“Vaca Muerta es nocivo desde el punto de vista socioambiental y además es un mal negocio económico”

El economista y coordinador del área de investigación de FARN, Ariel Slipak, visitó los estudios de FM De la Calle y se refirió al megaproyecto hidrocarburífero que domina la agenda energética nacional. “Dejemos de creer que no hay alternativa posible al agronegocio, Vaca Muerta y el litio. Vaca Muerta es sumamente nocivo desde un punto de vista socioambiental y además es un mal negocio económico”, advirtió.

La crítica se sostiene en múltiples dimensiones. En lo económico, el especialista remarcó que la supuesta generación de riquezas es ilusoria: “Yo conté los 511.000 millones de pesos que reciben de subsidios para explotar gas, pero nadie nos cuenta la pérdida económica del sector agropecuario que se genera por el ozono troposférico. Yo diría que es imposible hacer ese cálculo, en todos los briefs de prensa que sacamos sí citamos un estudio del Banco Mundial que hace un cálculo de cuáles fueron las pérdidas para la Argentina en 2023/2022. Habla de 1.000 millones de dólares por falta de obras de adaptación y mitigación al cambio climático”.

A esto se suman los impactos ambientales invisibilizados: emisiones de metano, consumo y contaminación de agua dulce (más de 17 mil millones de litros utilizados en 2023), basurales petroleros, uso intensivo de arenas silíceas que provocan enfermedades respiratorias y más de 500 sismos inducidos desde el inicio de la explotación. “Todo eso no se contabiliza y sin embargo lo pagamos como sociedad”, señaló Slipak.

Los costos sociales también son elevados: empleos precarios con regímenes laborales de aislamiento, desintegración del tejido familiar, desigualdades de género y pérdida de actividades económicas tradicionales. “Es un mal negocio y además esas arenas silíceas generan enfermedades respiratorias. El ozono troposférico y el benceno generan enfermedades respiratorias. El tipo de empleos con rotación es 14/7, que implica 14 días en campamento, genera problemas de desigualdad de género, desintegración del tejido familiar, entre otras cosas. Hay mucha opacidad en la Argentina sobre los impactos en la salud que tiene Vaca Muerta, sobre la calidad de aire, sobre los impactos del uso de arenas y además sobre la enorme cantidad de subsidios adicionales que tiene ocultos Vaca Muerta”, declaró.

El economista advirtió, además, que se trata de una apuesta de corto plazo: “Comodoro Rivadavia vivió cien años del petróleo y hoy está en crisis. Neuquén tendrá 10, 15, 20 años como mucho, y en ese lapso va a destruir las posibilidades de un desarrollo basado en la agroecología o en una matriz energética diferente”.

Frente a este panorama, Slipak insistió en que existen alternativas en términos de transición energética: “Las energías renovables, con el debido cuidado en el uso de minerales, son el streaming. Los fósiles son el VHS. Apostar a Vaca Muerta es quedarse en el pasado”.

La discusión sobre la transición energética, el uso de subsidios y la planificación de obras preventivas ante el cambio climático, según FARN, será clave para definir si Argentina sigue apostando a un modelo extractivo de corto aliento o si construye un futuro sustentable y diversificado.

Porponen distribuir los ATN con enfoque ambiental

El avance de la crisis climática y sus graves impactos en distintas zonas del país han generado daños económicos y humanos irreparables. Ante esto, desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto a otras organizaciones de la sociedad civil, impulsamos un proyecto de ley para reformar la asignación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y fortalecer a las provincias frente a incendios, inundaciones y otras situaciones de emergencia.

“Con este proyecto buscamos establecer una nueva lógica de distribución con enfoque ambiental, federal y territorial, orientada tanto a la prevención como a la respuesta inmediata ante eventos climáticos extremos como incendios, inundaciones, sequías, entre otros”, afirmaron.

Actualmente, los fondos ATN —equivalentes al 1% de la masa coparticipable bruta— son un instrumento discrecional del Poder Ejecutivo Nacional que, si bien fue creado para atender emergencias y desequilibrios financieros de las provincias, carece de un criterio transparente, proporcional y automático en su aplicación. En 2024, de los casi $680 mil millones recaudados, más del 93% no fue ejecutado.

Frente a este escenario, proponen que el 1% de los fondos ATN se divida en dos componentes:

  • 40% para obras públicas provinciales de prevención y adaptación climática, a través de una partida presupuestaria específica.
  • 60% para la creación de un Fondo Fiduciario de Intervención en Desastres Socioambientales, destinado a dar respuesta inmediata ante inundaciones, incendios, temporales y otras emergencias. Si no se utiliza en un plazo de tres meses, el remanente se distribuye entre las provincias.

Según el primer Informe Bienal de Transparencia, presentado ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Argentina se proyecta un aumento en la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales, así como en el nivel del mar —con impactos especialmente graves a lo largo de la costa marítima y el Río de la Plata—. Frente a esta situación, la inversión en la construcción de infraestructura resiliente a este tipo de eventos debe ser una prioridad.

Situaciones como la ocurrida en Bahía Blanca en marzo pasado, con víctimas fatales, personas desaparecidas, más de 900 personas evacuadas y más de 5.000 hogares afectados; o como la registrada dos meses después en el norte de la provincia de Buenos Aires —donde fallecieron tres personas, más de 2.900 debieron ser evacuadas y se reportaron daños estructurales de gran magnitud—, reflejan el costo humano y económico de no contar con políticas de prevención y respuesta adecuadas.

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