/23 febrero, 2022/inBahia Blanca, Judiciales, Lesa Humanidad, Noticias, Política

“Los acusamos de haber participado de un genocidio”

El fiscal Miguel Ángel Palazzani dejó en claro de entrada el eje de la acusación contra los 38 represores que comenzaron a ser juzgados en la Megacausa Zona 5 de Bahía Blanca: “Los padecimientos que vamos a ver en este juicio surgieron y son producto de un plan sistemático generalizado, racional, para crear un modelo de sociedad en el que se empleó toda la fuerza y logística de un aparato de poder estatal para aniquilar personas».

Tras una audiencia de apertura que incluyó un primer ataque de las defensas privadas, el juicio continúa este y cada jueves de 9 a 15 con transmisión colectiva de FM De la Calle y La Retaguardia.

Organismos de derechos humanos y militantes de diversas agrupaciones se manifestaron la mañana del 17 de febrero frente al tribunal oral, ya no en el Aula Magna de la UNS sino en Lavalle y Chiclana, desde donde los jueces Ernesto Sebastián, Marcos Aguerrido y Sebastián Foglia coordinan el debate «virtual».

Allí estuvieron presentes el equipo de la Fiscalía -encabezado por Palazzani, Pablo Fermento y José Nebbia-, la querella de H.I.J.O.S. y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a cargo de Mónica Fernández Avello, la abogada de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, Verónica Bogliano, y el defensor oficial, Gustavo Rodríguez.

En una accesible introducción, el fiscal general calificó al octavo juicio bahiense como la «síntesis histórica del genocidio en la región». «El camino que nos trajo hasta acá fue complejo y singularmente arduo. Complejo porque transitó décadas de impunidad. Arduo y dificultoso porque a pesar de casi todo y de casi todos, los sobrevivientes, víctimas, familiares y organismos de derechos humanos lo impulsaron, motorizaron, transitaron e hicieron posible, insistiendo en reclamar Memoria, Verdad y Justicia. Incluso cuando casi todos los funcionarios judiciales no estuvieron a la altura de sus responsabilidades históricas».

En la jurisdicción hubo 7 juicios, 73 condenas, 60 de ellas a prisión perpetua, 18 con sentencia firme. En dichas causas se analizaron los hechos sufridos por 198 víctimas. El debate que inicia incluye 334: «Hay 79 personas asesinadas, 23 desaparecidas, 4 halladas en democracia. Estamos buscando 3 víctimas nacidas en cautiverio y apropiadas, hemos intentado visibilizar la violencia sexual sobre las mujeres en los centros clandestinos de detención con recepción importante en la causa Fracassi».

Palazzani destacó que «no discutimos delitos comunes, los hechos no han sido derivados de una decisión individual irreflexiva o del accionar de un pequeño grupo de dementes. Tampoco fue producto de un descontrol o excesos de algún sector de las fuerzas armadas o de seguridad. Los padecimientos que vamos a ver en este juicio surgieron y son producto de un plan sistemático generalizado, racional, para crear un modelo de sociedad en el que se empleó toda la fuerza y logística de un aparato de poder estatal para aniquilar personas».

«La dictadura cívico militar argentina no fue una respuesta a la insurgencia armada de distintos signos políticos, fue un proyecto de transformación de la sociedad argentina en su conjunto mediante modificaciones estructurales de la arquitectura política, económica y social a través del terror».

A quienes pretenden deslegitimar los juicios -«dicen que son causas que tienen sentencia de antemano y no permiten ejercer los derechos de defensa»- la Fiscalía ofreció «datos duros»: 1025 condenados, 165 absueltos, 169 faltas de mérito, 104 sobreseídos, 29 prófugos, 715 fallecidos. «42%: el índice de absoluciones y desvinculaciones del proceso más elevado de toda la historia del sistema judicial argentino».

«Este es el tiempo de la justicia»

En diálogo con FM De la Calle/La Retaguardia, la integrante de H.I.J.O.S. Alejandra Santucho, destacó la unificación de las elevaciones a juicio dado que «estamos prácticamente al límite de los juzgamientos».

«La impunidad biológica nos acecha y no solo para los genocidas. También los familiares, los sobrevivientes, las víctimas son mayores. Este es el tiempo de la justicia, es el tiempo de reclamarle al Poder Judicial que tiene que acelerar estos procesos. Ahora habrá que batallar para que también la celeridad se dé en cuanto a las audiencias, una vez por semana es muy poco, es un juicio muy grande y nos esperan dos o tres años».

Por otro lado, la querellante afirmó que más allá de parecer «utópico» está latente la expectativa de que los represores brinden información sobre los niños apropiados y el destino de las personas desaparecidas.

«El pacto de silencio es muy grande pero ojalá tomen esto como una oportunidad para decirnos dónde están o a quién se los dieron, que podamos rastrear esos -al menos- dos adultos, sabemos que nacieron dos niños en cautiverio porque hay testigos pero podrían haber nacido más. Tampoco nos dicen qué hicieron con los cuerpos de nuestros viejos, nuestras viejas, los de mis hermanos, de mis compañeros».

Argumentos forzados

En cuanto la Fiscalía comenzó a presentar la acusación, uno de los abogados particulares intentó pedir la palabra y fue frenado por el presidente del tribunal, quien le mandó enviar su inquietud por chat a la Secretaría para hacer uso de la palabra antes de finalizar la audiencia.

Llegado el momento, Gerardo Ibáñez solicitó que se revea dicha metodología porque «nos hace perder toda efectividad en el control de los actos. Imaginemos una declaración testimonial, supongamos que una defensa hace una pregunta indicativa, ¿de qué modo se puede plantear una objeción mandando un mensaje al secretario? Ya cuando llega esa objeción lo que se dijo se dijo».

«Tenemos el derecho a oponernos a la continuación de una pregunta que puede ser incriminatoria a un testigo de la parte nuestra», agregó su colega Eduardo San Emeterio quien pidió la nulidad del «alegato» de la Fiscalía por estar «fuera de lugar». «Con ese criterio yo estaría en condiciones de decirle quiero hacer mi pre alegato».

María Laura Olea planteó que en el grupo de WhatsApp de los defensores coincidían «en que no es necesario concluir con la lectura de los requerimientos de elevación» y pidió que se los dé por incorporados.

Distinta fue la postura de la defensa oficial, la cual representa a la mayoría de los represores. «No se verifica ningún perjuicio para esta defensa en la medida que (la exposición de la Fiscalía) implicó simplemente la repetición del contexto histórico del requerimiento unificado de elevación a juicio que todos tenemos a la vista», dijo Gustavo Rodríguez.

A su turno, el fiscal Palazzani manifestó que los privados forzaron sus argumentos: «Todo el planteo respecto al tema del chat en ocasión de las testimoniales es parte del forzamiento. (…) Lo que se interrumpió fue la ilegal interrupción de un alegato inicial, (…) termínenlo de escuchar y luego dirán lo que tengan que decir».

Leyó la Regla Cuarta de la Acordada 1/12 de la Corte Suprema: «Podrán presentar una síntesis del requerimiento de elevación a juicio para su lectura en la oportunidad establecida en el art. 374 -coma- donde consten los datos personales de los imputados, hechos atribuidos, grado de participación, las víctimas y la calificación legal por las que se requiere -coma- la que podrá ser sustituida por una breve exposición oral -en un megajuicio lo breve es opinable- conteniendo los mismos recaudos. El alegato de apertura es la acusación, tal como de buena fe acabamos de escuchar a la defensa oficial. Estoy repitiendo, diciendo de otra manera lo que dijimos en las 15 requisitorias de elevación a juicio».

«Estaríamos en presencia de algo inédito -subrayó Palazzani- es un planteo de nulidad por exceso de claridad en la acusación. Pecamos porque les explicamos más claramente lo que está críptico, tedioso, de una lectura de diez días se lo ponemos en una filmina. Miren cómo funcionaba el Batallón de Comunicaciones 181, ¡qué novedad tremenda! (…) Cuando está dicho más claramente molesta, eso lo entiendo, pero no dije nada nuevo, así que no pueden invocar ningún agravio, de hecho, no lo dijeron».

Luego de unos minutos de deliberación, los jueces resolvieron por unanimidad que «este acto procesal, más allá de los nombres que le hayan dado, (…) lo que ha hecho es sintetizar la acusación suministrada en papel y no ha desnaturalizado en ningún momento los términos de lo aportado».

Y en cuanto a la comunicación por chat de las defensas con la Secretaría se advirtió que «la metodología no es asimilable a las de otras etapas donde la oralidad y la contradicción se hacen presente en el momento».

La entrepierna de Adalberti

Entre las decenas de recuadros del zoom, el operador de nuestra transmisión colectiva expuso una imagen particular que motivó la advertencia del tribunal a los imputados quienes se conectan casi en su totalidad desde sus casas.

«Alrededor de las 12 del mediodía decidimos por Secretaría detener el video de transmisión del señor Humberto Adalberti porque por varios minutos -recordando que esto se transmite en vivo a la ciudadanía- la cámara apuntaba a su entrepierna», se informó sobre el cierre del encuentro en referencia al médico que “asistía” a las personas cautivas en el CCDyT La Escuelita.

El presidente del TOF agregó: «Les voy a recordar a aquellos que se conectan por internet que por favor guarden el decoro, que la cámara les tome el rostro. Entiendo que esto puede haber ocurrido por error, vamos a interpretarlo así en este caso, pero para lo sucesivo y al resto de las partes guarden el respeto y el decoro propio del tribunal».

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