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Ordenan continuar investigación por trata

delacalle Ninguno 15 octubre, 2016 - 2:33 am en Argentina, Derechos Humanos, Géneros, Judiciales, Locales, Noticias, Política

(Por Mauro Llaneza) La Cámara de Apelaciones ordenó a la jueza Mirta Filipuzzi reasumir la causa que investiga al vicepresidente del Club Huracán, Víctor Hugo Iglesias, al prefecto Eduardo Horacio Gutt y al administrador del Bar Brodway, Alfredo García, por el delito de trata de mujeres con fines de explotación sexual.

“Mientras no se descarte completamente la comisión del delito de trata de personas -al menos no con los fundamentos equivocados que se brindaron-, la causa debe seguir su trámite ante el fuero de excepción, el que será también el encargado -en su caso- de investigar los demás delitos conexos con aquél que puedan haberse cometido”, afirmó José Triputti con la adhesión de Pablo Candisano Mera.

La subrogante del Juzgado Federal N°1 había declinado su competencia ante el fuero provincial al esconder el delito bajo la figura de facilitación de la prostitución y, respecto a la promoción de la permanencia ilegal de una mujer paraguaya que se encontraba en uno de los locales allanados, había procesado a García y dictado falta de mérito para los otros dos.

La Fiscalía advirtió la contradicción de la jueza al sostener que “las mujeres concurrieron a los lugares allanados con total capacidad de determinación, para luego reconocer la existencia de una extrema vulnerabilidad” y entendió que “la libertad personal no se afecta solamente cuando se restringen los movimientos físicos, sino que se vulnera de una forma más sutil y peligrosa cuando se consigue restringir la autodeterminación de la persona”. Insistió con el pedido de procesamiento con prisión preventiva de los imputados por trata de personas agravado en el fuero federal “en virtud del posible delito de lavado de dinero”.

Tal como informáramos, Iglesias está ligado al transporte de cargas y tiene “cuantiosos contactos policiales y políticos”. Junto a su hermano poseen vehículos, parcelas, inmuebles y cuentas bancarias. Según ARBA, “Piraña” explota el negocio de “servicios de cabaret” desde 1993. Para el Ministerio Público, el tipo “sería dueño de los prostíbulos Broadway y El Burlesque”.

En su voto, Triputti opinó que “para reconocer la facilitación del lugar la jueza afirma que ‘no ha podido probarse las conductas punibles y etapas previas a la explotación que configuran la trata de personas (…) no obstante lo cual existen fuertes elementos indicadores de los delitos contra la integridad sexual de las mujeres que ejercían la prostitución en beneficio, también, de los imputados'”.

“La propia jueza señala, a modo de ejemplo, que ‘innumerables son las conversaciones telefónicas y mensajes de texto (…) que demuestran cómo Alfredo Ismael García se contacta con mujeres para proponerles trabajo o que vayan a su bar y hace de intermediario entre ‘clientes’ interesados en contratar servicios sexuales. La contradicción salta a la vista”.

El pampeano subrayó “más desaciertos y confusión” en el fallo de Filipuzzi referidos a la falta de “elementos típicos que suelen administrar los tratantes” -geles íntimos, preservativos, alcohol o droga-, del carácter “transnacional que caracteriza al delito” o “que los imputados les hayan ofrecido trabajo con promesas falsas o engaños que las obligaran a trasladarse de su lugar de origen”.

Triputti recordó que la Ley de Trata “descarta que el consentimiento exima de responsabilidad a los tratantes”, a pesar de lo cual “la magistrada afirmó que las mujeres no tenían una dependencia absoluta hacia los imputados”, que las víctimas “habían decidido individual y personalmente y con total capacidad de determinación ir a los lugares allanados”. “Pese a lo expuesto, sostuvo que se da en el caso la vulnerabilidad y la explotación sexual y su aprovechamiento por parte de los imputados”, agregó el camarista.

El fallo señala la existencia de “un mecanismo de captación de inmigrantes y un aprovechamiento laboral diagramado y habitual” para la explotación sexual, por lo cual la jueza -o el flamante titular del Juzgado Federal N°1 Walter López Da Silva-, deberán reasumir su competencia de inmediato y darle a la causa la “celeridad de que ha carecido hasta ahora”.

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