por la expansión del sector agrícola y en los servicios. El impacto directo se asocia en el deterioro del empleo y los salarios. Las estadísticas oficiales no reflejan cabalmente el fenómeno y la cruda realidad de estos casos hacen visible el ajuste de la economía y sus perjudicados directos.

Lo real es que la combinación de la situación de crisis mundial se asocia a la lógica empresarial, concentrada en la ganancia presente y escasa vocación inversora, asunto que denuncian los trabajadores para el caso de Paraná Metal. Tampoco se consideran para este caso procesos de reestructuración de una planta con tecnología obsoleta y un contexto recesivo en el ámbito local, regional y mundial. Eso requeriría voluntad empresaria e inversiones en tecnología y preparación de la fuerza de trabajo, tanto como búsqueda de nuevos mercados y disputa asociada a sus propios trabajadores por reorientar el modelo productivo hacia una industrialización no dependiente.

Es mucho pedir para una burguesía con el solo objetivo de ganar y acumular. En ambos casos y como siempre, los perjudicados son los trabajadores. Las empresas tuvieron su fuerte expansión en el ciclo de bonanza económica entre 2002 y 2007, incluso en 2010 y 2011 y no promedian años en alza con otros en baja. La preocupación es por el rédito actual y la resolución siempre pasa por el eslabón más débil.

La crisis la pagan los trabajadores

Por eso, resulta interesante en este marco leer a David Harvey, que en su libro “El enigma del capital y las crisis del capitalismo” publicado en 2010 y en alusión a la situación de crisis mundial vigente remite a que “Fábricas, altos hornos, panaderías y cervecerías, en otro tiempo rentables y llenos de vida, se ven obligados a cerrar. El capital fijo incorporado a ellas se ve así devaluado, y las crisis locales enturbian la vida de los habitantes de esos lugares caídos en desgracia. Durante la década de los ochenta las acerías de Sheffield perdieron alrededor de 60.000 puestos de trabajo en solo cuatro años. La enorme acería de Bethlehem en Pensilvania ahora no es más que una concha vacía y silenciosa en la ciudad que en otro tiempo dominaba, aparte del edificio que se ha convertido en un estridente casino de juego.”

Esa mención al casino de juego puede asociarse a la situación de la empresa situada en Villa Constitución y cuyo propietario está fuertemente vinculado al rubro del juego. Pero más allá de ello, la cita es importante, porque el geógrafo británico nos pone en situación de los antecedentes de la crisis capitalista contemporánea, visible desde el 2007 con epicentro en EEUU y que se generalizó a escala global. Son escritos del 2010, en pleno despliegue de la lucha de los trabajadores de Paraná Metal en crisis, ante el cambio de proveedor de la Ford Brasil.

En ese tiempo, entre 2008 y 2010, más de 900 trabajadores de la autopartista impulsaron un plan de lucha en demanda de la continuidad de la empresa y lograron la solidaridad de la comunidad. Por esos tiempos, el imaginario gubernamental ejercía un discurso que colocaba al país afuera del escenario de la crisis mundial, algo similar a la percepción del gobierno brasileño y otros en la región. Eran los tiempos en que Sudamérica crecía por encima de la media mundial, bastante distante del 0,4% previsto por CEPAL para este 2015 y con Brasil en un retroceso previsto del -1,5%.

Todo apuntaba a localizar la crisis en ciertos países o regiones, sin comprender que el propio crecimiento de la región era parte de la búsqueda de rentabilidad del gran capital y por ende, el fenómeno del crecimiento regional integraba a su modo la crisis mundial. Las automotrices acumularon grandes sumas de dinero y ante la menor dificultad, cargan contra los trabajadores.

Vale recordar que en el plan de lucha de hace un lustro, entre los trabajadores y la dirigencia de la UOM Villa Constitución se analizó la posibilidad, derivada de conversaciones con funcionarios y técnicos del INTI, de una reingeniería de la empresa ante la obsolescencia tecnológica y la pérdida del comprador monopólico. La condición de posibilidad era desde la autogestión, algo que vuelve a rondar en los debates asamblearios de estas horas.

La opción en aquellos años de crisis fue por la expectativa que generaba en los trabajadores la perspectiva de nuevos titulares de la empresa. Leandro del Greco, delegado de los trabajadores y de la CTA Autónoma relata que “luego de la lucha de 34 días continuos de corte de autopista sobreviene la extorsión de Cristóbal López para despedir a 500 trabajadores y bajar en promedio el 50% del sueldo sino no reabría la Planta. 18 meses después de haberla cerrado abrió cuando logró esas dos condiciones.”

Agrega del Greco que “no falta producción, todo viene de Brasil, entre el 75 y el 80% del “auto nacional” del relato viene de Brasil. El sector fundición de autopartes está en crisis, Paraná Metal es el más visible porque nosotros lo hicimos visible con la lucha”.

Si se recorre la realidad de otras metalúrgicas se encuentra una situación similar. La información señala un déficit comercial de más de 3.000 millones de dólares para las autopartistas, que se triplica para el conjunto del sector automotriz, con un déficit de 9.000 millones de dólares. La aspiración sería que la lucha visible sea asumida por el conjunto de los trabajadores, no solo del sector automotor, sino por el movimiento de trabajadores, algo que desafía al sindicalismo clasista, anticapitalista y antiimperialista.

La fuerte reducción de personal se asocia a despidos y chantaje de la patronal. Por eso ahora el conflicto se concentra en los 205 trabajadores actuales. El cambio de titular de la firma no se propuso la reingeniería. La apuesta fue al desgaste con futuro de cierre y sus consecuencias en cesantías. El empresario amigo del gobierno, Cristóbal López, conocido por sus acciones en el juego es responsable directo junto a una política económica de afirmación del ensamble y la dependencia en el sector industrial. Por eso no sorprenden los telegramas que empiezan a llegar y se frustran las expectativas esperanzadas de una salida laboral tradicional.

Crisis y propuestas más allá del capitalismo

No es nueva nuestra consideración sobre la crisis capitalista, que en estas horas se exacerba y especialmente cuando al comienzo de la semana se habló de lunes negro ante la caída de las bolsas en China y su generalización en el ámbito mundial.

La preocupación viene por los ajustes que tienden a generalizarse en países que hasta hace muy poco parecían afuera de la crisis mundial, caso de China y Brasil, principales socios comerciales de la Argentina.

Reiteremos que se trata de una crisis mundial, y la Argentina es parte del mundo, sin perjuicio de sus especificidades y problemas propios.

El debate actual entre los trabajadores de Paraná Metal apunta a pensar en soluciones más allá de la lógica de la empresa, situación a la que se enfrentaron los trabajadores en la crisis del 2001 y 2002 y que dieron lugar al proceso de ocupación y recuperación de empresas.

Quizá, el gran aporte teórico y práctico del fenómeno de ocupación y recuperación de empresas consistió en hacer evidente el carácter innecesario del organizador capitalista, el empresario. Además, la cuestión en sí misma, supone propuestas que intentan ir más allá de la lógica de la ganancia que sustenta el orden del capital.

(Por Julio Gambina) Las inundaciones y su consecuencia en familias evacuadas trae nuevamente a la discusión el modelo productivo, ya sea por la situación derivada del cambio climático a escala global, o por efecto directo de las características de la producción en el sector primario en la Argentina.

Con la ampliación de la frontera agrícola, especialmente sojera y transgénica aparecen variadas consecuencias.

Una es la expansión económica expresada en las cuentas nacionales como incremento del Producto bruto Interno, PBI. El crecimiento es algo que se lee como positivo, y termina siendo un fetiche, como si cualquier crecimiento fuera para festejar, del mismo modo que se instala un clima de preocupación con el bajo crecimiento, la desaceleración o la baja del producto. Para nosotros, el problema es discutir qué tipo de producción es la que se necesita y para satisfacer que necesidades. Se puede crecer sobre la base de actividades no productivas, por ende innecesarias, como la producción de armas, drogas o la especulación financiera, y sin embargo, esas actividades y lo que suponen en circulación monetaria, medidas en la contabilidad nacional (en forma directa o indirecta) alimentan el fetiche del crecimiento.

Otra remite al uso del excedente generado por la actividad primaria, especialmente orientado en las inversiones en la construcción residencial y la especulación financiera, incluida la fuga de capitales; todo lo cual incide en las cuentas nacionales y la evolución de la economía, considerado como factor favorable. El resultado es una creciente urbanización no planificada que incorpora mayores problemas al modelo de desarrollo y a la política de población, radicación y orientación de la actividad productiva soberana. Surgen así barrios cerrados y grandes edificios que demandan inversiones públicas y agudizan los problemas de servicios, al tiempo que restan recursos fiscales a las necesarias obras de infraestructura rural. La urbanización en las condiciones del capitalismo en el país agiganta la fractura entre lo rural y lo urbano, con un Estado subordinado a la lógica del capital. Por eso no sorprende que ante la ausencia de las necesarias obras de infraestructura para aliviar y recuperar aguas, la solución del mercado apunta a canales aliviadores clandestinos, que resuelven la rentabilidad inmediata del inversor en desmedro del suelo, las aguas subterráneas y los cursos de agua que recogen en conjunto los tóxicos de la forma de producción privilegiada en el campo argentino.

Debemos adicionar que se trata de una producción para el mercado mundial, principalmente China, que ahora pone de manifiesto su crisis con la devaluación del yuan, su moneda nacional.

Ello impacta en el comercio exterior y por lo tanto a la Argentina, sea por compras o ventas. La devaluación del yuan hace más competitiva la producción china y puede generar dificultades para la producción local. Es creciente el déficit comercial de Argentina respecto de China, derivado de nuestras exportaciones primarias y de importaciones de bienes manufacturados en ese país. La dependencia comercial con China es grave, sea como gran comprador que induce al monocultivo de soja, como por el tipo de productos que China vende a la Argentina, contribuyendo a complicar el proceso industrial, agravando la recesión productiva que lleva ya casi dos años. La dependencia comercial se agrava con la dependencia tecnológica del paquete productivo en manos de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología.

Los defensores del modelo productivo agrario y la siembra directa culpan a la política económica por la ausencia de inversiones en infraestructura y por no alentar en mayor medida la ampliación de la frontera agrícola sojera y sus derivados en materia de agro energía. Sostienen que hay posibilidad de estímulo a la producción de etanol, asociando soja y energía, sin discusión relativa a otros modelos productivos, por ejemplo sustentados en la concepción de la soberanía alimentaria y la agricultura familiar y comunitaria. Es más, sostienen que más que pensar en hidrocarburos no convencionales y la recreación de explotación para energía no renovable, caso del yacimiento de Vaca Muerta, la apuesta debiera asentarse en más producción agraria y energética derivada de la industrialización de la ruralidad, un concepto que asume la proyección del Plan Agro Alimentario 2020 formulado desde el gobierno. No se trata de hidrocarburos sí o no, de agro energía sí o no, sino de discutir energía para quién y qué modelo productivo y de país.

Son todos temas que merecen un gran debate y que pocos relacionan en la discusión política electoral en curso. Existe abundante crónica periodística de lamentación por las inundaciones y sus consecuencias sociales, e incluso uso política de la dramática situación, pero escasa vinculación del fenómeno con el modelo productivo. Del mismo modo que se analiza la situación en China como un problema externo, sin asociarlo a la situación de dependencia que Argentina viene desplegando con el gigante asiático, y no solo en materia comercial, sino y crecientemente con demanda de inversiones y préstamos provenientes de ese país.

Hay que discutir este modelo productivo, base del crecimiento de estos años, que asocia al país al ciclo de expansión regional por la explotación de comodities. Este modelo generó excedentes que sirvieron para la mayor concentración de las clases dominantes y también para la ampliación de la política social para frenar el conflicto y disputar consenso político. Esta vinculación de producción primaria con política social masiva permitió un ciclo de crecimiento económico en toda la región sudamericana con fuertes consensos políticos, que empiezan a deteriorarse al ritmo del impacto de la crisis mundial capitalista en nuestros países.

Las tendencias son de agravamiento de la crisis y con lo cual, la ecuación de expansión económica y de la política social puede encontrar límites y hacer crecer el conflicto social. Con matices, es lo que ocurre en la región y demanda la necesidad de la crítica de la política económica aplicada en estos países, y que el cambio político gestado desde el comienzo del Siglo XXI requiere de nuevos rumbos en materia de modelo productivo y de desarrollo. La retórica del neo-desarrollismo contra el neoliberalismo no es suficiente, por lo que se necesita ir contra la lógica del capitalismo, que en definitiva sostienen las concepciones neo-desarrollistas y claramente las neoliberales. La crisis capitalista mundial y su expresión en países emergentes, que parecían inmunes a los efectos de la crisis, recrean la necesidad de la crítica de la economía política, es decir, al orden capitalista y a las políticas, aun matizadas que pueblan la experiencia de los Estados nacionales para superar la crisis mundial.

Durante la jornada de hoy el pueblo griego decidirá mediante referéndum si aprueba o no la propuesta de los acreedores. El economista y analista internacional Julio Gambina habló con FM De la Calle sobre las intenciones de los organismos financieros, la factible salida o no de Grecia de la eurozona y el efecto dominó que podría significar en otros países europeos la indisciplina financiera del país helénico.

El titular de la FISyP, en principio, encuentra en la situación actual de Grecia pasajes similares con la Argentina del 2001. “Nos remonta a nuestra historia de la crisis del 2001 porque hubo una cesación de pagos y estuvieron las restricciones bancarias”, sostuvo. Sin embargo, haciendo una lectura más profunda encuentra dos grandes diferencias. Por un lado, “el gobierno griego llegó al poder con un programa contra el ajuste. Y la otra gran diferencia es que el gobierno está convocando a un plebiscito para que sea la población la que diga si quiere o no quiere el ajuste. Este gobierno se juega por el no al juste y no es un gobierno que dice ‘bueno, que la sociedad elija lo que quiere y listo’, sino que es eso pero acompañado de una campaña por el no”.

El contexto en el cual el gobierno renegocia su deuda para recuperar el equilibrio macroeconómico del país se caracteriza por una fuerte influencia ejercida por los organismos internacionales de crédito hacia la toma de decisiones públicas. “Grecia renegocia su deuda presionado por la Unión Europea (UE), el Fondo Monetario Internacional y la autoridad del Banco Central Europeo que sostienen que la población tiene que inmolarse pagando más impuestos ‘tipo IVA’. En verdad la población, de aceptar, pagará una crisis financiera y fiscal e incluso disminuirá las jubilaciones. Ahí aparece otra similitud con la Argentina de la crisis porque los sueldos y las jubilaciones se redujeron”, explicó el referente.

Por otra parte aclaró que las probabilidades de que Grecia abandone la eurozona debido al no acatamiento de las imposiciones financieras son mínimas. En este sentido, “el plan de ayuda es para los bancos, de ninguna manera el FMI está pensando en un plan de desarrollo para el país. El plan no está pensado para ocuparse del 60 % desempleados jóvenes sino para que el sistema financiero siga funcionando, ¡para el salvataje de los bancos! Por eso, políticamente, la situación es otra con respecto a la nuestra, aparte hay un intento de desafiar la autoridad económica y política europea, por eso hay tanto temor de que si Grecia no paga se va ir la UE, eso no es cierto, no hay decisión política de Grecia de irse y jurídicamente tampoco puede”.

A su vez, el economista remarca la posibilidad de que Grecia evite los efectos de la crisis activando nuevas alianzas estratégicas con socios extraeuropeos como Rusia, China y países de América Latina. “Grecia está atrapado en las redes del capitalismo griego, europeo y mundial. El tema es que con el ‘no’ en las manos, Grecia se anima a un camino de autonomía lo que va significar después del feriado bancaria avanzar con la nacionalización del sistema bancario y, buscar una reinserción en otro plano, ya no solo dentro de Europa sino que tendrá que buscar vínculos con Rusia; también puede establecer otros vínculos, en términos de potencia puede ser China y en término de regiones puede ser América Latina”, sostuvo.

Antes de cerrar su análisis, Gambina señala que una de las mayores preocupaciones de los líderes que promueven este nuevo ciclo de endeudamiento es que el incumplimiento financiero de Grecia se convierta en un modelo a imitar para otros miembros de la Unión Europea que también presentan altas tasas de desempleo y pobreza. De esta forma, “el gran temor del poder mundial es que lo de Grecia actúe como efecto dominó sobre España, sobre Irlanda, en fin sobre otras situaciones de Europa, que se reoriente una posición en favor del cambio. Si bien Grecia es una economía marginal de Europa, lo que preocupa al poder es el efecto contagio”.