Triple A: Curzio y Pallero detenidos
Dos nuevas detenciones se produjeron en el marco de la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por las bandas de la Triple A en Bahía Blanca. Esta vez fue el turno del militante justicialista Osvaldo Omar Pallero y el ex corredor de motos Juan Carlos Curzio. Por estas horas los reos son interrogados por el juez federal Alejo Ramos Padilla. Completan la lista de represores capturados en la misma causa: Héctor Ángel Forcelli, Héctor Oscar Chisu y Raúl Roberto Aceituno. En tanto, el presidente de la Cámara Federal, Néstor Luis Montezanti, será indagado el próximo 27.
Curzio fue señalado como integrante de la patota del ex diputado nacional del Frejuli Rodolfo “Fito” Ponce por ex trabajadores del rubro de la construcción que lo padecieron en el marco de las internas gremiales de la UOCRA a principios de los setenta. Luego fue contratado por la Universidad Nacional del Sur para reforzar la represión estudiantil bajo el mando del interventor Remus Tetu y el suboficial Jorge “Moncho” Argibay.
Pallero integró, a partir del 17 de marzo de 1975, la primera tanda de dicho “personal de vigilancia y seguridad” conformado, según afirmó el propio Tetu, por matones que habían enfrentado los “problemas subversivos” en la UTN y que se habían postulado “espontáneamente” para cumplir la misma tarea en la UNS.
Los organismos de inteligencia lo identificaron en la época de los hechos como miembro de la Junta Nacional de Granos y de la Juventud Sindical Peronista. Como tal fue parte de los grupos de choque que, a instancias de Ponce, tomaron la UTN en defensa del rector Emilio Garófoli.
Junto al fallecido Miguel Ángel Chisu, Pallero viajó a Santa Fe en 1975 con la misión de “detectar a posibles elementos de izquierda que actuaran dentro de la Comisión Directiva y resto del personal de la Junta Nacional de Granos”.
Los fiscales Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia solicitaron en abril la investigación de un grupo de civiles acusados de conformar una asociación ilícita con el objetivo de llevar adelante la “erradicación y eliminación, mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas”.
En su requisitoria los funcionarios incluyeron 22 homicidios perpetrados por parte de grupos paramilitares entre 1974 y 1975, en la etapa del terrorismo de Estado inmediatamente anterior al golpe del 24 de marzo, “en los ámbitos históricamente más propensos a la movilización político-social: los sectores gremiales y estudiantes”.
Sostuvieron que todos los casos bajo estudio evidencian “los requisitos típicos del crimen de lesa humanidad, toda vez que estamos hablando de asesinatos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, siendo su carácter más notorio la actuación de grupos paraestatales, “bajo la dirección de blancos y medios y/o el amparo de la estructura estatal”.
Fuente: www.juiciobahiablanca.wordpress.com
