La Comunidad: viaje al abismo de una granja de rehabilitación
En el marco de la avanzada del gobierno nacional contra la Ley de Salud Mental y Derechos Humanos dialogamos con el periodista y escritor Pablo Galfré, autor de La Comunidad (Editorial Sudestada), investigación sobre las clínicas San Camilo y San Antonio.
En estas comunidades es frecuente el uso de la violencia, el maltrato y en algunos casos la muerte: “En mí libro hay tres muertos que son Felipe, Saulo y Matías; y ahora se suma un cuarto muerto que es Franco Ruíz Díaz. Saulo y Felipe mueren en San Camilo, Matías muere en San Antonio. Ahora me enteré de un muerto, que no está en mi libro, que murió en 2013, también en San Antonio”, dijo Galfré a FM De la Calle.
“Felipe es el único que no tiene causa judicial. Las otras tres causas, de las cuatro, las tiene el mismo juez de Garantías, Ceballos, y ninguna de las causas avanza salvo la de Saulo, que es el motor del libro. Es increíble como un juez de Garantías tiene tres muertos en dos lugares y no hace nada al respecto. Los jueces de Garantías tienen las manos un poquito más atadas que un juez de la Justicia Federal”.
Respecto a las causas de las muertes ocurridas en las comunidades, Galfré aseguró que “Saulo se suicida dentro de una celda; Saulo estaba privado de su libertad dentro de la comunidad y dentro de una celda de esa comunidad. No dio para más después de un año y pico de internación, con diabetes tipo 1, a su vez que sufría de depresión, y resolvió terminar con su vida por sus propios medios, pero aclaremos que eso es un homicidio culposo, porque Saulo estaba privado de su libertad dentro de una celda de 16 metros cuadrados con un colchón tirado en el piso”.
“En el caso de Matías, murió de un paro cardiorrespiratorio traumático porque era alérgico a la penicilina. Él estuvo toda la noche asfixiándose y termino muriendo asfixiado por un síndrome asfíctico y un edema pulmonar, sin nadie que lo atienda al cuidado de niños de quince años, que eran los responsables de la guardia de esa noche. Y Franco Ruíz Díaz, es la causa que todavía no me he metido del todo, si bien la he leído, aparentemente se suicida en su habitación, pero en la autopsia se describe que no tenía ningún rastro de droga en sangre, ni legales ni ilegales. Cuando era una persona que tenía que estar medicada porque aparentemente padecía de esquizofrenia”.
El modus operandi que tienen estas comunidades terapéuticas para con sus internos implican hasta patotas para ir a buscarlos a partir del acuerdo con las familias: “Axel (otro de los internos), para darte ejemplos prácticos, estaba en su casa de San Isidro durmiendo; de repente tres patovas grandotes entran, patean la puerta, se lo llevan y le dicen: ‘vení que nos vamos’. Axel piensa que es un secuestro extorsivo, ve a su madre llorando le dicen: ‘ahí está tu vecino, saludalo’, lo agarran como si nada y lo suben a un auto”.
“Si una persona se fugaba la iban a buscar, si esa persona iba a la comisaría a pedir ayuda, la comisaría avisaba a la comunidad o si esa persona llamaba a sus familiares y les decía: ‘papá te espero en el peaje’, el papá avisaba a la comunidad y Martín Iribarne, el dueño de la comunidad, iba con un empleado de seguridad o con algún paciente de la comunidad que iba ascendiendo de fase, entonces la comunidad como que lo ponderaba de alguna manera y le decían: ‘bueno, ahora vos sos un operador terapéutico encargado de seguridad’, y lo llevaban como mano de obra barata a secuestrar a sus propios compañeros” aseguró.
Sobre el rol que cumplen las familias en este sistema, Galfré comentó que hay dos variables: “Está la variable del familiar que no sabe absolutamente nada de nada y piensa que su hijo, por el mero hecho de fumar marihuana es adicto, entonces ponen en google ‘quiero internar a mi hijo’, y saltan estas páginas: San Camilo, San Antonio o Alejandro Merenzon. Y sino están los familiares de quienes, desde hace años desgraciadamente, tienen un consumo muy problemático (…) que pasaron por otros tratamientos ambulatorios y ninguno les funcionó, los familiares por la desesperación de ya haber internado a sus hijos en otras comunidades, y que se hallan escapado, terminan recalando en estas comunidades que funcionan de forma carcelaria”.
El rol del Estado
En relación las responsabilidades que el Estado tiene en estas comunidades, Galfré sostuvo que tiene que ver con “la ausencia total de políticas de drogas en este país desde siempre”. “Más allá de la implementación de la Ley de Salud Mental, que la aplaudimos, y ahora tenemos que salir a defenderla con mucha garra, creo que ya es absurdo que en nuestro país (…) rija el prohibicionismo por un lado y por otro, el abstencionismo. Y después sí, está obviamente, el no control de estas comunidades”.
“La Ley de Salud Mental yo la aplaudo, pero de 2010 a la fecha la verdad que el gobierno anterior, al que también por momentos aplaudí, a veces sentado y a veces de pie como digo en el libro, nunca se impulsó: las casas de medio camino, los tratamientos ambulatorios, los hospitales de día o las internaciones en los hospitales generales. Por eso, estas comunidades se hacen el caldo de cultivo y por eso el Estado no las controla, porque las necesita de alguna manera”.
Respecto de si estas comunidades recibían algún tipo de subsidio por parte del Estado, Galfré comentó que “San Camilo y San Antonio no. San Camilo hasta el año 2010, recibía subsidios y después no”.
“La Ley de Salud Mental de alguna manera le coartó los mecanismos. Lo que sí, la última vez que yo chequé, hace dos años, la SEDRONAR subvencionaba a 110 comunidades terapéuticas. Ya no importa tanto si son comunidades abiertas o cerradas, este sistema de comunidades terapéuticas en general no funciona”, finalizó.
