Vilca dijo que la Ley Ómnibus “convertiría a Javier Milei casi en un monarca”

El diputado nacional del PTS en el Frente de Izquierda, Alejandro Vilca, analizó en FM De la Calle el proyecto de Ley “de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos”. “De acá en adelante hay varios ámbitos de disputa, seguramente va a ser el Parlamento”, refirió.

El documento inicia con el pedido de declaración de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Además dispone habilitar la privatización de 41 empresas estatales entre las que están YPF, Aerolíneas Argentinas, Télam, Radio y Televisión Argentina, el Banco Nación, AySA y Ferrocarriles Argentinos.

“Creo que vivimos varios momentos desde el inicio de la asunción del gobierno de Javier Milei y esa mega devaluación, tarifazo, quita de subsidios, pasando por los DNU de hace una semana. Ya mandó esta Ley Ómnibus donde a nuestro parecer es bastante ambiciosa pero terrible. Por un lado, porque prácticamente ese proyecto de ley lo que plantea es que el Congreso y el Senado delegue Responsabilidades al Ejecutivo, lo cual lo convertiría a Javier Milei casi en un monarca”, señaló el jujeño.

“El Decreto de Necesidad y Urgencia y este proyecto de ley lo que va a reconfigurar el país en un sentido de las ganancias de los grandes empresarios. Porque si hay algo que hay que decir es que lo que van a venir y los que van a ganar son los grandes empresarios. Entonces, ellos son los que se van a beneficiar con todo este proyecto de ley”.

El proyecto contempla que si hay un encuentro con fines de manifestación del que participen tres o más personas, deben solicitar permiso. En este sentido, la reunión será concebida como “la congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente”. También prohíbe impedir u obstaculizar el tránsito en arterias, avenidas, rutas nacionales y puentes interjurisdiccionales.

Las penas previstas para la protesta social van de uno a tres años y seis meses para quien impida, estorbe o entorpezca el funcionamiento de transportes por tierra, agua o aire o servicios públicos de comunicación, provisión de agua, electricidad o sustancias energéticas; de 2 a 4 años a quien impida, estorbe o entorpezca la circulación o medios de transporte público “portando un arma propia, impropia” y cause daño a la integridad física de las personas; de 2 a 5 años para “quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad” y de 3 a 6 años para quienes obliguen a otro a asistir a una manifestación “mediante intimidación, simulando autoridad pública o falsa orden de la autoridad, bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole”.

“De acá en adelante hay varios ámbitos de disputa, seguramente va a ser el Parlamento, porque esto tiene que pasar, así como el Decreto de Necesidad de Urgencia. Va a pasar al pleno del Congreso y el Senado, donde se verá si se aprueba o no, pero hasta ahora damos las chances de que tenga pocas posibilidades”, sostuvo el obrero de la recolección de residuos.

Por otro lado, Vilca agregó que “lo que hay que entender es que si hay algo que permitió que llegue al poder Javier Milei, fue el desastre político y el gobierno que hizo Alberto Fernández, y Massa que con la crisis, la inflación, permitió que crezca una posición derecha. Después nos dijeron que se venía el fascismo para crear una polarización. Ahora resulta que hicieron una transición pacífica y hoy no quieren llevar a ninguna medida para enfrentar estas medida, la izquierda desde el primer día salimos a pesar de las amenazas”.

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