La economista y columnista de FM De la Calle, Agostina Costantino explicó qué significa la masculinización de la riqueza.

Se trata de la causa iniciada a partir de la denuncia de una ex pareja del secretario general de la UTA, Ricardo Pera. El fiscal pidió la elevación a juicio del ex concejal del Frente Renovador aunque el expediente duerme en los cajones del Juzgado de Garantías N°1.

La madres en edad de jubilarse que no tengan los aportes suficientes para comenzar el trámite pueden solicitar el reconocimiento de hasta tres años de trabajo formal por cada hijo o hija.

Para acceder es necesario solicitar un turno a través de la web de Anses. “Estamos atendiendo desde 14:30 a 17 en Colón 279. El horario normal sigue atendiendo otras cuestiones, sin perjuicio de que alguien se acerque a iniciar el trámite para jubilaciones pero los turnos son específicos”, dijo a FM De la Calle, Claudio Carucci, titular de dicha Unidad Distrital de Apoyo a la Inclusión.

En caso de no saber cómo solicitar el turno por internet o no contar con los medios necesarios se pueden solicitar de manera personal en la misma oficina de Colón 279.

“Se pueden acercar a la oficina con DNI, partida de nacimiento de hijos e hijas, Certificado de Discapacidad de alguno de sus hijos, y/o sentencia de adopción y ese mismo día se pasa al área de gestión donde se realiza el cálculo para ver si tiene el derecho. Si tiene se le inicia el trámite y si no se le explica porqué o qué le falta”, dijo Carucci.

El funcionario agregó que en Bahía Blanca la población objetivo apunta a 3800 mujeres. “Arrancamos el lunes, esta semana está completa, estamos otorgando 21 turnos por día, más allá de que alguna venga en el horario normal. Vamos a intentar que el proceso se genere en 3 o 4 meses”.

¿Qué se computa?

Según Anses, el reconocimiento de aportes por tareas de cuidado computará: 1 año de aportes por hija/o; 2 años de aportes por hija/o adoptada/o.

Reconocerá de forma adicional 1 año por hija/o con discapacidad y 2 años en caso de que haya sido beneficiaria/o de la Asignación Universal por Hija/o por al menos 12 meses.

Se reconocerán los plazos de licencia por maternidad y de excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas.

Juntos por el Cambio aprobó, sin el acompañamiento de la oposición, una ordenanza que requiere incorporar la perspectiva de género en los medios de comunicación que reciban pauta publicitaria municipal.

La iniciativa presentada por el Ejecutivo establece que la comuna elaborará para su difusión seis campañas temáticas por año y capacitará a los titulares de los medios.

En noviembre la Red de Comunicadoras se reunió con la Comisión de Género y Diversidades del HCD para manifestar que no avalaban el proyecto y expresar la necesidad de establecer criterios para regular la pauta oficial. Presentó, además, los resultados del relevamiento sobre condiciones laborales de trabajadoras de prensa en la ciudad para dar cuenta de las desigualdades del sector.

La semana pasada el proyecto se aprobó sin considerar dichas propuestas y modificaciones ni las planteadas por el Frente de Todos.

En relación a la regulación general del uso y distribución de los fondos públicos destinados a pauta oficial, la concejala Soledad Martínez (JxC) dijo a FM De la Calle: “No estoy en desacuerdo con eso, este proyecto establecía seis campañas que se podían trabajar en conjunto. Hay que trabajar los otros puntos, coincido, pero no era el espíritu de esta ordenanza”.

Respecto a las relaciones de desigualdad que viven las trabajadoras de los medios de comunicación expresadas por la Red señaló que “no pasa solo en medios, pasa en varios ámbitos de la vida donde nos desempeñamos. Creemos que hay mucho para trabajar pero que no iba en ese momento con la esencia de este proyecto. Sí coincidimos en muchos aspectos. Me parece que son muchos puntos para seguir trabajando”.

En su artículo sexto, la ordenanza establece que el Municipio, el HCD y los entes descentralizados “tendrán la facultad de resolver unilateralmente el vinculo celebrado en el área de su jurisdicción cuando el medio de comunicación, producción independiente y periodistas, no cumplieran con los compromisos asumidos”.

“Como Concejo Deliberante somos órgano de contralor y estaremos haciendo el seguimiento de los puntos de esta ordenanza, obviamente cuando uno recibe pauta tiene que entregar las campañas para que el municipio controle”, dijo Martínez respecto al registro del cumplimiento de la norma.

“Me da vergüenza ajena”

El Frente de Todos emitió un despacho en minoría sugiriendo algunas modificaciones y manifestando su rechazo al proyecto.

La presidenta de la Comisión de Género, Analía López, dijo a FM De la Calle que “las tres concejalas de la Comisión hicieron oídos sordos al reclamo de ciudadanas bahienses que trabajan en los medios”.

“El oficialismo no tiene voluntad de diálogo, tienen los votos. Este proyecto tiene más de un año dando vueltas, conocían nuestro posicionamiento. De parte de las integrantes del oficialismo de la Comisión de Género que después de haberse reunido con las comunicadoras, tomar conocimiento de las condiciones de las trabajadoras, saquen adelante el mismo proyecto sin incorporar ninguna modificación, a mí me da vergüenza ajena”, sentenció.

López agregó que “el proyecto nunca volvió a la comisión, desde el momento que tomamos contacto con el proyecto y elaboramos el despacho tuvimos una reunión con el área de Comunicación y de Gobierno Abierto, donde las funcionarias que vinieron a conversar no mostraban objeción a los artículos sino que les parecía que lo mejor era presentar otra ordenanza alternativa”.

“A partir de ahí las concejalas del bloque oficialista, que tienen mayoría, hicieron su propio despacho que es lo que llamamos el tratamiento exprés sin debate previo”, concluyó López.

Un decreto publicado en el Boletín Oficial estableció los alcances y requisitos para que las mujeres  puedan sumar de uno a tres años de servicios por cada hijo o hija.

“Se contabilizan años de aporte por tareas de cuidado para mujeres que tengan la edad requerida para jubilarse pero no tengan los aportes. Se les van a reconocer años en función de la cantidad de hijes que hayan tenido a lo largo de su vida”, explicó la economista y columnista de FM De la Calle, María Julia Eliosoff.

Agregó que “las mujeres tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral porque, dada la división sexual del trabajo, dedicamos mucho más tiempo de la vida a cuidar y a las tareas domésticas no remuneradas”.

Eliosoff señaló que esta medida “tiene que ver con lo que se conoce como la jubilación de amas de casa, que es el Plan de Inclusión Previsional, un programa del 2005 que se ha ido renovando hasta la actualidad”.

“En 2005 no fue una medida pensada en términos de igualdad de género, sino de inclusión, una moratoria, un plan de pagos, para las beneficiarias que dicen me voy a jubilar pero debo plata. No es un regalo, después se pagan los aportes que faltan. Era para cualquier persona que le falten años de aporte, en su momento más del 85% eran mujeres y de ahí fue que este plan toma el nombre de jubilaciones de amas de casa. Actualmente está más o menos en el 73%”.

El nuevo anuncio implica un reconocimiento al que accederán cerca de 155 mil mujeres y que también “reconoce los plazos de licencias por maternidad y excedencia de maternidad. Esos períodos no computaban como meses de aporte porque durante esos meses que se pide la licencia el empleador no es el que paga el salario sino ANSES, entonces esos meses no contribuimos a la futura jubilaciones”.

Si bien es una medida celebrable, la economista destacó algunas observaciones que todavía quedan pendientes:

“El sistema previsional arrastra todas las desigualdades del mercado laboral, es decir, todos los problemas que describimos vinculados al empleo y mujeres y personas LGBTIQ luego se replican en el sistema previsional”.

Agregó que, por ejemplo, “existen las brechas salariales que están alrededor del 30% para empleos formales y 45% en empleos informales. Como lo que se cobra por jubilaciones es una proporción de los aportes, si en general ganamos menos, obviamente en las jubilaciones percibimos un monto menor”.

“Otra de las grandes problemáticas es que las mujeres están más representadas en los empleos informales. Este tipo de medida solamente llega a personas que en algún momento de su trayectoria laboral hayan podido hacer algún aporte. Las personas que hayan trabajado de manera asalariada y no tuvieron aportes no pueden acceder”, enfatizó.

Eliosoff afirmó que la Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) es “un parche que apareció durante el macrismo. Es básicamente un ingreso equivalente al 80% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Son $19.526 y es un 7% más bajo que la línea de pobreza para una persona. Los adultos mayores tienen gastos específicos, en general, de altos valores como la medicación y ni hablar si tienen que pagar alquiler”.

“A la PUAM acceden personas de más de 65. En las mujeres tienen que pasar 5 años más que la edad jubilatoria, es una edad puesta arbitrariamente no hay fundamentación y comparada con la canasta básica total o para un hogar de 3 habitantes, que es de 51 mil pesos, la PUAM no llega a ser el 38% de ese valor”.

En conclusión: “Para empezar a pensar en la seguridad social para adultos mayores que garantice la cobertura para todos y todas y no tener miedo a llegar a viejes, esta nueva medida es un gran avance pero sigue llegando a ‘privilegiades’ que son las personas que en algún momento de su vida han podido tener un empleo registrado”.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal confirmó la condena al secretario general de la UTA, Ricardo Pera, por las lesiones leves y amenazas proferidas a Sergio Massarella y Gustavo Mandará.  Los hechos ocurrieron en 2015, durante un cuarto intermedio de la Asamblea de Mayores Contribuyentes del Concejo Deliberante.

El fallo rechaza las quejas de la defensa, a cargo de Sebastián Martínez, las cuales apuntaron a la prescripción de la causa, el estado de salud del imputado y la valoración de los testimonios.

La resolución de la Sala II -compuesta por Guillermo Emir Rodríguez, Alfredo Hernán Mones Ruiz y Guillermo Federico Petersen- confirma la pena a un año y diez meses de prisión dictada por el juez en lo Correccional Nº 1, Gabriel Giuliani.

En mayo, el fiscal Juan Pablo Schmidt solicitó la elevación a juicio oral de otra causa que tiene al ex concejal del Frente Renovador como protagonista, en ese caso imputado por amenazar y provocar lesiones leves a su ex pareja. La defensa se opuso y ahora debe definir la jueza de Garantías Claudia Olivera.

En cuanto a la prescripción de los delitos ocurridos en el HCD, el fallo remite a la ley 25.188, la cual establece que “también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubieren participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”. En el caso de Pera, destitución y reposición en el cargo de por medio, terminó su mandato el día 10 de diciembre de 2017.

Respecto a la supuesta inimputabilidad del ex concejal al momento del juicio, la Cámara afirma que “la incomparecencia del procesado a la Asesoría Pericial denota una falta de colaboración para que se pueda llevar a cabo la pericia, y al no existir otras constancias probatorias que constaten la mentada incapacidad procesal, debe inferirse a ese momento la capacidad procesal de Pera para asistir e intervenir activamente en el debate”.

El tribunal destacó la fundamentación de la sentencia de Giuliani respecto al análisis de las pericias médicas y las declaraciones de las víctimas y de Pablo Rosenfelt, José Antonio Vidal y María Florencia De Caso Dupont. “No se puede poner en tela de juicio la credibilidad de tales testimonios por las circunstancias de compartir un mismo espacio político, aun dando por cierto que tengan una relación cercana a la amistad y/o dependencia”, aseguró Mones Ruiz.

En referencia a las amenazas recibidas por Massarella, el juez manifestó que “resulta grave objetivamente, ya que en el contexto histórico en que se produjo tuvo la entidad necesaria para atemorizar a la víctima; máxime si tenemos presente la conducta de Pera -que sin discusión previa, en forma intempestiva, profiere el giro lingüístico amenazante: ‘a vos te voy a matar, sos un hijo de puta, cagón'”.

“Le pregunté qué pasaba, quedamos más próximos. Me pegó un cabezazo en el ojo izquierdo y cuando me doy vuelta veo a Mandará y cuando me acerco veo que le estaba pateando. A Pera lo saca Morini. (…) A mí me intimidaron, sentí miedo por la forma, la virulencia con que me dijeron las cosas. Fue el primer día que sentí miedo ya que estaba ante una persona que era capaz de hacer cualquier cosa. Yo soy una persona tranquila, sí con debates o diferencias políticas. La situación alteró mi vida, tuve y tengo miedo, porque vi una persona capaz de cualquier cosa. Pedí que mis hijos tuvieran presencia policial en su casa. ‘Qué casualidad que a meses de ocurrido este hecho me prenden fuego una casa que tenía en Monte Hermoso'”, declaró Massarella en el juicio.

Por último, los camaristas reafirmaron los agravantes por la condición de funcionario público de Pera y por haber cometido los delitos en el Concejo Deliberante. El dirigente de la UTA no solo vulneró “la integridad física de las personas y la libertad”, también lesionó “la confianza pública, lo cual de alguna manera evidencia el efecto nocivo que provocan en la sociedad tales circunstancias, en relación a la legitimidad de las instituciones públicas, lo que implica, en el caso, un mayor grado de culpabilidad”.

Días atrás se reglamentó la Ley de Talles sancionada en 2019. Prevé la creación y aplicación en todo el país de un Sistema Único Normalizado de Talles de Indumentaria que hace a la fabricación, confección, importación y comercialización, tanto presencial como digital, de indumentaria.

Anybody es una organización que desde el 2011 trabaja por “activar la conciencia sobre la problemática en torno a la cultura visual y el daño en la propia percepción del cuerpo”. Una de sus integrantes, Lucía Ramos, licenciada en nutrición con una mirada no peso centrista, dialogó con FM De la Calle acerca de los alcances de la ley.

Explicó que la normativa contempla tres puntos fundamentales. El primero es “la elaboración de una tabla de talles, se va a confeccionar a partir de un estudio antropométrico, donde se escanean los cuerpos de personas a lo largo de todo el país y, a partir de allí, se elabora la tabla de talles”.

En segundo lugar, “esta ley contempla algo interesante que es la realización de campañas, información y sensibilización para concientizar sobre la discriminación y estigmatización por cuestiones de talles”. Y, por último, establece “el trato digno y equitativo en los comercios de indumentaria”.

Sin embargo, la norma no obliga a que empresas y marcas tengan todos los talles. “Consideramos que es un paso más y todavía queda mucho trabajo. Esto de alguna manera lo que hacer es unificar talles y va a permitir que en cualquier local y marca los talles tengan un mismo tamaño, ahora un S o M son del mismo tamaño o incluso existe el talle único”.

Ramos enfatizó que “es importante destacar que la segunda causa de discriminación en el país es el aspecto físico, según un estudio del INADI de 2020. No encontrar ropa vulnera un derecho básico de las personas. Es una ventana que abre una problemática que es muchísimo más amplia”.

En 2020 Anybody encuestó, como cada año desde 2013, a más ocho mil personas para conocer las problemáticas en relación a los talles. Entre los resultados se destaca que “el sentimiento más recurrente entre las personas con dificultades para encontrar talles es la tristeza porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada (44,7%).  El 46,9% responde que el no encontrar talles les lleva a cuestionar su cuerpo“.

“Casi el 75% de las personas encuestadas planeta que tiene problemas para encontrar ropa, encontrar talles. Esto tiene muchas repercusiones de la autopercepción de la persona”, argumentó la nutricionista.

En relación a lo relevado, la imposibilidad de encontrar ropa y calzado acorde con el cuerpo coincide con talles de cuerpos no hegemónicos. “Más del 80% de las personas encuestadas manifiestan que hubieran querido comprar el talle único, esto pasa con mayor frecuencia en indumentaria femenina, es el extremo de esta problemática. ¿Qué representa ese talle único? Un cuerpo hegemónico, que no es el cuerpo de las personas que nos rodean, que encontramos en el bondi, en la facultad o el supermercado”.

En relación a su visión y formación como profesional de la salud en un modelo no peso centrista afirmó que “hay un camino, cada vez se avanza más en materia de diversidad corporal, es lento, pero que de a poco hay más profesionales que están saliendo de este modelo que centra la salud de una persona en su peso”.

“Existen muchísimos determinantes y la apariencia física no es suficiente para determinar el estado de salud. Con solo ver a una persona no podemos determinar cuál es su salud. Detrás de esto hay discriminación y estigma, con solo ver a alguien no podemos saber cómo son su hábitos, cómo es su alimentación, qué tipo de movimiento realiza ni como es su salud”, explicó.

Finalmente, señaló que para la aplicación del SUNITI resta “terminar con el estudio antropométrico que ya comenzó, falta relevar un 40% de la muestra, elaborar la tabla de talles”.

El Senado transformó en ley el proyecto de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero. “Es una bisagra más dentro del proceso de emancipación del colectivo trans feminista en tanto años de lucha”, dijo a FM De la Calle, Saira Millaqueo, integrante de Ciudadanas Trans

La norma -aprobada por 55 votos a favor y 1 en contra, y 6 abstenciones- establece que “el Estado nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, debe ocupar en una proporción no inferior al 1% la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.

“El cupo viene a materializar el empoderamiento y para ejercer nuestra ciudadanía, con libertad de oportunidades. La ley de Identidad de Género, en lo personal, cambió el rumbo de mi vida. Para mayo que se sancionó la ley yo no tenía DNI y para enero del 2013 yo tenía documento y cambiaban mis objetivos, proyectos y podía reapropiarme de esa identidad que tenía negada”, afirmó Millaqueo.

Agregó que “estos sucesos marcan una bisagra porque en meses, a un año a más tardar, cambia ese entorno de vulnerabilidad, de clandestinidad, de completa ilegalidad que vivimos la comunidad travesti trans, cambia para bien, a una realidad que se materializa”.

La militante bahiense destacó que el promedio de vida de 35 años del colectivo tras explica la necesidad de una política pública focalizada. “Si en una sociedad donde el promedio de vida es de 70 años y no nos preocupa que haya una comunidad que se muere antes de los 40 es más que preocupante. Es urgente resguardar esos derechos vulnerados”.

Las condiciones de vida actuales son de “extrema pobreza y vulnerabilidad, violencia institucional, todavía se ve la falta de acceso a una salud integral. Más allá de la ley de Identidad de Género, en los hechos falta materializarla porque no lo interpreta la sociedad, sigue habiendo obstáculos por estos sectores conservadores que no logran captar el cambio de época, no interpretan las necesidades que atravesamos por meros prejuicios, discriminación y preconceptos que se tienen sobre nuestras existencias”.

Millaqueo señaló que la ley contempla el acompañamiento para que las personas que ingresen por el cupo trans “tengan la posibilidad de capacitación y terminalidad educativa”.

Por otro lado, se refirió al artículo 7, cuestionado por un sector de la oposición, el cual establece que no se deben tomar en cuenta los antecedente penales derivados de la ejecución de códigos contravencionales: “Hablamos de una población que hasta el 2012 iba encarcelada con 30, 60 y hasta 90 días de arresto por el hecho de salir vestida como deseaba”.

La flamante ley ordena la creación de “un registro y a partir de ahí evaluar los perfiles laborales, de los cv que llegan, de quiénes van a estar dispuestas para esos cargos. El cupo es selectivo porque hay que cumplir determinados requisitos, nuestro movimiento sabe que muchas van a quedar por fuera del cupo. Seguimos soñando con la reparación histórica, por condiciones que no están contempladas dentro del cupo, por un régimen de cobertura para quienes nunca tuvieron un aporte jubilatorio”.

En relación a las empresas privadas la normativa prevé incentivos fiscales para quienes contraten personal trans. “Los organismos van a tener que hacer un trabajo de sensibilización, tiene que ser profundo, porque es una fuerza productiva que ha sido inviabilizada y tiene que ser tenida en cuenta”, señaló Millaqueo.

La ley lleva el nombre de Lohana Berkins y Diana Sacayán porque “fueron, junto a otras como Pía Baudracco, las que tuvieron la visión política de mirar las raíces del problema de la expectativa de vida de la comunidad y el estar destinadas al trabajo sexual como único destino de vida”.

El Senado comenzó a debatir el proyecto de Cupo Laboral Travesti Trans que ya tiene media sanción en la Cámara Baja. Se aprobó en las comisiones de Banca de la Mujer y de Trabajo y Previsión Social y está listo para que la semana próxima se convierta en ley.

Dicha iniciativa establece que “el Estado deberá contratar al menos el uno por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.

Agrega un punto importante: “El requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo en los términos de la presente Ley”.

Panorama Local

En septiembre de 2019, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que reglamenta el cupo laboral en el sector público.

El proyecto establece que por lo menos el 1% del personal municipal y las sociedades de economía mixta con mayoría de capital accionario municipal (SAPEM Transporte y SAPEM Ambiental) debe estar ocupado por personas travestis, transexual y transgénero. También prevé la creación de una base de datos a través de un Registro Único de Aspirantes.

Luego de un año y nueve meses de sancionada la ordenanza, el 3 de junio el Municipio abrió la inscripción para dicho listado.

Ingresando aquí podés anotarte:https://www.bahia.gob.ar/cupotrans/

En caso de no contar con los dispositivos y/o medios para acceder a la web, acercarse al área de Políticas de Género (Av. Cerri 757) de 8 a 13 h.

Centros de Salud

Región Sanitaria I cuenta con cuatro centros de salud para la diversidad sexual, dos en Bahía Blanca y dos en Tres Arroyos. En Bahía se encuentran en el Hospital Penna y el Hospital Municipal.

Según la referenta regional del Programa de Salud Sexual y reproductiva del Ministerio de Salud provincia, Mariana Rubio, en el Municipal funciona todos los días, en el Penna atienden los lunes. Región Sanitaria provee regularmente las hormonas para realizar el tratamiento de transición.

Hospital Municipal- Estomba 968- 0291 459-8484

De lunes a viernes de 8 a 12. El turno se pide en ventanilla en Bravard 15. Se dan con una anticipación máxima de 30 días. Si se necesita un turno urgente, por una patología a tratar, será dado en el día. Las recetas de fármacos crónicos, sin turno, se piden a la mañana de 8 a 10 y se entregan hasta las 14. Se atienden a personas con domicilio en Bahía Blanca.

Hospital Penna- Av. Lainez 2401 -0291 459-3600

Atención con turno, de mañana, en estos momentos los lunes. Se debe sacar turno con el Dr. Mario Marzialetti previo a la consulta.

Los datos se encuentran en: http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/generoydiversidad/centros-de-salud/

Tratamiento hormonal

Según Fundación Huésped “las personas que quieren feminizar su cuerpo se administran hormonas femeninas (estradiol) y bloqueadores de las hormonas masculinas (espironolactona y acetato de ciproterona). Mientras que para las personas que desean masculinizar su cuerpo se utilizan hormonas masculinas (testosterona)”.

Sin embargo, en el ámbito local los obstáculos aparecen al momento del otorgamiento de los turnos para los chequeos médicos previos al tratamiento. Con la pandemia se han visto demorados por varios meses.

“En el momento de la transición estaba con el trabajo registrado. Mi endocrinóloga me dijo si podés no dejes el trabajo, porque estábamos en plena pandemia, estaba colapsado, acceder a las hormonas era imposible, los turnos estaban otorgándose de acá a 3 meses, eso afecta el cuerpo porque hay que seguir por varios meses, además de chequeos y análisis”, comentó a FM De la Calle Maxi Bialous.

Agregó que “se empieza con un gel, pasás a las inyecciones. Hoy en día tengo que esperar dos meses para que me den turno para que de ahí vaya al hospital y vean cuándo puedo pasar a buscar esa inyección. Esto termina afectándote emocionalmente, físicamente, eso es lo que hace que la vida de las personas trans sea tan corta”.

“Cuando empecé el tratamiento me hicieron llenar un formulario con pros y contras, diciendo que si te dejas de hormonar el cuerpo tiene síntomas adversos, pero si el Estado mismo no te deja acceder fácilmente a eso cómo me pueden garantizar mi salud”.

“Queremos poder caminar por nuestro barrio sin miedo a morir”

La precariedad a la que se ven sometidas las personas trans, sin posibilidades de acceder a un trabajo registrado, con obstáculos en el sistema de salud y con una sociedad que juzga y señala pese a tener una Ley de Identidad de Género próxima a cumplir los diez años de su sanción, reducen a 35 años la expectativa de vida de las comunidad travesti trans.

Tehuel, un chico trans de la localidad de Alejandro Korn, desapareció el 11 de marzo yendo a una entrevista laboral. Las dos personas que lo vieron por última vez permanecen detenidas y se niegan a declarar, mientras tanto los rastrillajes no arrojan resultados positivos.

En Salta, el cuerpo de Santiago Cancinos apareció cerca del río La Caldera  “de casualidad” mientras investigaban otro crimen. Su familia lo buscaba desde el 2017 cuando salió de su casa para ir al colegio y nunca volvió.

“El miedo que sentimos los chicos trans de ir a una entrevista precaria, que no nos vean como nos queremos sentir y tener miedo a ser juzgado por lo que fuimos en un pasado”, destacó Maxi.

Say Sacayán, hermane de Diana, activista por los derechos de la comunidad travesti resumió en una crónica: “queremos poder caminar por nuestro barrio sin miedo a morir”.

“De volver a nacer, yo elegiría ser travesti, amo ser travesti y al travestismo con todo su ingenio; que no tiene nada que ver con esa cosa burda que muestran los medios hegemónicos, que nos ridiculizan”. Lohana Berkins.

Foto: Paula Sequeira.

“Recién recibí la noticia que tanto esperé, una noticia que me llena el alma”, dijo a FM De la Calle, Rosalía Reyes, quien luego de 16 años de enfrentarse a los obstáculos judiciales, finalmente, fue absuelta por la Cámara de Casación Penal.

Se trata de un fallo de la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana.

Rosalía parió una madrugada de 2005 a su quinto hijo en su casa de Argerich después de largas jornadas de trabajo en el frigorífico La Gleba. Se desmayó en el baño y cuando volvió en sí la criatura había fallecido. En febrero del 2020, el Tribunal Criminal N°3 la condenó por homicidio calificado a ocho años de prisión.

“Después de tanto tiempo quedé en liberad, estoy esperando que me saquen la pulsera electrónica. Estoy muy agradecida con las mujeres de pañuelo verde, agradecida con la abogada (Fabiana) Vannini. Me siento muy emocionada porque tanto tiempo esperé esta noticia, estoy más que feliz. No tengo palabras de agradecimiento”, agregó.

Entre los fundamentos de absolución, el juez Maidana afirmó que “nos enfrentamos a una causa en donde las condiciones personales y familiares, sociales y económicas de la imputada la ubican en un contexto de vulnerabilidad que debió ser evaluado para interpretar y juzgar los hechos, brindando un tratamiento diferenciado que supone incorporar perspectivas específicas de género”.

El año pasado, gracias a la insistencia de la Campaña por la Absolución y el camino judicial iniciado por su abogada defensora, le otorgaron la prisión domiciliaria. En pandemia pudo realizar los trámites para volver a Zárate donde estaba su pareja y su hija más pequeña.

Condenada por no ser “buena madre”

Casación señaló al Tribunal Criminal Nº3 -compuesto por Daniela Castaño, Eugenio Casas y Alfredo D´Empaire- que en primera instancia condenó a Rosalía que debió “introducir la perspectiva de género, considerando el contexto de vulnerabilidad personal, social y económica que rodeaban a la imputada”.

Agregó que “la sentencia impugnada (…) contiene abundantes referencias a modelos estereotípicos del rol maternal, que marcan un estándar ideal y abstracto sobre cómo debe actuar una ‘buena madre’, desentendiéndose de la contundente información reunida en torno a la falta de posibilidades reales de actuar conforme al modelo”.

“La capacidad de Reyes de comprender la criminalidad del accionar acusado se vio notablemente disminuida por la escasez de recursos personales y el contexto de vulnerabilidad, lo que en definitiva debió haber fundado un veredicto absolutorio”, sostuvo el tribunal superior.

Su resolución enfatizó que durante las instancias judiciales previas no fue considerado que “Rosalía no tenía acceso al servicio de salud, que no tuvo ningún control médico durante el embarazo, que en el momento del parto se encontraba sola y sin la asistencia de un adulto, que la vivienda donde residían se encontraba alejada de un centro urbano y sin línea telefónica, ello además de la apremiante situación económica que no le permitía afrontar la pérdida de una jornada de trabajo y el temor fundado a perder su puesto en caso de conocerse su embarazo. La circunstancia de haber experimentado cuatro partos anteriores no determina un conocimiento de ‘cuestiones básicas’ acerca de cómo desenvolverse en un parto”.

Por último, agregó que “la descontextualización de la situación de Rosalía” y el rol estereotípico de “buena madre” asumido por el Tribunal Criminal “creó exigencias ideales no alcanzables por Rosalía” quien “se encontró envuelta en un círculo de carencia (económica, educativa, afectiva, familiar) del cual resultaba incapaz de salir para cumplir el rol exigido por la norma”.

Meses atrás FM De la Calle dialogó en vivo por Instagram con Rosalía.

«Esa anoche llegué muy cansada, no quise cenar, me acosté a dormir, me desperté a las dos o tres de la mañana con un dolor muy fuerte en el vientre y cuando fui al baño hice una fuerza mínima y salió mi bebé. Me desmayé, caí al piso, no recuerdo cuánto tiempo pasó. Cuando tomé conocimiento estaba todo lleno de sangre. Llamé a mi hija Vanesa, corté el cordón como pude, cuando lo alzo al bebé ya estaba sin vida, frío. Me acosté con el bebé dándole calor en el pecho y me dormí. No lo pude ayudar, lo tomé en una bolsa y llamamos a la policía. Ahí fue cuando empezó mi pesadilla», relató.

El frigorífico La Gleba fue fundado en 1997 con aportes de la UNS y su Fundación. Años más tarde, cerró por apuestas comerciales fallidas y un manejo de fondos poco transparente que se pretendió excusar por el supuesto aporte educativo de la iniciativa.

«Sigo firme y fuerte por todas las mujeres. Sigo firme porque no me siento sola, porque me siento acompañada de las mujeres feministas. A cualquier mujer que esté pasando por una situación así le digo que ya no se sienta sola porque hay mucha ayuda, no estamos solas», dijo en aquella conversación.

El fiscal a cargo de la Fiscalía General de Bahía Blanca, Horacio Azzolin, y la titular de la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, solicitaron que no se hiciera lugar al recurso de apelación interpuesto por el Partido “NOS” de la provincia de La Pampa contra la decisión del Juzgado Federal de Santa Rosa que había rechazado la demanda de inconstitucionalidad promovida por la organización política contra la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“El planteo sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley no puede ser analizado en abstracto, puesto que no se puede utilizar al Poder Judicial para reeditar una discusión que ya fue suficientemente efectuada y zanjada en el seno de los poderes democráticos”, afirmaron.

El y la representante del MPF argumentaron que la demanda no ha demostrado la existencia de un caso individual ni colectivo y que los demandantes no tienen legitimidad, al tiempo que ingresaron en el fondo del asunto, para lo cual analizaron la normativa nacional e internacional.

El planteo de inconstitucionalidad realizado el 1° de febrero por los representantes del partido NOS de La Pampa había sido rechazado en marzo por el juez federal Juan Jose Baric, en concordancia con lo solicitado por la titular de la Fiscalía Federal de Santa Rosa, Iara Jésica Silvestre.

La fiscala había remarcado la constitucionalidad de la IVE, haciendo un recorrido sobre distintos pronunciamientos del derecho internacional sobre el tema, y cuestionó la procedencia de la demanda, ya que no había un caso concreto que les cause un perjuicio tal que amerite la utilización del último recurso posible respecto de una ley.

Ante la apelación interpuesta por el presidente de la organización política, Azzolin y Labozzeta expresaron su coincidencia con lo dictaminado en primera instancia por Silvestre y ampliaron los fundamentos sobre el fondo del asunto.

La falta de caso y de legitimación para accionar

Ante los argumentos de la parte demandante de que la ley de IVE lesiona un derecho de incidencia colectiva, el y la representante del MPF sostuvieron que la cuestión no puede ser abordada en el marco de una causa colectiva, ya que “un bien colectivo es aquél que pertenece a toda la comunidad, por lo que es indivisible y no admite exclusión alguna; en el caso de la ley 27.610, no se encuentran en juego los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, ni ningún otro de incidencia colectiva”.

En ese sentido, Azzolin y Labozzeta expresaron que, al no verificarse la existencia de un caso en el que se compruebe una lesión concreta a un derecho individual o colectivo, “el planteo sobre la constitucionalidad y aplicabilidad de la ley no puede entonces ser analizado en abstracto, puesto que no se puede utilizar al Poder Judicial para reeditar una discusión que ya fue suficientemente efectuada y zanjada en el seno de los poderes democráticos”.

Es decir, que para que haya competencia del Poder judicial, se requiere que la demanda “se funde en la existencia de una afectación concreta de un derecho constitucional, haya derechos lesionados o una amenaza seria de daño”.

Por otra parte, remarcaron la falta de legitimidad de quienes realizan el reclamo, ya que se trata de un partido político que no solo no ha sido hasta el momento constituido, sino que además las personas que lo integran “carecen de representación partidaria en el Congreso de la Nación para impugnar genéricamente los términos de una ley que regula con detalle el derecho de las mujeres y personas gestantes a interrumpir voluntariamente su embarazo”.

Añadieron que “es desmesurado pretender que diez personas que no representan a los ciudadanos de su provincia para debatir una ley nacional puedan hacerlo ahora en los tribunales”.

Marco general de derechos en juego

Azzolín y Labozzetta se expresaron sobre el fondo del asunto, haciendo referencia a los distintos instrumentos del derecho internacional en los que se inscribe el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y al libre desarrollo de vida de las personas gestantes.

Al respecto sostuvieron que “de acuerdo con la Comisión (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el derecho a la vida consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) es compatible con normativas internas que despenalicen el aborto voluntario”.

Agregaron que estos órganos señalan que las elecciones y las decisiones en relación con la maternidad “forman parte esencial del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres” y, por consiguiente, que “la decisión de ser o no ser madre o padre pertenece a la esfera de las decisiones autónomas de los individuos respecto a su vida privada y familiar”.

El fiscal y la fiscala titular de la UFEM pusieron de relieve el caso “Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica”, en donde, si bien no se abordó un caso de aborto sino de fecundación in vitro (FIV), se discutió el derecho a la vida. Recordaron que la Corte IDH puntualizó que todo ser humano debe poder “auto-determinarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia”, por lo que “juega un papel fundamental el principio de la autonomía de la persona”.

En este sentido, remarcaron que la Corte IDH ha entendido que la salud sexual y reproductiva “se relaciona, por una parte, con la autonomía y la libertad reproductiva, en cuanto al derecho a tomar decisiones autónomas sobre su plan de vida, su cuerpo y su salud sexual y reproductiva, libre de toda violencia, coacción y discriminación. Por el otro lado, se refiere al acceso tanto a servicios de salud reproductiva como a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer su derecho a decidir de forma libre y responsable el número de hijos que desean tener y el intervalo de nacimientos”.

Azzolin y Labozzetta también citaron pronunciamientos de otros organismos internacionales:

  • Remarcaron lo sostenido por el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) respecto a la necesidad de “que se tomen medidas para impedir la coacción con respecto a la fecundidad y la reproducción, y para que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos, como abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad”.
  • Añadieron que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 6.1 tampoco refiere desde cuándo debe entenderse que comienza la vida y que el Comité de Derechos Humanos, organismo encargado de vigilar el cumplimiento de este tratado, ha analizado la cuestión del aborto como un tema de derechos de las mujeres en las observaciones generales N°28 y N°36 y en los casos “K.L. vs. Perú” y “L.M.R. vs. Argentina”.
  • Pusieron de relieve que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce en su artículo 12 el derecho a la salud integral y que “esta obligación internacional se hace efectiva con la atención sanitaria a través de los funcionarios públicos del Estado”. Citaron al respecto la Observación General N°22 y recordaron que en su 46° período de sesiones (2011), el Comité indicó como uno de los principales motivos de preocupación en el Estado Argentino que los abortos no medicalizados seguían siendo una de las principales causas de mortalidad materna. El organismo, señalaron, recomendó adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso al aborto legal, a fin de reducir el número de muertes maternas evitables, y que se garantice el acceso a instalaciones, suministros y servicios de salud para reducir los riesgos previos y posteriores al aborto.
  • Destacaron que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su Observación General Nº 3/2016, puso de manifiesto que suele negarse a este colectivo “el acceso a la información y la comunicación, incluida una educación sexual integral, sobre la base de estereotipos nocivos que suponen que son asexuales y, por tanto, no necesitan esa información en igualdad de condiciones con las demás”.

Por otro lado, la fiscalía recordó el fallo “F.A.L.” de la Corte Suprema, donde el máximo tribunal se expidió sobre la constitucionalidad y convencionalidad de los abortos despenalizados desde 1921 en el Código Penal e interpretó que la referencia del inciso 23 del artículo 75 de la Constitución Nacional a un marco normativo de protección social al niño desde el embarazo “integra un supuesto concreto del mandato del constituyente para que se establezcan, en general, políticas públicas promotoras de derechos humanos” y que “de dicha norma no se deriva ninguna clase de deber u obligación constitucional de prohibir los abortos no punibles”. La Corte, recordaron Azzolín y Labozzetta, citó al respecto al jurista Carlos Nino, quien afirmó que “de la dignidad de las personas, reconocida en varias normas convencionales, se desprende el principio que las consagra como un fin en sí mismas y proscribe que sean tratadas unilateralmente”.

Por eso, indicaron el fiscal y la fiscala, “puede afirmarse que la pretensión de exigirle a una persona que lleve adelante un embarazo forzado es violatorio de su dignidad como persona”.

En el final, el fiscal y la fiscala señalaron que, en el debate de la ley 27.610, el cuerpo legislativo tuvo en cuenta y sopesó el conflicto entre los derechos e intereses en juego, en procura de otorgarles un adecuado equilibrio, como consecuencia de lo cual se dictó la ley.

“Por tal razón, cuando se controla la constitucionalidad de la ley, los tribunales deben hacer un estricto juicio de ponderación y proporcionalidad entre el interés por la protección de la vida intrauterina, y los derechos a la autonomía sexual y reproductiva, a la igualdad y a la vida libre de violencias, a la vida y a la integridad psicofísica de la persona gestante, en las particulares circunstancias de cada caso”, dictaminaron.

En tal sentido, sostuvieron que esta ley como otras legislaciones “estipulan diversos niveles de protección, de acuerdo con la evolución de la vida intrauterina”, y señalaron que “los legisladores argentinos entendieron que el valor de la vida intrauterina antes de la semana 14 de gestión no justifica imponer a las personas gestantes la carga extraordinaria de seguir adelante con un embarazo no deseado”, pues “esa carga implica relegar el ejercicio de su vida privada, su autonomía sexual y reproductiva, así como sus derechos a la igualdad y a la vida libre de violencia”, e incluso puede “poner en riesgo el derecho a la vida de las mujeres porque la experiencia evidencia que la prohibición del aborto induce a las personas gestantes a recurrir a abortos no seguros”.

“Antes, ir al 3J tenía una liturgia, ya sabíamos que es una fecha fundamental en la agenda de los feminismos. Este año nos encuentra reflexionando y viendo qué podemos aportar ante esta situación. La pandemia trajo muchas consecuencias a la vida de mujeres y otras identidades. Consecuencias en el mal sentido: aumentar la miseria, la precariedad. No hay que irse lejos de la vida de una para ver que es algo que nos pasa a todas y todes”, dijo a FM De la Calle Griselda Cifuentes, socorrista e integrante del programa “Aguar la Fiesta”.

Desde el espacio radial, que se emite todos los martes a las 20 por la 87.9, proponen hacer “memoria feminista para saber que ese 2015, ese antes y después, tuvo muchos antecedentes. Proponemos un recorrido sonoro que apunta a entender que no son hechos aislados sino que están entramados entre ellos, algunas voces necesarias que elegimos identificar”.

Escuchá los programas:

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Fuente recursero: Colegio de Psicologxs Bahía Blanca.

Se cumple el sexto aniversario del femicidio de Katherine Moscoso en Monte Hermoso. Días atrás, el Ministerio Público Fiscal anunció el pase de la causa al Departamento Judicial de Azul, luego de que varios fiscales se excusaran de participar en la investigación. Aún no hay ningún imputado por el crimen de la joven.

“Son dos causas, la 1 y la 2. La 1 es la que está desde hace 6 años, la que no tiene movimiento desde hace un año y medio, el último fue la recusación de (Jorge) Viego que no se llegó a formalizar por el Covid. Me denuncia a mí y se va de la causa”, dijo a FM De la Calle el abogado de la familia Moscoso, Leandro Aparicio.

“En esa causa, la última medida de prueba que hay, después que lo pedimos hace 4 años, le hicieron un oficio a Facebook y Facebook no dice el contenido del mensaje sino las últimas 3 personas con las que chateó: con su tía, con su mejor amiga y con un patovica del boliche de Dichiara, no con el del boliche al que ella fue a bailar si no con otro”.

Aparicio comentó que desde la justicia “no hicieron nada, ni fiscales ni el procurador. La causa con toda la información está hoy en Tandil, que depende la Fiscalía de Azul, llamamos a la Fiscalía y nos dijeron que están viéndola”.

Por otro lado, mencionó que “la causa 2 en la cual denunciamos el encubrimiento, le agregamos la foto del patovica, le agregamos la foto del comisario Maldonado y Zamora apretando a los bomberos para que borren la foto de un lugar a una cuadra donde fue plantado el cuerpo. Zamora está apartado por el abuso de 3 mujeres, Maldonado está jubilado”.

El fiscal de Azul llamó a declarar a algunos testigos. “Está citando a las personas con policía de la provincia cuando está denunciada. Nos oponemos a que vayan 300 kilómetros por sus propios medios. Llegó la pandemia y se paró. Empezamos a pedir explicaciones, nos dijeron que la causa se había pedido desde Bahía. Ahora están citando de nuevo a los mismos testigos”.

Agregó que en “esa causa no estamos constituidos como particular damnificado, nos presentamos en Azul y la jueza dijo esto tiene que ir a Bahía y en Bahía se excusaron los 5 camaristas penales. No le aceptaron la excusación (Gustavo) Barbieri y (Guillermo) Soumoulou y volvió a la sala de ellos para que nos digan que somos particular damnificado y ahí podríamos presentarnos en la causa 2”.

El abogado explicó que el plan es concurrir con el tío de Katherine, Ezequiel Moscoso, “sentarnos con los fiscales de Azul para preguntarles por dónde va la investigación. Estamos insistiendo que la Comisión Provincial de la Memoria nos acompañe a plantear reclamos internacionales. Después de 6 años con una complicidad advertible en el expediente, le mandamos mail a todas las comisiones de mujeres, género, diversidad, discapacidad, nadie nos contestó, el Estado está interpelado y estamos en condiciones de decir que acá en Argentina en este caso se han violado todos los derechos”.

“Lo más importante que tenemos es con quien se comunica Kathy a las 5:30 de la mañana y es un patovica. No lo llamaron a declarar, me denunciaron a mí. Eso lo va a tener que explicar el dr. Viego, por qué no realizó medidas de prueba sobre esa persona luego de que se la pedimos expresamente”.

Por otro lado, cuentan con “el testimonio de 3 policías, que fueron a investigar y dicen que Cordi les dijo “vos no te movés de acá y si algún comisario te llama me avisas primero”. Otro que dice que Pérez, el comisario que permitió que mataran a Canini, le dijo “vos pelado te movés del patio y te meto 8 días de suspensión”, ese inspector dice que a otros policías les avisaron: ‘ese es tu coche, sacálo porque se va a pudrir todo'”, en referencia a los incendios ocurridos una vez conocida la aparición del cuerpo de la joven.

“A Canini lo linchan porque la policía no lo protegió, este Pérez le dice a la gente, según declararon 4 personas, “ahí lo tenés, agárralo que se te escapa”. Hay 3 policías que dicen ‘a mí me apretaron para que no investigue’. Eso se lo dicen al fiscal Long y se lo comunican al fiscal Fernández. Siguen avanzando e imputan a Daiana, una amiga de Kathy, una chica discapacitada. Eso no resiste ningún análisis”.

También señaló que a “los inspectores del centro del monitoreo, que podrían haber visto lo que pasaba por las cámaras, los amenazaron personalmente en un Bora a las 8 de la noche, antes de los incendios y del linchamiento, y después los llaman a través de un handy y los amenazan”.

Po último, enfatizó que “tenemos también las contradicciones de los patovicas y del dueño del boliche Arenas, Martín Fernández. También está el papel de los policías, que siguieron órdenes, bajó Aníbal Fernández, vino el ministro Casal. Este encubrimiento fue posible por el poder político que tiene Dichiara. No me cabe duda que fue una inteligencia de ese quilombo que sirvió para tapar el crimen de Katherine Moscoso”.

María Julia Eliosoff explicó en la columna de Economía de FM De la Calle que los indicadores del mercado laboral en contexto de pandemia que reflejan la situación de las mujeres no son alentadores: “En términos absolutos hay más mujeres desempleadas y en inactividad”.

“Hubo una segregación horizontal, ya que están sobre representadas en determinadas actividades económicas como las administrativas, las turísticas y las gastronómicas, muchas de las cuales se cerraron”, afirmó.

Por otra parte, “en otros sectores vinculados a la salud y la educación, se precarizó aún más la situación laboral”. Se trata de contextos donde los insumos hospitalarios escasean y la conectividad es casi nula.

El fiscal Juan Pablo Schmidt solicitó la elevación a juicio oral de la causa que tiene al secretario general de la UTA, Ricardo Pera, imputado por amenazar y provocar lesiones leves a su ex pareja.

Lo confirmó a FM De la Calle Fernanda Petersen, abogada de la denunciante, Laura Trespando. Luego de frustrar en varias ocasiones las audiencias indagatorias, finalmente el ex concejal prefirió mantenerse en silencio.

Destacó que “tenemos que empezar a validar los dichos de la víctima porque no todas cuentan con la cantidad de pruebas” que existen en esta causa.

En el expediente en cuestión, “el fiscal contextualiza con los hechos que se denuncian y considera que están dadas las condiciones para elevarlo a juicio. El defensor de Pera se opone y estamos esperando la resolución jueza de Garantías, Claudia Olivera”, dijo la letrada.

Los hechos que se le imputan a Pera son lesiones agravadas por el vínculo y en el marco de violencia de género y amenazas coactivas. “Para acreditar esto hay informes médicos, hay fotos, un informe psicológico que da cuenta el impacto que tuvo en la víctima. Por las amenazas, más allá de testimonios, la víctima presentó su celular y los peritos concluyeron que no se había modificado nada y que surgían los textos tal cuales los había relatado al momento de hacer la denuncia”.

“Eso es fundamental para poder acreditar que la situación de lesiones y amenazas se dieron y en este marco de una relación previa, por eso se da el tratamiento dentro del marco de violencia de género”.

“La pena es mayor a 3 años, lo que buscamos es que sea condenado para validar los dichos de la víctima y demostrar que, más allá de su cargo (secretario general de la UTA), es posible llevar a cabo una causa de estas características y que la justicia le de una respuesta”, afirmó Petersen.

Agregó que “la fiscalía ha agotado todas las medidas de prueba, no solamente desde el denunciado y la víctima, sino que también los testimonios del imputado han sido escuchados. Esto acredita que los hechos que se relatan sucedieron con esta modalidad”.

La abogada resaltó que el relato de la víctima y de testigos dan cuenta de “esta situación poder real que era ejercida por esta persona sobre cualquiera que tomara posicionamiento. La víctima deja claro el padecimiento y el miedo real y no solamente lo que le pueda pasar a ella sino a su entorno familiar y cercano que es quien la sostienen en esta denuncia”.

Pera fue condenado a un año y diez meses de prisión por la agresión a dos concejales durante una sesión del deliberativo local. “Esta persona ha tenido actitudes de violencia en situaciones públicas donde no solo había gente sino medios. Si esto lo trasladamos a una situación de asimetría en una relación de pareja, laboral, donde él ejerce el poder por sus contactos políticos y su representación gremial, queda acreditado que los dichos de la víctima son reales. Creo que en muchas causas tenemos que empezar a validar los dichos de la víctima porque no todas cuentan con la cantidad de pruebas que en esta situación tenían”.

Trespando y su hija trabajaban en Bahía Transporte Sapem de donde fueron despedidas «sin causa» tras la separación de la pareja. El entonces presidente de la empresa, Tomás Marisco, el gerente Federico Harfield y el propio intendente Héctor Gay estaban al tanto de la situación y, sin embargo, acataron las órdenes de Pera.

“Al momento que se realiza la denuncia se divide la investigación en delito de lesiones y amenaza coactiva y la situación específica en el ámbito laboral. Las personas que prestaron declaración en esta causa son allegadas, en la otra causa no hemos llegado a la instancia probatoria, pero la realidad es que más allá de lo que suceda a futuro (Trespando) no ha tenido el acompañamiento de las instituciones como SAPEM o el mismo Municipio. La víctima tomó todos los recaudos para que los estamentos públicos estuvieran al tanto de esta situación”.

“En este caso juegan otras cosas que tienen que ver con el poder que detenta esta persona, su cargo gremial, la influencia que tienen en los estamentos públicos”, dijo en referencia al titular de la Unión Tranviarios Automotor.

Señaló que “si ella no hubiera tenido el acompañamiento de su familia, de militantes, otra hubiera sido la situación. Las redes que se han tejido en esta causa y el acompañamiento de organizaciones hacen que ella este posicionada en otro lugar, pero ante cualquier movimiento en la causa se reaviven esta situación”.

En una nueva entrega de Asuntos Latinoamericanos, la historiadora Julia Giménez entrevistó a Pilar Troya Fernández, subsecretaria de Educación de Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa.

Dialogaron acerca de la modificación de algunos artículos de la ley que penaliza el aborto. A partir de esta reforma se legalizó la interrupción del embarazo por causales de violación o estupro.

“Lo que ha pasado a partir del ‘Vivas Nos Queremos’ contra la violencia a partir del 2016 es que han surgido un montón de colectivos feministas más jóvenes, un relevo generacional. Había menos organizaciones antes y la agenda era menos radical”, dijo Troya Fernández a FM De la Calle.

Explicó que “el aborto estaba penalizado por distintas causales, excepto riesgo de vida de la madre, y decía ‘violación o estupro de mujer idiota o demente’. Eso era el Código Penal del año 1934. Hubo una disputa interna dentro del partido, cuando estaba Correa, porque él estaba abiertamente en contra y el Código Penal quedó idéntico pero con una redacción que decía ‘mujeres con discapacidad'”.

“Hubo una serie de colectivos que presentaron una demanda de inconstitucionalidad respecto a esos artículos. La Corte reconoció que eran inconstitucionales y que no tiene sentido hacer discriminación entre mujer con o sin discapacidad respecto a lo que es una violación y atendiendo a los principios de derechos humanos y de la posibilidad de no revictimizar”, comentó Fernández.

Por último, señaló que “lo que pasó no es una legalización, la Corte dijo que son artículos inconstitucionales y que la Asamblea tiene 6 meses para redactar una nueva ley”.

La economista María Julia Eliosoff analizó la situación de las mujeres trabajadoras domésticas en Argentina: “Hay un 77% de informalidad y los ingresos son los más bajos”. Según el informe técnico “La COVID-19 y el trabajo doméstico en Argentina”, publicado por Elva López Mourelo en la página web de la OIT, esta fuerza de trabajo representa el 5,6% del empleo, el 17,4 % de las mujeres ocupadas y el 22% de las mujeres asalariadas: el 99,3%  de quienes desarrollan esta actividad son mujeres.

Eliosoff explicó en su columna de economía de FM De la Calle que “en el régimen especial de contrato de trabajadoras de casas particulares, se observa que hasta 2013 no existía ninguna normativa que reconociera sus derechos, no eran consideradas por la ley de contrato de trabajo: no había licencias por enfermedad y ni por embarazo. Ese año es un hito importante, empieza a estar regulado el salario por hora y por mes”.

“El 70% de las mujeres trabajadores de hogares particulares son jefas de hogares monomarentales, el ingreso mensual más bajo por 8 horas es de $22.765 y el más alto de $27.928. El último dato del mes de marzo sobre la canasta básica informa que para una vivienda con 3 personas se necesita de $48.460 para no ser un hogar pobre”.

Durante la pandemia “hubo pérdida de empleo a pesar de la doble indemnización y las mujeres que siguieron trabajando tuvieron grandes dificultades para cobrar, ya que lo hacen en efectivo. Otras trabajan en condiciones de salud y seguridad deficientes: algunas fueron obligadas a quedarse en las casas de sus empleadores para no tener contacto en el transporte público por riesgo al contagio”.

Por otro lado, la integrante del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica comentó que en el informe de la OIT “intentan mostrar que el sector de trabajadoras domésticas está fuertemente en la informalidad: los márgenes de acción y negociación con sus empleadores suelen ser muy acotados, en general negocian de manera individual”.

En este sentido, Eliosoff agregó que “se generan vínculos afectivos entre las trabajadoras domésticas con niñes y adultes mayores, eso refuerza ciertas prácticas discrecionales. Por ejemplo, el empleador se atrasa en el regreso al hogar, entonces la trabajadora se tiene que quedar más tiempo en la jornada de trabajo: ‘No me vas a dejar el pibe sólo’. La trabajadora suele acceder y esto no es reconocido monetariamente como horas extras”.

“Es muy común el trabajo a tiempo parcial, un par de horas a la semana. Por este motivo, hay varias campañas promovidas por el Ministerio de Mujeres, la AFIP, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares y el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, que intentan visibilizar la necesidad de registración del trabajo doméstico”.

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia rechazó el recurso de Casación interpuesto por la defensa de Diego Hernán Rogero y confirmó la condena a prisión perpetua por el femicidio de Aída Rosa Caballín.

El 12 de febrero del año pasado el Tribunal Criminal Nº2 determinó que Rogero fue el autor responsable del delito de homicidio calificado por haber sido cometido contra una mujer mediando violencia de género.

El fiscal Jorge Viego determinó que el 16 de julio de 2018, alrededor de las 22:39, la mujer subió por su propia voluntad a un Mercedez Benz Sprinter y Rogero la mató intencionalmente por asfixia mecánica, utilizando para ello una soga en el cuello.

Luego, el hombre se descartó del cuerpo de la mujer en la vía pública, en inmediaciones de calle Ayacucho a la altura del 7500. «Todo eso sucedido en un contexto de violencia de género basado en una relación de desigualdad de poder entre un hombre y una mujer», sostuvo el funcionario.

La instrucción logró determinar que cerca del cuerpo había huellas de un rodado con características particulares y establecer que ese vehículo seguía su marcha y realizó una vuelta en “U” para retirarse del lugar, sin encontrarse huellas de pisadas en el sector.

Se precisó que la víctima era explotada sexualmente en inmediaciones de Blandengues y Almafuerte. De esa manera se realizó un rastreo mediante las cámaras de seguridad que registraron un vehículo utilitario que coincidía con las huellas recogidas en el lugar donde se encontró el cuerpo.