byRedacción/12 noviembre, 2026/inAmbiente, Argentina, Bahia Blanca, Noticias, Política

Inteligencia artificial: el costo ambiental de los centros de datos y la disputa por los recursos

Fermín Koop es periodista especializado en ambiente y editor de Dialog Earth. Habló sobre el impacto ambiental de los centros de datos que sostienen la expansión de la inteligencia artificial, con foco en el consumo de agua y energía, los escasos beneficios para las comunidades y la falta de regulaciones para una industria que comienza a expandirse en Argentina.

Cada consulta a una herramienta de inteligencia artificial depende de una infraestructura que consume grandes cantidades de recursos naturales. Los centros de datos son instalaciones que alojan los servidores necesarios para el funcionamiento de plataformas como ChatGPT y Gemini, y requieren energía para operar y agua para refrigerarse. A medida que crece el uso de estas tecnologías, también aumenta la demanda de infraestructura. “Esos servidores para que funcionen necesitan por un lado agua para enfriarlos y energía para que funcionen. Grandes cantidades de agua y grandes cantidades de energía”, explicó Koop.

El impacto de esta expansión no se limita al ambiente: también plantea interrogantes sobre los beneficios económicos y sociales para los territorios donde se instalan los centros de datos. Según el periodista, estas inversiones generan poco empleo y una demanda considerable de recursos, sin garantizar un retorno significativo para las comunidades. “El problema es que no termino de ver hasta qué medida ese valor agregado va a servir, porque una vez que esté en instalación, el conocimiento va a quedar en pocas personas y no va a ser tan aplicado, porque no va a haber prácticamente nadie trabajando en esos centros de datos. Son instalaciones fantasmas, prácticamente”, describió.

En Argentina, la discusión adquiere relevancia ante los incentivos que se buscan promover para atraer inversiones tecnológicas, incluso en la Patagonia, donde la disponibilidad de agua y energía aparece como un factor de interés para las empresas.

Koop advirtió que la falta de regulaciones específicas puede reproducir problemas ya registrados en otros países: “Si se esfuerzan a las empresas que van a instalar estos proyectos a establecer toda una legislación que acompañe el desarrollo, eso es súper bienvenido y es lógico, por supuesto. El problema es que el Super RIGI, que es el esquema que está impulsando el Gobierno Nacional, no tiene nada al respecto. No hay reglas y pautas para cómo se van a instalar los centros de datos. Entonces, ahí ya empezamos mal”, señaló.

Las experiencias regionales muestran que existen alternativas para reducir los impactos y abrir la discusión a la ciudadanía. Koop destacó el caso de Chile, donde los reclamos de la población llevaron a modificar un proyecto de Google para evitar el uso de agua en la refrigeración. También planteó la importancia de evaluar la fuente de energía que abastecerá a estas instalaciones: no es lo mismo recurrir a combustibles fósiles que acompañar los centros de datos con generación renovable. Sin embargo, sostuvo que las decisiones técnicas deben formar parte de una planificación más amplia, con información pública y participación de las comunidades desde el inicio.

“Si hay involucramiento, si hay audiencias reales con las personas que viven ahí, es otra forma de plantear el proyecto”, afirmó el periodista. Para Koop, las inversiones deberían incluir reglas claras, mecanismos de control, generación de capacidades locales y garantías de que los puestos de trabajo disponibles sean ocupados por trabajadores de la región. La experiencia de los países vecinos ofrece una oportunidad para anticipar conflictos y evitar que la expansión tecnológica avance sin evaluar sus consecuencias.

Argentina todavía está a tiempo de discutir qué modelo de desarrollo quiere impulsar y bajo qué condiciones permitirá la instalación de esta infraestructura. “No caigamos en los mismos errores, evitemos eso, usemos el aprendizaje de lo que ya pasó”, advirtió el periodista. El debate sobre la inteligencia artificial no se agota en sus posibilidades tecnológicas: también exige poner en el centro quién consume los recursos, quién asume los costos ambientales y qué beneficios concretos quedan en los territorios.