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#Facundo: la jueza rechazó medidas para profundizar la investigación sobre la Bonaerense

delacalle Ninguno 16 octubre, 2020 - 2:29 pm en Argentina, Derechos Humanos, Judiciales, Locales, Noticias, Política

La jueza Gabriela Marrón rechazó allanar el destacamento policial de Teniente Origone y la comisaría de Cerri y secuestrar los teléfonos celulares de decenas de efectivos vinculados a la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro.

Las medidas habían sido solicitadas por los fiscales Horacio Azzolín y Andrés Heim con la intención de reconstruir la jornada del 30 de abril y, si se determinase que el joven no falleció ese día, conocer con quiénes se comunicó y en qué lugares habría estado. También investigan si intervinieron terceras personas en su deceso, «lo que -destacaron- no fue establecido en el informe pericial remitido por el EAAF».

Marrón dedica su fallo a excusar a los policías implicados y a atacar al perito de la querella, Marcos Herrero, a quien pretende que se investigue por los hallazgos de su perro. Por otra parte, acusa a Heim y Azzolín de no buscar la verdad sino «solamente a compeler la responsabilidad policial en el evento».

La resolución puede ser apelada ante la Cámara Federal. Las querellas analizan recusar a Marrón.

Fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín.

La jueza sí ordenó que el policía Alberto González presente su libreta personal, en la cual registró los datos de Facundo aunque aparece «información antedatada» sobre la Testigo H. De no cumplirse voluntariamente será la Gendarmería la encargada de hacerlo.

Por otra parte, ordenó al Municipio de Villarino que entregue la información de todas las lectoras de patentes cercanas al puesto de control fitosanitario con el registro de los vehículos que pasaron del 30 de abril hasta el 8 de mayo. En la causa hay tres versiones: una planilla incompleta aportada por Senasa y dos versiones recortadas y «disímiles» entregadas por funcionarios municipales.

Aceptó, además, el pedido de información a las empresas correspondientes respecto a la titularidad de cuentas de redes sociales y correos electrónicos que pertenecerían a varios policías.

“Una actuación sistematizada para entorpecer la investigación”

Los fiscales encontraron «comunicaciones sugestivas entre miembros de la policía y el borrado de otras» en el análisis efectuado por la DATIP sobre las extracciones forenses de algunos de los teléfonos secuestrados, junto a imágenes que «no tendrían anclaje en su versión de los hechos».

Advirtieron que existen rastros con ADN compatible a Facundo «en el interior de un móvil policial en el que supuestamente no habría estado», lo que se suma al hallazgo de su amuleto en la sede policial a la que pertenece dicho vehículo y que, a su vez, «tenía asignado un celular del que se borraron registros de comunicaciones».

Mencionaron la piedra turmalina del colgante de Facundo encontrada en el baúl del patrullero de la Policía Local de Bahía Blanca que reportó «movimientos, cuanto menos extraños», que lo ubicaron cerca del lugar donde se encontró el cuerpo del joven.

Y agregaron que en el interior de la mochila de Facundo estaba el pantalón con el que se lo ve junto a Mario Sosa en la foto tomada por Jana Curuhinca la mañana del 30 de abril. Allí también había otras prendas «aparentemente dañadas», su registro de conducir pero no su DNI y un cartel con la inscripción ‘Médanos’ que «no habría sido escrito por Astudillo».

Estas son algunas de las pruebas que llevaron a Heim y Azzolín a reclamar que la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad entregue los teléfonos personales y oficiales de 46 agentes policiales de Pedro Luro, Hilario Ascasubi, Mayor Buratovich, Teniente Origone, Médanos, Gral. Cerri y Bahía Blanca.

Horas después de conocer las conclusiones de la autopsia, escribieron: «En el particular contexto de actuación general de la policía de Villarino, (las diligencias solicitadas) permitirían analizar un esquema de actuación sistematizada, coordinada y organizada en torno a la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, aunque encaminada a entorpecer el curso de la investigación de la desaparición forzada seguida de muerte».

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