“No creo que el derecho penal esté para penar pensamientos”
El sociólogo Daniel Feierstein dijo a FM De la Calle que al negacionismo y a la lógica de los dos demonios “se la enfrenta políticamente y con acciones sociales”. Fue durante su visita a Bahía Blanca para brindar un seminario en el Departamento de Humanidades en la UNS.
El investigador, que publicará próximamente el libro “Los dos demonios, recargados”, participó además de una entrevista pública coordinada por Fabiana Tolcachier y Jessica Visotsky integrantes de la Cátedra Libre de Derechos Humanos.
¿Cómo sintetizarías la idea de los dos demonios recargados?
El objetivo es tratar de analizar cómo reaparecen las lógicas de los dos demonios pero con otros sentidos, con otros objetivos, con otras intencionalidades que en algún punto son más graves de lo que fue el surgimiento en los años ‘80 de la teoría de los dos demonios. Entonces, un poco de ahí el concepto de “recargado” que es tratar de mostrar como la novedad de este momento y la peligrosidad, la disputa que se está dando en las representaciones en el intento de aprovechar este sistema de equiparación de las violencias, básicamente para demonizar cualquier posibilidad de resistencia con un orden injusto.
¿A través de qué acciones por ejemplo?
El objetivo de los dos demonios comparaba dos violencias en los setenta absolutamente distintas, la violencia genocida y la violencia insurgente pero con el objetivo de legitimar el juzgamiento de las violencias genocidas. Entonces, más allá de los problemas que podía tener, el objetivo de esta equiparación tenía que ver con mostrar la importancia y la gravedad de la violencia genocida.
Mientras que la aparición ahora de esos sistemas de equiparación por un lado tiene el objetivo de intentar volver a perseguir a los sobrevivientes de las experiencias de las insurgencias o de confrontación social en la Argentina, quienes para el caso han sufrido desapariciones, asesinatos, exilio e infinidad de persecuciones, además de la persecución legal. Pero, por otro lado, y esto es más grave en esta necesidad de demonizar, se buscan demonizar también los modos actuales de intentar enfrentarse a eso que no tiene nada que ver con los modos de los setenta y que, sin embargo, son demonizados en el mismo sistema. Acá podemos ver desde la represión del pueblo mapuche en el sur, hasta la represión a la manifestación social a fin del año pasado.
Imaginamos que en este contexto la presencia de la política de seguridad y el apoyo del gobierno nacional independientemente de la perspectiva del poder judicial en algunos temas, tiene un peso…
Exactamente. Lo llamo “recargado” porque esa política de seguridad que está encarnada en Patricia Bullrich es una novedad desde el año ‘83 para acá. Si bien los años ‘80 fueron el momento de mayor hegemonía de la teoría de los dos demonios, en ningún momento esto llevó al desbocamiento de las fuerzas de seguridad ni a esta idea de Bulrich y de Michetti del beneficio de que ante cualquier caso el beneficio de la duda debe ser a favor de las fuerzas de seguridad, de las fuerzas armadas. En este sentido le veo mucha más gravedad que a la versión original, porque están intentando avanzar sobre un consenso de la democracia Argentina a partir del fin de la dictadura que era la contención del ejercicio de la fuerza represiva. En este sentido la idea es poder pensar cómo la discusión de los setenta no es sólo eso.
Vos has resaltado el problema de la pérdida de pluralidad en los organismos de derechos humanos que se ha registrado durante los últimos años, ya con dos años del gobierno del macrismo, ¿cómo evaluás la responsabilidad de los sectores afines al kirchnerismo y, también, cómo han actuado los sectores más críticos en relación a cómo se ha montado el macrismo sobre cierto desprestigio a partir de algunos episodios de corrupción?
Yo creo que uno de los tickets fundamentales para impedir el aumento de la represión ha sido la legitimidad de los organismos de derechos humanos y eso es lo que está puesto en cuestión. En esa “puesta en cuestión”, que por supuesto es una ofensiva de los sectores más conservadores y del propio macrismo, hay mucho de lo que yo llamo “los errores no forzados”, que son los errores que cometió el propio campo popular y los organismos de derechos humanos y que facilitaron esta deslegitimación.
Fueron ambos sectores y esta es la miopía, tanto de los sectores que terminaron acercándose al gobierno kirchnerista como de los sectores que fueron incapaces de ver una conquista de ese gobierno, lo cual generó un quiebre, una simplificación donde se tenía, por un lado, un sector que planteaba que no había ninguna violación de derechos humanos por parte del gobierno, lo cual es inaceptable porque el gobierno siempre viola los derechos humanos y los organismos están para señalarlo. Pero había otro sector que no era capaz de distinguir la diferencia entre un proceso de juzgamiento con más de mil condenados y la impunidad que precedió a ese período.
Entonces, me parece que en este quiebre, en esta pérdida del pluralismo, no poder zanjar internamente las contradicciones ante un gobierno efectivamente contradictorio y complejo, juega un papel muy importante en la deslegitimación y en la homologación de los organismos como parte de un discurso antikirchnerista a partir de la “lógica del curro”, de la identificación partidaria.
No creo que esté todo perdido pero se vuelve un desafío a dos años de gobierno de macrista, cuando todavía seguimos teniendo dos marchas ante cada proceso de denuncia, lo que parece bizarro en estas condiciones.
En ese sentido ¿en Buenos Aires lograron por lo menos un acto unificado el pasado 24 de marzo?
No. Este otro tema fue una movida mediática que planteó que se había logrado cuando todavía no era así y eso fue uno de los elementos que lo impidió. Estuvimos muy cerca, lo cual es muy importante: hubo actos únicos en lo que fueron las manifestaciones de reclamo por Santiago Maldonado, por ejemplo. Pero no, finalmente el 24 de marzo volvió a haber dos actos pese que habíamos estado muy cerca de lograrlo.
Es difícil pensar poder atravesar unos cuantos años de descalificaciones mutuas, de chicanas totalmente innecesarias que han dejado muchas heridas y, por otro lado, ver cierta miopía actual como para no poder tomar decisiones por encima de estas cuestiones personales. Se logró avanzar un poco y a veces surgen estas vehemencias que por lo general es lo absurdo, porque no tiene nada que ver con una calificación del momento actual. Verdaderamente no hay diferencias significativas de las necesidades de este momento sino que tiene más que ver en analizar cómo zanjar cuestiones del pasado que están obturando la posibilidad de acciones conjuntas. Yo soy optimista en el sentido de que más temprano que tarde se supone que esto tendría que recomponerse.
Otro de los puntos en los que haces hincapié en el libro es la defensa del concepto de genocidio. ¿Por qué tenemos que ir más hacia el genocidio y no utilizar figuras como crímenes contra la humanidad o terrorismo de Estado para retratar lo que sucedió en nuestro país?
Hay muchos motivos. Te voy a mencionar los dos o tres que considero más importantes y que van quedando muy claros en este momento.
El primero es que es el único concepto que permite quebrar la dualidad, algo tan fuerte de las lógicas de los dos demonios recargados. Los otros conceptos nos introducen en discusiones que siempre nos llevan a la dualidad. El concepto de genocidio es el que plantea que ninguna acción que podamos dar sobre la legitimidad o no de las acciones insurgentes, no tiene ningún punto de comparación con lo que implica la organización de un genocidio.
El segundo elemento es a quiénes afectaron los hechos, me parece que la potencia del concepto de genocidio tiene que ver con entender que hubo un intento de destrucción el grupo nacional argentino y esto implica que toda la población sufrió los efectos del terror, algo que no queda para nada contemplado en conceptos como terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, donde se los ve de un modo más individual y directo, donde pareciera que las víctimas fueron los que sufrieron en sus cuerpos la represión estatal y me parece que es fundamental entender que un genocidio deja marcas en toda la sociedad, no solamente en aquellos sujetos que afectó directamente o en sus familiares.
El tercer elemento es la solidez jurídica del concepto, que existe en nuestro país desde 1956 y que, por lo tanto, da muchas más herramientas para la claridad, solidez de su aplicación jurídica y sobre todo la distinción con cualquier otro tipo de práctica.
Estos son algunos de los elementos entre muchos otros que le dan una diferencia fundamental, no tanto el hecho que se cree que sería más grave que otros delitos, eso no tiene ningún sentido, pero sí cómo construimos la memoria de lo que ocurrió.
Hablando de lo jurídico, ¿cómo ves esta etapa de los juicios?
En un sentido creo que muestra las cuestiones que hemos conquistado, los juicios continúan, han habido sentencias muy importantes en estos dos años: la de Mendoza, la de la ESMA 3. Más allá de que hay como cierta autorización a los jueces más renuentes a cajonear causas o a otorgar mayor número de prisiones domiciliaras o a intentar revertir las presiones preventivas.
También hay como pequeños indicios contra los sobrevivientes de la experiencia genocida por las acciones desarrolladas por la insurgencia. Me parece que ahí sí hay un peligro cierto, mucho más que la impunidad que es esta igualación entre lo que no tiene punto de comparación. Por eso digo que esta revictimización de los sobrevivientes -que exactamente son eso: sobrevivientes- y más allá de la valoración de si las acciones que desarrollaron primero han prescripto en relación al paso del tiempo, lo segundo es que han sido juzgadas legal e ilegalmente numerosas veces. Fueron desaparecidos, asesinados, torturados, exiliados y juzgados en los años ‘80.
Ese discurso de “memoria completa” o de reinstalación del proceso de juzgamiento es extremadamente falso, mentiroso y peligroso, porque creo que tiene más posibilidades de construir consenso que la posibilidad de la impunidad, que me parece que ha quedado claro con la marcha de mayo del año pasado que hay un fuerte rechazo social a la posibilidad de la impunidad. La causa Larrabure me parece que es la puerta de entrada a esta mirada equiparadora, creo que en este sentido es muy importante la disputa social, política y jurídica que se está dando alrededor de esa causa para no permitir ese proceso de igualación.
¿Qué te pareció la decisión de la Fundación del Libro de levantar la proyección en la Feria de la película “Será Venganza” que reivindica a represores de nuestro país?
Me pareció excelente y creo que es el camino porque ante esta ofensiva de miradas que buscan distorsionar las construcciones del pueblo argentino uno puede pensar que la salida tendría que ver, como propuso un proyecto de Nilda Garré, con impedir y negar penalmente la expresión de estos consensos. Yo creo que es un enorme error.
Creo que a estas lógicas de los dos demonios recargados y al negacionismo se las enfrenta políticamente y con acciones sociales. No creo que el derecho penal esté para penar pensamientos, creo que lo que sí corresponde es llevar a cabo acciones sociales y no otorgarles espacio, por lo tanto hay una enorme responsabilidad incluso de los periodistas de impedir y cerrar el espacio a la manifestación de estas expresiones pero por una decisión política y no por una decisión penal que no implica consenso social.
Entonces, me parece que en este sentido ilumina el camino, como ocurrió en la Feria del Libro, que sea la propia sociedad la que diga que no está dispuesta a tolerar y brindar espacios a estos modos de agresión de la memoria social.
Fotos: Cristian Gonzalez y FCPyS UNCUYO
