/14 enero, 2022/inBahia Blanca, Judiciales, Noticias, Política

La investigación de los atentados rumbo a la justicia federal

La fiscala Leila Scavarda solicitó al juez de Garantías, Guillermo Mércuri, que envíe a la justicia federal la investigación del atentado a director de Región Sanitaria y otros hechos vinculados. “El ‘modus operandi’ y las leyendas dejadas en los distintos panfletos permiten presumir un accionar similar proveniente de un mismo grupo de personas”.

La funcionaria, denunciada meses atrás por reivindicar al genocida Jorge Rafael Videla, vinculó el atentado a la vivienda de Maximiliano Núñez Fariña con el que involucró al domicilio de la referente mapuche Olga Curipán, la denuncia por la aparición de panfletos frente a la Ruka Kimun Mapuche, una amenaza a Laureano Alimenti y el daño a una placa del estudio del abogado Matías Italiano.

Denuncian a una fiscal por reivindicar al genocida Videla

Sobre estos últimos dos hechos, la resolución informa que el director asociado de Región Sanitaria fue amenazado en la sede del organismo el 1 de septiembre “por parte de un sujeto que en un marco de agresividad verbal en relación a su disconformidad con el programa de vacunación, exhibió lo que en ese momento parecía un arma de fuego”.

Se realizó un allanamiento donde se encontró el armazón de un pistolón con cachas al que le faltaban el resto de las partes. Más allá de esto, “se advierte una posible vinculación con la presente causa”, atento a que en el ataque a Núñez Fariña, Alimenti “fue una de las principales personas amenazadas en el panfleto encontrado en proximidades de la vivienda”.

El delito en el estudio jurídico de Matías Italiano ocurrió “apenas 3 días después del atentado a Núñez Fariña”. La placa del abogado fue la única dañada entre ocho existentes en el mismo lugar y no siendo la de más fácil acceso. La fiscala destacó que “Italiano es funcionario público, de la misma pertenencia política que el resto de las personas amenazadas y es actualmente titular regional de Enargas”.

Scavarda sostuvo que si bien algunas de las conductas mencionadas se tratan de daños y amenazas, los hechos investigados configuran, además, el delito de “otros atentados contra el orden público” que reprime a quien “organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 del Código Penal, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. Al respecto, la normativa dispone que es la justicia federal la que debe investigar dicha clase de delitos.

La fiscala recordó que la investigación de la causa derivada de la explosión de la bomba en el local de La Cámpora junto a la aparición de volantes con amenazas políticas fue reclamada en su momento por el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez y entregada consecuentemente a la jueza Gabriela Marrón.

“Los hechos investigados en esta última causa, en la que se declinara la competencia a favor de la justicia federal, guardarían estrecha relación con los hechos que dieran inicio a la presente y a las agregadas”, afirmó Scavarda.

Promueve declinatoria IPP 556-22

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