/15 octubre, 2021/inNoticias, Política

“Re/Max no puede desarrollar su actividad porque está vedada por ley”

El Colegio de Martilleros pidió que el Concejo Deliberante prohíba todo tipo de publicidad de la franquicia inmobiliaria internacional. El Frente de Todos denunció que el oficialismo no lo aceptó por afinidad con la firma o por el vínculo entre su representante y un funcionario municipal.

“Es una franquicia con una conformación jurídica societaria argentina que, a su vez, es controlada por una firma multinacional de origen estadounidense que desembarca en Argentina y en Bahía para operar en el mercado inmobiliario. La legislación vigente en provincia y Nación impide que el ejercicio profesional de la intermediación inmobiliaria se haga por este tipo de figuras societarias. Ambas leyes establecen requisitos específicos para el ejercicio de la profesión: tener título habilitante, colegiación, los colegios son instancia de poder de policía para la matrícula. Incluso el Código Civil no autoriza las franquicias para la actividad profesional y comercial”, explicó a FM De la Calle el concejal Walter Larrea.

Agregó que “es lícita una franquicia de ropa o helados pero no podría ser una franquicia para el ejercicio de determinadas actividades profesionales que tienen requisitos por ley. Ante una presentación del Colegio de Martilleros, la Inspección General de Justicia -que es la instancia de control máximo de sociedades comerciales- tiene un dictamen que establece concluyentemente que Re/Max no puede desarrollar su actividad porque está vedada por ley e incluso le impone auto disolverse y autoliquidarse”.

En ese marco el Colegio de Martilleros se acercó al Concejo y “lo que le pide es que se expida impidiendo estas publicidades porque son ilegales y eso es lo que propusimos. Quisimos que se prohíba la publicidad porque estaríamos ratificando una actividad considerada ilícita. El oficialismo no nos acompañó sin ningún tipo de fundamento y creemos que podría haber alguna afinidad en términos de interés o alguna incompatibilidad”.

“Laura Biondini desarrolló una tarea de forestación auspiciada por esta franquicia Re/Max. Ahí hay una incompatibilidad. Según declaraciones a la prensa del Colegio de Martilleros la responsable de la franquicia es la pareja de un funcionario municipal de primera línea”.

Se trata de María Teresita Morad, quien se presenta en web de Remax como corredora pública -matrícula CMYCBB 2099- responsable de “la intermediación y la conclusión de las operaciones” que realiza el equipo de agentes locales.

El titular del Colegio de Martilleros, Carlos Esteban, dijo a Radio Altos, que Morad es la esposa del subsecretario de Deportes, Bernardo Stortoni, y que se colegió como martillera en noviembre del año pasado. “La colegiada a cargo de esta franquicia está siendo enjuiciada en el Colegio (…). Tenemos prohibido asociarnos a franquicias. En este caso se estaría facilitando el ejercicio ilegal de la profesión”.

“En la página institucional de la franquicia y en sus propias páginas personales esta martillera publicita esta oferta, está prohibida por la ley. Esto no se puede hacer. Hay pronunciamientos de la justicia en lo contencioso administrativo de la provincia que dice que los requisitos para la actividad profesional son claros y no lo puede hacer una franquicia. Si le sumamos el antecedente de la Inspección General de Justicia, queda demostrado en el ámbito de la provincia no pueden desarrollar esta actividad”, dijo Larrea.

El edil comparó el caso con la prohibición que rige para Farmacity: “La similitud es que se trata de actividad profesional donde están en juego intereses que no tiene que ver con productos comerciales. El acceso a una vivienda no puede estar sujeto únicamente a reglas del mercado, ahí es donde la legislación tiene fundamento y donde el HCD debería expresarse y reafirmar estas prohibiciones”.

“Tal vez el bloque oficialista considera que todo puede ser librado al libre juego del mercado y ahí tenemos una diferencia. No todo puede ser librado a que venga alguien con mucho poder económico, con desarrollo internacional y cope el mercado como si fuera una omnipresencia en detrimento de la legislación, si no cerremos los colegios y no legislemos más. Si después hay intereses personales, ideológicos o económicos no puedo afirmarlo”, enfatizó.

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