¿Por qué procesaron al ex jefe de los espías de Bahía Blanca?
En sus últimas horas como titular del Juzgado Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla procesó y trabó un embargo de 20 millones de pesos al ex jefe de la base bahiense de la Agencia Federal de Inteligencia, Guillermo Coll. Es por su participación en el espionaje político del gobierno de Mauricio Macri.
Coll es un ingeniero jubilado, porteño, de 58 años, domiciliado en 9 de Julio 108, Piso 7°, depto. “A” de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Revistó en la ex Side local entre el 1 de abril de 2004 y el mismo día de 2017.
“De la simple lectura de los documentos relevados se desprende que durante la jefatura de Coll, la delegación Bahía Blanca recopiló, produjo, analizó y elevó información personal de múltiples ciudadanos sobre la base de su pertenencia a organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos”, afirmó el juez.
Ramos Padilla destacó que “el carácter de la información producida por la Delegación Bahía Blanca es particularmente sensible”. Recordemos que, a diferencia de otras bases, el espionaje en nuestra ciudad incluyó a un medio de comunicación como FM De la Calle y a la comunidad universitaria.
“Los informes de inteligencia relevados no versan sobre situaciones de riesgo para la seguridad interior o la defensa nacional o la investigación de delitos federales complejos”, subrayó.
En su indagatoria, Coll dijo haber ingresado a la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado el 1 de julio de 1987 y que el primer día de junio de 2017 se reincorporó como delegado de la Base La Pampa dependiente de la Dirección de Reunión Interior.
Negó haber formado parte del plan de espionaje ilegal y aseguró que se desvinculó de la AFI el 1 de abril de 2017. Sin embargo, el juez destacó que la inteligencia ilegal comenzó “a mediados de 2016”.
El imputado sostuvo que los informes eran previos a la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional aunque el magistrado enfatizó que “se encontraban expresamente prohibidas desde la sanción de la Ley 25.520 en el año 2001″.
Ramos Padilla contrastó que uno de los documentos cuya autoría asumió es el titulado “informe abril”, el cual fue producido en 2015, elevado a la superioridad en 2016 y finalmente actualizado y vuelto a enviar a la superioridad en abril de 2017, “ocasión esta última, en la que el imputado no habría participado”.
Coll explicó que “se había borrado toda la información de los servidores de delegaciones provinciales” y “la sra. subdirectora (Silvia Majdalani) quería ver cómo habían trabajado las delegaciones y no tenía forma de evaluar nuestro trabajo”.
Según el magistrado, que muchos de los documentos secuestras estén fechados entre el 12 y el 27 de abril puede deberse a “la pretensión de Guillermo Coll de ser recontratado por el director Pablo Pinamonti”.
“De este modo pueden comprenderse, por ejemplo, las reseñas sobre la participación de muchas de las organizaciones relevadas en el documento ‘informe abril’ en la marcha del 24 de marzo de 2017, en la que se conmemoraba el 41° aniversario del inicio de la última dictadura militar, es decir, una actividad que fue cubierta aún durante la permanencia de Guillermo Coll al frente de la delegación”.
El espía comentó que las organizaciones perseguidas fueron seleccionadas “porque todas tuvieron participación en algún evento en el pasado”. Dijo: “Uno entraba a la página, por ejemplo, de HIJOS y usted me dice ¿por qué Hijos? Porque Hijos aparecía muchas veces en movilizaciones. O sea, era una de las agrupaciones que más movían, entonces dijimos ‘bueno, a ver, vamos al Facebook de Hijos, quiénes están ahí. Está fulano, fulano y fulano. Bueno, listo, mételos’. Nada más”.
Y nada menos.
Otro ejemplo es el del personal de la UNS: “Había actividades que se hacían todos los años, entonces, obviamente participaba la Universidad, participaba por ahí alguna agrupación pero solamente eso. Es decir, bueno, sí, la UNS participó, por ejemplo, o estuvo presente cuando se inició los juicios por lesa humanidad, estuvieron presentes sí, lógico, eso sí, pero de ahí a meternos, no, nunca, nunca. Solamente, quiénes participaron, en qué actos, listo”.
“De este modo, el imputado reconoció haber reunido información personal sobre integrantes de una universidad pública nacional por el solo hecho de haber asistido al inicio los juicios de lesa humanidad”, afirmó el juez.
Servicios prestados
En otro tramo de su indagatoria, Coll contó que entre los documentos que le remitió a la subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, “se encontraban una serie de informes producidos por la Delegación Bahía Blanca en el marco de la investigación seguida contra Juan Ignacio Suris”.
Álvaro Coleffi, subrogando el mismo juzgado que Martínez, llegó a indagar al empresario y al arzobispo Guillermo Garlatti, en este caso por el encubrimiento del cura torturador Aldo Vara. Tiempo después, el secretario judicial fue perseguido en una causa por la filtración de escuchas del caso Suris y expulsado del Poder Judicial. Sin embargo, al llegar a juicio la Fiscalía desistió de la acusación por falta de pruebas. Así, las miradas se fijaron sobre el accionar de la Policía Bonaerense y los servicios de inteligencia.
Justamente por su actitud de defensa corporativa a las fuerzas policiales, Martínez –ahora fiscal federal designado por el macrismo- fue dos veces recusado en la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, de la cual recientemente se inhibió por “violencia moral”.
*Foto: Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
