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AMARC: No a Ley 27.432 – No al Apagón Cultural

Desde AMARC Argentina queremos manifestar nuestra preocupación ante la posibilidad de que los fondos destinados por Ley al fomento de proyectos comunicacionales sin fines de lucro, entre los que se incluyen nuestras radios comunitarias, sean utilizados para otros fines, de entrar plenamente en vigencia la Ley 27.432.

Repudiamos una vez más la intención de los grupos económicamente concentrados de instalar socialmente el sentido común de que nuestros medios son un gasto innecesario para el Estado y que sólo somos un homogéneo grupo afín al gobierno.

Lejos de esa falsa imagen, nuestras radios actúan como caja de resonancia de las miradas, demandas y reivindicaciones de sectores de la sociedad que no encuentran eco en los medios desde los que se intenta instalar el sentido antes descripto.

Estos medios, que cuentan con una llegada mucho más masiva en la sociedad que nuestros medios comunitarios, omiten maliciosamente el hecho de que esa diferencia de escala se debe al histórico beneficio recibido desde del estado a través de un marco regulatorio que hasta hace poco más de una década negaba el derecho a la comunicación a gran parte de la población, de beneficios impositivos, de una pauta oficial distribuida discrecional e inequitativamente y/o de la estatización de sus deudas privadas.

Omitir esa realidad, es olvidarse que desde 1920, año de la primera transmisión de radio en nuestro país, a 2009, año de la sanción de la Ley 26.523 de Servicios de Comunicación Audiovisual (¡Casi un siglo!), las radios de Argentina sirvieron para concentrar el poder económico de quienes tenían acceso a los medios: quienes querían lucrar con la actividad y quienes tenían el poder de no dar voz a quienes se oponían a sus intereses.

A partir de 2009, voces históricamente acalladas provenientes de amplios y diversos sectores de la sociedad, encontraron por fin la posibilidad de hacerse escuchar a través de un marco que otorgó legalidad a lo que desde hacía décadas se venía expresando en la clandestinidad. Comunidades originarias, campesinas, centros culturales, clubes de barrio, asambleas populares, escuelas y universidades entre otras, tuvieron por primera vez en la historia de nuestro país la oportunidad de gestionar sus propios medios de comunicación y contar desde su propia mirada la realidad cotidiana.

Pero esa posibilidad se daba en un contexto de desigualdad demasiado evidente y condicionante de una real democratización de la palabra. Se hacía indispensable el fomento del sector por parte del estado, el mismo que había beneficiado a los medios comerciales durante casi un siglo, para garantizar ese derecho que recientemente se había consagrado por Ley.

Lamentablemente, más allá del avance en materia de derechos a través de la Ley 26.523, la concentración económica alcanzada antes de su sanción y por ende el poder concentrado en pocas manos gracias a ello, hizo posible que, a partir del año 2015 con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, vivamos un período de retroceso en este sentido a través del desguace de dicha ley y de otras políticas que volvieron a negar derechos conquistados.

En el año 2017, con un gobierno y gran parte del Congreso Nacional representando los intereses de esos grandes grupos económicos en detrimento de amplios sectores de la población, se aprobó la Ley 27.432 que pone fecha de vencimiento en diciembre de 2022 a los fondos asignados específicamente a la cultura en diferentes sectores entre los que se encuentra el de nuestras radios comunitarias.

Hoy, desde AMARC Argentina, exigimos a quienes deben representar los intereses de la sociedad en general en el Congreso, que arbitren las medidas que sean necesarias para que la Ley 27.432 no entre en vigencia. De hacerlo, organismos como la CoNaBiP, el INT, el INaMu, el INCAA, la Defensoría del público y programas de fomento como el FOMECA perderían su financiamiento y de esa manera nuestras radios y otros sectores de la cultura como el cine, el teatro, la música y las bibliotecas populares, perderían el piso mínimo para su sostenimiento.

Además, con la entrada en vigencia de esta Ley, los derechos laborales y culturales en cada una de nuestras comunidades se verán negativamente afectados. Porque quienes trabajan en actividades culturales en nuestras comunidades no tienen forma de competir de manera independiente con grandes empresas si no existen estos fondos de fomento. Porque sin la posibilidad de gestionar su propia cultura, la soberanía de nuestras comunidades se pierde.

No es cierto que las estructuras burocráticas montadas para la administración de esos fondos estén sobredimensionadas y no encuentren justificación en el actual contexto de crisis, como se intenta instalar desde algunes legisladores. La dimensión de las mismas, guarda directa relación con la desproporción entre la dimensión de nuestros medios comunitarios y la que hoy detentan las empresas de medios concentrados que son cómplices del actual contexto de crisis que nombran, por haber callado el saqueo que debieron exponer y no darle voz a quienes lo denunciaban. Saqueo que, además, fue perpetrado con la complicidad del espacio político al que pertenecen los y las legisladoras que paradójicamente hoy denuncian.

Además, volvemos a reclamar por políticas públicas que garanticen el derecho a la comunicación en igualdad de condiciones. La ejecución en tiempo y forma de las diversas líneas del FOMECA, la distribución equitativa de la pauta oficial, marcos impositivos y regulatorios específicos para nuestro sector y la plena vigencia de la Ley 26.523 desmantelada por el macrismo, son indispensables para que la democracia sea posible. Porque, una vez más, afirmamos que ¡SIN MEDIOS COMUNITARIOS NO HAY DEMOCRACIA!

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