(Por Giuliana Crucianelli) Desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2021 se produjeron 251 femicidios, 10 trans/travesticidios y 20 femicidios vinculados de varones, según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.

(Por Giuliana Crucianelli) El 30 de diciembre del 2020 se aprobó la Ley N° 27.610  de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esto significa que todas las personas tienen derecho a acceder, hasta la semana 14 de gestación, a una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y el único requisito es la expresión de tu voluntad. A partir de la semana 15, podés acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en caso de violación o si está en riesgo tu vida o tu salud. También, tenés derecho a la atención postaborto de calidad.

Se llevó a cabo la Décima Marcha del Orgullo LGBTTIQ+ en Bahía Blanca. Te invitamos a leer el documento que compartieron las organizaciones en la Plaza Rivadavia. 

Será mañana a partir de las 17, luego habrá una muestra fotográfica en la Casa Furias ubicada en Luiggi 251. “Para gritar que estamos que podemos, homenajear a las compañeras que ya no están y para las sobrevivientes del sistema”, dijo a FM De la Calle, Paola Quiroga.

Victoria Carrión y su familia llegaron a Bahía Blanca para reunirse con la fiscal Marina Lara. Junto a una compañera de canotaje denunciaron por abuso sexual a Aldo Pinta, quien se suicidó al conocerse la denuncia. Pide la indagatoria del hijo del imputado, Néstor “Piri” Pinta por “promoción y facilitación de corrupción de menores”.

El XI Encuentro de Artistas por la No Violencia hacia Mujeres, Niñas y Niños tendrá una primera etapa en el barrio Miramar este sábado. Impulsado por Olga Corrales y organizado por la red de vecinas del lugar, desde las 16 habrá bandas en vivo, feria, talleres y esculturas en Fortaleza al 800.

Una deportista maragata denunció al padre del palista Néstor “Piri” Pinta por abuso sexual. El hombre se suicidó tras la difusión de la acusación. Piden la indagatoria al “héroe del pueblo” y ex director de Deportes municipal por “promoción y facilitación de corrupción de menores”.

El domingo quedará en libertad por cumplimiento de pena Pablo Víctor Cuchan, autor del femicidio de Luciana Moretti. Por el crimen ocurrido en Ing. White en 2004, había recibido una condena de 18 años de prisión aunque luego Casación la rebajó a 17.

“La usina textil” es un grupo de confección de indumentaria que se creó durante la pandemia en el Centro Comunitario San Ignacio de Loyola en Spurr. El taller está a cargo de la profesora Selva Patrón y fue impulsado por la Subsecretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Sur,.

Desde la Fiscalía N°3 de Tandil se tomaron declaraciones y se realizaron careos en el marco de la causa que investiga el femicidio de Katherine Moscoso, ocurrido en mayo de 2015 en Monte Hermoso.

La economista y columnista de FM De la Calle, Agostina Costantino explicó qué significa la masculinización de la riqueza.

Se trata de la causa iniciada a partir de la denuncia de una ex pareja del secretario general de la UTA, Ricardo Pera. El fiscal pidió la elevación a juicio del ex concejal del Frente Renovador aunque el expediente duerme en los cajones del Juzgado de Garantías N°1.

La madres en edad de jubilarse que no tengan los aportes suficientes para comenzar el trámite pueden solicitar el reconocimiento de hasta tres años de trabajo formal por cada hijo o hija.

Para acceder es necesario solicitar un turno a través de la web de Anses. “Estamos atendiendo desde 14:30 a 17 en Colón 279. El horario normal sigue atendiendo otras cuestiones, sin perjuicio de que alguien se acerque a iniciar el trámite para jubilaciones pero los turnos son específicos”, dijo a FM De la Calle, Claudio Carucci, titular de dicha Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión.

En caso de no saber cómo solicitar el turno por internet o no contar con los medios necesarios se pueden solicitar de manera personal en la misma oficina de Colón 279.

“Se pueden acercar a la oficina con DNI, partida de nacimiento de hijos e hijas, Certificado de Discapacidad de alguno de sus hijos, y/o sentencia de adopción y ese mismo día se pasa al área de gestión donde se realiza el cálculo para ver si tiene el derecho. Si tiene se le inicia el trámite y si no se le explica porqué o qué le falta”, dijo Carucci.

El funcionario agregó que en Bahía Blanca la población objetivo apunta a 3800 mujeres. “Arrancamos el lunes, esta semana está completa, estamos otorgando 21 turnos por día, más allá de que alguna venga en el horario normal. Vamos a intentar que el proceso se genere en 3 o 4 meses”.

¿Qué se computa?

Según Anses, el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado computará: 1 año de aportes por hija/o; 2 años de aportes por hija/o adoptada/o.

Reconocerá de forma adicional 1 año por hija/o con discapacidad y 2 años en caso de que haya sido beneficiaria/o de la Asignación Universal por Hija/o por al menos 12 meses.

Se reconocerán los plazos de licencia por maternidad y de excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas.

Juntos por el Cambio aprobó, sin el acompañamiento de la oposición, una ordenanza que requiere incorporar la perspectiva de género en los medios de comunicación que reciban pauta publicitaria municipal.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo establece que la comuna elaborará para su difusión seis campañas temáticas por año y capacitará a los titulares de los medios.

En noviembre la Red de Comunicadoras se reunió con la Comisión de Género y Diversidades del HCD para manifestar que no avalaban el proyecto y expresar la necesidad de establecer criterios para regular la pauta oficial. Presentó, además, los resultados del relevamiento sobre condiciones laborales de trabajadoras de prensa en la ciudad para dar cuenta de las desigualdades del sector.

La semana pasada el proyecto se aprobó sin considerar dichas propuestas y modificaciones ni las planteadas por el Frente de Todos.

En relación a la regulación general del uso y distribución de los fondos públicos destinados a pauta oficial, la concejala Soledad Martínez (JxC) dijo a FM De la Calle: “No estoy en desacuerdo con eso, este proyecto establecía seis campañas que se podían trabajar en conjunto. Hay que trabajar los otros puntos, coincido, pero no era el espíritu de esta ordenanza”.

Respecto a las relaciones de desigualdad que viven las trabajadoras de los medios de comunicación expresadas por la Red señaló que “no pasa solo en medios, pasa en varios ámbitos de la vida donde nos desempeñamos. Creemos que hay mucho para trabajar pero que no iba en ese momento con la esencia de este proyecto. Sí coincidimos en muchos aspectos. Me parece que son muchos puntos para seguir trabajando”.

En su artículo sexto, la ordenanza establece que el Municipio, el HCD y los entes descentralizados “tendrán la facultad de resolver unilateralmente el vinculo celebrado en el área de su jurisdicción cuando el medio de comunicación, producción independiente y periodistas, no cumplieran con los compromisos asumidos”.

“Como Concejo Deliberante somos órgano de contralor y estaremos haciendo el seguimiento de los puntos de esta ordenanza, obviamente cuando uno recibe pauta tiene que entregar las campañas para que el municipio controle”, dijo Martínez respecto al registro del cumplimiento de la norma.

“Me da vergüenza ajena”

El Frente de Todos emitió un despacho en minoría sugiriendo algunas modificaciones y manifestando su rechazo al proyecto.

La presidenta de la Comisión de Género, Analía López, dijo a FM De la Calle que “las tres concejalas de la Comisión hicieron oídos sordos al reclamo de ciudadanas bahienses que trabajan en los medios”.

“El oficialismo no tiene voluntad de diálogo, tienen los votos. Este proyecto tiene más de un año dando vueltas, conocían nuestro posicionamiento. De parte de las integrantes del oficialismo de la Comisión de Género que después de haberse reunido con las comunicadoras, tomar conocimiento de las condiciones de las trabajadoras, saquen adelante el mismo proyecto sin incorporar ninguna modificación, a mí me da vergüenza ajena”, sentenció.

López agregó que “el proyecto nunca volvió a la comisión, desde el momento que tomamos contacto con el proyecto y elaboramos el despacho tuvimos una reunión con el área de Comunicación y de Gobierno Abierto, donde las funcionarias que vinieron a conversar no mostraban objeción a los artículos sino que les parecía que lo mejor era presentar otra ordenanza alternativa”.

“A partir de ahí las concejalas del bloque oficialista, que tienen mayoría, hicieron su propio despacho que es lo que llamamos el tratamiento exprés sin debate previo”, concluyó López.

Un decreto publicado en el Boletín Oficial estableció los alcances y requisitos para que las mujeres  puedan sumar de uno a tres años de servicios por cada hijo o hija.

“Se contabilizan años de aporte por tareas de cuidado para mujeres que tengan la edad requerida para jubilarse pero no tengan los aportes. Se les van a reconocer años en función de la cantidad de hijes que hayan tenido a lo largo de su vida”, explicó la economista y columnista de FM De la Calle, María Julia Eliosoff.

Agregó que “las mujeres tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral porque, dada la división sexual del trabajo, dedicamos mucho más tiempo de la vida a cuidar y a las tareas domésticas no remuneradas”.

Eliosoff señaló que esta medida “tiene que ver con lo que se conoce como la jubilación de amas de casa, que es el Plan de Inclusión Previsional, un programa del 2005 que se ha ido renovando hasta la actualidad”.

“En 2005 no fue una medida pensada en términos de igualdad de género, sino de inclusión, una moratoria, un plan de pagos, para las beneficiarias que dicen me voy a jubilar pero debo plata. No es un regalo, después se pagan los aportes que faltan. Era para cualquier persona que le falten años de aporte, en su momento más del 85% eran mujeres y de ahí fue que este plan toma el nombre de jubilaciones de amas de casa. Actualmente está más o menos en el 73%”.

El nuevo anuncio implica un reconocimiento al que accederán cerca de 155 mil mujeres y que también “reconoce los plazos de licencias por maternidad y excedencia de maternidad. Esos períodos no computaban como meses de aporte porque durante esos meses que se pide la licencia el empleador no es el que paga el salario sino ANSES, entonces esos meses no contribuimos a la futura jubilaciones”.

Si bien es una medida celebrable, la economista destacó algunas observaciones que todavía quedan pendientes:

“El sistema previsional arrastra todas las desigualdades del mercado laboral, es decir, todos los problemas que describimos vinculados al empleo y mujeres y personas LGBTIQ luego se replican en el sistema previsional”.

Agregó que, por ejemplo, “existen las brechas salariales que están alrededor del 30% para empleos formales y 45% en empleos informales. Como lo que se cobra por jubilaciones es una proporción de los aportes, si en general ganamos menos, obviamente en las jubilaciones percibimos un monto menor”.

“Otra de las grandes problemáticas es que las mujeres están más representadas en los empleos informales. Este tipo de medida solamente llega a personas que en algún momento de su trayectoria laboral hayan podido hacer algún aporte. Las personas que hayan trabajado de manera asalariada y no tuvieron aportes no pueden acceder”, enfatizó.

Eliosoff afirmó que la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) es “un parche que apareció durante el macrismo. Es básicamente un ingreso equivalente al 80% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Son $19.526 y es un 7% más bajo que la línea de pobreza para una persona. Los adultos mayores tienen gastos específicos, en general, de altos valores como la medicación y ni hablar si tienen que pagar alquiler”.

“A la PUAM acceden personas de más de 65. En las mujeres tienen que pasar 5 años más que la edad jubilatoria, es una edad puesta arbitrariamente no hay fundamentación y comparada con la canasta básica total o para un hogar de 3 habitantes, que es de 51 mil pesos, la PUAM no llega a ser el 38% de ese valor”.

En conclusión: “Para empezar a pensar en la seguridad social para adultos mayores que garantice la cobertura para todos y todas y no tener miedo a llegar a viejes, esta nueva medida es un gran avance pero sigue llegando a ‘privilegiades’ que son las personas que en algún momento de su vida han podido tener un empleo registrado”.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmó la condena al secretario general de la UTA, Ricardo Pera, por las lesiones leves y amenazas proferidas a Sergio Massarella y Gustavo Mandará.  Los hechos ocurrieron en 2015, durante un cuarto intermedio de la Asamblea de Mayores Contribuyentes del Concejo Deliberante.

El fallo rechaza las quejas de la defensa, a cargo de Sebastián Martínez, las cuales apuntaron a la prescripción de la causa, el estado de salud del imputado y la valoración de los testimonios.

La resolución de la Sala II -compuesta por Guillermo Emir Rodríguez, Alfredo Hernán Mones Ruiz y Guillermo Federico Petersen- confirma la pena a un año y diez meses de prisión dictada por el juez en lo Correccional Nº 1, Gabriel Giuliani.

En mayo, el fiscal Juan Pablo Schmidt solicitó la elevación a juicio oral de otra causa que tiene al ex concejal del Frente Renovador como protagonista, en ese caso imputado por amenazar y provocar lesiones leves a su ex pareja. La defensa se opuso y ahora debe definir la jueza de Garantías Claudia Olivera.

En cuanto a la prescripción de los delitos ocurridos en el HCD, el fallo remite a la ley 25.188, la cual establece que “también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubieren participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”. En el caso de Pera, destitución y reposición en el cargo de por medio, terminó su mandato el día 10 de diciembre de 2017.

Respecto a la supuesta inimputabilidad del ex concejal al momento del juicio, la Cámara afirma que “la incomparecencia del procesado a la Asesoría Pericial denota una falta de colaboración para que se pueda llevar a cabo la pericia, y al no existir otras constancias probatorias que constaten la mentada incapacidad procesal, debe inferirse a ese momento la capacidad procesal de Pera para asistir e intervenir activamente en el debate”.

El tribunal destacó la fundamentación de la sentencia de Giuliani respecto al análisis de las pericias médicas y las declaraciones de las víctimas y de Pablo Rosenfelt, José Antonio Vidal y María Florencia De Caso Dupont. “No se puede poner en tela de juicio la credibilidad de tales testimonios por las circunstancias de compartir un mismo espacio político, aun dando por cierto que tengan una relación cercana a la amistad y/o dependencia”, aseguró Mones Ruiz.

En referencia a las amenazas recibidas por Massarella, el juez manifestó que “resulta grave objetivamente, ya que en el contexto histórico en que se produjo tuvo la entidad necesaria para atemorizar a la víctima; máxime si tenemos presente la conducta de Pera -que sin discusión previa, en forma intempestiva, profiere el giro lingüístico amenazante: ‘a vos te voy a matar, sos un hijo de puta, cagón'”.

“Le pregunté qué pasaba, quedamos más próximos. Me pegó un cabezazo en el ojo izquierdo y cuando me doy vuelta veo a Mandará y cuando me acerco veo que le estaba pateando. A Pera lo saca Morini. (…) A mí me intimidaron, sentí miedo por la forma, la virulencia con que me dijeron las cosas. Fue el primer día que sentí miedo ya que estaba ante una persona que era capaz de hacer cualquier cosa. Yo soy una persona tranquila, sí con debates o diferencias políticas. La situación alteró mi vida, tuve y tengo miedo, porque vi una persona capaz de cualquier cosa. Pedí que mis hijos tuvieran presencia policial en su casa. ‘Qué casualidad que a meses de ocurrido este hecho me prenden fuego una casa que tenía en Monte Hermoso'”, declaró Massarella en el juicio.

Por último, los camaristas reafirmaron los agravantes por la condición de funcionario público de Pera y por haber cometido los delitos en el Concejo Deliberante. El dirigente de la UTA no solo vulneró “la integridad física de las personas y la libertad”, también lesionó “la confianza pública, lo cual de alguna manera evidencia el efecto nocivo que provocan en la sociedad tales circunstancias, en relación a la legitimidad de las instituciones públicas, lo que implica, en el caso, un mayor grado de culpabilidad”.

Días atrás se reglamentó la Ley de Talles sancionada en 2019. Prevé la creación y aplicación en todo el país de un Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria que hace a la fabricación, confección, importación y comercialización, tanto presencial como digital, de indumentaria.

Anybody es una organización que desde el 2011 trabaja por “activar la conciencia sobre la problemática en torno a la cultura visual y el daño en la propia percepción del cuerpo”. Una de sus integrantes, Lucía Ramos, licenciada en nutrición con una mirada no peso centrista, dialogó con FM De la Calle acerca de los alcances de la ley.

Explicó que la normativa contempla tres puntos fundamentales. El primero es “la elaboración de una tabla de talles, se va a confeccionar a partir de un estudio antropométrico, donde se escanean los cuerpos de personas a lo largo de todo el país y, a partir de allí, se elabora la tabla de talles”.

En segundo lugar, “esta ley contempla algo interesante que es la realización de campañas, información y sensibilización para concientizar sobre la discriminación y estigmatización por cuestiones de talles”. Y, por último, establece “el trato digno y equitativo en los comercios de indumentaria”.

Sin embargo, la norma no obliga a que empresas y marcas tengan todos los talles. “Consideramos que es un paso más y todavía queda mucho trabajo. Esto de alguna manera lo que hacer es unificar talles y va a permitir que en cualquier local y marca los talles tengan un mismo tamaño, ahora un S o M son del mismo tamaño o incluso existe el talle único”.

Ramos enfatizó que “es importante destacar que la segunda causa de discriminación en el país es el aspecto físico, según un estudio del INADI de 2020. No encontrar ropa vulnera un derecho básico de las personas. Es una ventana que abre una problemática que es muchísimo más amplia”.

En 2020 Anybody encuestó, como cada año desde 2013, a más ocho mil personas para conocer las problemáticas en relación a los talles. Entre los resultados se destaca que “el sentimiento más recurrente entre las personas con dificultades para encontrar talles es la tristeza porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada (44,7%).  El 46,9% responde que el no encontrar talles les lleva a cuestionar su cuerpo“.

“Casi el 75% de las personas encuestadas planeta que tiene problemas para encontrar ropa, encontrar talles. Esto tiene muchas repercusiones de la autopercepción de la persona”, argumentó la nutricionista.

En relación a lo relevado, la imposibilidad de encontrar ropa y calzado acorde con el cuerpo coincide con talles de cuerpos no hegemónicos. “Más del 80% de las personas encuestadas manifiestan que hubieran querido comprar el talle único, esto pasa con mayor frecuencia en indumentaria femenina, es el extremo de esta problemática. ¿Qué representa ese talle único? Un cuerpo hegemónico, que no es el cuerpo de las personas que nos rodean, que encontramos en el bondi, en la facultad o el supermercado”.

En relación a su visión y formación como profesional de la salud en un modelo no peso centrista afirmó que “hay un camino, cada vez se avanza más en materia de diversidad corporal, es lento, pero que de a poco hay más profesionales que están saliendo de este modelo que centra la salud de una persona en su peso”.

“Existen muchísimos determinantes y la apariencia física no es suficiente para determinar el estado de salud. Con solo ver a una persona no podemos determinar cuál es su salud. Detrás de esto hay discriminación y estigma, con solo ver a alguien no podemos saber cómo son su hábitos, cómo es su alimentación, qué tipo de movimiento realiza ni como es su salud”, explicó.

Finalmente, señaló que para la aplicación del SUNITI resta “terminar con el estudio antropométrico que ya comenzó, falta relevar un 40% de la muestra, elaborar la tabla de talles”.

El Senado transformó en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero. “Es una bisagra más dentro del proceso de emancipación del colectivo trans feminista en tanto años de lucha”, dijo a FM De la Calle, Saira Millaqueo, integrante de Ciudadanas Trans

La norma -aprobada por 55 votos a favor y 1 en contra, y 6 abstenciones- establece que “el Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al 1% la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.

“El cupo viene a materializar el empoderamiento y para ejercer nuestra ciudadanía, con libertad de oportunidades. La ley de Identidad de Género, en lo personal, cambió el rumbo de mi vida. Para mayo que se sancionó la ley yo no tenía DNI y para enero del 2013 yo tenía documento y cambiaban mis objetivos, proyectos y podía reapropiarme de esa identidad que tenía negada”, afirmó Millaqueo.

Agregó que “estos sucesos marcan una bisagra porque en meses, a un año a más tardar, cambia ese entorno de vulnerabilidad, de clandestinidad, de completa ilegalidad que vivimos la comunidad travesti trans, cambia para bien, a una realidad que se materializa”.

La militante bahiense destacó que el promedio de vida de 35 años del colectivo tras explica la necesidad de una política pública focalizada. “Si en una sociedad donde el promedio de vida es de 70 años y no nos preocupa que haya una comunidad que se muere antes de los 40 es más que preocupante. Es urgente resguardar esos derechos vulnerados”.

Las condiciones de vida actuales son de “extrema pobreza y vulnerabilidad, violencia institucional, todavía se ve la falta de acceso a una salud integral. Más allá de la ley de Identidad de Género, en los hechos falta materializarla porque no lo interpreta la sociedad, sigue habiendo obstáculos por estos sectores conservadores que no logran captar el cambio de época, no interpretan las necesidades que atravesamos por meros prejuicios, discriminación y preconceptos que se tienen sobre nuestras existencias”.

Millaqueo señaló que la ley contempla el acompañamiento para que las personas que ingresen por el cupo trans “tengan la posibilidad de capacitación y terminalidad educativa”.

Por otro lado, se refirió al artículo 7, cuestionado por un sector de la oposición, el cual establece que no se deben tomar en cuenta los antecedente penales derivados de la ejecución de códigos contravencionales: “Hablamos de una población que hasta el 2012 iba encarcelada con 30, 60 y hasta 90 días de arresto por el hecho de salir vestida como deseaba”.

La flamante ley ordena la creación de “un registro y a partir de ahí evaluar los perfiles laborales, de los cv que llegan, de quiénes van a estar dispuestas para esos cargos. El cupo es selectivo porque hay que cumplir determinados requisitos, nuestro movimiento sabe que muchas van a quedar por fuera del cupo. Seguimos soñando con la reparación histórica, por condiciones que no están contempladas dentro del cupo, por un régimen de cobertura para quienes nunca tuvieron un aporte jubilatorio”.

En relación a las empresas privadas la normativa prevé incentivos fiscales para quienes contraten personal trans. “Los organismos van a tener que hacer un trabajo de sensibilización, tiene que ser profundo, porque es una fuerza productiva que ha sido inviabilizada y tiene que ser tenida en cuenta”, señaló Millaqueo.

La ley lleva el nombre de Lohana Berkins y Diana Sacayán porque “fueron, junto a otras como Pía Baudracco, las que tuvieron la visión política de mirar las raíces del problema de la expectativa de vida de la comunidad y el estar destinadas al trabajo sexual como único destino de vida”.