byRedacción/1 octubre, 2026/inBahia Blanca, Noticias

No de nuevo decía: concejales de La Libertad Avanza quieren privatizar ABSA

Javier Echaide es investigador del CONICET y profesor de Derecho de la UBA y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, especialista en Derecho Internacional, comercio, inversiones y derecho al agua. En diálogo con FM De la Calle comentó las consecuencias de la privatización del agua en base a las experiencias de los 90. Advirtió sobre la posibilidad de que el RIGI incremente la exposición del Estado a demandas internacionales.

El debate sobre una eventual privatización de ABSA volvió a aparecer en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca como respuesta a los problemas que persisten en la distribución de agua potable y en el servicio cloacal. Para Javier Echaide, investigador del CONICET especializado en derecho al agua, la discusión recupera una experiencia que Argentina ya atravesó durante la década de 1990, cuando distintos servicios públicos fueron concesionados al sector privado. Según explicó, la gestión privada del agua ha sido ensayada en distintos países y, en la mayoría de los casos que estudió, no produjo los resultados esperados.

Uno de los antecedentes centrales es el de Azurix, empresa que tuvo a su cargo la distribución de agua potable y los servicios cloacales en numerosas localidades bonaerenses. La concesión terminó a comienzos de los 2000, después de conflictos vinculados con la prestación del servicio, y posteriormente la empresa inició un reclamo internacional contra Argentina. Echaide señaló que el Estado argentino terminó pagando 165 millones de dólares por la demanda vinculada con la distribución de agua en la provincia de Buenos Aires. Para el investigador, el episodio muestra además cómo los contratos de la década del 90 y los tratados de protección de inversiones podían derivar en demandas internacionales cuando se modificaban las condiciones económicas.

Echaide también planteó que no existe una relación automática entre privatización y una mejor prestación. Según explicó, la gestión privada introduce una lógica vinculada al lucro que puede favorecer la expansión de infraestructura hacia sectores de mayor poder adquisitivo, mientras que la gestión pública permite mayores posibilidades de control ciudadano, aunque tampoco garantiza por sí misma una administración eficiente. En ese sentido, mencionó los procesos de remunicipalización y nacionalización que se desarrollaron en distintos lugares y remarcó que, para que una gestión pública funcione, resulta fundamental el involucramiento de la ciudadanía en el control del servicio.

Otro punto de su análisis fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Echaide sostuvo que el régimen incorpora mecanismos de protección para los capitales privados y contempla condiciones que pueden permitir reclamos internacionales de las empresas beneficiarias. Desde su perspectiva, esto vuelve a generar algunas de las condiciones que estuvieron presentes durante las privatizaciones de los años 90 y puede aumentar la exposición de Argentina a nuevas demandas.

El investigador definió este escenario como una posible “tormenta perfecta”, al considerar que se vuelven a utilizar argumentos similares a los de hace más de tres décadas, mientras que los resultados esperados de aquellas privatizaciones —como una expansión generalizada de los servicios— no se habrían concretado según su análisis.

El debate vuelve así sobre una cuestión que excede la discusión entre gestión pública y privada: cómo garantizar una prestación eficiente de un servicio esencial y, al mismo tiempo, qué consecuencias económicas y jurídicas puede tener el modelo elegido. Mientras desde el Concejo Deliberante se planteó que la privatización de ABSA podría ser una alternativa frente a las deficiencias actuales, Echaide señaló que la experiencia previa y los mecanismos de protección a las inversiones deben ser considerados antes de avanzar en ese camino.

Su planteo es que la discusión sobre el agua no puede limitarse a quién administra el servicio, sino que también debe contemplar las condiciones contractuales, el control ciudadano y los posibles compromisos que el Estado asuma frente a capitales privados.