byFM De la Calle/30 septiembre, 2021/inBahia Blanca, Judiciales, Noticias, Política

Narco: ¿para qué se reunieron las autoridades judiciales?

El fiscal general Juan Pablo Fernández dialogó con FM De la Calle tras el encuentro de funcionarios de los fueros provincial y federal. Destacó la importancia del intercambio de información y que “es clave atacar la corrupción policial y judicial para que la lucha pueda tener un resultado eficaz”. A pesar de las denuncias de organizaciones cannábicas, afirmó que “no perseguimos ni al adicto ni al consumidor ocasional” y se mostró a favor de una regulación de la tenencia para consumo.

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¿Cuál fue el objetivo de la reunión?

Era una deuda pendiente en función de un mandato legal que establece estas mesas de intercambio de información y de acuerdo de criterios de políticas en la materia. Es el puntapié inicial para intercambiar información que muchas veces, en la investigación se va juntando y que tiene derivaciones diversas.

La justicia provincial tiene la investigación de aquel tráfico en dosis fraccionadas directamente para el consumidor, lo que se llama el narcomenudeo. A medida que uno va avanzando en la cadena de comercialización pasa a ser órbita de la justicia federal. Por eso cuando uno toma la punta del ovillo, en muchas ocasiones puede seguir avanzando o toma conocimiento de datos que pueden servir para alguna otra causa. En otro casos no tanto porque a veces tiene que ver con el celo y el resguardo de los datos que uno tiene en una investigación para evitar filtraciones que puedan perjudicarla. También es cierto que alguno de esos datos pueden servir en otras investigaciones de otra jurisdicción.

Es importante poder establecer criterios de actuación, incluso en muchos casos de modo conjunto entre la justicia provincial y la federal. También hablamos de otras cuestiones que hacen a la materia de competencia y de establecer reglas para evitar, en un futuro, discusiones que distraen esfuerzos de la lucha contra el narcotráfico, que es la cuestión principal, y sobre todo la cooperación entre las jurisdicciones y las fuerzas del Estado.

¿Qué diagnóstico tienen del narcotráfico en Bahía Blanca?

Por supuesto que no es lo crítica o no alcanza los ribetes que vemos en otros lugares como en Rosario o el Gran Buenos Aires pero es crítica en todos lados, atraviesa a la sociedad en todos sus niveles. Es un problema muy serio, por supuesto que uno no se conforma con compararse con lo que pasa en otros lugares y siempre quiere tener mejores índices y soluciones para esta problemática en el lugar donde vive, reside y está su familia.

Siempre trabajando para tratar de optimizar los recursos que tenemos, que son pocos, son insuficientes, y también cómo podemos hacer para generar otros que nos permitan ser más eficaces. Por ejemplo, tener una buena policía científica, un buen laboratorio, buenos profesionales técnicos trabajando en las investigaciones, requiere equipamiento, inversión, recursos. Sabemos que esta no es una época de vacas gordas donde los presupuestos del Poder Judicial se hayan abultado ni mucho menos. También es cierto que tenemos incautados muchos recursos que tienen que ver con lo obtenido por el narcotráfico y que la propia ley prevé poder usar.

¿Hoy se burocratiza mucho esa posibilidad?

No siempre es fácil la implementación pero también es uno de los temas que están en agenda. Somos muy optimistas en implementar una actuación conjunta que puede darse en muchas investigaciones. La base de todo esto es la cooperación de las jurisdicciones.

Muchas veces, respecto a las investigaciones que les corresponden en el ámbito provincial, la crítica tiene que ver con los recursos que se pierden por perseguir perejiles o consumidores.

Nosotros no perseguimos al consumidor, eso tiene que estar claro. El consumo que no trascienda a terceros, incluso por un fallo de la Suprema Corte vigente como el caso Arriola, es un área de reserva de la intimidad. Por otra parte, no corresponde que al adicto se lo persiga porque es una persona que está enferma. No perseguimos, ni lo hemos hecho en ningún momento, ni al adicto ni al consumidor ocasional.

Distinto es el caso del narcotráfico. Una cosa es el narcomenudeo, el que vende y entrega o facilita al consumidor, y otra el perejil, que es ajeno al hecho, muchas veces se lo rotula como autor cuando en realidad no lo es.
La competencia que tiene la Fiscalía de la provincia de Buenos Aires es el narcomenudeo, por eso muchas veces no se llegan a comprender las distintas actuaciones en las esferas de competencia.

Obviamente el caso Bobinas Blancas o, sin llegar a eso, hechos de tráfico en escala tienen que ver con la justicia federal. Lo que tiene la provincial es el narcomenudeo o la venta o suministro en dosis fraccionada para el consumidor. Por supuesto que a veces avanzamos en esa cadena de comercialización y procesamos y logramos avanzar en la persecución penal contra algún eslabón superior, pero eso viene por añadidura.

¿Qué opina de la despenalización del consumo de marihuana o alguna otra droga?

Tenemos que ser claros, el consumo no está penalizado, lo que está penalizado es la tenencia. Cuando la tenencia es para el consumidor no habría inconveniente, el tema es que a veces no sabemos cuál es el destino y depende de las cantidades en las cuales se tenga. Esa tenencia de por sí implica un peligro para la salud pública, la figura penal está legislada como delito abstracto o de presunción de peligro. Por eso es importante actuar para sacarlo de circulación y poder seguir investigando cómo eso llegó a un lugar determinado.

Distinto es el caso del uso de determinadas plantas, como la de cannabis, con fines medicinales, eso está previsto pero es un cultivo o tenencia de forma controlada como cualquier otro medicamento. Después podemos discutir, y está abierto al debate, si es conveniente o no la despenalización de la tenencia…

¿Es conveniente?

Cuando hablamos de la tenencia de determinada cantidad de estupefacientes sí. De la misma forma que está prohibido tener sin autorización armas de fuego, lo mismo con los estupefacientes, se trate del que se trate. Distinto es legislar sobre la reglamentación para esa tenencia.

El problema es la tenencia de eso sin ningún tipo de control ni autorización y de una forma en la cual el peligro de afectar a la salud pública se encuentra latente porque son sustancias nocivas que afectan directamente al sistema nervioso central de las personas.

¿La existencia del puerto influye en la actividad del narco en esta región?

Es altamente probable, un puerto es la puerta de entrada y salida de productos y distintas mercancías y los estupefacientes son mercancías. Desde ese punto de vista la probabilidad existe.

Según la bibliografía donde más poder va construyendo el narco es donde se generan instancias de connivencia de fuerzas de seguridad, policiales, políticas, empresariales. ¿Qué mecanismos de control, autocontrol y depuración tiene el Poder Judicial para que no ocurra como en otros lugares?

Estoy totalmente de acuerdo, eso es clave, que los organismos del Estado que están encargados de la investigación y persecución de estos delitos no formen parte de actividades delictivas y menos del crimen organizado como puede ser el narcotráfico. Fundamentalmente allí es donde también hay que atacar porque es clave para que la lucha sea eficaz, más allá de la corrupción que puedan tener las fuerzas del orden, policial o judicial.

Por ejemplo, en Bahía Blanca tenemos dos UFI especializas en el tema, una de las temáticas es precisamente sobre hechos de corrupción administrativa y policial. Hay causas a la vista respecto a las investigaciones y los procedimientos de allanamientos y las que han tenido la correspondiente sanción luego de encontrar responsabilidad de funcionarios, de alta jerarquía incluso, que prestaban servicios en el Departamento Judicial Bahía Blanca.