Trámite buitre acelerado en el Congreso
(Por Francisco J Cantamutto) El viernes pasado, el ministro Prat Gay presentó ante la comisión de Presupuesto y Hacienda la propuesta oficial de arreglo con los buitres. Una entrega sin reparos.
Continuando el camino del Gerente de la Nación, que abrió las sesiones ordinarias del Congreso el martes, el ministro Prat Gay fue el viernes a presentar el pre-acuerdo con los fondos buitres a la comisión de Presupuesto y Hacienda. La propuesta, que se difundió en la edición matutina del diario La Nación antes de ingresar al Congreso, va en línea con lo que ya conocíamos del pre-acuerdo negociado en Nueva York. El gobierno abiertamente pidió por un tratamiento veloz, que permita tener dictámenes –por mayoría y minoría- para tratarlo en pleno del Congreso esta misma semana. Un apuro evidente para poder cumplir con la exigencia del juez Griesa de tener el acuerdo cerrado antes del 14 de abril, para que el acuerdo tenga validez.
El borrador de proyecto tiene 17 puntos, que incluyen la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, y la habilitación para emitir nueva deuda por 15.000 millones de dólares. Como ya explicamos, la derogación de las leyes apunta a un acuerdo político amplio, que el gobierno se está esforzando en conseguir (la actividad de Marcos Peña en este sentido es frenética). El Frente Renovador ha hecho críticas tibias para poder obtener algo a cambio en la negociación: al igual que el resto de los gobernadores peronistas, están interesados en conseguir fondos de la co-participación para sus alicaídas finanzas. El Frente para la Victoria tampoco tomó posición contundente, disponiéndose a negociar. El Frente de Izquierda, en cambio, ya expresó su repudio.
La presencia del ministro en la comisión tuvo su momento mediático ante los cruces con su predecesor en el cargo y actual diputado, Axel Kicillof. Más allá de las chicanas, el intercambio puso de soslayo algunas continuidades reales. Prat Gay defendió el acuerdo como “una cuestión de Estado”, lo que se acerca de manera evidente a la declaración del pago de deuda como de “interés público”, tal como figura en la Ley de Pago Soberano del kirchnerismo. Se trata, en efecto, de una auténtica política de Estado, de continuidad que excede a las fuerzas políticas en el gobierno, garantizando los intereses de los acreedores por encima de los vaivenes nacionales. Tal como Prat Gay retrucó a Kicillof, la gestión de este último convalidó los pagos al Club de París, a REPSOL y los juicios ante el CIADI. El actual acuerdo de Cambiemos es apenas una versión menos camuflada de este mismo rumbo.
En efecto, el “equipo Cambiemos” no tiene reparos en dar cuenta de su intención de gobernar para unos pocos poderosos. El Financial Times –genuino representante mediático del poder financiero estadounidense- editorializó que este arreglo se trataba de una conquista de los fondos buitres. En esa nota, se explicó que estos operadores estarían obteniendo ganancias que van de 846% hasta 3.186% del capital invertido, un negocio formidable que no tiene nada que ver con los supuestos recortes que promociona Prat Gay. Los fondos buitres están obteniendo ganancias siderales por este arreglo, que percibirán en efectivo. Una bicoca de 11.648 millones de dólares, que se obtendrían mediante nuevos bonos, que pagan el 7,5% de interés anual –por los que se pide autorización al Congreso. Es la emisión de deuda más grande de un país periférico en los últimos 20 años. El remanente por el que se pide autorización tiene que ver con otros fondos que aún no entran al arreglo (en Nueva York, Alemania y Japón, principalmente). Es decir, la farsa no termina aquí, sino que las entregas continuarán.
Según el ministro, se espera que tras arreglar con estos fondos, Argentina podrá endeudarse al 6% de interés, lo que representaría un punto y medio menos que lo que paga actualmente. Esto resulta interesante, porque nos explica cuál es el beneficio esperado de este arreglo, que sería el endeudamiento más barato. Ahora bien, para que los intereses ahorrados superen el costo de este arreglo, habría que emitir nueva deuda por… ¡778.933 millones de dólares! Esto es aproximadamente (usamos el último dato oficial conocido) el triple de la deuda pública actual, o diez veces la deuda pública externa. O, puesto de otra manera, es cerca de dos PBI completos de Argentina. Una auténtica locura: la única manera de “amortizar” el arreglo con los buitres sería endeudarnos hasta la médula.
Cuando el ministro habla de que es la única vía para frenar el ajuste, simplemente está chantajeando. Aunque los perfiles de vencimiento de esta nueva deuda van de los 5 a los 30 años, los pagos de intereses anuales consumirán fondos públicos que deberán quitarse de otros usos, llevando, de manera directa, al ajuste. Dado que el gobierno entiende que la presión fiscal argentina es excesiva, no se pueden prever incrementos de la tributación: ¿a qué tasa debería crecer el país para que el Estado tenga fondos para pagar esta deuda sin ajustar? A una tasa mayor a la que promete por intereses, es decir, por encima del 7,5% anual, lo cual constituiría una auténtica proeza en el marco global recesivo actual. Si el país no crece a esas tasas y el Estado no aumenta la recaudación, no queda otra salida que el ajuste. Es decir, arreglar con los buitres significa más ajuste.
El argumento de que la deuda se utilizará para invertir en infraestructura es simplemente una pantalla para negociar con los gobernadores. La inversión pública, salvo por contados insumos, se paga en pesos, por lo que la deuda en dólares no es necesaria para financiarla. Y, de cualquier modo, está por verse que los mercados estén dispuestos a prestar más fondos después de la gigantesca emisión de bonos para pagarle a los buitres.
Argentina no tiene por qué aceptar este arreglo. No traerá ningún beneficio económico al país, aunque sí suculentas ganancias a los peores actores del sistema financiero internacional. Argentina no se cae del mundo por no aceptar este acuerdo, más bien cae al abismo en caso de aceptarlo. La deuda que se reclama es ilegal, ilegítima y usurera. El fallo de Griesa es cuestionable por todos sus ángulos: Argentina no tiene por qué aceptarlo como válido. Detener los pagos y auditar es el camino: no sólo por legítimo y legal, sino por económico.
