byFM De la Calle/17 mayo, 2023/inBahia Blanca, Judiciales, Noticias

“Es imposible que esto hubiera ocurrido si se cumplían las normas de seguridad”

Maximiliano Granieri, especialista en Seguridad e Higiene y perito de parte en el juicio por la muerte del obrero Gabriel Burgos Melo tras el derrumbe de una obra de Soler al 100, fue uno de los testigos de la segunda jornada. Este jueves se realizará la tercera audiencia desde las 8:30 en la cual las defensas expondrán su prueba testimonial.

El juez a cargo del Juzgado Correccional 1, Gabriel Giuliani, debe decidir si también se producen los alegatos.

Segunda jornada de audiencias en el Juzgado Correcional 1 por el homicidio de Gabriel Burgos Melo y las lesiones de otros tres obreros en la zanja que se desmoronó por falta de medidas de seguridad en Soler al 100 en 2016. Hasta el momento declararon 5 testigos de la fiscalía. pic.twitter.com/w21y0D11nP
— FM De la Calle (@FMdelaCalle) May 17, 2023

Los imputados son Ángel Pablo Matelica, quien se desempeñaba como jefe de obra, supervisor de obra y presidente de MAPSA Ingeniería S. A., Luciano Nahuel Ostertag Villarreal jefe de obra suplente de MAPSA Ingeniería S.A y Sergio Héctor Ferretti, supervisor de obra de la Empresa Distribuidora de Energía Edes S.A..

Hernán Olivares, uno de los operarios atrapados en la zanja, declaró: “Uno al ser empleado no puede decir que no. Para cuidar el pan de mis hijos tuve que ir a trabajar un domingo y salió un compañero fallecido y yo quedé mal”.

La obra que había sido solicitada por el Hospital Privado del Sur para ampliar su potencia eléctrica fue realizada por la empresa MAPSA por recomendación de EDES para acelerar los tiempos. En el tramo de Soler al 100 una máquina retroexcavadora socavó la calle a excepción de la cochera y una entrada de edificios.

“El dueño de la cochera salía a romperme las pelotas para que no rompiera la viga, siempre había problemas”, declaró Julio Bermúdez, maquinista de la retroexcavadora.

Por su parte, Omar Rubén Gabrielli, propietario de la cochera, se desligó de los hechos y dijo que según lo que le comunicó Pablo Matelica en el tramo de su cochera la obra se haría con una máquina especial que cavaría un túnel para evitar derrumbar la entrada. Esa máquina luego se rompió y se decidió hacer la excavación a mano un domingo porque la cochera estaba cerrada. Gabrielli desmintió que el pedido de hacer la obra un domingo haya sido suyo.

“Si el dueño de la empresa se hubiera puesto los pantalones esto no hubiera pasado”, dijo Olivares. “No teníamos superior, no había ningún jefe ese día”, contó.

Bermúdez declaró que lo llamaron luego del derrumbe. “González estaba semienterrado, cuando vio que se desplomaba se tiró para que se no se le cayera encima a Olivares. Gabriel tenía solo la cabeza afuera, De la Iglesia fue al primero que pudimos sacar”.

“Excepto Olivares, el resto no tenía experiencia en el zanjeo, nunca se usaron tablestacas”, detalló.

Por último Maximiliano Granieri, perito de parte y especialista en Seguridad e Higiene dijo que “es imposible que esto hubiera ocurrido si se cumplían las normas de seguridad. Quiero dejarlo claro: no es poco probable, es imposible”.

Explicó que en obras de este tipo se aplican dos resoluciones, la 911/96 y la 503 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. En ambas se establecen las medidas de seguridad para excavaciones con más de 1,20 mts de profundidad.

“Cumpliendo con la mitad de las cosas que pide la 503 este accidente es imposible”, argumentó. Detalló que la pared que se derrumbó fue la de la vereda cuya altura estaba a 1,40 mts según la medición de bomberos.

Juicio por el homicidio de Burgos Melo: “La zanja me llegaba al cuello”

También señaló que al contemplar ambas resoluciones debe haber un especialista que realice un estudio de suelo y que el entibado debe hacerse previo cálculo de ingeniero civil. En el plan presentado por la empresa se estipulaba que la zanja era menor a 1,20 mts.

“Había tierra fisurada al costado de la zanja, eso es un indicio de derrumbe. En el programa de Seguridad e Higiene se omitió este riesgo”, explicó Granieri.

En 2018 y con un dólar oficial a $20 el costo del cumplimiento de la resolución 503 rondaba los $300.000. “Hoy debe estar por encima del millón de pesos”, dijo.