Triple A: el juicio continúa el 2 de julio
El Tribunal Oral rechazó un pedido de la defensa para suspender el debate oral en la causa que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos por la Triple A en Bahía Blanca y reanudará las audiencias el próximo jueves a las 10.
Será mediante un sistema mixto con presencia de jueces, querella y defensa en Colón 80 y permitirá que testigos e imputados elijan participar desde el Aula Magna o por videoconferencias. Deberán respetarse los protocolos de seguridad en el marco de la pandemia.
Las jornadas testimoniales comenzarán priorizando la convocatoria a quienes no integran grupos de riesgo y residen en Bahía Blanca. Habrá transmisión pública.
Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero son juzgados por el delito de asociación ilícita y, en el caso de Aceituno, también por el homicidio del estudiante David “Watu” Cilleruelo.
El fiscal Pablo Fermento aseguró “que son diversas las jurisdicciones en las que se reanudaron los debates por crímenes contra la humanidad” y “afirmó que la utilización de vías de comunicación instantánea, virtual y remota, garantiza los principios de inmediación, publicidad y el pleno ejercicio de los derechos de defensa por parte del imputado (en sentido material y técnico), sin poner en riesgo la salud de las partes intervinientes en el debate”.
Por pedido de la querellante Mónica Fernández Avello y la Fiscalía, el tribunal no recurrirá a las fuerzas de seguridad para trasladar a testigos que no cuenten con los recursos suficientes. Deberán acercarse por su cuenta y reclamar el reintegro de los gastos. Los certificados de circulación se otorgarán cuando sea necesario.
Fermento propuso que “al momento de notificar a los testigos se les haga saber sus derechos, las medida de prevención, distanciamiento, higiene y seguridad adoptadas para su protección. Para cada testigo solicitó la confección de un formulario modelo (homologado por autoridad sanitaria) que sea remitido junto con su notificación, que será completado a modo de declaración jurada sobre su estado de salud, patologías previas y pertenencia a población de riesgo, y que manifieste su voluntad de declarar en forma virtual o presencial”.
Además, requirió que se fijen las declaraciones con intervalos de tiempo para evitar acumulación de testigos; se permita la presencia de un integrante del equipo de acompañamiento psicológico en la sala y que se informe a quienes declaren que la audiencia será transmitida de forma pública.
El abogado de la UNS, Francisco Fuster, pidió participar por videoconferencia por integrar el grupo de riesgo aunque el tribunal recordó que la querella deberá funcionar unificada y que, igualmente, podrá seguir la transmisión o designar un sustituto.
Para el defensor oficial Gustavo Rodríguez “el avance del juicio en las condiciones propuestas conlleva la afectación de posiciones defensivas” y constituiría “asumir un alto riesgo para su salud y su vida” de los represores. A su entender, “la única posibilidad sería que los imputados sigan las audiencias de debate por videoconferencia desde sus domicilios, pero al respecto realizó algunas observaciones”.
“Si se acepta que el desarrollo de una audiencia virtual imposibilita la contradicción de prueba relevante debido a la ausencia de una comunicación rápida y efectiva con los acusados, se llega a la conclusión de que cualquiera de las posibilidades que se han pensado para un desarrollo virtual impide la satisfacción de la defensa en juicio y esa es una garantía que no debe perjudicarse”, respondió el tribunal.
Los jueces Roberto Amábile, Pablo Diaz Lacava y Marcos Aguerrido afirmaron que “el defensor no logra demostrar de modo concreto y efectivo la vulneración de los derechos de sus asistidos”.
Recordaron que los acusados podrán concurrir teniendo en cuenta las condiciones sanitarias de la ciudad y que la sala garantiza ampliamente las condiciones suficientes de higiene. “La concurrencia desde su domicilio hasta la sala y el regreso, no genera un aumento de riesgo para su salud si se cumple con las medidas sanitarias fijadas por las autoridades”.
