“Necesitamos que se tomen las medidas necesarias para que estas empresas no sigan incumpliendo ”
Más de 90 organizaciones reclamaron al gobierno que haga cumplir la Ley de Etiquetado Frontal y arbitre las medidas necesarias para proteger a las infancias de la exposición al marketing.
Leila Guarnieri, nutricionista e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina, dialogó con FM De la Calle sobre la declaración que hicieron llegar a las autoridades gubernamentales.
La Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en octubre de 2021, en vigencia de forma obligatoria en agosto de este año, establece que los productos con un contenido excesivo de algún nutriente crítico, como azúcares o sodio, deberán incluir un sello en el envase que lo informe, mientras en el caso de los productos con cafeína y edulcorantes, las empresas deberán incluir leyendas precautorias que desaconsejan su consumo en niños y niñas.
“Nos preocupan las acciones que se están llevando adelante de cara al mundial, con empresas como Coca Cola que están implementando la entrega gratuita de productos, o la entrega de figuritas con la compra de productos de esta misma empresa. Estos productos son un ejemplo de la multiplicidad de estrategias que se pueden utilizar. Nos preocupan porque pegan e impactan en el consumo de los más chicos”, expresó la nutricionista.
La normativa establece que los productos que contengan sellos no pueden realizar publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes como así tampoco promocionar su producto a través de deportistas, cantantes, animaciones, entre otros, ni realizar promociones o entregar muestras gratuitas.
“Estos son lineamientos que vienen de los organismos expertos en políticas para que mejore la salud. Por eso defendimos esta ley y la vamos a seguir defendiendo. A raíz de esto también es la declaración, estamos juntando adhesiones, más de 90 organizaciones ya se sumaron. Esperamos que se nos escuche y haya una respuesta”.
Las organizaciones también solicitaron que el gobierno haga pública la información sobre las empresas que obtuvieron prórrogas en el marco de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable.
La investigadora afirmó que el plazo del 20 de agosto, cuando “empezaba la implementación de estos sellos negros, coteja una instancia en donde las empresas podían solicitar una extensión del plazo hasta febrero del año que viene. El tema es que no se dio a conocer a qué empresas se le otorgaron y qué productos se beneficiaron. Esto es un problema porque vulnera los derechos de todos los consumidores ya que no estamos pudiendo saber efectivamente sobre esos productos que no tienen sello, si son saludables o están dentro de los productos con prorroga”.
Por último, en cuanto al reclamo la profesional afirmó que “estamos en una instancia abierta para cualquier organización que se quiera sumar”.