“Hace 40 años que no se ve una movilización de esta envergadura en Perú”

Sebastián Sarapura, investigador de la Universidad Federal por la Integración Latinoamericana, dialogó con FM De la Calle acerca de la crisis que se vive en Perú desde la destitución de Pedro Castillo.

La asunción de Dina Boluarte como presidenta interina y su política represiva ocasionó hasta el momento, según la Defensoría del Pueblo, 46 muertes.

¿Cuál es el ambiente tras la represión y la irrupción en la Universidad de San Marcos?

El ambiente se caracteriza por ser represivo. El saldo de más de 60 muertos es un registro muy explícito. Lo que hemos visto en los últimos meses desde la destitución de Castillo ha sido la persecución a líderes sindicales, la intervención a locales de partidos de izquierda.

Una política represiva que se caracteriza por algo que podemos decir macartismo, que es adjudicar el titulo de terrorista a cualquier luchador u organización social, inclusive políticos de oposición que cuestione al gobierno de Dina Boluarte o en términos generales el ordenamiento neoliberal que se instaló en Perú a partir de la constitución de 1993.

Este conjunto de reformas estructurales que en parte hoy explica la agudización de las contradicciones y del enfrentamiento social que hoy vivimos.

¿Cómo definirías lo que ocurrió en los últimos meses que deriva en la represión de estas últimas manifestaciones?

Primero habría que entender que muchas personas del movimiento popular y la prensa tienden a explicar la actual crisis por la destitución de Castillo solamente.

Es un factor importante pero no es el único, hay otros elementos como la propia crisis económica y un conflicto institucional que se arrastra. Pensando específicamente en el desempeño de Castillo vemos que de su parte lo que ha habido es una política conciliadora y un distanciamiento de las bases sociales que lo respaldaban.

Esto ha sido lo que explica su debilitamiento político, frente a un parlamento adverso, frente a una concentración mediática y a medios que se sumaron a la campaña de la derecha para denunciar casos de corrupción bastantes cuestionables hacia el gobierno de Castillo en una estrategia de deslegitimación.

En todo esto, la reacción del ejecutivo fue muy precaria por haber tenido la intención no enfrentar a la derecha sino establecer vínculos compartidos de derecha, inclusive con personas que actualmente encabezan campañas.

“Está muy complicada la situación pero a la vez es muy esperanzadora porque hace 40 años que no se ve una movilización de esta envergadura en el Perú”

¿Qué sectores encabezan las propuestas y cuáles son las demandas?

No es solamente por la destitución de Castillo sino por la agudización de la crisis económica mundial y su expresión en Perú que afectó principalmente a los trabajadores rurales por la ausencia y el alza en el precio de los fertilizantes y el desabastecimiento de combustible durante algunos períodos.

Esto explica la agudización del empobrecimiento de un gran sector de trabajadores rurales, sobre todo del sur del país, de la región norandina, que son quienes encabezan las movilizaciones, en Cusco, en Ayacucho, son los sectores más activos de comunidades campesinas, propietarios de tierras y que venden su fuerza de trabajo.

Hay sectores que se han ido plegando a raíz de la masacre. Vemos que se han movilizado las principales centrales sindicales, que por el propio mundo del trabajo del Perú tienen un número muy bajo de trabajadores formales, donde las centrales sindicales mueven un numero bastante pequeño de trabajadores.

Además, sectores de la comunidad universitaria, estudiantes, hijos de trabajadores que han participado activamente como fue el caso de la Federación Universitaria de San Marcos que abrió sus puertas para los trabajadores de la región del sur del país que se movilizaron hacia Lima. En ese sector se ha dado la represión en San Marcos.

Una de las demandas es el cambio en la Asamblea Constituyente, ¿Qué se plantea y cuáles serían las demandas que se le harían a esa asamblea?

Hay demandas más inmediatas y más de fondo. Las inmediatas pasan por la renuncia de Dina Boluarte y las otras por el cambio de la mesa directiva del congreso que es quien asumiría en el caso de que Dina renuncie.

Quien está en la mesa directiva del Congreso es un ex militar que entró por el partido fujimorista y que tiene denuncias por haber participado en masacres de campesinos durante la guerra contrainsurgente que vivió Perú en los años ’80.

Eso explica un poco que hay una necesidad de cambiar la mesa directiva porque habría una continuidad con lo que está haciendo Dina.

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¿Se resuelve a través de una elección directa o indirecta?

Quien maneja la mesa directiva del Congreso son los propios congresistas, entonces es muy probable, por el nivel de intransigencia que se ha visto por parte de todos los poderes del Estado y de la política represiva que se ha instalado en el Estado peruano, es justamente no ceder.

Además, accionar mecanismos que se pueden caracterizar como contrainsurgentes, como abrir carpetas por terrorismo a los opositores.

No hay una distinción entre el poder ejecutivo y legislativo, los sectores de oposición dentro del estado son minoritarios y tienen una dosis de responsabilidad en esta crisis.

¿Qué horizonte se abre ante este estallido?

Tenemos 74 puntos de las principales vías del país bloqueadas. Las movilizaciones continúan todos los días en Lima. Muchas veces haciendo que la represión policial retroceda, lo que se abre con esta coyuntura es la conformación de un movimiento popular con una capacidad de imponer un programa propio.

Hay dificultades y discusiones en torno a lo que debería ser la salida. La consigna de Asamblea Constituyente es una de las alternativas que se defienden más porque desestructuraría el modelo económico neoliberal.

Es una consigna que los trabajadores están impulsando en estos momentos y va a ser muy probable que se consiga. Está muy complicada la situación pero a la vez es muy esperanzadora porque hace 40 años que no se ve una movilización de esta envergadura en el Perú, con los sectores de la clase trabajadora más precarizada, más golpeada, excluida históricamente por cuestiones de racismo que es también característico al Estado peruano.

¿Hubo alguna demanda particular para la cumbre de la CELAC?

Lo que se pide es que continúen las muestras de solidaridad, en rechazo a un gobierno que viola abiertamente los derechos humanos de la población todos los días.

Las detenciones, después de la intervención policial a San Marcos, hay compañeras que denuncian que fueron desnudadas dentro de la detención, denuncias de abuso sexual y una serie de cosas terribles.

Es fundamental que los compañeros en Argentina y otros países se movilicen a las embajadas pidiendo que sus representantes rechacen la situación.

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