La CTA local se expresó contra la ley buitre
La CTA Bahía Blanca – Dorrego rechazó “la decisión política que se apresta a votar el Parlamento para convalidar el pago a los buitres y dar inicio a otro ciclo de re endeudamiento de la economía nacional”. Asimismo, repudiaron “el mensaje extorsivo utilizado por el presidente Macri al presentar el pago como una necesidad sin la cual habrá más ajuste e hiperinflación” ya que quienes se sustentan a través “de un salario o una jubilación ya estamos viviendo al ajuste con los despidos en ámbito estatal y privado, con el derrumbe del poder adquisitivo del salario por la brutal remarcación de precios y con el aumento de las tarifas de los servicios públicos.
“A 200 años de la declaración de la independencia quienes voten la derogación de dos leyes, porque eso reclama un juez extranjero como Griesa, nunca podrán hablar en nombre de un país soberano porque viven de rodillas ante el capital financiero internacional”.
Para la central obrera, “el pago de la deuda a los buitres es una estafa cuyo origen está marcado por la negativa de los sucesivos gobiernos constitucionales a suspender los pagos de la deuda externa y realizar una investigación exhaustiva de la misma”.
En este sentido, la organización recordó que hay “477 ilícitos comprobados por la justicia argentina en el año 2000, ante la denuncia de Alejandro Olmos que fue convalidada por el fallo del juez Ballesteros. Allí se determinó el carácter fraudulento e ilegitimo de la deuda que se nos reclama y los sucesivos intentos de legitimarla a cargo de los políticos de los partidos mayoritarios”.
A su vez, recordaron que “el gobierno anterior pagó en 12 años, 190 mil millones de dólares y hoy la deuda pública está por encima de los 240 mil millones con la diferencia que ahora la deuda intra pública (con el Tesoro Nacional, ANSES) supera a lo que corresponde a deuda externa”.
De esta forma, reafirmaron “lo votado en todos los congresos de la CTA en cuanto a suspender los pagos de la deuda y realizar una investigación completa del origen de esta sangría de recursos públicos que determine responsables y beneficiarios nacionales y extranjeros de la misma”.