Triple A: el Estado a disposición de los asesinos

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“Hicieron lo que hicieron por la connivencia de políticos, fuerzas armadas, jueces y fiscales. O sea, el Estado puso a disposición de estos asesinos gran parte de su aparato”, dijo Mónica Fernández Avello en la primera jornada de su alegato.

La representante de la agrupación H.I.J.O.S. continuará lunes y martes desde las 9 su exposición en el juicio contra cuatro ex integrantes de la Triple A bahiense acusados de integrar una asociación ilícita que cometió 24 homicidios.

“Todos sabíamos quién era Ponce y su patota, el terror que nos producía la fiambrera y la certeza de que la justicia no nos iba a dar ninguna respuesta ante el atropello de estos asesinos”, afirmó.

La semana pasada la Fiscalía pidió pena de prisión perpetua para Raúl Roberto Aceituno y de 10 años de cárcel para Juan Carlos Curzio, Osvaldo Omar Pallero y Héctor Ángel Forcelli.

Fernández Avello recordó que en los noventa, década en la cual nació la agrupación H.I.J.O.S., “existía la absoluta impunidad” y el discurso oficial sostenía la teoría de los dos demonios. “Se pretendía equiparar a las víctimas del terrorismo de Estado con los genocidas. Eso lo estamos viendo en este juicio ante la insistencia de la defensa para hacer ver los hechos como una simple disputa interna dentro de un partido que se arreglaba a los tiros, cuando la Triple A en ese momento definía todo en esta ciudad, en la CGT, en la universidad, en la justicia y en la iglesia”.

Destacó que el accionar de la asociación ilícita que integraban, entre otros, los imputados en el juicio “se dedicó a matar a un montón de gente en Bahía Blanca y la zona dentro de un plan criminal macro que estaba establecido en todo el país”.

“No estamos nutriéndonos solamente de prueba testimonial, no nos valemos de testimonios únicos, aislados, huérfanos y carentes de sustento. Cada uno está refrendado por muchos documentos, por elementos de convicción como, por ejemplo, las notas periodísticas de la época y por los informes de inteligencia, refrendados a su vez por las causas penales en las que surge palmariamente la connivencia del Poder Judicial”.

Impunidad y reciclaje

En aquel clima de impunidad menemista surgieron los escraches. “Se encontraban las víctimas y los victimarios. Ellos: asesinos, torturadores, violadores y robadores de bebés, andaban por las calles, en algún café, en cualquier kiosco o en la esquina de una manifestación de derechos humanos”.

Eso permitió que muchos genocidas se reciclaran en la función pública. “En este juicio lo hemos visto claramente. Uno de los casos emblemáticos es el de Pablo Argibay, hijo de Jorge Oscar Argibay, a quien hemos escuchado nombrar hasta el cansancio como el jefe de los culatas”.

“Este señor actuaba conjuntamente con su hijo Pablo y formaba parte de la asociación ilícita Triple A, varios testigos los vieron en la UNS y en otros lugares, armados, amedrentando y también asesinando, como es el caso de Watu”.

Pablo Argibay murió impune días después que la Fiscalía lo incluyera en el pedido de detención e indagatoria al grupo que está siendo enjuiciado. Luego de su participación en el genocidio, estudió medicina, trabajó en el Hospital Italiano de Buenos Aires, fue asesor del Ministerio de Ciencia y Tecnología, investigador del CONICET. “Murió en 2015 como un gran señor lleno de honores por sus colegas. Una se pregunta: ¿por qué sucedió esto? Realmente sucedió por la impunidad”.

Otro ejemplo fue el del acusado Héctor Ángel Forcelli, quien al recuperar la libertad -de la que aún goza- concurrió al acto del Día de la Lealtad Peronista el 17 de octubre de 2018. “Nadie de los presentes reparó en él o repudió su presencia, cosa que sí hizo la agrupación que represento”.

“Ni que hablar de otro muy mencionado en este juicio, Rodolfo Ponce, quien fuera diputado de la Nación desde el 10 de diciembre de 1983 al 9 de diciembre de 1985”, agregó y subrayó “la distorsión moral que permitió que aquellos integrantes de hordas asesinas se transformaran en representantes del pueblo argentino”.

Acólitos de Montezanti

En otro tramo de su alegato, Fernández Avello se refirió a la demora que tuvo la justicia bahiense en dictar su primera sentencia sobre los crímenes del terrorismo de Estado respecto a otras jurisdicciones.

Arriba: Forcelli, Montezanti y Aceituno. Abajo: Chisu, Curzio y Pallero.

“No es casual que ocurra esto en un Poder Judicial que, hasta hace pocos años, tenía como integrante de la Cámara Federal a Néstor Montezanti, quien también fue profesor de la UNS formando futuros abogados. Este individuo está procesado por la asociación ilícita Triple A, la misma que estamos juzgando acá. Él no está más pero sus acólitos y los de la dictadura siguen estando en el Poder Judicial”, afirmó.

La persistencia del miedo

Para la abogada, esto explica el miedo de los testigos para declarar en la causa. “Tenemos a todos los procesados en libertad y uno solo con domiciliaria, en una ciudad chica como Bahía Blanca donde, como remarcaron varios testigos, todos sabíamos quién era Ponce y su patota, el terror que nos producía la fiambrera y la certeza de que la justicia no nos iba a dar ninguna respuesta ante el atropello de estos asesinos”.

Durante el debate se supo que Curzio llamó a una testigo antes de su declaración. “Pero claro, el tribunal no lo tomó como un acto intimidatorio y Curzio sigue en libertad. Esta es la respuesta que la justicia les da a las víctimas hoy. Y después quieren que los testigos no tengan miedo”.

“Me limité a decir lo que dije, si alguna vez la justicia me da seguridad yo voy a explicar esto”, sostuvo otro testigo a quien, luego de ser convocado en la instrucción, le quemaron la casa y un grupo -entre cuyos integrantes sospecha estaba Pallero- le dio una paliza.

Dijo Fernández Avello: “Señores jueces, hace once años que estoy como querellante en juicios de lesa humanidad pero nunca vi el terror de los testigues. Es más, muchos ni siquiera quisieron declarar”.

Más allá de las disculpas

“Hoy estamos juzgando hechos que ocurrieron hace 46, 47 años”, sostuvo la titular de la querella, “más allá de las disculpas que se puedan pedir a las víctimas y sus familiares, la asociación que represento no es culpable de esta situación”.

“Culpables son los que apoyaron o callaron ante las leyes de impunidad. Culpables son esos jueces que no investigaron, esa policía que dio zona liberada, esa prensa que mintió deliberadamente y, por qué no, esa parte de la sociedad que miró para el costado siendo la Triple A la antesala de los años más oscuros que vivió la Argentina y cuya influencia siguió hasta nuestros días”, sentenció.