byfmdelacalle/31 octubre, 2022/inArgentina, Bahia Blanca, Economía, Noticias

Ganancias para jueces y juezas: “Es un conjunto muy amplio de recursos que el Estado deja de recaudar”

Presupuesto 2023, exenciones impositivas, falta de acceso a la información de la AFIP y la necesidad de repensar a dónde se destinan los privilegios tributarios. El análisis de Francisco Cantamutto en su columna de economía para FM De la Calle.

El miércoles el proyecto de Presupuesto 2023 llegará al Senado tras la media sanción de Diputados. No prosperó allí el artículo que proponía el pago de Ganancias de magistrados/as y personas empleadas en el Poder Judicial.

“Detrás de la consigna hay algo un poco más amplio que me parece importante traerlo a cuento que hace al debate de fondo. Que muchas veces ridiculizando las posiciones se los pasa por alto. El punto es que están señalando un problema real y este problema es que sigan dejando de pagar impuestos los que realmente están ganando”, dijo el economista.

“Hemos charlado muchas veces sobre cómo la distribución funcional ha empeorado para quienes vivimos de nuestros trabajos y ha mejorado para las grandes empresas, hasta que no se afecte esas ganancias, el resto de la redistribución es una distribución ficticia. Ahí está el argumento poderoso, detrás de la idea de que porque ganan mucho tienen que contribuir”, explicó al aire de En Eso Estamos.

“Es posible pensar eso, un impuesto realmente progresivo a las ganancias debería tener una mayor escala y un mayor número de alícuotas, por ahí superando tal cifra empezás a pagar pero pagas muy poco y a medida que suben tus ingresos a partir de ahí pagas proporcionalmente más”, observó.

Sin embargo, Cantamutto afirmó que “el problema va más lejos que eso, son todos los impuestos que no se pagan. Son argumentos que hacen al fondo de la cuestión de por qué deberían pagar algunos, en particular la posición del FIT era que los jueces pagarán y los trabajadores no”.

Los jueces deberían pagar ganancias, los trabajadores no. El salario no es ganancia.

— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) October 24, 2022

Repasando los inicios de esta cuestión tributaria, recordó que “esta exención viene de cuando se estructura la ley de Impuesto a las Ganancias en el ‘73 y cuando en el ‘96 se trató de derogar esa exención, la Corte Suprema de Justicia salió a decir que no era constitucional y el argumento central era la independencia”.

“No hay un argumento mucho más fuerte, en el 2016 lo que se hizo fue no tocamos a los que tienen la excepción antes pero si a partir de 2017 pagan, entonces hoy están pagando una parte de los jueces y trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial”, agregó.

¿Qué se podría hacer con el dinero que no pagan?

“En este proyecto que se envió al Congreso, había una estimación que si se les cobraba al resto del Poder Judicial que no está pagando ganancias, se podía financiar el equivalente a cuatro veces los comedores que se financian en el Ministerio de Desarrollo Social o financiar más de cuatro veces todo lo que se gasta en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades. O, por ejemplo, financiar absolutamente todo el programa de licencias de maternidad y paternidad”, dimensionó.

“No se trata solo de ganancias de los jueces, se trata de un conjunto muy muy amplio de recursos que el Estado deja de recaudar y que lo que hacen es alimentar la falta de recursos”, añadió, analizando un estudio de la ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).

Cantamutto comentó que “cuando se discute como ahora de la mano de la necesidad de pagar la deuda, para pagar la deuda hay que achicar el déficit fiscal. El proyecto de presupuesto que se presentó y que se planteó implica un aumento del 15% en los pagos de los intereses de deuda, una caída del 16% en los subsidios, y del 12% en los programas sociales”.

En relación a los gastos tributarios y exenciones, confirmó que en las estimaciones “son el 2,5% del PBI, con esto prácticamente no habría déficit fiscal. Si a las empresas les molesta tanto que haya déficit, podrían pagar lo que tienen que pagar y se termina”.

Tratamientos fiscales diferenciados, ¿para quién?

En este camino, explicó que “lo que se está haciendo es reducir la capacidad del Estado de atender problemas sociales pero pagar la deuda. En ese marco de ajuste, por qué no poner la lupa sobre esto que se llaman gastos tributarios. ¿Qué son? Son justamente estos tratamientos fiscales diferenciados que se hacen sobre algunas actividades, sujetos, zonas o consumos, que se deja de recaudar por algún motivo”.

“Todos estos tratamientos diferenciales pueden tener razones que los hagan valederos. El problema es que hay un montón que no sabemos si efectivamente funcionan porque son extremadamente opacos, no existe un informe que reúna el conjunto de las exenciones, alícuotas diferenciadas que hay. No está disponible, no hay posibilidad de monitorearlo”, detalló.

“Como no se informa, no podes hacer evaluación de impacto. Cuando vos le pedís este dato a la AFIP, que sabe qué recauda y qué no, alega secreto fiscal. Es una falta de transparencia absoluta. Quiénes son todos los que no están pagando y por qué tienen derecho a ese privilegio, y si ese privilegio tiene sentido o no”, criticó.

Un ejemplo local

El economista destacó que “la instalación y puesta en marcha de todo el Polo Petroquímico estuvo basado en tratamiento fiscal diferenciado que le ofreció distintas formas de privilegios fiscales que incluyeron reducciones en la alícuota de IVA y reducción de aranceles para la importación de ciertos insumos y maquinarias, la posibilidad de usar como crédito fiscal lo que acumulan en un impuesto, lo pueden usar para saldar lo que acumulan en otro impuesto”.

En este sentido, se refirió a que “todos estos tratamientos diferenciales son recursos que el Estado deja de recaudar y, en este caso, la pregunta que nos tenemos que hacer después de 30 años de funcionamiento del Polo privatizado es si efectivamente este tratamiento generó empleo suficiente. ¿Se compensa con la contaminación aérea y marítima que genera? Porque si los gastos que genera son mayores a lo que no podemos recaudar, ahí hay un problema. Esta es la clase de evaluación que hay que hacer y no podemos porque no tenemos los datos”.

“De todos los datos de empleo, aislados, que poseemos, al juntarlos vemos que el Polo Petroquímico que tiene una cantidad de valor agregado más grande que la provincia de La Pampa, genera el 1% del empleo local, el 2,5% considerando todo el empleo indirecto que no se da en todas las condiciones establecidas del trabajador directo que tiene un mejor convenio”, observó.

“Toda esa evaluación, más la contaminación, no está puesta sobre la mesa. Podemos decir, si le damos este tratamiento fiscal a esto, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿por qué no buscamos otra actividad? Si queremos fomentar el desarrollo de la economía popular, por qué no le hacemos un tratamiento fiscal diferenciado que le mejore las condiciones de funcionamiento. O queremos fomentar el reemplazo en una transición energética, entonces vamos a darle un tratamiento diferenciado a los paneles solares, a cualquier otra actividad que nos ayude a moderar las emisiones de dióxido de carbono”.