“¿Una multa a un señor? Ojalá sirva para poner en alerta a los siguientes señores que tienen a su cargo las empresas”
La bióloga Verónica Odriozola lideró la investigación de Greenpeace que, en 1998, concluyó con la denuncia contra empresas del polo petroquímico por contaminar la ría. 24 años después, habló con FM De la Calle sobre el acuerdo que benefició al ex gerente de Dow PBB, Jorge Bornemann, con la suspensión del juicio a prueba a cambio de una multa de 500 mil pesos.
“Estaba a cargo de la campaña de Greenpeace, en ese momento presionábamos por la investigación de la contaminación de los cursos de agua por vertidos industriales en el país para tratar de ponerle nombre y apellido, denunciar a las industrias que estaban contaminando. Fuimos al Polo Petroquímico de Bahía Blanca como parte de una campaña más amplia y los resultados de Bahía se denunciaron en el marco de una gira del barco de Greenpeace que venía a llamar la atención sobre este tema que estaba, y está todavía, descontrolado en nuestro país”.
Odriozola afirmó que conocer la resolución de la causa 24 años después de su denuncia, “al principio me generó frustración porque la justicia que llega tarde es bastante injusta. Por otro lado, ¿una multa a un señor…? Ojalá sirva para poner en alerta a los siguientes señores que tienen a su cargo las empresas y este tipo de decisiones”.
Sin embargo, reconoció que el fallo la alegró porque la gira de Greenpeace fue amplia, se muestrearon muchos sitios contaminados, “curtiembres, el riachuelo, el Río Paraná, afluentes de distintas cuencas importantes del país y que yo sepa en ninguno de estos otros casos hubo una respuesta judicial”.
“Es bueno saber que aunque sea tantos años después hubo gente en la justicia y gente dispuesta a empujar esta causa. Eso me da orgullo de país, si podemos ponerlo así. Obviamente, haciendo todas las salvedades del caso, que la justicia llegue tan tarde quiere decir que hubo gente que la pasó mal, ya sea en su salud o en la de su familia”.
La campaña del ’98
La bióloga recordó que la campaña de Greenpeace de 1998 apuntó a echar luz en muchos lugares donde ya existían denuncias de contaminación aunque carecían de repercusión nacional.
“Apoyábamos los reclamos locales de las comunidades que estaban denunciando no sólo vertidos industriales, porque en el caso de Bahía Blanca también muy cercano en el tiempo ocurrió el escape de cloro, escapes de amoníaco”. Se llamó la atención de la producción y emisión de sustancias tóxicas y peligrosas al ambiente que realizaban -y realizan- las industrias.
“En ese momento Greenpeace entendía que hacía falta un cambio en la legislación, que hacía falta acceso de la gente a la información sobre lo que estaba pasando porque parecía que la ría y los cursos de agua estaban contaminados pero un poco teníamos todos la responsabilidad, sin que haya estado claro qué es lo que estaba sucediendo, aceptándose todo como parte del paisaje”, recordó.
Odriozola destacó que “la propuesta era transparentar lo que estaba pasando y emprender un plan hacia un vertido cero. En su momento comenzó a ser tomado por el gobierno de aquel entonces, pero luego la realidad del país con lo que sucedió a fines de 2001, desafortunadamente, se llevó puestos esos reclamos”.
La conducta empresarial y la necesidad de un cambio de legislación
“El planeta está como está en términos de contaminación química porque la industria tiene muy articulado su discurso y los gobiernos, en muchos casos, son completamente funcionales a eso”, dijo Odriozola.
La ex integrante de Greenpeace manifestó que “parte del discurso consiste en que si las sustancias tóxicas se tiran de a poquito está bien, como si por una cuestión de fe se creyera que el medioambiente es capaz de hacerlas desaparecer. Hay sustancias que sí pueden llegar a degradarse o diluirse en los océanos, lo que pasa es que lo que vierten son sustancias que no se degradan fácilmente, que son super tóxicas, y que se acumulan en los tejidos de los organismos vivos como es el caso del mercurio, por ejemplo, pero también de algunos compuestos organoclorados. Entonces, esto es un problema mayor que escapa al concepto de dilución”.
El caso de los riesgos químicos, como el de los escapes o accidentes, requiere de una nueva legislación. “Las medidas que toman los polos petroquímicos en nuestro país, en general, tienen que ver con estar más preparados ante una emergencia -bomberos, hacer simulacros para que la gente sepa para qué lado salir corriendo o cómo quedarse en sus casas, como organizarse en las escuelas- todas cosas muy útiles, pero el problema intrínseco persiste y, de hecho, donde hay un escape hay gente damnificada, probablemente hay heridos cuando no hay muertos, hay muchos daños materiales y para esto no alcanza con un ‘bueno, salimos corriendo rápido’”.
“Hay legislación que está siendo promovida en muchos países donde se busca reducir este riesgo intrínseco y se busca disminuir la acumulación y manipulación de sustancias peligrosas, reemplazar los procesos por otros que no requieran sustancias explosivas, inflamables, corrosivas y tan tóxicas. Pasa que nuestro país no es uno de los que tenga este tipo de legislación de avanzada, más bien todo lo contrario”.